La Agencia Mundial Antidopaje (AMA) podría excluir a la marihuana de la lista de sustancias prohibidas en aquellos deportes en los que no ayuda a mejorar el rendimiento físico de los atletas, aseguró el presidente de la organización, John Fahey.

Un estudio clínico realizado en 30 pacientes adultos con esclerosis múltiple (EM), llevado a cabo por la Universidad de California, en San Diego, ha demostrado que el cannabis fumado puede ser un tratamiento efectivo para la espasticidad -un síntoma frecuente e invalidante de esta enfermedad neurológica-. El ensayo, controlado con placebo, también dio lugar a una percepción reducida del dolor, aunque los participantes también informaron, a corto plazo, de efectos cognitivos adversos y aumento de la fatiga. El estudio ha sido publicado en el 'Canadian Medical Association Journal'.

La investigadora principal, Jody Corey-Bloom, profesora de Neurociencia, y directora del Centro de Esclerosis Múltiple de la Universidad de California, en San Diego, y sus colaboradores, dividieron aleatoriamente a los participantes en dos grupos de intervención; en uno de ellos, los integrantes fumaron cannabis una vez al día, durante tres días, y en el grupo control, fumaron cigarrillos de placebo idénticos, también una vez al día, durante tres días. Después de un intervalo de 11 días, los participantes cambiaron de grupo.

"Observamos que fumar cannabis superaba al placebo en la reducción de los síntomas y el dolor en pacientes con espasticidad resistente al tratamiento, o con contracciones excesivas del músculo", afirma Corey-Bloom.

Cinco estudios con resultados positivos

Informes anteriores ya habían sugerido que los compuestos activos de la marihuana medicinal son potencialmente eficaces en el tratamiento de enfermedades neurológicas, pero la mayoría de los estudios se centraban en los cannabinoides administrados por vía oral.

Sin embargo, este estudio utiliza una medición más objetiva, la Escala Modificada de Ashworth, que califica la intensidad del tono muscular mediante la medición de, entre otras, la resistencia en el rango de movimiento y rigidez.

El resultado secundario, el dolor, se midió utilizando una escala analógica visual. Los investigadores también estudiaron el rendimiento físico (con un paseo cronometrado) y la función cognitiva, y preguntaron a los pacientes para evaluar su sensación.

Aunque generalmente fue bien tolerado, fumar cannabis tuvo efectos leves sobre la atención y la concentración. Los investigadores anotaron que estudios más amplios, y a largo plazo, son necesarios para confirmar sus hallazgos, y determinar si dosis más bajas pueden resultar en efectos beneficiosos con menos impacto cognitivo.

El estudio actual es la quinta prueba clínica sobre la posible eficacia del cannabis para uso clínico, reportado por el Centro de Investigación del Cannabis Medicinal (CICM) de la Universidad de California. Otros cuatro estudios en humanos, sobre el control del dolor neuropático, también reportaron resultados positivos.

Entre ellos habrá voces del ámbito judicial y del sanitario

La ponencia que analiza en el Parlamento las alternativas para regular el consumo del cannabis a través de las asociaciones decidió ayer escuchar a alrededor de 60 personas vinculadas a este tema. El presidente de la ponencia, Carmelo Barrio, explicó ayer, tras la segunda reunión de este grupo de trabajo —el primero de toda España que tratará la regulación de consumo del cannabis—, que a partir del próximo 5 de junio empezarán a escuchar a defensores y detractores de este consumo.

Entre ellos habrá voces del ámbito judicial y del sanitario, así como representantes de las asociaciones de consumo de cannabis vascas, pioneras en el ámbito estatal. El ararteko, Iñigo Lamarca, también será llamado a comparecer ante la comisión. El defensor del pueblo vasco fue precisamente el primer responsable institucional que abrió la espita de esta cuestión en 2011. De hecho, es en las conclusiones de unas jornadas organizadas por el ombudsman vasco, donde se recogió la creación de la ponencia.

Además de estas personas, Barrio citó algunos otros nombres que participarán en la comisión, como el de la directora de Drogodependencias del Gobierno vasco, Celina Pereda, que está inmersa en la elaboración de anteproyecto de Ley de Adicciones, un documento que aún no ha salido a consulta pública y que, por tanto, no ha recibido el visto bueno del Consejo de Gobierno a falta de escasos meses para el final de la legislatura.

Entre otros comparecientes, acudirán a la comisión el delegado del Plan Nacional de Drogas, Francisco de Asís Babín, y expertos del ámbito nacional y europeo.

Antiprohibicionistas reivindican la despenalización al tiempo que buscan estrategias para utilizar dentro del actual marco legal sustancias vetadas

Al margen de los focos que ahora iluminan el debate sobre la legalización de las drogas planteado por varios líderes internacionales, el antiprohibicionismo militante, pese a su carácter minoritario, se ha ido reforzando en los últimos años. También en Galicia. Su objetivo de fondo es la despenalización de todas las sustancias psicoactivas, pero, mientras tanto, buscan de qué manera pueden aprovechar las rendijas que deja abiertas la legislación vigente para consumir sin riesgo de ser multados o encarcelados.

A medio camino entre ambos polos, el reivindicativo y el pragmático, discurrió la conferencia que Nacho Rivero, curtido activista, ofreció el pasado jueves en el marco de las VI Xornadas Antiprohibicionistas, celebradas en Santiago. Rivero, fundador del Club de Consumidores de Cánabo do Condado, uno de los seis colectivos de este tipo con actividad pública en la comunidad, relató la forma de producir y consumir droga dentro del marco legal. En su caso cultivan marihuana —por su aceptación social, como primer paso en una senda gradual—, pero podrían hacerlo con cualquier sustancia. La adormidera, por ejemplo, de la que deriva el opio.

El club es en realidad una asociación sin ánimo de lucro registrada oficialmente y formada por una docena de personas que se reparten el cultivo de la hierba. Todas firmaron a su entrada un documento en el que se reconocen usuarios de cannabis, así como una estimación de su ritmo de consumo. La entidad produce para abastecer esa demanda interna. Como ni la plantación ni el consumo propio están penados, en caso de que las autoridades descubriesen a un socio con una cantidad de marihuana que se correspondiese con su declaración todo lo que podrían hacer es incautarse de ella. “Tenemos el escudo de papel de los estatutos; hasta dónde lo podemos estirar es lo que no sabemos”, ilustró Nacho Rivero.

Eso sí, el fundador del club de O Condado advirtió de que, bajo ningún concepto, se debe permitir que un miembro de la asociación trafique con la droga. Comentó que hay sentencias absolutorias por 204 plantas y condenas de cárcel por una sola, porque en un caso se pudo probar que el consumo estaba justificado y en el otro no. En este sentido, explicó que dentro de cualquier club que se cree debe haber un clima de confianza, en el que todos conozcan los patrones de uso de sus compañeros. “Si uno pide un kilo (al año) y luego le da dos caladas a un peta y se pone a toser, malo”, ejemplificó.

En medio de esta especie de guía práctica para consumir legalmente, Rivero fue deslizando su filosofía con respecto a las drogas. Así, echó mano de la teoría liberal más pura para argumentar que “de la piel para dentro” es una cuestión entre el individuo y la sustancia, en la que el Estado no debería inmiscuirse. También criticó la vía de la legalización medicinal, porque, a su juicio, el negocio pasaría de los narcotraficantes a las grandes farmacéuticas. “Yo la maría la quiero libre y lúdica”, proclamó en su conferencia.

Ya el viernes, la historiadora del arte Miriam Varela repasó el tratamiento e influencia de las sustancias psicoactivas en la ilustración y la animación durante el siglo XX. En su exposición tuvo cabida la lucha denodada de Tintín contra los traficantes de opio, la escena surrealista y de tintes moralizantes en la que el elefante Dumbo padece de delirium tremens o, cómo no, la visión mordaz de Los Simpson. Pero, sobre todo, un cómic impagable fechado en 1950 de Mickey Mouse y Goofy en el que, tras colocarse gustosamente con anfetaminas, deciden desplazarse a África con un cargamento para vendérselo a una tribu. Una muestra de la cambiante moral americana.

Por MARTÍN TETAZ (*)

El debate en torno a las opciones de consumo de la cannabis está instalado como un tema contemporáneo que envuelve a varios sectores de nuestra sociedad y, por tanto, se debe abordar con una mirada reflexiva y no criminalizada.

El tema ya tiene tal alcance, que durante la última Cumbre de las Américas, efectuada en Colombia, varios jefes de Estado se abrieron a la posibilidad de la legalización y despenalización de las drogas, bajo la tesis de una “discusión comprensiva y amplia”, como medida para erradicar el narcotráfico y regular el consumo legal.

Se llegó a un punto en que la represión y la “mano dura” son respuestas inadecuadas.

Varios factores que rodean el consumo de la cannabis llevan, al menos, a la reflexión y la búsqueda de respuestas de largo alcance.

En el caso de la marihuana -definida por expertos como “droga blanda”- sectores de la sociedad abogan por su consumo personal y privado, no daño a terceros, plantaciones de uso individual y no industrial ni para el comercio.

Se consideran inclusive propiedades medicinales, según informes de profesionales. Existe el dato proporcionado por el bioquímico Fernando Sepúlveda, en cuanto a que unos 61 mil enfermos de cáncer pueden aliviar dolores y efectos de la enfermedad con el consumo de la cannabis.

Es un hecho de la causa que en Chile miles de personas -no sólo jóvenes-, consumen marihuana. Hace unos días, en siete regiones del país se efectuaron marchas y manifestaciones exigiendo la despenalización del consumo de cannabis, en las que participaron más de 35 mil personas.

La idea de la legalización del consumo personal, privado y regulado también apunta a que se deje de consumir marihuana alterada, fabricada con sustancias tóxicas y nocivas y que modifican las características naturales del producto.

Eso se liga a erradicar el micro y narcotráfico.

Los miles de consumidores que hay en el país pertenecen a todos los estratos socioeconómicos. Y como sucede en diversidad de ámbitos, los más pobres son los más perjudicados con el tráfico ilegal de la cannabis. La gente con recursos tiene acceso y adquiere droga “de calidad”, con sus propiedades naturales. Los pobres se ven obligados a comprar marihuana alterada, mezclada con componentes altamente dañinos para la salud.

Puede haber un debate sobre la conveniencia o no de consumir ese tipo de droga. Como lo hay respecto al tabaco o el alcohol, este último causante de gran número de muertes, accidentes y pérdidas millonarias en el país. Se pueden esgrimir argumentos de salud pública, valóricos, religiosos, etc. Pero en la polémica también se instalan los derechos civiles y las opciones que pueden existir para el consumo de la cannabis por parte de ciudadanos adultos.

Muchas personas se quejan -en otro elemento a considerar- por la aplicación de una ley que criminaliza y permite alto nivel de represión a consumidores privados de la cannabis, produciéndose detenciones y sanciones bastantes severas, lo que incluye a quienes, por ejemplo, se les sorprende con una planta o cantidad para consumo personal. Varios estudios, hechos llegar al Parlamento, indican que sólo el 40% de los detenidos y procesados por infringirla Ley20.000 de drogas, son micro o narcotraficantes, y el porcentaje mayoritario responde a consumidores o personas que tenían algún tipo de planta de uso privado, sin fines comerciales.

Dada la situación alcanzada y los argumentos presentados -en Chile y en el resto del mundo-, parece apropiado plantearse la legalización del consumo de la marihuana para uso personal y privado, estableciendo un serio y preciso marco legal que, entre otras cosas, reduzca o elimine el microtráfico y el narcotráfico.

Hay que considerar y asimilar propuestas realizadas en torno a modificarla Ley20.000 de drogas, eliminar medidas represivas y persecutorias, contar con una nueva calificación de drogas, profundizar en los estudios y conclusiones de médicos y científicos, y en políticas educativas respecto a este tema.

Ciertamente, no hay que dejar de lado los criterios establecidos respecto a este tema por Naciones Unidas,la OrganizaciónMundialdela Salud, organismos policiales internacionales, entre otras entidades regionales y mundiales. Revisar las normas internacionales que Chile estaría obligado a cumplir.

El despenalizar el consumo personal y privado de la cannabis debe ser a partir de cautelar la salud de las personas, reducir y eliminar su negocio ilegal, buscar la manera de regular su venta o acceso y estar atentos a los niveles de consumo, sin dejar de desarrollar campañas de educación y prevención sobre todo entre los jóvenes.

Legislar hacia la legalización del consumo personal y privado de la cannabis no es promoverlo, más bien responde a regularizarlo, controlarlo e incluso reducirlo.

Experiencias tan dramáticas como las de México y Colombia -cruzadas por otros factores y el fenómeno de las “drogas duras”- dejan en evidencia que la llamada “guerra contra el narcotráfico” no tiene los efectos buscados, mucho menos en el caso del consumo personal y privado de la marihuana. Hasta un grupo de expresidentes de esas naciones emitió un documento donde plantean la necesidad de legalización de un conjunto de drogas.

Los temas contemporáneos de la sociedad, instalados objetiva e irremediablemente, se deben abordar con seriedad y capacidad de respuesta. Llega un momento en que no es suficiente ni eficaz la simple “mano dura”, la criminalización y medidas represivas. La disuasión, la prevención y la legalización surgen como una necesidad. Parece ser el caso frente a la realidad del consumo de la cannabis.

Es en este marco que un grupo de legisladores recibimos enla ComisiónEspecialdela Juventud, enla Cámarade Diputados, a representantes de distintas agrupaciones que defienden y piden la legalización del consumo de la cannabis en nuestro país. De tal manera que incluso a nivel del Parlamento, y de forma transversal, ya se instaló una sensibilidad respecto a este tema, sobre todo en el camino de encontrar respuestas a esta realidad de nuestra sociedad.

Una multitud se manifestó en todo el país por la descriminalización de la tenencia de drogas y el cultivo de cannabis

El sábado 5 de mayo se llevó adelante la Marcha Mundial de la Marihuana en todo el país. Bajo la consigna "¡Despenalización ya! No más presos por plantar", más de 60 mil personas en 16 ciudades de Argentina exigieron el tratamiento urgente de los más de siete proyectos para reformar la actual Ley de Drogas y demandaron que se efectúen sin demoras los cambios necesarios para evitar que los usuarios y cultivadores de cannabis para consumo personal sigan siendo perseguidos penalmente. En la ciudad de Buenos Aires, cerca de las 3 de la tarde, 40.000 personas se concentraron en Plaza de Mayo para luego marchar hacia Plaza Congreso donde se realizó un acto del que participaron diversas organizaciones de usuarios y cultivadores de cannabis, diferentes asociaciones por la defensa de los derechos civiles y legisladores de distintas fuerzas políticas.

Hasta el momento se contabilizaron 8.000 personas en Córdoba, 6.000 en Rosario, 3.000 en Mendoza, 900 en Mar del Plata, 600 en La Plata, 600 en Bariloche, 500 en Neuquén, más de 400 en El Bolsón, 300 en Comodoro Rivadavia, 300 en Jujuy, más de 200 en San Juan, 200 en Tucumán, 200 en San Luis, 150 en Río Grande, 150 en La Rioja y 70 en Catamarca.

Bajo el lema 'Cultiva tus derechos', los participantes insistieron en que el cultivo "no es punible" cuando se trata de autoconsumo

Los participantes en una manifestación celebrada hoy en Madrid exigieron la legalización del cannabis e insistieron en que su cultivo "no es punible" cuando se trata del propio consumo.

El acto fue organizado por la Asociación Madrileña de Estudios sobre el Cannabis (AMEC) y la Federación de Asociaciones Cannábicas (FAC). Bajo el lema Cultiva tus derechos, transcurrió durante la tarde de este sábado entre la Puerta del Sol y la Plaza de Oriente.

Esta acción reivindicativa ha estado englobado en la Marcha Mundial de la Marihuana, que se celebró en diversas ciudades del planeta. En Santiago de Chile, por ejemplo, unas 20.000 personas se reunieron en un parque de la capital chilena en defensa de la marihuana, por una despenalización de la producción de la droga y por una política acorde a los tiempos actuales. La conocida internacionalmente como Global Marihuana March se realiza el primer sábado de mayo desde hace ocho años.

Los 14 'coffeeshops' de Maastricht cierran en protesta por la medida para frenar el turismo de la droga, que arranca hoy en el sur y se extenderá al resto del país en 2013

Los 14 coffeeshops de Maastricht, la ciudad del sur de Holanda que debía pedir a partir de hoy a sus clientes un carné de socio para el consumo legal de hachís, han cerrado. La protesta ha soliviantado al Ayuntamiento, que lo considera “una ruptura de la convivencia ciudadana”. Los locales que no pidan el pase se arriesgan al cierre gubernativo. La medida era conocida desde hace un año, y el consistorio ha hecho una amplia campaña para informar también a los turistas belgas y alemanes, habituales en los coffeeshops urbanos.

Pensado para ciudadanos con pasaporte nacional, o bien permiso de residencia, el nuevo carné de socio es obligatorio también en las regiones de Holanda del Norte y Brabante, ambas en la frontera belga. Al resto del país llegará en 2013. La medida, adoptada el año pasado por el hoy Gobierno saliente de centro-derecha, pretende tres cosas: acabar con los turistas de la droga, luchar contra la exportación de marihuana fabricada en Holanda y controlar el daño causado por el cannabis. Tres buenas intenciones erradas, según los dueños de los coffeeshops, obligados a tener solo 2.000 clientes.

“Todos los viajeros foráneos rechazados recurrirán al circuito ilegal en su tierra causando mayores problemas”, ha dicho Marc Josemans, presidente de la Asociación de Coffeeshops de Maastricht. El colectivo teme también las consecuencias del carné impuesto por las autoridades a los holandeses. Obtenerlo implica pedir antes una copia del padrón en los Ayuntamientos. Una vez confirmado el lugar de residencia, deberá consumirse la droga en la propia localidad. “A nadie le gusta decir que quiere registrarse para fumar marihuana. ¿Y si luego pides un trabajo y no te contratan?”, dice un joven cliente, que prefiere no identificarse, en La Haya.

Precisamente la invasión de la privacidad, junto con la discriminación de otros ciudadanos de la UE, fueron los argumentos esgrimidos por 19 dueños de coffeeshops para demandar al Estado ante los jueces. El pasado 27 de abril perdieron el caso por considerar los jueces que las autoridades obraban “en nombre de la seguridad, un valor superior”. “La política sobre las drogas corresponde al Estado”, añadieron. Maurice Veldman, abogado del grupo, ha recurrido la sentencia. “Si es preciso, acudiremos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos”, señala.

El turismo de la droga es un fenómeno creciente desde 1976, fecha de la despenalización del cannabis en Holanda. De los 4,5 millones de visitantes anuales de Amsterdam, más de un millón pasa por los coffeeshops, indica el Ayuntamiento. En 2010, unos 135.000 clientes fueron españoles. Otros 175.000 llegaron ese año de Estados Unidos, según datos oficiales. El carné no modifica la Ley del Opio, que permite a los mayores de 18 años el consumo de cinco gramos dentro de los locales. Intenta desanimar de una vez a los extranjeros atraídos por un sistema presentado hace tres décadas como un modelo de tolerancia. El único que parecía capaz de separar el tráfico de drogas duras y blandas y evitar así el crimen organizado. La norma, de todos modos, presenta lagunas evidentes. Aunque prohíbe la producción, posesión y tráfico de todo tipo de estupefacientes, no penaliza el uso recreativo del cannabis. Si bien cultivarlo para su venta es ilegal, y los dueños de coffeeshops recurren al mercado clandestino para abastecerse, la policía no actúa mientras no creen problemas.

Con el tiempo, la situación ha cambiado. De un lado, la UE ha aumentado su presión para que Holanda dejara de ser el paraíso de la marihuana. De otro, se ha constatado que el cannabis cultivado en el territorio nacional es mucho más fuerte que el importado de Marruecos o Pakistán. Con una concentración de tetrahidrocannabiol (THC), su principio activo, superior al 15%, se considera droga dura desde enero de este año. Es la hierba holandesa, procedente de 40.000 cultivos ilegales, exportada en un 80% y que genera unos beneficios de 2.000 millones anuales. Al circuito ilegal que promueve se unen sus mayores efectos nocivos, y los coffeeshops están siendo vigilados para que no la vendan.

“No vale la pena que se traslade nadie. Solo podrá fumarse hachís con carné y si el cliente es holandés o residente legal”, dice Onno Hoes, alcalde de Maastricht, en un mensaje colgado en YouTube. Con subtítulos en francés, inglés y alemán, refleja la situación de una ciudad monumental que prefiere ser recordada por la firma del Tratado de la Unión Europea, en 1991, y no por la marihuana fumada a la orilla del río Maas (Mosa, en holandés).

La comunidad internacional debate si ha fracasado la vía represiva vigente desde Nixon

Entre legalización y prohibición caben fórmulas

Un español maneja con destreza una tarjeta de crédito para preparar una dosis de cocaína; la Policía mexicana halla 14 cadáveres en una furgoneta; tres toneladas de opio afgano atraviesan Rusia; una madre colombiana entra en una prisión estadounidense para pasar la próxima década entre rejas por tráfico de estupefacientes; un joven neoyorquino muere de sobredosis en una fiesta y un marroquí lo hace en una patera al estallar la carga de su estómago. La secuencia no es real, que se sepa, pero algo parecido sucede cada día en todo el mundo. Son las consecuencias desiguales de un mismo tema, el vil aleteo de la mariposa o la teoría del caos. Las respuestas del tráfico de drogas, el mayor mercado del mundo.

Hace 40 años el presidente de Estados Unidos Richard Nixon se dirigió a la nación: “El enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de las drogas (…) Declaro la guerra contra las drogas”. Estaba el entonces mandatario inmerso en el conflicto de Vietnam, una de las guerras más largas que se atribuyen a la superpotencia, pero aunque comúnmente olvidado, el frente que abrió Nixon en 1971 ha sobrevivido a todos sus sucesores. Hasta ahora, porque las cosas están empezando a cambiar.

Los primeros en hablar de fracaso en esta guerra fueron los expresidentes de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, respectivamente. En los últimos meses, políticos en activo como el actual mandatario de Guatemala, Otto Pérez, o el de Colombia, Juan Manuel Santos, han seguido sus pasos para demandar la apertura de un debate sobre el tema, haciendo uso de la legitimidad que les otorga liderar los países que sufren la cara más trágica de las consecuencias de una guerra que suma víctimas a diario (aunque al sur del Río Grande). Honduras, con 82,1 homicidios por cada 100.000 habitantes, seguido de El Salvador, encabezan la lista mundial por tasa de homicidios. México, inmerso desde hace seis años en la guerra contra el narcotráfico, suma ya casi 50.000 muertos y ha incrementado su tasa de homicidios desde 2005 en un 65%, según datos de la ONU.

Su legitimidad, unida a las cifras y los muertos, ha obligado al presidente de EE UU, Barack Obama, a mover ficha. El runrún que alentaba a un debate en el continente americano estalló el pasado 14 de abril. Como no podía ser de otra manera, de la voz de un sucesor de Nixon. “Somos conscientes de nuestra responsabilidad en este tema y creo que es completamente legítimo entablar una discusión sobre si las leyes que están ahora en vigor son leyes que quizá están causando más daños que beneficios en algunos campos”. Habló Obama y todos entendieron: ha llegado la hora de hablar de drogas. El tema ya está en la agenda.

Sobre el incipiente debate que se abre, hay quienes defienden que la regulación de las drogas reduciría el tráfico y acabaría con un negocio que mueve 216.000 millones de euros anuales en todo el mundo, según la ONU; o 19.000 millones de euros solo en México durante 2009, según EE UU. Otros no ven cómo regular podría mejorar la seguridad. Entre ellos el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que considera que cualquier paso hacia la legalización “podría convertir a Centroamérica en un paraíso del tráfico y consumo de droga”. Funes aboga por implementar la ayuda para mejorar el nivel de vida de su país y luchar contra la pobreza y la exclusión. El debate en el continente americano no ha hecho más que empezar.

Si hay una palabra que se relaciona con la discusión sobre las drogas es legalización. Nada genera más rechazo o apoyo que abogar por ello. El presidente de Guatemala, Otto Pérez, fue el primero en pronunciarse ante un micrófono, mostrándose a favor, y el mismo Obama empezó su alocución en la Cumbre de las Américas del mes pasado marcando su posición en contra: “Legalizar no es la respuesta”.

Amira Armenta, miembro del Transnational Institute, un think tank internacional fundado en Amsterdam, explica que “la gente le tiene miedo a la legalización porque, presentada así, asusta”. Sin embargo, achaca a Pérez más un deseo de llamar la atención que de apoyar la legalización real. “Fue una presentación sobre todo mediática. Otto no dice ‘hagamos eso’, lo que dice es ‘discutamos eso’. Entre la actual política y la legalización hay muchas opciones. Habría que considerar las más realistas y con menos riesgos, que son concretamente las que tienen que ver con la despenalización y la discriminalización del consumo, del comercio y la producción”, argumenta.

La deriva que tome el debate es una incógnita para todos, pero las personas consultadas para este reportaje creen que la clave está en Estados Unidos. Después de una espera de años, nadie imagina que el cambio se produzca enseguida. Es más, con el actual presidente estadounidense inmerso en la precampaña electoral todos dudan de que haya una respuesta inmediata. “Obama no puede hablar de este asunto ahora, pero en un segundo mandato el campo es distinto. Tengo serias dudas de que sea un entusiasta promotor [de la regulación], pero sí creo que, en el fondo, no está en contra”, dice el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas en México, Jorge Hernández.

El experto estadounidense Peter Reuter considera que las drogas no son un tema de interés público para la sociedad estadounidense. “En las campañas presidenciales no se hablará nada de drogas”, augura este profesor de la Universidad de Maryland (EE UU), que sí pone el acento, sin embargo, en el cambio de actitud hacia la legalización de la marihuana, aunque “no hacia otras drogas”. A finales de 2010, California, uno de los 14 estados en los que la marihuana es legal para usos médicos, hizo un referéndum para decidir si se legalizaba el consumo y el cultivo. En una ajustada votación, un 56% de los electores votaron en contra y se rechazó la medida. Solo un año después, la encuesta Gallup aseguró que el 50% de los estadounidenses estarían a favor de la legalización de la marihuana. Hernández sostiene que si Obama llegara a apoyarla sería un buen punto de partida para el cambio de paradigma global respecto a todas las drogas.

El cannabis es, con mucho, la droga más consumida a nivel global. Entre 125 y 203 millones de personas de todo el mundo la consumieron en 2009, según datos de la ONU. Las cifras del consumo de todas las drogas se disparan hasta los 149 y 272 millones, lo que supone del 3,3% al 6,1% de la población de 15 a 64 años. “Es absurdo pensar que la demanda va a acabar aquí o allá, hay que aceptarla y trabajar en aras de la seguridad”, dice el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas en México.

Los especialistas hacen una clara diferenciación entre países productores y consumidores, para algunos lo que sirve para unos no sería bueno para los otros. Con el punto de partida marcado en la marihuana, valoran de forma desigual los beneficios reales que supondría la regulación para los países centroamericanos, que si bien no tienen un problema grave de consumo, sufren con la violencia la peor cara del tráfico de sustancias. “Al hablar de cambio de política se habla en realidad de legalización, regulación o despenalización de las drogas y, a pesar de que uno esté de acuerdo, la verdad es que no es un objetivo realista y a los países de producción y tráfico no nos serviría de mucho”, alerta el exguerrillero salvadoreño y experto en resolución de conflictos Joaquín Villalobos

Sin embargo, para el escritor mexicano Jorge Castañeda, que en “un mundo ideal defendería la liberalización total de todas las drogas”, que Obama regularizase la marihuana sí supondría un cambio importante, principalmente para México, gran exportador de cannabis al norte. “Los cárteles derivan parte de sus ganancias con la marihuana para extenderse y producir cocaína”, explica Castañeda. Eso no es suficiente para el politólogo mexicano especialista en temas de seguridad Alejandro Hope, que considera que en los países de América Latina los problemas de violencia y corrupción vinculados a las drogas “son un problema de cocaína”.

A la espera de ver qué votan los estadounidenses el próximo mes de noviembre, tímidos pasos del presidente Obama ya empiezan a materializar un incipiente cambio. Un nuevo enfoque y discurso. Nada más llegar de Cartagena de Indias (Colombia), donde pronunció sus palabras favorables al debate, el presidente de EE UU presentó un Plan Nacional de Drogas que por primera vez en 40 años ponía el objetivo en la prevención y el tratamiento de la drogadicción como una enfermedad más que en la acción policial. Solo unos meses antes, se conoció la rebaja de un 17% en 2013 respecto al año anterior en la inversión para la guerra global contra el tráfico de drogas, al pasar de 422 a 360 millones de euros.

El dinero estadounidense siempre ha financiado las guerras que libran los países centroamericanos contra las drogas. La más reciente, en México, comenzó con la Administración Bush y ha continuado con la de Obama. Tras seis años de guerra, desde la llegada al poder en México de Felipe Calderón, el consumo de drogas no ha caído y sobre el terreno, con el ejército desplegado en toda la República mexicana, el saldo humano se acerca ya a las 50.000 vidas. El presidente Calderón, de una manera más tímida que su homólogo colombiano, también es partidario de abrir el debate, aunque siempre se ha mostrado un acérrimo defensor del modelo prohibicionista. “Calderón es un cruzado antidrogas. Ahora es difícil que diga ‘mis muertos no sirvieron de nada, vamos a legalizar”, razona Castañeda.

Aunque para algunos expertos la política de Calderón ha sido un “rotundo fracaso” y una “carnicería”, que diría el escritor, Villalobos cree que “en algún sentido [la guerra en México] ha generado un sentido de urgencia para transformar la situación, hoy el estado tiene más capacidad que hace seis años, aunque eso no justifica que se haya hecho”. Así, defiende que el actual debate no se ha abierto por los últimos informes de la ONU o de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, como sí sostiene el experto colombiano Daniel Mejía, ni por las palabras de Otto Pérez o la mano tendida al diálogo del presidente Santos, sino por los “esfuerzos y sacrificios que México y Colombia han realizado para enfrentar al crimen organizado. Sin eso a EE UU y a muchos otros les seguiría sin importar el tema”. “Es falso que sea una alternativa al combate al crimen organizado. Lo progresista y avanzado en nuestro caso es que nos ocupemos de la construcción de Estado. Hay riesgo de que la demanda de legalización se convierta en un argumento para no hacer las reformas que se necesitan en seguridad y justicia en casi todos los países”, argumenta Villalobos.

La intervención militar es, por contra, para Hernández, una forma de “abdicación” del Gobierno y aboga por que “el Estado tome control de lo que está en manos del crimen”. Para el experto mexicano hablar de regulación “significa que, con o sin un marco prohibitivo, cada sociedad sea capaz de tener control del uso de las drogas legales o ilegales”. Habla de cambiar el uso de la fuerza por un enfoque social y preventivo. “El actual marco normativo supone que no existe ninguna otra forma de modelar la conducta de nuestra sociedad con respecto a sus prácticas, salvo la fuerza. Ha llegado la hora de ensayar nuevas cosas”, dice.

En esta línea, el profesor de la Universidad de Los Andes (Colombia) Daniel Mejía defiende la despenalización y la estrategia de poner el “énfasis en regular para quitarle los mercados al crimen organizado”. “El bloque centroamericano paga las consecuencias de la política de drogas que se impone. Esto no ha funcionado. ¿Por qué no pensar en un modelo para reducir los niveles de violencia?”, apoya Armenta desde Amsterdam.

Sin acuerdo sobre lo que está por llegar, sí hay consenso de que es ahora o nunca el momento de abrir un nuevo horizonte. El punto quizás más importante desde que Nixon declaró su guerra a las drogas. El inicio de algo que, como casi todo, empieza por una frase tan simple y a la vez tan difícil: “Hemos fracasado. Hablemos”.

El debate de la despenalización del consumo de drogas ha vuelto de la mano del continente más autorizado para hacerlo: América. En esa zona del planeta conviven el principal consumidor del mundo (Estados Unidos) y un importante productor (Colombia). Y aunque el debate es antiguo —el economista y filósofo Milton Friedman ya lo planteó hace 40 años y se han manifestado en su misma línea juristas, políticos, sociólogos y científicos—, la novedad es que en la VI Cumbre de las Américas de hace un par de semanas se han sumado abiertamente a la corriente que cuestiona la mera represión contra las drogas mandatarios en activo como los de Colombia, Guatemala y Costa Rica.

La lucha contra el narcotráfico detrae cantidades ingentes de medios y dinero público con resultados más que decepcionantes porque no logra frenar un fenómeno que genera altísimos niveles de corrupción y una violencia desmedida. Se achaca al narcotráfico la muerte de 50.000 personas durante los últimos siete años solo en México, uno de los países más castigados por las mafias en el que el comercio de armas y drogas está poniendo al país de rodillas. En la mente de muchos está el recuerdo de la violencia que desató en Estados Unidos la llamada ley seca contra el alcohol. Aquella experiencia demostraría que la mera prohibición de una sustancia genera un comercio ilegal en torno al mismo que desata la especulación y la violencia. Un dato: un kilo de marihuana cuesta 80 dólares (48,78 euros) en México y 2.000 en California. Otro dato: según la Comisión Europea, el 90% de los beneficios del narcotráfico son para el país consumidor; no para el productor.

Barack Obama dice que “legalizar las drogas no es la respuesta” porque empeoraría un problema que ya siembra de cadáveres la región. Puede que tenga razón, pero solo en parte. Legalizar las drogas no eliminaría los problemas de drogodependencia, enfermedades asociadas, conflictos sociales y mortalidad. Tampoco que el alcohol o el tabaco sean legales evita tales efectos. Pero, al menos, pondría freno a las mafias que siembran el terror y amasan fortunas a costa del mercado ilegal, evitaría la adulteración masiva de estas sustancias y, finalmente, produciría un mercado más equitativo en el que el productor se beneficiara en mayor medida del negocio. El 63% de la superficie mundial dedicada al consumo de adormidera se encuentra en Afganistán, que, como se sabe, es uno de los países más pobres y conflictivos del planeta.

Algo está cambiando respecto a este viejo debate. Obama es el primer presidente de EE UU que dedica más dinero público al tratamiento y prevención de la drogodependencia que a la persecución de las drogas y el 50% de los ciudadanos de su país, tan prohibicionista, se manifiesta ya a favor de legalizar la marihuana. Se puede afirmar que en América se abre paso una visión europea de las drogas. Aquí, una mayor permisividad, el tratamiento de los drogodependientes e incluso la legalización de las drogas blandas no ha producido los efectos perversos que serían de temer; todo lo contrario. “Permitimos las drogas y bajó el consumo”, aseguró en su día el coordinador de drogas de Portugal. En sentido contrario, las recientes restricciones impuestas en Holanda a los coffee shops ya están llenando las calles de camellos.

Hasta ahora, solo exmandatarios políticos eran capaces de defender alternativas distintas a la prohibición y, de hecho, siempre se les ha acusado a la mayoría de ellos de defender tesis que nunca sostuvieron cuando tenían poder. Felipe González (España), Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y Cesar Gaviria (Colombia) llevan tiempo pidiendo una conferencia internacional para debatir este asunto. Que a sus voces se sumen ahora presidentes en activo demuestra la profundidad de ese cambio que solo a nivel global podría llevarse a la práctica. La ONU lleva tiempo esperando la oportunidad de ponerse a ello.

Araceli Manjón-Cabeza, exmagistrada y ex "numero dos" de Baltasar Garzón en el Plan Nacional sobre Drogas aboga en su libro 'La solución' por la legalización de todo tipo de estupefacientes

En contra de la legalización [de todas las drogas] se dice que los beneficios de acabar con el crimen organizado no serían mayores que los problemas que causaría el aumento del consumo. Pues bien, creo que esta afirmación es hoy claramente incierta. Admitiendo como posible un aumento inicial del número de consumidores de las drogas ya legales, a la vez serían seguros otros efectos beneficiosos: control de la calidad de las sustancias, lo que evitaría los males asociados al consumo de las porquerías que hoy se venden; presentación de la sustancia en dosis correctas de consumo, lo que evitaría las sobredosis accidentales; disminución de precios, lo que reduciría drásticamente la cifra de delincuencia drogoinducida; sacar a los consumidores de determinados ambientes especialmente insalubres y peligrosos, para dirigirlos a un mercado legal y controlado. (...)

Los efectos en el consumo que se darían tras un cambio de rumbo ya justificarían por sí solos pensar muy seriamente y sin prejuicios en un proceso de legalización y control estatal, con o sin impuesto especialmente fuerte a la producción, acaso medicalizando algunas sustancias, pero no todas (deberían ser de venta libre a adultos las drogas recreacionales), con mayor inversión en las políticas de reducción de la demanda (educación, prevención y rehabilitación) y con un ahorro espectacular en los enormes esfuerzos económicos que hoy se lleva la represión a cambio de unos resultados decepcionantes. He insistido en que la guerra a la droga ha fracasado, pero no es esta la única razón para rechazarla; hay otra: su injusticia, al menos en lo que se refiere a los países que convierten a los consumidores en delincuentes. Traigo a colación la tesis de Douglas Husak que, refiriéndose a Estados Unidos, entiende que la utilización del derecho penal contra los que usan drogas es injusta y lo seguiría siendo aunque fuese una medida eficaz para reducir el consumo.

Su alegato es contra la injusticia de encarcelar a un consumidor y no contra el fracaso de tal medida; nos recuerda que se está viviendo el momento más punitivo de la historia de su país; con un gasto en cárceles en los Estados más grandes que sobrepasa al dedicado a enseñanza superior; con un 28% de población reclusa que lo es por posesión o consumo de drogas, siendo dos de cada tres condenados por marihuana (...)

Los demás problemas de la droga, en la medida en que tengan su origen en el tráfico prohibido, desaparecerían o se minimizarían enormemente con un mercado legal. Empecemos por el crimen organizado cuya actividad favorita y más lucrativa es el tráfico de drogas. La prohibición le ha regalado el negocio al narco y la legalización se lo quitaría en amplísima medida (...)

¿Quiere decir esto que desaparecería el crimen organizado? Naturalmente, no. El delito y su comisión organizada seguirían existiendo, y las mafias, como hacen ahora, continuarían explotando otros sectores de la ilegalidad, pero la legalización de las drogas les privaría de su más rentable mercado. Y ese mercado es muy lucrativo al menos por dos razones.

En primer lugar, estamos ante una demanda garantizada por rígida o no elástica porque aunque aumente el precio de la dosis, el drogadicto la seguirá adquiriendo y para lograrlo hará cualquier cosa: robar a su madre, atracar un supermercado, prostituirse o esclavizarse como machaca de un camello. Y lo que hasta ahora se ha demostrado es que la mínima elasticidad que puede presentar la demanda de drogas no hace que el consumidor, ante el aumento de precio, abandone la droga y la sustituya por otro producto de tráfico legal, sino que le lleva, en su caso, de una droga más cara a otra más barata y, seguramente, más dañina. Por ejemplo, se abandona la cocaína y se pasa al veneno barato que es el crack. En definitiva, la dependencia juega a favor del que comercia con la droga. (...)

En segundo lugar, hay que considerar los bajos costes de producción; la droga es un bien barato si se compara con otros de los que mueve el crimen organizado (coches, armas, obras de arte), pero el precio final está disparado por la ilegalidad.

En palabras de Juan Carlos Hidalgo, experimentado analista en temas de narcotráfico del Cato Institute, “el precio de una sustancia ilegal se determina más por el coste de la distribución que por el coste de la producción... Dependiendo de la droga, el 90% o más del precio minorista del estupefaciente corresponde a la prima generada por la prohibición”. La conclusión es evidente: la droga ilegal ofrece un margen comercial magnífico; es un buen negocio y está en manos del crimen organizado.

El Estado tiene tres posibilidades: primera, quedarse con la producción en régimen de monopolio, controlando la calidad y los precios; segunda, poner la producción en manos de las empresas farmacéuticas, a las que podría imponer calidades y precios; tercera, regalarle el negocio al narco sin control alguno. Las dos primeras posibilidades son admisibles, dentro de la sensatez, con independencia de que se prefiera una u otra; la tercera es, sin duda, la peor —más pruebas no pueden darse de las que hemos tenido durante un siglo—, pero es la que triunfó y la que nos asola.

Donde la legalización obraría milagros es en la ley: ya no se requerirían los instrumentos excepcionales de investigación y persecución que hoy se aplican para combatir las drogas. Pensemos en España, donde tales normas existen vinculadas sobre todo al tráfico de drogas y al terrorismo. La ley se descargaría de buenas dosis de excepcionalidad y desproporción hoy imperantes y se mitigaría el permanente bordeo con los principios constitucionales. (...)

Tres son las ideas que deberían destacarse:

Primera: que el prohibicionismo ha fracasado. No solo no se ha alcanzado la quimera de acabar con las drogas, sino que cada vez hay más drogas y más consumidores; oferta y demanda se han disparado, y la prohibición ha generado muchos otros problemas no inherentes al consumo de droga, problemas que son hijos de la prohibición.

Segunda: hay que cambiar el paradigma porque seguir con el prohibicionismo planetario es una locura sideral.

Tercera: en los últimos años, y muy especialmente en 2010 y 2011, se han precipitado circunstancias y acontecimientos que nos colocan en el principio de la toma en consideración de la legalización como alternativa, como única alternativa.

Por Pablo Torche*

En la última Cumbre de las Américas algunos mandatarios latinoamericanos plantearon la posibilidad de legalizar las drogas para hacer frente al tema. El asunto no debería extrañar pues, después de 40 años de lucha, los resultados han sido magros y es indudable que el costo para varios países latinoamericanos ha sido altísimo. Hay, de hecho, algo desbalanceado, incluso absurdo, en una estrategia que ha costado miles de vidas y una enorme corrupción institucional a un conjunto de países en vías de desarrollo, con el propósito de prevenir el consumo de drogas en unos pocos países desarrollados que son el motor de todo el negocio y que no sufren ninguna de sus dificultades. Así las cosas, es indudable que la propuesta surgida en Cartagena abre un debate complejo, y he aquí algunas razones y argumentos para el análisis.

La primera de éstas es sin duda de orden pragmático. La guerra contra las drogas ha corrompido y desangrado a las instituciones de los países productores y de tránsito; ha enriquecido y empoderado hasta límites pavorosos a los carteles y las mafias de traficantes, y ha tenido efectos muy bajos, sino nulos, en la reducción del consumo. En esta línea de argumentación, hace ya tres años una comisión liderada nada menos que por los ex presidentes de Brasil, Colombia y México, Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, respectivamente, planteó abiertamente el fracaso de la guerra contra las drogas y la posibilidad de descriminalizar al menos parcialmente su consumo, como una solución que pudiera ser más efectiva. Desde entonces, líderes políticos como el actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y recientemente el de Guatemala, Otto Pérez Molina, se han unido a un ya nutrido grupo de intelectuales y figuras públicas, como Mario Vargas Llosa, que vienen hace algún tiempo abogando por la necesidad de examinar la legalización.

¿Es la legalización de las drogas la solución? Los que consideran que sí, aducen en primer lugar a la gran descomposición del sistema político y social y a la espiral de violencia que genera este enorme negocio ilícito, lo que parece ciertamente incontrarrestable a la luz de los escabrosos crímenes que se constatan a raíz del narcotráfico en muchos países de Latinoamérica, particularmente en México, y para los cuales no hay espacio ni siquiera para reseñar en esta columna.

En contrapartida, también es cierto que aquellos países que han desarrollado un trabajo decidido y a fondo (el caso más ejemplar es obviamente Colombia) han tenido éxito en reducir de manera drástica el crimen, la violencia y la corrosión institucional derivada del narcotráfico.

¿Es entonces este el camino seguir? ¿Significa el ejemplo de Colombia que un Estado bien organizado y que declara una lucha frontal al narcotráfico puede librarse de este flagelo sin necesidad de recurrir a la legalización? A mi juicio es obvio que la respuesta es al menos en parte afirmativa, pero los escépticos dirán, tal vez también con razón, que todo lo que se consigue es simplemente traspasar el problema a otros países, como ha ocurrido dramáticamente con el desplazamiento del tráfico violento desde Colombia a los estados centroamericanos, y principalmente a México.

Estamos, pues, en una disyuntiva, y según la opción que se tome, será la línea de argumentación que se siga en relación con la legalización de las drogas. ¿Es un Estado fuerte y sin corrupción la solución al problema o, por el contrario, es el narcotráfico precisamente la causa de la corrupción y el debilitamiento institucional, y por lo tanto éste no se puede solucionar a menos que la droga se legalice? Cualquiera sea el énfasis que se adopte, me parece evidente en todo caso que los países que tienen problemas generalizados de corrupción, o debilitamiento de sus instituciones, no los van solucionar simplemente legalizando las drogas. Pero es cierto que podría ayudar y eso es un elemento importante a tener en cuenta.

Siguiendo con esta línea de reflexión, aun cuando fuera cierto que la “guerra” contra las drogas no se puede ganar, ¿tendría que ser este un argumento definitivo para legalizarlas? A mi juicio, no. La "guerra" contra el delito tampoco se puede "ganar"; siempre habrá delito y delincuentes, y siempre serán necesarias instituciones dedicadas a perseguirlo, y esto no significa que la solución sea legalizarlo. Con esto no quiero decir que haya que rechazar a priori la legalización de las drogas. Solo estoy planteando que, en términos lógicos, el mero hecho de que la guerra contra las drogas no pueda ser ganada, no es una razón para desecharla como estrategia.

El punto nos lleva a una cuestión aún más de fondo, que se menciona sorprendentemente poco cuando se aborda el tema. ¿Por qué es ilegal la droga? ¿Cuál es la razón última por la cual el Estado prohíbe el tráfico y consumo de estas sustancias, mientras permite el de otras también adictivas y potencialmente nocivas, como el alcohol, los cigarrillos o el café?

Como causa principal se menciona el daño para la salud y el potencial destructivo, a veces derechamente suicida, de las drogas (aunque no de todas). Con mucho menor frecuencia se menciona otra característica esencial, que es el efecto psicoactivo que producen, es decir, su capacidad de alterar las funciones psíquicas y de percepción del entorno. No sé por qué este rasgo de las drogas se señala con tan poca frecuencia cuando se discute el tema, pues me parece evidente que una de las razones por las que se las prohíbe es por su capacidad de escindir nuestra relación con eso que llamamos realidad. ¿Por qué la ley debiera prohibir este quiebre y, enseguida, es justificable que lo haga? ¿Es acaso porque ahí reside el potencial adictivo, y por tanto dañino de la droga, o es más bien porque nuestra sociedad reprime, quizás incluso teme otras formas de relación con la realidad? Son preguntas que se plantean muy pocas veces en relación con este debate, y que también me parece importante abordar a fondo.

Yo, que soy en principio escéptico respecto a la posibilidad de que la legalización de las drogas sea la solución (pero abierto a ser convencido, de hecho quizás en proceso de serlo), pienso que estas interrogantes apuntan a una de las razones esenciales que justifican su prohibición. Pues me parece que en relación con este último punto hay una diferencia fina, pero clara, entre el consumo de alcohol y el de las drogas ilícitas. Así, mientras el consumo de alcohol está en gran parte de los casos completamente integrado en la dinámica social, y no altera de manera radical el estado de conciencia, más allá de un leve acentuación de la alegría o quizás de la melancolía, el consumo de marihuana, por citar una droga blanda, cambia de inmediato el estado de ánimo de quien la consume, distorsiona su percepción de la realidad y altera su capacidad de comunicarse con los demás. De nuevo, esto no quiere decir que se justifique de entrada la prohibición de las drogas, es simplemente una distinción que constato en la realidad y que me parecería inútil negar.

Otra distinción, sin embargo, que me parece aún más clara que la anterior, es aquella que se esconde bajo el término genérico de “droga”, que encierra enormes diferencias en su interior. Así por ejemplo, la marihuana -por lejos la droga más consumida-, si bien puede tener efectos adictivos y nocivos para la salud, genera un daño incomparablemente menor al de otras drogas más fuertes, como la cocaína o la heroína. En el extremo más dramático de estas diferencias, también de alguna forma oculto en el debate, se sitúa un desecho tóxico de la droga, la denominada “pastabase” o “paco”, que hunde a decenas o quizás cientos de miles de adictos que pueblan las zonas pobres de las urbes latinoamericanas. Estas siluetas temblorosas paradas en las esquinas de las villas marginales representan en un sentido trágicamente literal los desechos de un sistema que los elimina, reduciéndolos al estado de zombis humanos o precipitándolos en un espiral de violencia y delincuencia que termina por lo general en la muerte o el suicidio.

Me da la impresión de que la elite ilustrada que discute el tema de la legalización de las drogas desconsidera con frecuencia esta última dimensión del problema. Con toda probabilidad tiene la vista puesta en un consumo mucho más controlado de drogas blandas, circunscrito a situaciones particulares de entretenimiento o celebración. Pero la estrategia de enfrentamiento de las drogas no puede hacerse sobre la base de la experiencia de algunos intelectuales o policy-makers proclives a la autoindagación personal o nostálgicos de Woodstock. Debe por fuerza considerar una visión global del problema en nuestros días. Y es precisamente a causa de esta realidad que la lucha frontal contra las drogas goza de una enorme popularidad en los sectores populares, pues son precisamente ellos a los que les resultan más patentes los efectos destructivos y deshumanizantes de un consumo de drogas que funciona como el emblema de un sistema excluyente y brutal.

Todas estas razones (y muchas otras que de seguro no vislumbro ahora) son muestras de que se trata de un debate complejo, que no puede ser resuelto fácilmente. Por lo mismo, me parece tanto más importante abordarlo de manera directa y cabal. En esto sentido, la misma pregunta por la necesidad de legalizar las drogas resulta demasiado gruesa, restrictiva. Es necesario primero indagar a fondo por qué prohibimos y que ganaríamos -y perderíamos- con legalizar. Y luego, qué drogas habría que legalizar, y en base a qué fundamentos y criterios. Sólo entonces sería tiempo de abordar el desafío mucho más complejo de cómo hacerlo.

Yo en lo personal soy en principio reacio a considerar la legalización como una solución eficaz. Pero creo que es importante proseguir el debate que se planteó en Cartagena, y desde ya me manifiesto dispuesto a cambiar de opinión. Pues si uno no lo estuviera, ¿para qué debatir entonces?

* Pablo Torche es psicólogo educacional de la Universidad Católica de Chile

En la reciente Cumbre de las Américas, los presidentes decidieron abordar frontalmente este tema tabú

Todo indica que a nivel regional inicia una nueva era en la lucha contra el narcotráfico. Luego de tantos intentos sin éxito en países productores por combatir a esta mafia por la fuerza y con tantas pérdidas humanas, por primera vez, según informó en una columna de opinión el periodista Andrés Oppenheimer, los presidentes decidieron “encomendar un estudio sobre la posible despenalización de las drogas a la Organización de Estados Americanos (OEA)”.

“En una reunión a puertas cerradas durante la Cumbre de las Américas que se realizó en Cartagena el 14 y el 15 de abril, los presidentes acordaron pedirle a la OEA que haga un estudio sobre la guerra contra las drogas, y ofrezca soluciones alternativas. Los presidentes no dieron detalles acerca de cómo se hará el estudio, ni cuándo debería estar listo”, informó el periodista en su columna publicada en “El Nuevo Herald”.

Al consultarle el tema al Secretario General de la OEA José Miguel Insulza, este lo confirmó e indicó que el estudio “queremos terminarlo para fin de año, y hacerlo público para marzo del año próximo. Será exhaustivo e investigará el negocio del tráfico de drogas, el éxito o el fracaso de varios países europeos que han experimentado la descriminalización, así como los medios para mejorar la educación, la prevención y la rehabilitación”.

“Ofreceremos varias alternativas a lo que se está haciendo ahora”, dijo Insulza al columnista. “La idea no es decirles a los presidentes lo que hay que hacer, sino ofrecerles un menú de opciones”, añadió.

Solo el 2009 el debate por la legalización salió de los círculos académicos y fue a las bocas de Fernando Henrique Cardoso de Brasil, Ernesto Zedillo de México y Cesar Gaviria de Colombia, quienes apoyaron la descriminalización de la marihuana. Vicente Fox propuso después la legalización de todas las drogas. Este año, Otto Perez Molina también planteó esto. En la última cumbre, Juan Manuel Santos pidió “un debate serio” sobre el tema, lo que acabó con un pedido de estudio a la OEA.

Para el columnista, este debate empezará a posicionarse en la agenda internacional a fines de este año o a inicios del 2013. Cierto o no, ¿hasta dónde llegará el movimiento pro-legalización con este nuevo impulso?

De esta forma se refirió el titular de la Secretaria de Programación para la Prevención de la Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico, Rafael Bielsa, en torno a la legalización del consumo. Trabajo territorial para analizar la prevalencia de estupefacientes. Entre 16-25 años, existe un problema serio en el consumo de alcohol.

El necesario desarrollo de un verdadero sistema federal que posibilite la concertación de políticas, planes y programas destinados a la prevención del uso indebido de drogas, la asistencia a las adicciones y la lucha contra el narcotráfico, respetando las características propias de cada una de las regiones del país para promover la participación de todos los actores involucradas en el tema, fue el eje principal de la Primera Asamblea Anual del Consejo Federal de Drogas (COFEDRO) que desde ayer se desarrolla en nuestra provincia.
Rafael Bielsa, titular SEDRONAR, y quien preside el encuentro, durante su alocución ante funcionarios y responsables de instancias ejecutivas, judiciales y fuerzas de seguridad, hizo alusión a la polémica iniciativa, impulsada por algunos sectores allegados al kirchnerismo, que tiende a la legalización del consumo de estupefacientes.
De acuerdo a su postura, el Ejecutivo Nacional debe estar en sintonía con el fallo de la Corte Suprema de Justicia (caso Arriola) con el objeto de coordinar el derecho legal con el derecho jurisdiccional del más alto Tribunal e introducir las modificaciones necesarias dentro del derecho positivo, esto es modificar el segundo párrafo del artículo 14 de la ley 23.737 (Tenencia, Suministro y Tráfico de Estupefacientes) bajo los términos de la Corte.
"Esto es la no punibilidad en la tenencia de estupefacientes para consumo personal que se realicen en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros, es decir, cuando no medie afectación de la salud pública. Entendida esta no sólo como un derecho sino como un bien público que el Estado debe garantizar", indicó Bielsa.
En su discurso, el ex Ministro de Relaciones Exteriores, adujo que la punibilidad en la tenencia para consumo se basa en la premisa de que la incriminación del tenedor de estupefacientes permitiría combatir mas fácilmente a las actividades vinculadas con el comercio de dichas sustancias. Ante esta concepción, sostuvo que "esto no se ha cumplido, desde que está la actividad criminal, lejos de haber disminuido, se acrecentó notoriamente y ello a costa de una interpretación restrictiva de los derechos individuales".
Mientras aconsejó que el actual debate en torno a la despenalización merece un aporte serio e informado, alegó que "hay muchos pecados sin absolución posible que puede cometer el Estado en materia de drogas, uno de ellos es el de confundir a la sociedad obligándola a oscilar entre el miedo, la ignorancia o el desconocimiento".
En tal sentido, Bielsa expresó que parte de la generación de confusión entendida como pecado es "asimilar la despenalización de la tenencia para uso personal con la legalización de los estupefacientes. No se trata de legalizar excesos, que son dañinos, intrínsecamente malos, se adueñan de nosotros aun cuando la sustancia sea legal y consentida por la sociedad".
Al respecto, estimó que resulta muy diferente discutir "la despenalización, la no criminalización del consumo, la no introducción en el sistema Penal de una persona que consume una cantidad discreta de una sustancia según lo establezca un juez, máxime cuando la estrategia detrás de esa criminalización se ha evidenciado no solo como restrictiva de los derechos individuales, sino también como inútil", precisó.
En diálogo con EL SIGLO, el titular de la SEDRONAR resaltó los rasgos generales del panorama que se presenta a nivel país en torno al tratamiento y enfoque que el organismo emprende en la materia de lucha y prevención contra la ingesta de estupefacientes.
"Hay una evidencia empírica de que cada lugar donde la droga genera un problema, ese lugar se muestra distinto a los demás, hay particularidades locales que tienen que ver con las sustancias, el tipo de consumo, la cultura que se genera, dónde aparecen, por lo que le da distintos abordajes, no hay un abordaje universal para cualquier tipo de adicción o cualquier tipo de sustancia. Esto nos obliga a ser más sofisticados y responsables en el uso de las herramientas", alegó.
Asimismo, Bielsa relató a este medio que "Argentina tiene un problema serio de consumo de alcohol por cantidades, calidades y edades porque los jóvenes entre 16 y 25 años son grandes consumidores de sustancias cada vez más mezcladas y de peor calidad con consecuencias más dañinas. La tapa de los diarios se ocupan menos de esto porque está consentido socialmente".
Paralelamente, el funcionario nacional refirió que "también hay drogas que estadísticamente no tienen mucho relieve, como por ejemplo, el paco. Pero que igual son tremendamente graves, porque golpean a sectores muy vulnerables, generando adicciones muy rápidas, lo que obliga, por razones económicas, al adicto a ser dealer o vendedor al día siguiente".
Finalmente, Bielsa adujo que "los sectores más vulnerables son aquellos en los cuales hay que estar más encima. La territorialidad de la acción es central. Este no es un tema de escritorio. La parte de prevención es de barrio, calle, sufrimiento, dolor, tener que mirar a los ojos de un chico que sale del tratamiento de limpieza física, no hay que perder de vista que allí existe un dolor y hay que tirarse a la pata de los caballos, para estar siempre allí", afirmó.

Cartas al director por Martín Barriuso

En la edición del domingo 22 de abril, leemos en DEIA el caso de Ander, un chaval con problemas con la marihuana que ha decidido "desengancharse". Se trata de un caso poco común, ya que no es normal que los problemas con el cannabis lleguen a ser tan graves, pero no se puede negar que existen muchos casos como el de Ander. Y está muy bien que los medios de comunicación, como DEIA, reflejen esta otra cara del cannabis, sustancia cuyo riesgo aumenta en proporción directa a la precocidad en el consumo. Cuanto más joven se empieza, más riesgos de complicaciones.

Lo que no me parece normal es que se aproveche para entrar por la puerta falsa en el debate sobre la legalización de la sustancia, mezclando este caso con el debate que debe iniciarse en breve en el Parlamento Vasco. Ander dice que antes era partidario de la legalización, pero que ahora le genera inquietud. Tal vez porque su defensa adolescente de la legalización se basaba en la idea equivocada de que se trata de una sustancia sin ningún riesgo. Sin embargo, quienes defendemos una nueva regulación legal del cannabis no lo hacemos en base a su supuesta inocuidad, sino al hecho de que las políticas basadas en la prohibición de la sustancia generan más problemas de los que pretenden evitar.

Todo el mundo sabe que las bebidas alcohólicas son peligrosas, más aún para los adolescentes, y sin embargo nadie en su sano juicio defendería la ley seca, incluyendo penas de cárcel para los productores de txakoli o sidra, como la vía para acabar con el alcoholismo. Apostamos por controles estrictos sobre la venta, límites en la edad de acceso o campañas educativas, y no por la represión pura y dura. Nadie pensaría que prohibir a un adulto sano y normal beberse una cerveza sea la vía para evitar los excesos de algunos jóvenes. Pues bien, algunos parecen olvidar estas cosas tan obvias en cuanto el cannabis sale a relucir. Y el resultado es un debate sesgado y distorsionado donde se acaba discutiendo de cosas que nadie dijo nunca. Esperemos que esto cambie y podamos tener algún día un debate adulto y serio sobre la cuestión, que ya va siendo hora.

Hablar de la política antidrogas es hablar de un tema espinoso con muchos vericuetos. El leitmotiv de la administración actual ha sido criticada por muchos flancos; sin embargo, el titular del ejecutivo se mantiene en lo dicho. En este contexto, me parece excelente que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) promueva un ejercicio de reflexión sobre el particular, mediante el Foro Internacional sobre Políticas de Regulación del Consumo de Drogas y en cuya inauguración José Narro Robles, rector de la Máxima Casa de Estudio, afirmó que la actual política de combate al consumo de drogas, que se caracteriza por ser punitiva y criminalizar al consumidor, no ha dado los resultados deseables, de ahí que sea necesario realizar cambios al respecto.

En su participación, Narro puso varios puntos sobre la i, además lo que han pregonado muchos, es decir, que la política actual para combatir el consumo de drogas no ha dado los resultados deseables, advirtió que se trata de un problema de salud pública y no de orden delincuencial y moral -¡hasta que alguien se da cuenta!-, y que no es sólo un fenómeno nacional, sino de escala global, que afecta a toda la sociedad y como tal debe ser analizado. Y agregó:

La actual política no ha conseguido reducir la producción ni el consumo de estupefacientes en México y en el mundo, los cuales, según encuestas nacionales e internacionales, datos epidemiológicos duros, nos muestran que el problema va en aumento. Baste recordar el caso de nuestro país que, a lo largo de los últimos 25 años, ha duplicado el tamaño, la magnitud del problema del uso de drogas.

Ahora, el problema no es lineal, como ha tratado de abordarlo el ejecutivo, no se trata de emular al juego infantil “Stop” -ese de “declaro la guerra en contra de mi peor enemigo que es… ¡el narcotráfico!”-; tampoco es tan simplista, como lo ve el ex presidente, Vicente Fox -e incluso yo, por momentos-, que tanto se ha pronunciado a favor de la legalización de las drogas. Es más bien una maraña de aspectos que no pueden ser tomados tan a ligera -porque ahora todos nos sentimos especialistas en políticas antidrogas-, al respecto, Narro cuestionó:

¿Legalizar qué?, ¿legalizar el consumo?, ¿legalizar la comercialización?, ¿legalizar la producción?, ¿de qué?, ¿en dónde?, ¿con qué limites?, ¿de qué manera?, ¿cómo vamos a pasar esa transición? No tengo las respuestas y yo no creo que el problema no sea de un sí o un no.

Tal vez él no tenga las respuestas, ni Calderón o Fox, pero el hecho de que se reúnan varias decenas de especialistas nacionales y extranjeros para discutir en forma amplia e incluyente las políticas públicas en torno a las drogas en México, puede ser un excelente ejercicio. Y no es que crea, como Max Weber, que el político y el científico son dos entes separados, sé que algunos también tienen su agenda política bajo el brazo, pero sí creo que la ciencia da claridad sobre estos temas, porque se procura dejar a un lado la visión ingenua, privilegiando un análisis multifactorial, que obedece justo a la complejidad del tema.

El evento que inició hoy, concluirá el viernes 27 de abril. Las mesas de trabajo abarcarán temas como la problemática general en materia de salud en el consumo ilícito de drogas y su dependencia; problemática jurídica relacionada con el consumo de drogas; tipos de drogas y consecuencias de su uso en la salud de los individuos; enfermedades infecciosas y trastornos psiquiátricos vinculados con el uso de drogas ilícitas; el mercado de las drogas en México; cultura indígena y uso de drogas en México; las organizaciones criminales vinculadas al tráfico de drogas ilícitas en México; experiencias internacionales con regulaciones distintas a la prohibición sobre algunas drogas, entre otras.

Al parecer, las conclusiones serán entregadas a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a la sociedad civil, pues se pretende que la discusión contribuya a la generación de políticas gubernamentales. Sólo falta ver si los titulares de los poderes toman en cuenta lo que dicen los expertos o siguen pensando que tienen el monopolio del conocimiento en el tema.

La Guardia Civil se incautó en 2011 de 74 plantas de marihuana en Valliniello

La magistrada titular del juzgado de primera instancia e instrucción número 1 de Avilés ha archivado el caso contra el colectivo Asgaya, al que la Guardia Civil incautó el pasado año 74 plantas de marihuana en una finca de Valliniello. La juez sostiene que «las actuaciones practicadas acreditan que los hechos no son constitutivos de delito» por lo que acuerda el sobreseimiento libre y el archivo del caso, comunicaron en medios jurídicos.

Agentes de la Guardia Civil detuvieron en agosto de 2011 a cinco personas, entre ellas el presidente del colectivo de usuarios de cannabis Asgaya, tras localizar en Valliniello una finca dedicada al cultivo de esta sustancia. El colectivo defendió desde el primer momento que la fiscalía antidroga de Asturias y las fuerzas de seguridad -Guardia Civil y Policía Nacional- tenían conocimiento por iniciativa de los propios integrantes del colectivo de la plantación en cuestión.

El presidente de Asgaya, Juan Pedro Valbuena, explicó que Asgaya es una asociación legal «que cultiva cannabis dentro de la ley». Según sus palabras, sólo distribuyen «a marihunana a los miembros (dos gramos al día, unos cuatro porros), mayores de edad, en un circuito cerrado y sin ánimo de lucro. «Queremos vivir en un ámbito de tranquilidad jurídica. No somos traficantes, somos gente normal», señaló el joven a este periódico tras la detención.

El colectivo avilesino se inscribió en el registro general de asociaciones del Principado de Asturias el 24 de septiembre de 2009 y remitió cartas certificadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y fiscalía antidroga del Principado de Asturias. Según Juan Pedro Valbuena, nunca tuvo respuesta a estos comunicados. Los clubes canábicos llevan años reclamando un marco legal de regulación. Entre sus demandas se encuentra un registro oficial de asociaciones de consumidores de cannabis y un protocolo de actuación con las fuerzas de seguridad para que las plantaciones que defienden como legales puedan ser controladas y protegidas.

El próximo 5 de mayo se llevará a cabo la Marcha Mundial de la Marihuana, que se realiza en varios países a favor de la legalización del autocultivo de cannabis. En Uruguay la marcha será a partir de las 15:00 horas en la plaza Cagancha.

La idea es partir a las 16.00 hacia la sede de la Suprema Corte de Justicia, y desde ahí al Palacio Legislativo. Luego, a las 18.00 en la plaza 1º de Mayo, donde culminará el evento con espectáculos de bandas hasta las 22.30.

Previo a eso, ayer domingo hubo una marcha desde la plaza Líber Seregni de parte de organizaciones no gubernamentales que impulsan el autocultivo de la marihuana.

Además de la Marcha Mundial, bajo el título ‘Todo preso es político’ el portal plantatuplanta también informó que la fiscal Cristina Falcomer pidió la condena de la escritora argentina Alicia Castilla, a quien el pasado 31 de enero de 2011 se le incautaron 29 plantas de marihuana en su casa, por lo cual debió ir presa hace más de un año.

Ahora falta que la defensa señale sus argumentos y después, lo que decida la jueza del caso Adriana De Aziz. Por su parte, desde la AECU (Asociación de Estudios del Cannabis del Uruguay) el dirigente Juan Vaz dijo que el pedido de condena “no asombra” y que “hoy por hoy la Justicia no tiene en cuenta nada. Hay una total desinformación por parte de los actores judiciales, al punto que el Instituto Técnico Forense ni siquiera sabe distinguir una planta macho de una hembra”.

Vaz se refirió a que en esta temporada “los cinco cultivadores que fueron detenidos por autocultivo fueron dejados en libertad”, pero advirtió y cuestionó que en esos casos el allanamiento se produjo tras “denuncias anónimas”.

“Que los jueces den órdenes de allanamiento con denuncias anónimas es una flagrante violación del artículo 10 de la Constitución, en el cual se establece que ‘las acciones privadas de las personas que de ningún modo atacan el orden público ni perjudican a un tercero, están exentas de la autoridad de los magistrados’”, explicó.

Mientras que la escritora Castilla, según recoge ese mismo portal, contó que cuando la detuvieron el pasado año “la Policía se llevó dos camionetas llenas de cosas de mi casa, me sacaron hasta las exprimidoras de naranjas, con la excusa de que las podía utilizar para prensar la marihuana, así como mi licuadora”.-

“Si esto es lo que la sociedad entiende por lucha contra el narcotráfico, entonces estamos mal… Lo que se deben de divertir los narcos leyendo este tipo de noticias, hay que ver cuándo se terminan estas hipocresías y se dedican a combatir la delincuencia en serio”, lanzó la escritora.

Defensores de la legalización de la maría plantan 420 réplicas de la característica hoja de cannabis sativa en la playa más famosa de Río de Janeiro.

Defensores de la legalización de la marihuana han plantado hoy 420 réplicas de la característica hoja de la cannabis sativa en Copacabana, la playa más famosa de Río de Janeiro, para presionar a la justicia a que declare inconstitucional una ley que penaliza su consumo. El cultivo de falsas hojas de marihuana ha llamado la atención de quienes paseaban por el malecón de Copacabana y que en su mayoría, según los manifestantes, vieron con simpatía la inédita protesta.

"Nuestro objetivo es presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) para que declare inconstitucional el artículo de la Ley de Tóxicos que tipifica como crimen el uso de la droga para consumo propio", ha dicho a Efe Raoni Mouchoque, activista de la Radio Legalice y uno de los coordinadores de la protesta.

El activista ha explicado que las 420 hojas representan un número simbólico para los usuarios de marihuana de Brasil, que consideran las 4.20 de la tarde como el mejor horario para consumir la hierba. "El tribunal aún no ha fijado una fecha para pronunciarse sobre la demanda que pide que ese artículo sea declarado inconstitucional y queremos llamar la atención para que la audiencia sea realizada lo más rápido posible", ha agregado Mouchoque.

Él es responsable por una radio en internet que defiende la legalización del consumo de la hierba y que organiza desde 2008 la llamada Marcha de la Marihuana. Los organizadores del acto ha dicho que comunicaron su intención previamente a la comisaría de policía de Copacabana y que contaban con una autorización que les permite mantener su llamativo cultivo por doce horas. "La recepción fue muy positiva. La gran mayoría no tenía conocimiento de la causa y terminó manifestándose favorable", según Mouchoque.

Organizaciones civiles se manifestarán este viernes en Ciudad de México para pedir la despenalización de la marihuana ante la sede del Senado, donde entregarán una petición y, aseguran, fumarán esa hierba, informaron el jueves los promotores de la protesta.

"Entregaremos a los senadores nuestra petición de visibilidad fumando marihuana", señala la convocatoria lanzada en redes sociales por el denominado Frente de Artistas y Organizaciones por la Liberación de la Marihuana en México.

Los organizadores aseguran que lograrán convocar a más de 10.000 personas ante el Senado.

A partir del mediodía instalarán allí mesas para reunir firmas de apoyo y puestos informativos, además de que realizarán actividades artísticas, como las pinturas sobre cuerpos desnudos y conciertos de rock.

Por la tarde, buscarán entregar una carta a los legisladores, donde se pronuncian en favor de "los derechos culturales así como nuestros proyectos ciudadanos de legalizar la marihuana, hasta hoy censurados".

Los organizadores señalan que regresarán por la respuesta del Senado el sábado 5 de mayo, cuando en distintas partes del mundo se realizarán manifestaciones en favor de la despenalización total de la marihuana.

En México es ilegal el consumo de drogas en público, pero se ha despenalizado el porte de pequeñas cantidades para uso personal, que en el caso de la marihuana es de cinco gramos, una cantidad que los activistas consideran insuficiente.

El país vive una ola de violencia que ha dejado 50.000 desde diciembre de 2006 cuando el gobierno lanzó a los militares a perseguir a los carteles, para los cuales el tráfico interno de marihuana y cocaina se ha vuelto una fuente de recursos cada vez más importante según el gobierno.

El fin de semana el candidato a la presidencia de México por el partido minoritario Alianza Nacional (Panal), Gabriel Quadri, abogó por abrir un debate técnico sobre la legalización "en un principio" de la marihuana.

Es una ingenuidad pensar que se puede perseguir al narco y proteger a la sociedad a la vez

Por Jorge G. Castañeda

El pasado 8 de abril los expresidentes latinoamericanos Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo publicaron un nuevo documento sobre el tema de las drogas en América Latina. En el mismo tenor que sus pronunciamientos anteriores, realizados en el marco de la Comisión Global sobre Drogas hace ya cuatro años, pero con mayor precisión y de manera más explícita ahora, reiteran que “40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas […]\[...\] frente a la ineficacia y las consecuencias desastrosas de la “guerra contra las drogas” [se ha reconocido] el fracaso de la estrategia prohibicionista y la urgencia de abrir un debate sobre políticas alternativas”.

Hablan ya claramente de la regulación de la marihuana como del alcohol y del tabaco. Felicitan a los presidentes de Guatemala, Colombia y Costa Rica por empezar a proponer opciones distintas y reseñan las experiencias pertinentes de los últimos tiempos para diseñar alternativas: “Europa en materia de salud pública y reducción de daños; los experimentos médicos de algunos Estados de Estados Unidos con los usos medicinales de la marihuana; la movilización de los sectores empresariales y de la comunidad científica, y la expectativa de los jóvenes…”. Junto con posiciones igual o más explícitas de otros ex mandatarios como Vicente Fox y Felipe González, de intelectuales latinoamericanos como Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, y de muchos otros exfuncionarios de múltiples países, ya son un número creciente de voces, encabezadas por supuesto por los presidentes Juan Manuel Santos, Otto Pérez y Laura Chinchilla, que claman lo mismo: esto no funciona.

Gracias a la iniciativa de estos últimos tres, la Cumbre de las Américas celebrada en Cartagena este pasado fin de semana abrió el debate a nivel de jefes de Estado: por primera vez un presidente de Estados Unidos se vió obligado a escuchar los argumentos, las tesis y el dolor de sus colegas del sur del Río Bravo sobre el terrible costo, y los magros resultados, de la “guerra a las drogas”. Como bien lo dijeron Santos, Pérez Molina y Chinchilla, se trata solo del comienzo de un largo proceso, y solo el tiempo y la discusión ayudarán a animar a otros mandatarios latinoamericanos a convencer a Barack Obama o a su sucesor de que la política de los últimos 40 años ha sido un desastre.

Lo más alentador es que el principal obstáculo a un consenso regional a favor de una alternativa —la actual postura mexicana— cambiará pronto. México es el único país a la vez productor y de tránsito de drogas en la región; es el que ha pagado el mayor precio —más de 50.000 muertos en los últimos cinco años— por combatir las drogas (Colombia luchó también contra guerrillas y paramilitares); y es el que mayor presencia tiene, por razones evidentes, dentro de Estados Unidos. El actual presidente, Felipe Calderón, ha sido el mayor baluarte de la postura prohibicionista, aunque de dientes para fuera ha aceptado que “haya debate” sobre la legalización. Pero Calderón termina su mandato el 30 de noviembre, y cualquiera de sus posibles sucesores ya ha comenzado a distanciarse del camino seguido entre 2007 y 2012.

Lo hacen porque la sociedad mexicana también empieza a evolucionar al respecto. Un grupo de empresarios y académicos de Monterrey han apoyado la despenalización, y presentaron una ponencia al respecto en Cartagena. Una organización conservadora de la sociedad civil, México Unido Contra la Delincuencia organizó un foro de gran repercusión en la Ciudad de México sobre el tema. Todo esto se ha traducido, lógicamente, en cambios en el enfoque de los políticos y los partidos, y, sobre todo, en las posturas de los más importantes: Josefina Vázquez Mota y Enrique Peña Nieto, los dos candidatos punteros a la presidencia de la República.

Hace unos días, Vázquez Mota anunció que “en el golpe de timón” de su campaña habría una nueva estrategia para la lucha contra la violencia o “guerra contra las drogas”. Dijo que aun manteniendo al ejército en las calles y sin pactar con el narco, concentraría, sin embargo, los recursos y esfuerzos del gobierno en combatir la violencia que afecta a la gente, y en particular cuatro delitos: secuestro, extorsión, asalto en vía pública, y asalto en domicilio. Se trata de un cambio tácito pero crucial frente a la estrategia del presidente Felipe Calderón, que ha consistido en concentrar los recursos y las prioridades en el combate al narco, incluso provocando un crecimiento espectacular de los homicidios dolosos, los secuestros, los asaltos y la extorsión.

Enrique Peña Nieto, en un libro publicado el año pasado, en sus artículos de periódico y en su breve ensayo publicado hace poco en México ha dicho lo mismo: va a concentrar el esfuerzo en combatir los delitos que afectan a la gente: homicidios, extorsión, secuestro. Su prioridad será reducir la violencia, no combatir a los cárteles que envían cocaína de los países andinos, marihuana, heroína y metanfetaminas de México, a Estados Unidos.

En un mundo ideal, de recursos ilimitados, sería factible combatir tanto al narcotráfico como a los delitos que afectan a la sociedad; incluso en algunos casos tal vez sean los mismos individuos los autores de ambas desgracias para las sociedades latinoamericanas. Pero dada la escasez de recursos financieros, policíacos, militares y jurídicos en México y toda América Latina, esto no es posible.

Decir, como Vázquez Mota y Peña Nieto, que van a concentrar los recursos en combatir la violencia que afecta a la gente, aunque no lo vean o entiendan así, significa desconcentrar los recursos de la guerra contra el narco. Desconcentrar los recursos de la guerra contra el narco, significa “dejar pasar la droga” a Estados Unidos, como lo ha dicho en privado un ex presidente centroamericano; hacerlo sin regular un mercado legal de drogas, significa fomentar la cultura de la ilegalidad e impunidad. Como nadie aspira a eso en una región justamente asolada por la debilidad del Estado de derecho, llegamos a la recomendación de Cardoso, Gaviria y Zedillo: cambiar la ley para adaptarla a la realidad, en lugar de querer cambiar la realidad para adaptarla a la ley.

Esto es lo mismo que muchos han dicho desde hace cinco años, tanto en México como en muchos países de América Latina. Pensar que se puede perseguir al narco y a la vez proteger a la sociedad contra la violencia en un contexto de escasez de recursos y de debilidad institucional (o, por cierto, de abundancia y fortaleza también) es una ingenuidad o peor, una tontería. Qué bueno que América Latina, poco a poco, avance por este sendero; que bueno que Cardoso, Gaviria, Zedillo, Fox, Fuentes y Vargas Llosa tomen más claramente partido; que bueno que Barack Obama escuche; que bueno que hasta en México las cosas cambien; que bueno que los que siguen en México, Vázquez Mota o Peña Nieto, ya hayan dado un paso, consciente o inconsciente, incipiente o de gran alcance, retórico o sustantivo, que nos aleja de la hecatombe de los últimos 40 años.

Jorge G. Castañeda es analista político y miembro de la Academia de las Ciencias y las Artes de Estados Unidos. Su más reciente libro es Mañana o pasado. El misterio de los mexicanos.

"Las políticas de prohibición crean más daños de los que previenen", porque "el mundo libre de drogas que los partidarios de la guerra a las drogas predicaban con tanta confianza, está hoy, más que nunca, fuera de nuestro alcance", señalaron las personalidades firmantes de un documento publicado hoy en los diarios de Guatemala.

Personalidades mundiales, incluyendo a varios ex presidentes como el estadounidense Jimmy Carter y el polaco Lech Walesa, expresaron hoy su rechazo al enfoque prohibicionista de las drogas por considerar que termina siendo más dañino.

"Las políticas de prohibición crean más daños de los que previenen", porque "el mundo libre de drogas que los partidarios de la guerra a las drogas predicaban con tanta confianza, está hoy, más que nunca, fuera de nuestro alcance", señalaron las personalidades firmantes de un documento publicado hoy en los diarios de Guatemala.

El documento está firmado también por grandes exponentes de la literatura y la música, como Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y Sting, además de otros ex presidentes como Vicente Fox (México) y Fernando Henrique Cardoso (Brasil).

Sostienen los firmantes que "la guerra global contra las drogas ha fracasado" y tenido "numerosas consecuencias involuntarias y devastadoras a nivel mundial", provocando que "decenas de miles de personas mueran cada año en la guerra contra las drogas".

La publicación del documento fue patrocinada por The Beckley Fundation y la Iniciativa Global para la Reforma de las Políticas de Drogas y coincide con la iniciativa de despenalización de los estupefacientes planteada en las últimas semanas por el presidente guatemalteco Otto Pérez.

Pérez fracasó en su intento por conseguir el apoyo de los otros países centroamericanos en esta iniciativa. El Salvador, Honduras y Nicaragua declinaron a última hora asistir a una cumbre subregional para tratar el tema previo a la cita en Cartagena de Indias, Colombia, el pasado fin de semana.

Pérez atribuyó la cancelación de última hora a un boicot de Estados Unidos a través del presidente salvadoreño Mauricio Funes.

Washington ha reiterado que se opone a la despenalización de las drogas, aunque ha expresado su disponibilidad al diálogo.

El pasado fin de semana, el académico costarricense Constantino Urcuyo, dijo en Guatemala que el enfoque prohibicionista se refleja en lo que ocurre actualmente en México.

"Lo que México ha demostrado es que el enfoque prohibicionista a ultranza, lo que crea es más muerte, más dolor y no disminuye el problema del tráfico", dijo a dpa tras una conferencia dictada en el Instituto Centroamericano de Estudios Políticos (Incep).

En tal sentido, Urcuyo calificó como "legítima, valiente y audaz", la iniciativa de Pérez, agregando que su importancia radicaba en el hecho de ser la primera vez que un mandatario en funciones la planteaba.

En el documento publicado este día, las personalidades firmantes pidieron a los gobiernos y parlamentos del mundo promover un debate sobre nuevos enfoques en la lucha contra el narcotráfico, por considerar que "la guerra global contra las drogas ha fracasado".

"Ya que no podemos erradicar la producción, demanda o uso de drogas, debemos encontrar nuevas maneras de minimizar los daños. Es imperativo estudiar nuevas políticas basadas en evidencias científicas" para hacer frente al problema del narcotráfico rompiendo "el tabú del debate y la reforma", señalaron.

Varios dueños de cafés en los que se vende cannabis de manera legal en Holanda presentaron una demanda ante un tribunal de La Haya para frenar la aplicación de una ley que restringirá a partir del 1 de mayo próximo la entrada de los turistas extranjeros a esos establecimientos.

Los abogados de los propietarios de esos locales consideran que la norma es discriminatoria y aseguran que las tarjetas de membresía exigidas para entrar a esos cafés violan la privacidad de los clientes.

Los dueños de los coffee shops, como también se conoce a estos establecimientos, amenazaron con ignorar la ley si desestiman su petición.

La nueva norma, que entrará en vigor en todo el país en 2013, contempla que los 700 establecimientos que venden marihuana de forma legal en los Países Bajos sean considerados clubes privados con un máximo de 2.000 miembros, a los que solo podrán acceder los holandeses y los extranjeros con permiso de residencia.

Ethan Nadelmann es Fundador y Director Ejecutivo de la Drug Policy Alliance (DPA).

El nuevo presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, está brindando un liderazgo muy importante en este tema. Como político conservador y exgeneral del Ejército tiene una credibilidad que otros no tienen. Cuando empezó a hablar públicamente sobre la necesidad de pensar en nuevas políticas de drogas, incluyendo la legalización, muchos pensaron que era solo una táctica para conseguir más apoyo de EE. UU. Pero Pérez Molina ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región que su llamado es verdadero.

Dentro de Guatemala su propuesta ha sido elogiada por diversas voces, como líderes empresariales, el arzobispo Oscar Julio Vian, y el director de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Francisco Dall'Anese. Los otros presidentes centroamericanos también están dispuestos a participar en el diálogo sobre nuevas políticas de drogas en el istmo. Incluso se reunieron algunos de ellos el 24 de marzo pasado, para un debate amplio acerca del tema.

Mientras tanto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos parece haber recibido nuevos aires para impulsar el debate gracias a la iniciativa del mandatario guatemalteco. Se reunió recientemente con los expresidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ricardo Lagos (Chile) y Felipe González (España) para discutir la mejor manera de plantear el tema durante la Cumbre de las Américas, que tuvo lugar en Cartagena el pasado fin de semana.

El presidente mexicano Felipe Calderón también parece estar más dispuesto a involucrarse en el creciente debate. Tras haber batallado durante toda su presidencia contra el crimen organizado, cuya fuente principal de ingresos es el narcotráfico, tiene la mayor autoridad moral para proponer una nueva ruta. Y nadie conoce mejor lo difícil que es alcanzar la victoria en una guerra contra lo que es esencialmente un dinámico mercado global —especialmente cuando se tiene de vecino al consumidor más grande del mundo—.

Calderón inició el debate cuando comentó que EE. UU. debía considerar “alternativas de mercado” si no puede reducir su demanda por drogas. Poco después se unió con todos los gobiernos de América Central, Colombia, República Dominicana y Chile para emitir la Declaración de Tuxtla, que establece que si no se puede disminuir la demanda por las drogas ilegales, “las autoridades de los países consumidores deben entonces explorar todas las alternativas posibles para eliminar las ganancias exorbitantes de los criminales, incluyendo opciones regulatorias o de mercado, orientadas a ese propósito”.

Todo esto representa un gran dilema para el gobierno estadounidense. Cuando el vicepresidente Joe Biden visitó recientemente la región, aclaró que el presidente Obama se opone firmemente a la legalización pero también reconoció, como hizo Obama en 2011, que es un tema legítimo para debatir. Esta declaración fue modesta pero importante, porque al menos envía un mensaje claro a otras autoridades estadounidenses, de que el rechazo total a cualquier discusión sobre el tema, como se ha hecho hasta ahora, ya no es necesario.

El desafío político inmediato para los latinoamericanos es mantener su ímpetu frente a los esfuerzos ingentes de Washington —tras bastidores— de silenciar el debate, aunque haya dicho públicamente que está a favor de ello. El reto más importante es darle sustento a sus propuestas de políticas alternativas. Los presidentes latinoamericanos saben que ningún país puede legalizar las drogas unilateralmente, que cualquier cambio significativo debe ser multilateral, y que las grandes reformas necesarias al régimen prohibicionista tomarán varios años o incluso décadas.

El mayor obstáculo por el momento es la resistencia de la administración Obama y el Congreso estadounidense a cualquier discusión real sobre el tema de políticas alternativas. Pero el apoyo popular entre los estadounidenses para legalizar la marihuana está aumentando con rapidez del 36 por ciento a favor en 2006 al 50 por ciento en 2011, según una encuesta de Gallup. Y los estados de Colorado y Washington tendrán la oportunidad de votar por la legalización de la marihuana en noviembre.

La peor prohibición, dicho sea de paso, es la prohibición a pensar y de eso, lamentablemente, es de lo que es culpable el gobierno de EE. UU. hoy en día. Pero quienquiera que se encuentre en la Casa Blanca durante los próximos cuatro años tiene que participar verdaderamente en este debate, porque ha venido para quedarse.

El escritor se mostró partidario de que los países latinoamericanos avancen en políticas que propicien la legalización progresiva de las drogas a fin de acabar con el "monstruo" del narcotráfico en la región.

Mario Vargas Llosa se mostró hoy partidario de que los países latinoamericanos avancen en políticas que propicien la legalización progresiva de las drogas a fin de acabar con el "monstruo" del narcotráfico en la región.

El premio nobel de literatura, que hoy presentó en Madrid su último ensayo, "La civilización del espectáculo", en el que reflexiona sobre la banalización de la cultura, el periodismo y la política, se pronunció en una entrevista con Efe sobre cuestiones
que iban desde la expropiación de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, al narcotráfico que amenaza a la región.

Lo fundamental para el escritor peruano es acabar con la criminalidad vinculada al narcotráfico, que, a su juicio, crece de una "manera cancerosa" y puede destruir esas "democracias frágiles" de los países latinoamericanos.

A su juicio, el narcotráfico es una "industria muy poderosa económicamente" y que "carece de escrúpulos". "El narcotráfico puede pagar mejores salarios que el Estado", puede comprar policías, periodistas y ministros.

El narcotráfico "es un 'monstruo' que está allí y que hay que enfrentar con racionalidad", dijo el novelista, quien explicó que las políticas "puramente represivas" no han tenido éxito, ya que se gastan "sumas astronómicas" para combatirlo y el resultado es un aumento del consumo, la producción y el comercio de las drogas y del poder de las mafias.

El ensayista y novelista puso de ejemplo a México. "Es para mi un espejo de lo que puede pasar en toda Latinoamérica si no se cambia de políticas", afirmó el autor de "Conversación en La Catedral", quien indicó que en la región ha comenzado a desarrollarse un debate para reemplazar la política represiva por una preventiva.

El autor de "La casa verde" también se pronunció sobre la expropiación de la petrolera YPF, controlada por la española Repsol, y dijo que se trata de "una medida demagógica que está inspirada básicamente en la crisis profunda que vive Argentina", debido a las
"políticas populistas" que se adoptan en este país.

Esta decisión "no va a traer beneficios a Argentina sino perjuicios".

El premio nobel señaló que el modelo de la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, "parece ser el mismo que el del presidente de Venezuela, Hugo Chávez".

La mayoría de los políticos no salen bien parados en el sombrío panorama que dibuja Vargas Llosa, que sí destaca la labor de personalidades como Nelson Mandela.

El escritor considera "muy peligrosa" la devaluación que padece la política hoy día, y cree que el que se la asocie con "la desvergüenza, la pillería y la mediocridad" es "un suicidio lento para la democracia".

En su ensayo, valiente y lúcido, lamenta que hoy se le dé más importancia a la moda, a la gastronomía o al fútbol que a la buena literatura o a la buena música.

"No creo que meter goles sea mucho más importante que pensar con claridad, que escribir una gran obra de teatro o un hermoso poema. No lo es, pero sí lo parece", afirmó Vargas Llosa, que es un forofo del fútbol y que hoy aplaudirá "como un loco" si gana el Real Madrid en su enfrentamiento con el Bayern de Múnich.

Este libro, que Alfaguara acaba de publicar en España y que en las próximas semanas llegará a Hispanoamérica, es "muy personal, una opinión que no tiene por qué ser compartida y, de hecho, hay materia para una controversia, un debate, una reflexión", reconocía hoy Vargas Llosa, muy relajado pese a que acaba de llegar del Perú y cada vez lleva "peor lo del 'jet lag'".

En su análisis de detiene en el campo de las bellas artes y asegura que la situación "es mucho más grave que en otros", porque en el de la literatura "todavía hay ciertos criterios que permiten establecer jerarquías".

"Eso es prácticamente imposible en las bellas artes, y ello abre la puerta al fraude, al embauque y a la confusión", añadía.

"¿La vieja cultura merece sobrevivir? Es una decisión que hay que tomar y en función de ella se la puede revitalizar o simplemente enterrarla".

Vargas Llosa se ocupa en el libro del desapego a la ley, "otra consecuencia de la civilización del espectáculo", y asegura que en ningún caso se ve mejor que en la piratería de libros, discos, vídeos.

Como cuenta en el libro, la editorial Alfaguara calcula que, por cada novela de este escritor que se vende legalmente en Perú, hay seis o siete piratas. Y una de las ediciones piratas de "La fiesta del Chivo" se imprimió "¡en la imprenta del Ejército!".

Y, en cuanto al cine, el escritor lamenta que ya no haya grandes creadores como "Visconti, Bergman, Buñuel o Berlanga" y que se haya convertido en icono a Woody Allen, cuyas primeras películas le gustaron "mucho, pero después se volvió un imitador de sí mismo".

NO RECUERDO cuándo me fumé mi primer porro; demasiado pronto, supongo. Pero sé cuándo me fumé el último: ayer por la noche, en la sobremesa de una agradabilísima cena con unos amigos. Era un hachís estupendo, aceitoso, de esos que se entregan solo con el calor de las yemas de los dedos, que todavía conservaba el aroma de la marihuana original y que se dejaba fumar sin asperezas ni arranques de tos, como un colonizador pacífico. Como acompañante perfecto, un Glenrothes con una piedra de hielo, un malta suave y equilibrado como solo saben hacerlo los escoceses. Placeres adultos, no hay queja.

Y caros. A más de diez euros el gramo. Yo no tengo mayores problemas. Reconvertido en consumidor lúdico y esporádico, hace tiempo que dejé atrás el trajín del trapicheo, de la búsqueda nerviosa en tugurios que seguramente de otra manera no habría necesitado conocer, del mercadeo con tipos capaces de venderte un trozo de goma a cambio de cien duros y que no admitían devoluciones ni hojas de reclamación. Qué desperdicio de tiempo y de vidas.

Eran otros días. Los fumadores de cannabis aún no contábamos con el movimiento asociacionista que se ha desarrollado después, con la lógica del consumidor que exige sus derechos. De la que se habla ahora es de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, formada por miles de consumidores adultos que defiende su derecho a cultivar la marihuana que fuman para no tener que someterse a las leyes del mercado negro ni al mundo de delincuencia que rodea todo lo ilegal.

Su proposición para cultivar de forma controlada unas hectáreas en el municipio tarraconense de Rasquera ha derivado en un circo mediático solo comprensible desde la hipocresía social. El ayuntamiento en cuestión ha presentado un plan de explotación, con sus análisis legales oportunos, sus previsiones de negocio en un momento crítico y con un referéndum en el que el 56% de sus habitantes votó afirmativamente. Todo con luz y taquígrafos. Fiscalía, Mossos d’Escuadra y el consejero catalán de Interior ya han puesto sus prejuicios manos a la obra.

Es el mismo consejero, por ejemplo, que ordenó reprimir con fiereza las manifestaciones de indignados y que ahora ha dado su apoyo entusiasta a la amenaza del Ministerio de Interior de convertir en delito de terrorismo las movilizaciones convocadas a través de las redes sociales o incluso la resistencia pasiva. Pensamiento liberal, lo llaman.

Es el mismo consejero que estuvo presente en las recientes reuniones de los miembros de su Gobierno con un tal Sheldon Adelson, magnate del juego que proyecta construir en España lo que ya se conoce como Eurovegas. Cataluña está en dura pugna por el proyecto con otra de las comunidades abanderadas del liberalismo patrio, Madrid. Se trata de un conglomerado de casinos, hoteles y campos de golf que, según cuentan, va a descargar el maná eterno sobre la ciudad elegida. Y total, por nada: solo exige modificar el estatuto de los trabajadores, una exención total de impuestos, que le regalen todo el suelo público que considere preciso, que se cambien las leyes de extranjería, que se modifiquen las normas que impiden a los menores y a los ludópatas entrar en los casinos, que se haga la vista gorda sobre la prostitución, que se eliminen las medidas contra el tabaco y que se construyan con fondos públicos todo tipo de infraestructuras.

Es evidente por qué un tiburón como Adelson ha elegido España para proponer su idea: en cualquier otro país medianamente serio se le hubiera deportado de inmediato ante semejante envite. Pero nosotros somos así de acogedores y de liberales.

Está científicamente demostrado que el juego, por no hablar del mundo de delincuencia que suele florecer en estos hábitats, causa mucha más adicción es un problema social infinitamente más destructivo que cualquier otro descrito en torno al consumo de cannabis. Que, por otro lado, tiene su principal enemigo en el lobby de las grandes compañías farmaceúticas, que comercializan a precios de oro medicamentos derivados de la marihuana útiles para un montón de enfermedades, que se quedarían en nada si los enfermos tuvieran acceso sencillo y controlado al producto original.

Me temo que ya sé cómo va a acabar todo esto, porque en estos suelos no crece la planta del sentido común. Y lo que crece, nos lo fumamos.

La reciente VI Cumbre de las Américas en Cartagena estableció un nuevo escenario en la relación de América Latina con EU. Sin duda, el contexto ha cambiado, el conjunto de países abajo del Río Bravo muestran ahora un mejor entorno económico y político, a pesar de las deficiencias que persisten, como la mala distribución del ingreso o el reto de la inseguridad. En los parámetros internacionales de hoy, la crisis en EU y en Europa, nuestra región muestra signos positivos en crecimiento, inversión y estabilidad.

Si el contexto ha cambiado, la agenda también, por primera vez hay temas que estaban vetados y que hoy son parte del debate: ¿qué hacer con el paradigma prohibicionista y punitivo ante las drogas que ha dominado el escenario desde que Richard Nixon lo estableció a principio de los años setenta?, ¿y cómo lograr una integración de Cuba, que ha estado marginada durante décadas de los foros latinoamericanos? ¿Será Cartagena la última cumbre sin los cubanos?

Sin duda, la posición de los líderes de la Comisión sobre Drogas y Democracia —con los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo al frente— ha sido fundamental para explorar nuevas alternativas, entre las que destacan dos: la descriminalización del consumo de drogas, lo cual lleva a tratar a los adictos, no como criminales, sino como enfermos, y así el tema de las drogas pasa a ser un problema de salud pública y no de guerra. La otra es la exploración de otros modelos y políticas de regulación, para superar el enfoque militar. Detrás de estas propuestas está el fracaso de la estrategia actual prohibicionista y militar. El caso más representativo es el de México con Felipe Calderón. A estas alturas ya queda claro que en el país debe cambiar el gobierno federal para que se modifique la política de “guerra” al narcotráfico que hemos padecido este sexenio. El fracaso de la estrategia calderonista se puede ver en el aumento de los indicadores de violencia. En este sexenio aumentó la portación de arma de fuego de 13,739 a 19,215; subió el ataque a servidores públicos de 1,910 a 3,352; se incrementaron los homicidios de 25, 133 a 37,100; los secuestros pasaron de 438 a 1,326 (El Universal, 13/04/2012).

Por contraste, Colombia muestra cambios importantes para abrir la discusión. En Cartagena también coincidieron en replantear el problema los presidentes de Guatemala y Costa Rica. Un avance notable es que los gobiernos de estos países coinciden con el grupo de ex presidentes de Brasil, Colombia y México. La formación de este nuevo consenso deja en posición un poco solitaria el empeño del actual gobierno mexicano que mantiene sus tesis y su estrategia, mientras en otros países latinos ya empezaron a plantear un cambio de paradigma. Pero esta situación no es nueva, lo mismo pasa con el modelo neoliberal: mientras México sigue siendo el alumno más aplicado y ortodoxo del Consenso de Washington, la mayoría de países en Sudamérica ya ha hecho cambios de política económica para ajustar el modelo y recuperar el Estado benefactor (Brasil, Argentina y Uruguay, incluso Chile).

El presidente Obama planteó otra vez en Cartagena la vieja tesis que EU no va a legalizar ni a despenalizar las drogas. Hay que tomar en cuenta que Obama está en su campaña de reelección y el propio marco electoral le impone restricciones para cualquier oferta nueva o audaz, tanto sobre los temas candentes como drogas, Cuba o migración, como en temas de desarrollo. Sin embargo, algo tendrá que hacer EU ante lo que parece ser un nuevo consenso latinoamericano, y, sobre todo, frente al protagonismo chino en el comercio con Sudamérica. En suma, es urgente revisar el paradigma ante las drogas porque, en palabras de Cardoso, Gaviria y Zedillo: “la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representa una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad democrática”.

La Cumbre de Cartagena no logró unanimidad para hacer una declaración única, pero dejó planteados los temas polémicos: la inclusión de Cuba y la búsqueda de un nuevo paradigma sobre las drogas. Tal vez la regulación está lejana todavía, pero aquí en México ya existe consenso latinoamericano para pensar en otras opciones y estrategias a partir de este 1 de diciembre.

Es uno de los más visionarios empresarios del mundo. Creativo, inquieto y con el arrojo suficiente para impulsar la primera firma de turismo espacial. Dicen que es de esos empresarios que se cuentan con la palma de una mano, tan excepcionales como los casos en que plebeyos ingleses son elevados a la categoría se lord. "Sir" Branson, apenas desembarca en Chile con su telefonía celular, toma claro partido por un cambio profundo en la estrategia global antidrogas que ha impulsado Estados Unidos. Dice, junto a varios ex presidentes de la región, que la problemática es sanitaria y no policial, al tiempo que apunta a esas contradicciones que observa entre un Chile íntimo muy liberal y un Chile público muy represor.

En su calidad de miembro de la Comisión Mundial sobre Políticas de Drogas (Global Commission on Drugs Policy), un grupo creado por líderes mundiales como Kofi Annan que trabajan de manera independiente en pro de la paz y los derechos humanos, Richard Branson participó de una conversación abierta sobre políticas de drogas, organizada por la ONG Asuntos del Sur y contó a Terra su visión tras dos años de investigación.

-¿Por qué un grupo de líderes mundiales, la mayoría políticos o ex presidentes, eligen a un empresario para integrarse a esta comisión que busca avances en el tema de las drogas?

-Como hombre de negocios probablemente querían que analizara datos y hechos para ver si hay un mejor enfoque para acercarse al tema. Y luego de dos años de estudio de la situación, sí creo que hay una mejor forma de hacer las cosas y que la guerra contra las drogas es lo opuesto a ese enfoque.

-El mundo ya tiene un ejemplo de que hacer las cosas distintas funciona: Portugal. ¿Qué se aprendió de esa experiencia?

-Portugal diez años atrás decidió tratar el problema de las drogas como un problema de salud. Movieron la política de drogas desde el ministerio de Interior al departamento de salud y funcionó. Nadie ha sido encarcelado por uso de drogas en los últimos diez años, las personas con problemas serios de uso de drogas pueden acudir a un comité de sicólogos y otros especialistas en busca de apoyo. Allí el Estado les da droga y agujas limpias mientras los ayudan a salir del tema y, por tanto, no tienen que salir a robar para conseguir droga. Como resultado, la cantidad de consumidores de droga ha disminuido y los asaltos violentos a hogares se han reducido dramáticamente. Entonces lo que queremos hacer es que países de todo el mundo paren de encarcelar a los jóvenes y empiecen a ayudarlos. Si funcionó en Portugal creemos que puede funcionar en muchos países.

-¿Y qué o quiénes están impidiendo que el caso de Portugal se replique en otras partes del mundo?

-Estados Unidos creo que tiene mucho de la culpa. Hay muchas personas asesinadas en Sudamérica debido a las actuales leyes contra las drogas y creo que desde allá están tratando de imponer sus deseos en los países de esta región cuando el consumo está en EE.UU. Lo bueno es que en los próximos días habrá una reunión de presidentes de la región y es muy posible que sean valientes y finalmente digan "Ya fue suficiente".

-¿Qué busca lograr la Comisión de Drogas en Sudamérica?

-La mayoría de los presidentes sudamericanos saben que la guerra contra las drogas fracasó y que se necesita una nueva estrategia. La Comisión de Drogas está tratando de que se prueben nuevos enfoques: que se trate como un problema de salud en algunas partes, que se legalice la marihuana en otros lugares, con impuestos, regulación y control de calidad para asegurarse de que no sea impura, y que otros hagan algo distinto para que en un par de años veamos qué fórmulas han funcionado. Todos los estudios médicos señalan que la marihuana es mucho menos dañina que el tabaco y el alcohol, que los jóvenes prefieren esta droga y mientras no la usen en exceso la mayor parte de ellos la deja a los 25 ó 27 años. Entonces hay que probar distintas maneras.

-¿Ha tenido la oportunidad de hablar con alguien en el gobierno chileno sobre estas materias?

-Lo extraño es que en algunos temas Chile es más avanzado que otros países. En casa, por ejemplo, uno puede hacer lo que quiera, pero por otro lado 80 mil jóvenes son arrestados cada año. Si llevas dos cigarrillos de marihuana en el bolsillo la policía asume que no pueden ser para consumo personal y te van a arrestar. 80 mil jóvenes arrestados es demasiado: les dañas su oportunidad de viajar, de ir a EE.UU. por ejemplo. Y en último término no es la manera de tratar a la gente. A través del ex presidente Fernando Henrique Cardoso se está haciendo lobby en varios gobiernos de la región, incluido el chileno, para tratar de proponer un camino diferente.

-¿Y qué percepción ha tenido él de lo que piensa hacer el gobierno chileno?

-Hay dos áreas donde Chile en el papel es mejor que otros países. Una de ellas es la prostitución, que es legal y las mujeres que la practican no son penalizadas y pueden hacerse exámenes de salud. Con las drogas en el papel también son más liberales, pues si alguien hace algo en su casa no va a ser procesado. Pero la policía no parece interpretar las cosas de esta manera y el gobierno chileno haría bien si moviera el departamento de drogas a Salud en vez de Interior para asegurarse así de que quienes tengan adicción a drogas no tengan temor de ser encarcelados si levantan la mano y dicen: tengo un problema.

-¿Qué pasaría con las mafias de narcotraficantes si se despenaliza el consumo de droga? El temor de las personas es que se vuelvan incontrolables...

-Si el estado en Portugal provee heroína a los adictos, de repente no hay mercado para los carteles de droga y les arruinas el negocio. Los carteles hacen 380 mil millones de dólares al año con este negocio y no quieren que el Estado lo convierta en un problema de salud: quieren que siga tal cual está. Cuando existía la prohibición de tomar alcohol en EE.UU. los padrinos ganaban gran cantidad de dinero. Cuando ésta despareció, lo mismo pasó con ese negocio.

-¿Podría próximamente California legalizar la marihuana? ¿Sería un gran hito en toda esta historia?

-Creo que serán otros los estados en EE.UU. los que legalicen la marihuana. Lo interesante es que los impuestos que ganarán por la venta legal de marihuana pagarán su sistema educacional y sistema de salud combinado, y todavía quedará dinero extra para educar a la gente sobre los peligros de las drogas tal como se hace con los cigarrillos o el alcohol. Hoy en cualquier lugar del mundo en dos minutos sales a la calle y obtienes droga, pero si es regulada, controlada, chequeada y tiene impuestos es mucho mejor.

-Ha comentado varias veces que le gusta hacer negocios donde ve frustración, porque ahí hay una oportunidad. ¿Cree que en Chile a nivel político y social hay buenas oportunidades? ¿Somos gente muy frustrada?

-Lo interesante es que los políticos creen que esto es algo muy impopular, pero hemos hecho muchos estudios de mercado al respecto preguntando a la gente si cree que la guerra contra las drogas ha fallado, y 90% de las personas en el mundo cree que sí. Si creen que esto debe ser tratado como un problema de salud no un problema criminal, y el 90% cree que sí. Si deberían sus hermanos o hijos ser encarcelados por tener un problema con las drogas, y el 90% cree que no, que deben ser ayudados. Así que no creo que sea impopular para los gobiernos ser valientes y hacer lo que es correcto. Si hablas con cualquier político en privado todos saben lo que hay que hacer, pero no han tenido el coraje de hacerlo.

-¿Ha consumido drogas en algún momento de su vida?

-Cuando era adolecente fumé un poco de marihuana porque trabajaba y me propuse no tomar alcohol ni fumar demasiado porque es difícil hacer bien tu trabajo cuando lo haces. Pero no estoy acá sentado diciendo que el alcohol, la marihuana o el tabaco son buenos. Todo en exceso es malo. Lo que digo es que el sistema actual no ha funcionado, así que intentemos una nueva manera.

Parecía algo imposible, pero más de 13 años después de que la mayoría de los residentes de Washington D.C. aprobaran el expendio y consumo de marihuana con fines medicinales, las autoridades locales emitieron licencias a seis empresas para cultivar la hierba en la ciudad. Y algunos de los locales están a pocas cuadras de la Casa Blanca.

Estos permisos, así como las leyes locales que los autorizan, están en conflicto directo con la política federal antidrogas, que todavía considera ilegal el cultivo, distribución y posesión de marihuana aún cuando ésta tenga fines médicos y haya sido recetada por un doctor.

Aunque los expendedores del cannabis medicinal corren el riesgo de redadas y arrestos por parte de agencias del gobierno federal, en Washington ya se abrió un almacén de equipos y suministros hidropónicos especializado en marihuana que espera ofrecer servicios no solamente a las empresas autorizadas sino a pacientes con recetas médicas que quieran sus cultivos personales.

Los que abogan por la descriminalización de la marihuana y otras drogas dicen que es solo cuestión de tiempo antes de que el gobierno ceda "al sentido común" de eliminar sus restricciones aunque el presidente Barack Obama mantiene su firme oposición a la legalización de drogas tanto en Estados Unidos como en otros países productores de América Latina y otras regiones.

"Supermercado" de marihuana

Los ciudadanos de Washington D.C. votaron abrumadoramente en 1998 por la legalización del expendio y consumo de marihuana para personas que sufren de enfermedades graves como cáncer, VIH-SIDA, esclerosis múltiple y glaucoma.

Pero apenas en mayo de 2010, el Consejo de la ciudad aprobó la legislación y sólo esta semana adjudicó licencias para el cultivo de la planta con fines expresamente medicinales. La capital de EE.UU. se une así a otros 16 estados con leyes similares.

Hubo fuerte oposición de varios grupos de presión como la Coalición de Comunidades Contra las Drogas (CADCA, por sus siglas en inglés), se manifestaron en contra el consumo de cualquier tipo de marihuana, recreacional o medicinal.

"No solamente envía el mensaje equivocado a la juventud, pone en riesgo la seguridad y salud pública de Washington D.C., así como el de las familias de la ciudad", dijeron en un comunicado a la BBC.

CADCA subraya que las propiedades medicinales de la marihuana no han sido reconocida por los expertos del gobierno.

Más significativo aún, hay incertidumbre sobre cómo reaccionarán las agencias del orden federales, que no han sancionado el programa, hace pocos días se inauguró un almacén de cultivos hidropónicos a pocos kilómetros de la Casa Blanca.

WeGrow se promociona como un supermercado que suple todas las necesidades para el cultivo bajo techo de marihuana. No venden plantas ni semillas pero sí todo el equipo y suministros necesarios para cultivar cannabis en casa, como luces, bandejas, fertilizantes y podadoras.

También venden libros y dan clases sobre técnicas hidropónicas para el cultivo de hortalizas y vegetales en lugares cerrados, pero su especialidad es la marihuana, expresó a BBC Mundo Adam Rich, cultivador en residencia de WeGrow con diez años de experiencia en el tema.

"Nuestro objetivo es proporcionarle a la persona todo los elementos y asesoría para que pueda cultivar de una manera exitosa y segura la marihuana para sus necesidades médicas", dijo Rich.

Riesgo de redadas

El experto recalcó que esa asesoría únicamente se le puede brindar a los pacientes que presenten una receta médica para el consumo de la hierba y que estén registrados con el departamento de salud de la ciudad.

"La ley me prohíbe discutir específicamente el tema de la marihuana con los que no tengan documentos verificables", aseguró Adam Rich, pero añadió que cualquier cliente puede comprar el surtido del almacén para cultivar otras plantas.

Como las autoridades federales todavía consideran un delito el cultivo, posesión y consumo de marihuana bajo cualquier pretexto, así como la venta de parafernalia y literatura que la fomente, locales como WeGrow corren el riesgo de redadas policiales y hasta arrestos.

"Siempre existe la preocupación de que alguna agencia federal, algún policía malinformado, se le ocurra hacer una redada", comentó. "Eso todavía está ocurriendo en California donde hay mucha hostilidad de la fiscalía contra la marihuana medicinal".

Según la Alianza sobre la Política de Drogas, un grupo que aboga por el fin de la guerra contra estupefacientes y el trato de las drogas como un asunto de salud y no de justicia criminal, organismos como la DEA (Agencia Antidrogas de EE.UU.) han incrementado sus operativos contra los expendios de marihuana medicinal.

El Departamento del Tesoro amenaza con enjuiciar a los bancos donde estos expendios tengan cuentas y el Buró de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) afirma que un paciente de marihuana medicinal que posea un arma de fuego recibirá una condena de diez años de cárcel.

"La presión es enorme", manifestó a la BBC Bill Piper, director de asuntos nacionales de la alianza. "La política de Obama contra la marihuana medicinal es peor que la de Bush. Es más agresiva y menos compasiva".

Doble rasero

Pero Piper señala que el gobierno federal no tiene los recursos para andar abriendo un proceso contra cada persona que posea unos gramos de hierba o a los expendedores de ésta, al fin y al cabo es la policía local de Washington la que está encargada del orden en la mayoría de la ciudad.

"Obama está entre la espada y la pared y no podrá hacer nada", indicó el activista. "La tendencia está definitivamente de nuestra parte y será cuestión de poco tiempo para que el gobierno cambie de política".

En eso coincide Jeffrey Schaler, psicólogo y profesor de la Escuela de Asuntos Públicos de la Universidad Americana de Washington. Sin embargo, el autor de varios libros sobre adicciones y las drogas dice que hay demasiados intereses creados en la guerra contra las drogas para una pronta revisión de las leyes federales.

"Los guerreros de las drogas", como los llama, "hacen muchísimo dinero con la prohibición de marihuana. Desde las empresas que construyen cárceles, hasta las agencias federales como la DEA".

Según el profesor Schaler esos grupos de interés hacen lobby y donan dinero a las campañas políticas para que se continúe "demonizando" la marihuana. "Es pura política, pero resulta desalentador ver a una persona inteligente como Obama que cede ante esas presiones y no escucha el sentido común".

También criticó el hecho de que la Casa Blanca tarde o temprano tendrá que aceptar el expendio y consumo de la marihuana medicinal al tiempo que se opone a su legalización en otros países.

"Obama tendrá que vivir con la hipocresía de esa postura o tener valor para cambiar", afirmó el académico. "Tendrá que tomar consciencia, como lo han hecho en América Latina, que fumar marihuana es un crimen que no produce víctimas. No se puede enjuiciar a alguien que usa algo que lo hace sentir mejor".

Ex presidentes de Brasil, Colombia y México buscan cambiar el paradigma de combate contra el tráfico de estupefacientes. El tema será tratado en la Cumbre de las Américas.

México. El debate para encontrar algún tipo de esquema de regulación para las drogas ilegales, y con ello cambiar el paradigma del combate al narcotráfico, que tiene más de 40 años de vigencia, alcanzó su máximo nivel justo cuando los países de la región están a punto de reunirse en la Cumbre de las Américas, que se celebrará este fin de semana en Cartagena de Indias.

“Regular no es lo mismo que legalizar. Ese punto es fundamental. Regular es crear las condiciones para la imposición de todo tipo de restricciones y límites a la comercialización, propaganda y consumo del producto, sin ilegalizarlo”, explicaron Fernando Henrique Cardoso, César Gaviria y Ernesto Zedillo, ex presidentes de Brasil, Colombia y México, que en un nuevo documento insisten en que “40 años de inmensos esfuerzos no lograron reducir ni la producción ni el consumo de drogas ilícitas”.

“En México y Centroamérica, la violencia y la corrupción asociadas al tráfico de drogas representan una amenaza a la seguridad ciudadana y a la estabilidad democrática”, afirman los tres.

Estos ex mandatarios creen que en los últimos cuatro meses “la discusión avanzó más que en 40 años”.

“Lo que antes parecía impensable ahora es discutido a la luz del día. Latinoamérica habla de drogas por imposición de la realidad y por el valor político de líderes como los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia; Otto Pérez Molina, de Guatemala, y Laura Chinchilla, de Costa Rica”, sostienen.

Otra forma. El nuevo impulso al debate comenzó en febrero, cuando Pérez Molina, militar de formación, planteó la necesidad de buscar otra manera de combatir a los narcotraficantes.

El planteamiento del guatemalteco iba un poco más allá de lo que en una entrevista con The Observer el presidente Santos había dicho en noviembre, cuando señaló que, si para erradicar la violencia ligada al tráfico de drogas se hablara de legalización, no estaría en contra, y que le gustaría que se hablara de regular no sólo la marihuana.

En otra entrevista, el sábado, con el diario El Tiempo, Santos adelantó: “La legalización de las drogas no va a ser el tema de la cumbre. Lo único que proponemos a esta altura es abordar el tema, que ya de por sí es un paso muy importante, porque hasta este momento muchos países, incluido Estados Unidos, se negaban a hacerlo. Ahora lo van a hacer, sin que eso quiera decir que están dispuestos a cambiar sus políticas”.

En marzo, Estados Unidos fue acusado de boicotear una cumbre de países centroamericanos convocada por Pérez Molina para discutir su propuesta. Washington no oculta que se opone al tema de cambiar el paradigma que data de tiempos de Richard Nixon.

El próximo sábado por la mañana, antes del plenario de la VI Cumbre de las Américas, representantes de Colombia, Guatemala, México, El Salvador, Honduras, Nicaragua, República Dominicana, Belice y Costa Rica se reunirán para ver si pueden consensuar una postura sobre el combate a los grupos del narcotráfico.

En México, país en donde en los últimos cinco años se registraron unos 50 mil muertos en el marco de la lucha contra los narcos, su presidente, Felipe Calderón, se ve obligado a nivel local a decir que no se opone al debate, pero muestra poco entusiasmo con la idea de cambiar el modelo de combate.

Sin embargo, el tema, en realidad, ya corresponde a quien llegue a la silla presidencial mejicana en diciembre, tras las elecciones de julio.

JOAN CARLES MARCH

Rasquera decidió ayer la cesión de unos terrenos municipales a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, en el marco del plan anticrisis que planteó el Ayuntamiento a sus vecinos.

Tres reflexiones nos genera esta valiente y polémica decisión, aparte de los temas legales, donde el informe jurídico, discutido en aspectos por la Fiscalía y el Delegado del Plan Nacional de Drogas entre otros, plantea que la situación actual de las leyes y la jurisprudencia en materia de cultivo y consumo de cannabis en España y la Unión Europea favorece el desarrollo de modelos de regularización y normalización de su uso lúdico y medicinal, en la tendencia actual hacia la normalización:

1. Aparte del componente económico para el pueblo y el del autoconsumo para los miembros de la asociación, el proyecto debe centrarse en aspectos de prevención, en investigaciones sobre el cannabis medicinal mediante ensayos clínicos en pacientes con cáncer de mama, esclerosis múltiple, fibromialgia…., así como en investigaciones de seguimiento de los consumidores del cannabis para valorar los efectos a medio y largo plazo en personas sanas, siempre con la aprobación de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.

2. Tener en cuenta los riesgos del uso del cannabis: el riesgo que se asocia al consumo recreativo de cannabis es un tema objeto de polémica, sobre todo por los datos de consumo. Ante ello, hay que plantearse que si entre los patrones conductuales de la juventud existe una tendencia hacia lo prohibido, el hecho de liberalizar el empleo de estas sustancias en su finalidad recreativa podría provocar entre los jóvenes el efecto contrario y la pérdida del interés hacia este hábito, aunque no siempre es así como en el caso del alcohol. Además, el consumo de cannabis está claramente asociado con la inducción de síntomas psicóticos y, posiblemente, es un factor de riesgo de la esquizofrenia en personas con una vulnerabilidad genética o psicosocial, siendo necesarias medidas preventivas en los grupos de alto riesgo que son fundamentalmente los consumidores de grandes cantidades de cannabis y los que inician el consumo en la adolescencia, aparte de los efectos perjudiciales del humo del cannabis fumado. De todas formas, el consumo de cannabis no es causa ni suficiente ni necesaria para la esquizofrenia, a la vista de que la mayoría de consumidores no desarrollan la enfermedad y que la mayoría de pacientes esquizofrénicos no consumen cannabis.

3. Conocer y fomentar los beneficios de los efectos terapéuticos: en los últimos años se han presentado un gran número de evidencias científicas de los cannabinoides, en especial analgesia, disminución de la presión intraocular, efecto antiemético en vómitos inducidos por quimioterapia antineoplásica, la espasticidad y otros síntomas de la esclerosis múltiple, traumatismos medulares y alteraciones del movimiento. Además, algunas aportaciones recientes indican otros posibles usos de estas sustancias como neuroprotectores, antiasmáticos y anticonvulsivantes, incluso antineoplásicos.

Salud, ciencia, rigor y prevención (aunque solo una minoría de pacientes consumidores manifieste psicosis y sea pequeña la contribución como factor de riesgo de la esquizofrenia, hay que incidir en las medidas preventivas) deben ser los ejes de un proyecto del que aún no se ha escrito la última palabra. Beneficios sí, y riesgos también. Trabajemos para su uso adecuado, la investigación y la prevención.

Joan Carles March Cerdà es director del Área de Ciudadanía, Ética y Comunicación de la Escuela Andaluza de Salud Pública

Ha sido suspendido de empleo y sueldo durante seis meses por ayudar «en su tiempo libre y de manera altruista» a una ong creada recientemente en la Costa Noroeste

El 56% de los vecinos de la localidad de la Ribera d'Ebre apoyan la plantación de cannabis

El alcalde rechaza dimitir y medita el futuro del proyecto al no lograr el 75% de los votos

Los vecinos de la población tarraconense de Rasquera (Ribera d’Ebre) acudieron ayer a las urnas para celebrar un referéndum vinculante en el que decidieron, con el 56% de los votos a favor, plantar cannabis a gran escala en la población. La votación fue ajustada: según el recuento inicial, 308 personas votaron a favor de la iniciativa y 239 rechazaron el proyecto. Los votos negativos ascendieron al 44%. Con el resultado en las manos, el paisaje de la localidad, marcado desde hace decenios por almendros y olivos, podría cambiar en los próximos meses.

La iniciativa se enmarca en un plan anticrisis para sanear las cuentas del Ayuntamiento, uno de los más endeudados de Cataluña. Si se cumple el plan del Consistorio, las plantaciones de esta droga ilegal se destinarán a los 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Canábica de Autoconsumo (ABCDA), un club de fumadores con fines lúdico-terapéuticos. Según el acuerdo inicial, si el proyecto sigue adelante, la ABCDA pagará 1,3 millones de euros en dos años a la localidad. Además, se crearán 40 puestos de trabajos directos e indirectos.

Tanto el gobierno de Rasquera como la oposición ya habían vaticinado un triunfo ajustado del sí y las previsiones se cumplieron. Al referéndum estaban convocados 804 vecinos y votaron 555, el 68% del padrón. Sin embargo, el resultado es nefasto para el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa, que hace tres semanas se desvinculó de ERC para alejar de la polémica al partido republicano. El alcalde había asegurado que paralizaría el proyecto si este no era aprobado, como mínimo, por el 75% de la población. Pellisa también prometió que, si no se conseguía este resultado, dejaría el municipio en manos de la oposición, formada por tres regidores de CiU que se oponen tajantemente a la iniciativa. Pero ayer, a primera hora de la mañana, Pallisa se desdijo y rechazó vincular su continuidad en la alcaldía al resultado de la votación. Y ya por la noche, cuando concluyó el recuento de votos, afirmó: "Dimitir ahora sería una frivolidad". El alcalde anunció que abría un periodo de reflexión y al cierre de esta edición aún no había determinado si se cultivará marihuana a gran escala en Rasquera o, por el contrario, si dará carpetazo a su proyecto. Por esta indecisión, Bernard Fornós, el portavoz de CiU en el Consistorio, montó en cólera: “Él ha puesto desde un principio las reglas de juego, ahora pedimos que las cumpla, es un despropósito", afirmó en el centro cívico.

La jornada en Rasquera se desarrolló sin incidentes, dominada por una gran expectación mediática, con televisiones llegadas de Francia, Corea del Sur y el mundo árabe “¿Está de acuerdo con el plan anticrisis 2012 aprobado por el Ayuntamiento de Rasquera en la sesión plenaria del 29 de febrero?”, fue la cuestión planteada a los vecinos, en la que se obvió conscientemente citar de manera directa los cultivos de cannabis. Quizá por eso, una atmósfera enrarecida rodeó el referéndum: CiU acusó al equipo de gobierno de empadronar a socios del club de fumadores para ganar votos. Pellisa lo niega y, además, anunció medidas legales contra los convergentes. De hecho, para el alcalde el proyecto del cannabis era una oportunidad para “cerrar heridas entre los dos bandos” que ha dominado históricamente el municipio.

Al final, sin embargo, la calle estuvo tan dividida como el Consistorio. Algunos habitantes ven los cultivos como un foco de delincuencia y otros creen que podría ser una opción para salir de la crisis. Los debates se vivieron en todos los rincones del pueblo y fue imposible acercar posiciones. “Solo viven de la droga los traficantes, la policía intervendrá las plantaciones y esto solo habrá servido para tirar dinero a la basura”, expresó contundente Francisco Garrido, un vecino de Rasquera. “Tengo miedo. Las tierras estarán al lado de mi casa. Los Mossos denunciarán al pueblo. Hay que salir de la crisis, pero esta no es la solución, y eso que soy holandesa”, dijo Ana, que vive desde hace cinco años en la localidad. Lo mismo opinó Liliana Moya: “He votado que no. Llegué de Colombia hace 10 años, viví de cerca el narcotráfico, allí hay droga y prostitución. Solo se enriquecen los terratenientes y los cuatro o cinco que la administran”, explicó.

En el otro bando, los partidarios de la marihuana se congratularon de la publicidad que ha llevado la iniciativa al pueblo. “Las tiendas han vendido mucho más, el pan se ha acabado todos los días”, explicó Florenci Miró. Eugeni Gil, un vecino de 50 años, se paseó con una camiseta de la que sobresalía una gran hoja de cannabis y la frase Rasquera, la Catalunya tropical. Un atuendo similar llevaba el propietario del restaurante La Seu. Es hermano del alcalde y había planeado una fiesta en su local con los miembros de ABCDA si la consulta triunfaba. “He votado sí. Es un bien para el pueblo. No estoy de acuerdo con la droga, pero de lo contrario las plantaciones irán a otros pueblos; para eso, que se quede aquí”, afirmó Paquita Torres. Además, esta vecina octogenaria sostiene que ha habido plantaciones de marihuana en Rasquera “toda la vida” y que la droga se distribuye en “bolsitas” por las poblaciones colindantes. Sus dos hermanas también votaron en la consulta popular.

Para los cultivos ya se ha reservado una finca de 7,5 hectáreas a cinco kilómetros de Rasquera. Aun así, los brotes verdes planeados para salir de la crisis no lo tendrán fácil para germinar: la justicia tiene los ojos puestos en la iniciativa. Diversas fuentes señalan que el abogado del Estado actuará a partir de hoy, tras la resaca del referéndum. Además, la Fiscalía de Tarragona abrió un expediente informativo, así como la Fiscalía Antidroga. Pellisa aseguró que ahora abrirá “un proceso de reflexión” para determinar el futuro de su proyecto. En Rasquera destacan la obstinación con la que defiende cada uno de sus ideales. Sin ir más lejos, algunos vecinos recuerdan un episodio sucedido hace solo dos años: Pellisa era presidente del Consejo Comarcal de la Ribera d’Ebre y se encerró en las dependencias del organismo para rechazar la energía nuclear. Era su manera de protestar por la posible construcción de un cementerio nuclear en Ascó.

Un pequeño telefonillo con una hoja de marihuana dibujada, es la puerta de entrada de la asociación cannábica «La Maca», en el barrio barcelonés de Sants. Aunque su interior es similar al de una oficina, el intenso olor a cannabis delata que se trata de un club privado de fumadores de marihuana. «Se ha creado un escándalo por el caso de Rasquera, cuando en Cataluña existen unas 200 asociaciones de fumadores de cannabis que pagan sus licencias a los Ayuntamientos y con varios terrenos donde cultivan su marihuana», declara el abogado Martí Cànaves, que representa a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda) que hoy conocerá si los vecinos de Rasquera avalan su propuesta.

«En España hay unas 500 asociaciones de fumadores de marihuana, 350 creadas en el último año y el 40 por ciento, unas 200, están en Cataluña», enumera el presidente de «La Maca» y de la Federación Catalana de Asociaciones Cannabiques (Catfac), José Afuera. A pesar de que todas están inscritas en el registro de asociaciones y pagan sus impuestos, en Cataluña «solamente 61 están registradas en el departamento de Justicia», lamenta Afuera. El resto están a la espera de que la Generalitat apruebe sus estatutos. «Nos encontramos en un limbo legal, pedimos a la Generalitat que realice una regulación clara», reclaman desde la Catfac. «Aunque en el artículo 368 del código penal se habla de delito, el autoconsumo y el autocultivo está tolerado y los eximentes y atenuantes suponen una despenalización “de facto”», explica Afuera que creó «La Maca» hace cinco años y cuenta ahora con 500 socios y dos campos de autocultivo estrictamente secretos y vigilados.

Tipos de socios
«La policía hace la vista gorda porque hacemos un bien social: no trabajamos con mafias, pagamos impuestos, sacamos consumidores de la calle y tratamos el dolor de enfermos», añade.

En estos clubes hay dos tipos de socios, los terapéuticos, que consumen la droga por razones de salud, y los lúdicos. Todos pagan sus cuotas para sufragar los gastos de los autocultivos y las tarifas mensuales van desde los 30 a los 90 euros, según el consumo. El perfil de éste suele ser un hombre de 25 a 40 años, que consume una media de unos 15-20 gramos de marihuana al mes, equivalente a uno o dos porros al día.

Tras registrarse, David, de 25 años, sale de la sala de distribución de «La Maca» con una bolsita de «maría». Pasa a la sala lúdica y se sienta en una de las mesas a liarse un porro, cerca de una mujer canosa que disfruta con las últimas caladas. «Aquí encuentras un sitio para fumar tranquilo», explica el joven que a los 15 años empezó a fumar marihuana. «Ahora fumo mucho menos, unos 3 o 4 porros al día», dice.

Una máquina de bebidas, un ordenador, una videoconsola, sillas, mesitas y varios sofás son el atrezzo de la sala regentada por una gran ventana abierta de par en par. Sentados, Marc y Sergio charlan. «Somos socios desde hace un par de meses, por unos amigos, y la verdad que fumar aquí te da más seguridad, sabes de dónde viene el cannabis y es más tranquilo; antes fumábamos en el parque», explican.

Fumar como terapia
Si se entra en el club por motivos terapéuticos, requiere de un certificado médico de las patologías para las que la International Asociation Cannabis Medicament avala el uso del cannabis como tratamiento. «La marihuana está indicada en casos de glaucomas, fibromialgias, trastornos alimentarios provocados por la quimioterapia o para estimular el hambre en casos de sida o depresión», señala el doctor Joan Parés que pasa consulta los miércoles en el local. El 30 por ciento de los socios de «La Maca» lo son por uso terapéutico y su perfil es muy distinto. «Hay hombres y mujeres de hasta 80 años», explica Parés que recomienda su consumo por inhalación así como alguna de las recetas para ser cocinado. «Los mayores nos suelen decir: “Menos mal que estáis. Ya no tengo edad para ir a buscar al camello de la esquina”», concluye.

Rasquera decide hoy en referéndum si quiere o no el cultivo de cannabis
Los 940 habitantes de Rasquera decidirán hoy en referéndum vinculante si permiten cultivar en el municipio una plantación de marihuana para los 5.000 socios del club de fumadores Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Abcda). El Ayuntamiento, que defiende la «plena viabilidad jurídica» de la plantación, prevé crear 40 puestos de trabajo y ganar hasta 1,3 millones de euros en dos años, que destinará a pagar las deudas que tiene la localidad y a impulsar la actividad económica. El plan de acción municipal anticrisis 2012 contempla la creación de la empresa pública «Rasquerana de Investigación e Interpretación de la variedad vegetal Cannabis Sativa», que desarrollará un programa de ordenación, planificación y gestión para supervisar el proyecto. Para que la iniciativa, que el pleno municipal aprobó el 29 de febrero, prospere deberán tener un mínimo del 75 por ciento de los votos a favor, y en la papeleta sólo habrá dos respuestas a la pregunta de si están de acuerdo con la plantación: «sí» o «no». En caso de que el pueblo tumbe su proyecto, el alcalde Bernat Pellisa dimitirá y que se paralizará la iniciativa, según anunció el mismo. El proyecto está siendo investigando por la Fiscalía de Tarragona y ha recibido críticas del Govern y el Consell Comarcal.

Las detenciones por recibir ayahuasca son ilegales

La ayahuasca no es una droga según los convenios internacionales

Un tribunal de Chile se ha pronunciado dictando que no está demostrado que los alcaloides contenidos en la ayahuasca provoquen algún riesgo para las personas

Durante los últimos meses se han venido sucediendo una concatenación de noticias en los medios de comunicación informando de detenciones de personas por recibir de Sudamérica (principalmente de Brasil y Perú) ayahuasca, un té psicoactivo que se usa de manera tradicional con fines mágico-religiosos en toda la cuenca amazónica.

En las últimas décadas, el uso de ayahuasca se ha expandido por Occidente, donde se está popularizando por sus potenciales propiedades beneficiosas derivadas de las experiencias espirituales que aporta. La globalización del planeta y el desarrollo de las nuevas tecnologías han permitido que se pueda adquirir ayahuasca importándola de los países donde su uso es tradicional. En la mayoría de las detenciones aparecidas en los medios, los imputados recibían la ayahuasca por correo y al recoger el paquete postal eran detenidos por la policía.

La ayahuasca es una mezcla de al menos dos plantas, una liana llamada Banisteriopsis caapi y las hojas del arbusto Psycotria viridis. La liana contiene unos alcaloides, llamados betacarbolinas, que inhiben la enzima monoamino oxidasa (MAO). El arbusto contiene una sustancia controlada por los Convenios Internacionales llamada DMT (dimetiltriptamina). La DMT por vía oral no es bioactiva ya que es degradada por la MAO del tracto gastrointestinal. Por eso la ayahuasca es un descubrimiento asombroso de los aborígenes americanos: sin disponer de conocimientos de farmacología académica desarrollaron en el pasado un fármaco único que facilita el acceso de DMT al cerebro impidiendo su degradación sistémica. Solo en los años 50 del pasado siglo la ciencia occidental descubrió este mecanismo de acción de la ayahuasca. La ayahuasca se utiliza tradicionalmente principalmente como medicina.

Si bien la DMT se encuentra en la Lista I de sustancias controladas por la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que es el organismo internacional de Naciones Unidas (ONU) que rige la prohibición de las drogas, y por tanto la DMT es una droga fiscalizada por todos los países miembros de la ONU, a la vez, la propia JIFE ha establecido reiteradamente que “ninguna planta (materiales naturales) que contenga DMT está actualmente controlada por los Convenios sobre Sustancias Psicotrópicas de 1971. Por tanto, preparaciones (por ej., decocciones) hechas con esas plantas, incluyendo la ayahuasca, no están bajo control internacional y por tanto no están sujetas a ninguna de las provisiones del Convenio de 1971”. Un tribunal chileno acaba de posicionarse en este mismo sentido, haciendo valer los tratados internacionales, al absolver a una pareja de imputados por delitos de narcotráfico de DMT. El tribunal se ha pronunciado además diciendo que no hay pruebas de que el uso de ayahuasca suponga un riesgo para la salud de las personas.

La mayoría de noticias aparecidas en los medios de comunicación relacionadas con las detenciones dicen que la ayahuasca es una droga ilegal en España, lo cual, como se acaba de exponer, es completamente falso. La ayahuasca, de acuerdo con la JIFE, no es ningún tipo de procesamiento ni de elaboración de DMT, luego ningún juez español debiera interpretarlo así. La ayahuasca no figura tampoco en las listas de drogas controladas por el Estado Español. Para la legislación internacional y para la española, que se rige por los convenios de la primera, la ayahuasca no es pues jurídicamente una droga. Por tanto, las imputaciones de “delitos contra la salud pública” formuladas a las personas detenidas por recibir ayahuasca desde Sudamérica están realizadas contra derecho.

Desde ICEERS queremos hacer un llamamiento a los imputados, a sus abogados, a los jueces, a la policía, a los periodistas y a la ciudadanía en general para que conozcan que la ayahuasca no es una droga, que la ayahuasca no está sujeta a fiscalización ni por las leyes internacionales ni por las nacionales, que la ayahuasca es una planta de uso tradicional que debería ser protegida, y no perseguida, por suponer para muchos millones de indígenas la raíz en la que se arraiga su tradición cultural, por suponer para millones de occidentales una herramienta espiritual de incalculable valor, por suponer un descubrimiento singular en términos científicos; y, en definitiva, porque protegiéndola se está protegiendo la expresión de todo un universo de diversidad y enriquecimiento cultural. Por eso ICEERS ha propuesto a la ONU que la ayahuasca sea reconocida Patrimonio Cultural de la Humanidad.

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Prohibicionismo versus despenalización y legalización gradual de las drogas. Son las dos posturas diametralmente contrapuestas que países y gobernantes enarbolan para afrontar el creciente problema del tráfico de alcaloides.

Las visiones antagónicas alrededor del combate contra el narcotráfico, así como las posibles nuevas estrategias para afrontar este fenómeno global, marcarán la agenda de la VI Cumbre de las Américas. Esta se realizará en Cartagena de Indias, Colombia, entre el 14 y el 15 de abril.

El análisis del tema en el encuentro de jefes de Estado y de Gobierno en la ciudad caribeña no es casual. El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anfitrión de la cita cartagenera, fue de los primeros mandatarios en ejercicio que puso sobre el tapete su propuesta de dar paso al debate de la legalización de las drogas.

Es más, añadió nuevos elementos a su iniciativa. En el espacio televisivo ‘El Gran Reportaje’ explicó que “podría ser más efectivo imponer gravámenes a la compra y el tráfico de alucinógenos y destinar esos recursos a prevenir el consumo”. La posición de Santos está en la orilla contraria a la del prohibicionismo, que defienden gobiernos como el del presidente estadounidense Barack Obama, cuyo país es el mayor mercado mundial de consumo.

El Jefe de la Casa Blanca, que será el invitado estrella de la Cumbre en el puerto del Caribe colombiano, ya ha hecho conocer que desestima la iniciativa de su colega colombiano. Justamente, a finales de enero pasado y en el marco de una visita oficial a Bogotá, la secretaria de Estado para Asuntos Políticos, Wendy Sherman, dijo que Obama “no respalda la legalización como vía para superar el problema de drogas”.

Hugo Acero, analista colombiano en temas de seguridad, consideró que el debate alrededor de la mejor opción para afrontar el narcotráfico implica el tácito reconocimiento del fracaso de la ‘guerra contra las drogas’, el término acuñado en 1971 por el entonces presidente de EE.UU., Richard Nixon. Y recordó que el negocio del narcotráfico sigue en aumento. Cada año mueve en el mundo unos USD 400 000 millones y que en el planeta hay al menos unos 200 millones de consumidores, según las estadísticas del 2010 de Naciones Unidas.

Acero también sostuvo que el prohibicionismo se fundamenta en la “criminalización de los consumidores, cuando este es en realidad un problema de salud pública”. Y consideró“más que pertinente abrir la discusión sobre la despenalización y la legalización de las drogas” que fuera ya planteada en años anteriores por los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), “que en buena hora fue incluida en la agenda de la VI Cumbre de las Américas”.

Precisamente, en declaraciones a RCN La Radio, Gaviria reiteró la defensa de su tesis. Y aseguró que “las políticas de EE.UU. en la lucha contra las drogas ha fracasado”. El ex gobernante cuestionó, adicionalmente, que los políticos estadounidenses decidieran que ese es un tema indebatible, “mientras en otros países como Colombia ponemos los muertos”.

Y se preguntó: ¿No será la hora de regular esto en vez de la prohibición… Sacar a los consumidores de las garras del crimen?

En la misma orilla de la propuesta de Santos y de los ex presidentes Cardoso, Zedillo y Gaviria, gobernantes centroamericanos, han adelantado que llevarán a la VI Cumbre de las Américas “una iniciativa de avanzada” en torno al combate contra las drogas.

En ese sentido se pronunciaron los mandatarios de Guatemala, Otto Pérez; de Panamá, Ricardo Martinelli; de Costa Rica, Laura Chinchilla; y de Honduras, Porfirio Lobo. La decisión en ese sentido se adoptó en la reunión del Sistema de Integración Centroamericana que se efectuó en Antigua Guatemala.

Pérez incluso aseguró: “esperamos que se quiten esos tabúes y esos mitos en torno a la lucha contra las drogas, como temas que los líderes de la región no pueden hablar abiertamente”.

Justamente, el Jefe de Estado guatemalteco se ha mostrado como partidario de la despenalización de las drogas como una salida para frenar la violencia que generan los clanes criminales y de narcos en Centroamérica y México. “Si se despenalizan las drogas desaparecen los carteles”, declaró al periódico La Prensa.

La reacción en Ecuador

Al referirse al debate sobre la legalización de las drogas, el fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, dijo a este Diario que la estrategia de la represión al narcotráfico no ha dado resultados y que los países deben hacer una reflexión conjunta, concertar nuevas estrategias y nuevas políticas que “busquen precisamente alcanzar el objetivo y que los narcóticos no enriquezcan ilegítimamente a las mafias”.

El presidente de EE.UU., Barack Obama dijo que el tráfico de drogas supone una grave amenaza, especialmente, para América Central. “Si empezamos a dejar un espacio cada vez más grande (a los carteles), eso golpeará nuestra capacidad para hacer negocios en esos países".

Punto de vista

Daniel Pontón. Ex director OMSC
‘Retórica bonita’

Llama la atención que últimamente ex presidentes y autoridades toman esto (legalización de las drogas) como un debate importante dentro del ámbito internacional. Creo que allí hay mucho búsqueda de protagonismo político. El debate es sugerente, pero no le veo ningún sentido, porque lo que se habla es despenalizar el consumo d e la marihuana, pero no se habla de la oferta que es el problema. Si despenalizamos el consumo no quiere decir que estos índices vayan a bajar. Legalizar la droga es una retórica bonita, pero en la práctica no se va a dar.

El candidato presidencial de Nueva Alianza, Gabriel Quadri de la Torre, se pronunció este sábado porque se abra el debate a todos los niveles sobre la posibilidad de que se legalice el uso, transporte y comercialización de la marihuana.

En conferencia de prensa dictada en la Plaza de la República, luego de realizar un recorrido por el Metrobús, el abanderado aliancista consideró también que es una “traición a la patria” declinar la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada.

Acompañado por su esposa Thelma Lazcano y sus hijos Adrés y Luciano Quadri, el candidato presidencial sostuvo, sin embargo, que el tema de las drogas es un asunto de salud pública tal y como se ha abordado el caso del tabaquismo.

“Estamos a favor de que se inicie, se abra, un debate técnico jurídico, serio, político, sobre la legalización, en un principio de la mariguana, en un contexto regional con Guatemala cuyo presidente ya se pronunció al respecto y con los demás países de Centroamérica y eventualmente con Estados Unidos”, remarcó.

Con respecto a la lucha contra el crimen organizado y en especial contra el narcotráfico, Gabriel Quadri agregó que es partidario de que se sigan atacando esos fenómenos de manera frontal, haciendo uso de las Fuerzas Armadas, pero también con una policía de clase mundial como la que ha propuesto.

Enfatizó que “es una lucha indeclinable, creo que nadie puede renunciar a confrontar a los delincuentes, cueste lo que cueste; ningún gobierno puede siquiera sugerir abandonar esta lucha y dejarle a los criminales el dominio del territorio nacional como ocurrió en gobiernos anteriores. Hacerlo sería incluso traición la patria”.

Por otra parte, el candidato presidencial afirmó que su campaña va bien y que con su plataforma liberal y forma distinta de hacer proselitismo atraerá a esa gran franja del electorado que ya está cansada de los políticos y los partidos de siempre.

Incluso adelantó que en las próximas semanas eso se podrá apreciar bien en las encuestas y en los sondeos de opinión, donde consideró que se reflejará el impacto real de sus propuestas y acciones.

Más adelante, Quadri expresó su reconocimiento al Instituto Federal Electoral (IFE) porque está actuando profesional e imparcialmente en este proceso, y adelantó que Nueva Alianza y él mismo serán los primeros en reconocer y aceptar los resultados del mismo.

El candidato presidencial y su familia realizaron un recorrido por la Plaza de la República saludando y platicando con los asistentes a ese lugar donde hay fuentes en las que algunos de ellos se refrescan con el agua.

Aunque los rechazos auguran el fracaso de la propuesta guatemalteca, la sola aceptación de su discusión en la Cumbre de las Américas revela inquietudes que despierta el avance narco. Los expertos advierten que la medida es tan inviable como peligrosa.

Resulta llamativo que sean algunos gobernantes de derecha, que hacen de la seguridad la principal bandera de su gestión, los que se encuentran detrás de la iniciativa, que fue admitida en la agenda de debate de la Cumbre de las Américas que se celebrará en Colombia a mediados de abril. Se podría esperar que, en cambio, gobiernos de tendencia izquierdista impulsen un debate tan radical, pero éstos, encabezados por el venezolano Hugo Chávez, ya adelantaron su oposición.

El presidente de Guatemala, el ex militar nacionalista Otto Pérez Molina, ha sido quien con más vehemencia planteó que la despenalización del tráfico y del consumo de algunas drogas ilegales ayudará a reducir los ingresos de los cárteles, mientras que una recaudación impositiva sobre ese comercio llevará dinero a los Estados para que sea invertido en el combate contra el narcotráfico y en programas sociales para los adictos.

Otros aliados de los Estados Unidos -Washington es el principal responsable de la estrategia de las últimas décadas en la guerra contra las drogas- como Colombia y México simpatizan con la idea. Juan Manuel Santos se mostró favorable a adoptar la medida si hay consenso a nivel federal, mientras que Felipe Calderón habló de evaluar políticas alternativas para frenar la violencia.

El primer pronunciamiento de Pérez Molina sobre el tema fue interpretado de inmediato como un instrumento de presión para conseguir más apoyo económico y militar de los Estados Unidos, país al que además solicita que ponga fin al embargo de armas que pesa sobre Guatemala. Sin embargo, "ha mostrado un compromiso tal que ha convencido a sus homólogos en la región de que su llamado es verdadero", apuntó el analista Ethan Nadelmann, director ejecutivo de la Drug Policy Alliance en un artículo publicado en el diario mexicano Reforma.

Más allá de las motivaciones, lo que parece inexorable es que la región se encamina a una discusión de las políticas que se implementan para frenar al narcotráfico. Varios países centroamericanos que han visto crecer sus índices de violencia de modo estrepitoso comparten la idea del guatemalteco, pero están abiertos a explorar otras opciones.

Imprecisiones

La iniciativa para legalizar algunas drogas no es nueva. En 2009, un proyecto similar surgió de un grupo de expertos reunidos en la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, encabezada por tres de los ex presidentes más prestigiosos de América Latina: Fernando Henrique Cardoso, de Brasil, Ernesto Zedillo, de México, y César Gaviria, de Colombia. Éste, sin embargo, no considera que el tráfico debería ser despenalizado.

Pérez Molina no ha dado a conocer los detalles de su plan. Recién en la última cumbre centroamericana, realizada en marzo y signada por la sugerente ausencia de varios mandatarios, explicó algunos puntos. "Nosotros, lo que queremos traer y dejar en el ambiente es que estamos claros que la despenalización es uno de los caminos que podríamos seguir, que no es exclusivamente el único camino, pero que también está en la mesa del debate y discusión", dijo ya más moderado.

Propuso que los países consumidores, en particular los Estados Unidos, paguen un porcentaje sobre los decomisos al narcotráfico y crear una Corte Penal regional para juzgar los delitos vinculados a ese flagelo.

"El 50% de los recursos generados serían utilizados para continuar la lucha contra el narcotráfico; un 25%, para educar a la población sobre los efectos dañinos de la droga; y el restante 25%, para dar asistencia médica a los adictos de la región", añadió.

Resistencias

La inasistencia a la cumbre del sábado de los gobernantes Mauricio Funes (El Salvador), Daniel Ortega (Nicaragua) y de Porfirio Lobo (Honduras), presidente pro témpore del Sistema de Integración Centroamericano (SICA), fue interpretada como un revés para el guatemalteco. Eso se comprobó luego, cuando el salvadoreño admitió que no quisieron apadrinar una idea "impuesta". Y si en Centroamérica su propuesta no parece despertar demasiado interés, en otros países la oposición es más férrea.

"Vale la pena discutir, pero no hay posibilidad de que en la administración del presidente Barack Obama haya un cambio de política hacia la legalización", dijo el vicepresidente de los EEUU, Joe Biden, semanas atrás. "Hemos analizado ese concepto y coincidimos en que no sirve, en que no funciona", indicó por su parte William Brownfield, el zar antidrogas.

En efecto, en Washington no encuentran los beneficios de una medida de esa naturaleza. "La despenalización es una política equivocada de capitulación, disfrazada de pensamiento progresista por Gobiernos que están comprensiblemente preocupados por los efectos de una lucha difícil de resolver que no es causada principalmente por ellos", señaló a Infobae América Evan Ellis, profesor adjunto en el Centro de Estudios Hemisféricos de la Defensa (CHDS), quien sostuvo, además, que esos países están mal equipados y no cuentan con recursos suficientes para esa guerra.

"Es irónico que algunos líderes de América Latina que desde hace tiempo señalan que la demanda de los EEUU es el núcleo del problema estén a favor de medidas para aumentar al mismo tiempo la demanda a nivel mundial, incluyendo la de sus propias sociedades", indicó.

Este especialista en pandillas urbanas señaló que esto no ayudará a detener la violencia, debido a la diversificación de los recursos de financiación de los cárteles. "Las organizaciones delictivas transnacionales seguirán participando en la misma amplia gama de actividades ilegales, salvo que se haría aún más difícil de controlar ya que una porción mayor de ello se convertiría en legítima", añadió.

"Como con cualquier cáncer, si los esfuerzos actuales para combatir el narcotráfico han sido lamentablemente dolorosos e ineficaces, capitular sólo permitiría a la enfermedad representada por la criminalidad de estos grupos difundirse aún más rápidamente por todo el cuerpo político mundial", concluyó Ellis.

Coincidió en ese diagnóstico Richard D. Downie, titular de esa universidad. "Sería muy difícil, los países no están, por ahora, organizados como para controlar la droga en forma legal ni para recaudar los impuestos. Tratar de conseguir impuestos de esos cárteles, que matan gente, si es difícil ahora, imagínese lo que será después. Entonces hay dificultades en ese concepto", dijo en una entrevista reciente con este medio.

La ONU también se hizo eco de la discusión. Y fue taxativa. "No es una opción", ya que sólo serviría para agravar el problema, manifestó Hamid Ghodse, presidente de la Junta Internacional de Estupefacientes (JIFE). "Si nos fijamos en drogas legales como el tabaco y el alcohol, no sólo matan cada año entre 10 y 15 veces más que las drogas ilícitas, sino que también el delito relacionado con el tráfico de tabaco y de alcohol no ha desaparecido y, de hecho, es una gran parte de la actividad criminal", agregó.

Alessandro Angulo dirige el documental 'Ilegal.co', un paso para mostrar que puede haber un camino distinto en la guerra contra las drogas.

La sociedad mundial comienza a aceptarlo o al menos admite debatirlo: la guerra contra las drogas es un fracaso. De hecho, el próximo 14 de abril, en desarrollo de la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Cartagena, ése será uno de los temas por discutir. Por coincidencia, un día antes se estrena en Colombia el documental Ilegal.co, que precisamente plantea una mirada crítica a este problema global desde una perspectiva distinta a los prejuicios o ideologías del prohibicionismo dominante: la droga como un dilema de carácter económico.

La idea surgió hace cinco años, cuando el publicista, cineasta y director de televisión Alessandro Angulo Brandestini leyó una entrevista que le hicieron al economista Milton Friedman a principios de los años 80 en Estados Unidos, y tras sorprenderse por que este pensador de derecha hablara de la legalización de las drogas, le pareció que era un asunto que debía tratarse de contar y explicar. De inmediato empezó la búsqueda en un trabajo en equipo, escarbando en archivos, en fotografías y videos, hasta consolidar la información básica del planteamiento del documental Ilegal.co.

La pesquisa se inició con el trabajo de la investigadora Ximena Ospina, quien poco a poco empezó a documentar cómo la guerra contra las drogas se ha basado de manera abrumadora en mecanismos de justicia y represión, con el consecuente gasto en esfuerzos y dinero para sostener una inútil confrontación que tiene demasiadas víctimas. Con otra realidad, aún más contundente: los números y las estadísticas demuestran que desde el punto de vista económico el tema es un fracaso. Es decir que, más que un problema de salud pública, es un dilema financiero que requiere un examen distinto.

Al desarrollar la investigación quedó en claro que aunque el comportamiento humano en busca de estímulos sensoriales a través de sustancias es tan antiguo como el hombre, la guerra contra las drogas tuvo sus orígenes durante el gobierno de Richard Nixon en Estados Unidos. Incluso desconociendo su propio pasado, que en los años 20, con la guerra librada en Chicago por el mafioso Al Capone, demostró que sólo la legalización de la venta de licores podía detener la violencia. Se revivió la política prohibicionista y de paso se fortaleció la postura ideológica antidrogas de EE.UU.

Con esta premisa de trabajo, la productora de cine Diana Camargo Buriticá emprendió la búsqueda de financiación del proyecto. Inicialmente, la propuesta de documental fue presentada a la convocatoria de estímulos de producción del Fondo para el Desarrollo Cinematográfico 2007 y resultó ganadora del premio para largometrajes. De igual modo participó ante el Fondo Ibermedia y también fue seleccionada para un apoyo económico. En ese momento, sólo era cuestión de empezar a procesar el valioso material recaudado en cuatro años de trabajo.

Fue así como entró a cumplir un papel decisivo el realizador de cine Ricardo Pinzón, quien de la mano del director, Alessandro Angulo, desarrolló un trabajo de edición y montaje con más de 100 horas de material. Desde fotografías, imágenes de archivo, inventarios de prensa, hasta entrevistas claves para dimensionar la hipótesis planteada: el economista y fundador de The Drug Policy Alliance, Ethan Nadelmann; el reconocido filósofo y economista Noam Chomsky; el director del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad, Rodrigo Uprimny; o el expresidente César Gaviria.

“Queríamos demostrarle a la gente cómo la droga finalmente no es un problema moral sino económico. Pero explicar un problema económico es complicado de entender, y por lo tanto encontramos una manera divertida y didáctica para contar qué pensamos del problema de la droga, tratando de dejar la moral de lado”, aseguró Angulo. “Se trata de que el tema de las drogas deje de pensarse con sesgos morales o religiosos y se le permita a la sociedad discutir desde otra perspectiva los efectos nocivos del prohibicionismo absoluto”, agregó Diana Camargo.

En la sala de montaje, haciendo uso de técnicas como la animación, la entrevista o la precisión en el aporte de imágenes de archivo, se logró un esmerado producto audiovisual. “Es un trabajo de filigrana de edición”, resaltó Alessandro Angulo. En su criterio, lo importante era mostrar un panorama completo de la guerra de las drogas y detallar cómo esta confrontación incide notablemente en Colombia. “La historia demuestra que la sociedad se ha demorado en entender muchas cosas (racismo, homosexualismo, aborto, religión), y que para entender un problema necesita perder muchas guerras”, insistió Angulo.

A su vez, Diana Camargo sostiene que es irracional pensar en un mundo libre de drogas, pero sí es hora de que la sociedad encare una discusión necesaria. El factor económico es la columna vertebral del negocio del tráfico de drogas en el mundo, pero para asumir este debate es necesario superar los paradigmas moralistas y entender que la prohibición no ayuda a erradicar un negocio que sólo incentiva conflictos manchados de sangre. “Es cierto que ha sido una política impuesta y que los gobiernos se montan en ella como aliados del mismo tabú”, añadió, pero a la sociedad le cabe la obligación de empezar a discutir en serio.

Como lo sostienen sus artífices, Ilegal.co no pretende cambiar una visión matizada por los prejuicios, ni mucho menos tratar de inducir que el tema sea algo bueno o normal. El objetivo es que las audiencias asuman que hay muchas otras cosas que hacen daño, pero quizás no tengan la carga de retórica que hoy domina en la guerra antidrogas. Hay una ley de la oferta y la demanda, base del sistema económico, y en el mundo de la cocaína, el opio, la marihuana, las anfetaminas u otras sustancias, lo que subyace en el fondo es un negocio ilegal muy rentable al que siempre alguien se va a arriesgar.

En momentos en que Colombia posee toda la autoridad del mundo para hablar del tema, toda vez que ha sufrido más que la mayoría de países el costo económico y en vidas de la guerra de las drogas, este documental dirigido y producido por Laberinto Producciones, un equipo de profesionales del cine netamente colombianos, constituye un aporte a los grandes debates del siglo XXI. Ilegal.co es una invitación a pensar distinto en la solución de un problema donde las grandes mayorías no quieren ver más allá de los preconceptos.

La discusión de la reunión de ayer sábado reflejó la creciente preocupación en Centroamérica por el costo de la guerra contra las drogas, que está llevando a los gobernantes a tomar una línea cada vez más independiente de Estados Unidos.

El presidente de Guatemala, Otto Pérez, dio a conocer una serie de propuestas para combatir la feroz violencia relacionada con el narcotráfico en Centroamérica, incluyendo la descriminalización de los narcóticos y la creación de una corte regional para combatir a los traficantes.

Pérez afirmó el sábado en una cumbre centroamericana sobre seguridad realizada en Antigua, Guatemala, que su plan buscaba crear un marco legal para regular la producción, tránsito y el consumo de drogas.

La discusión reflejó la creciente preocupación en Centroamérica por el costo de la guerra contra las drogas, que está llevando a los gobernantes a tomar una línea cada vez más independiente de Estados Unidos, donde existe un fuerte rechazo a la legalización de los narcóticos.

Un general retirado, Pérez ganó las elecciones en noviembre del 2011 en Guatemala con la promesa de combatir el crimen organizado. Sin embargo, cambió desde su mensaje de línea dura poco después de asumir el cargo en enero y ha pedido sostener un diálogo más abierto sobre la política anti-drogas.

"Nos hemos dado cuenta de que la estrategia de lucha en contra del narcotráfico en los últimos 40 años ha fracasado, y tenemos que buscar alternativas para hacerle frente", afirmó Pérez, poniendo énfasis en la importancia de incluir nuevas opciones en cualquier debate.

Añadió que los líderes centroamericanos estaban considerando pedirle a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína sudamericana, que le pague a la región por las redadas contra el comercio de drogas.

Pérez, un conservador de 61 años, señaló que el asunto es relevante como un modo de compensación económica por cada confiscación realizada y por la destrucción de plantaciones de marihuana y cocaína.

La tasa de asesinatos de Guatemala casi se ha duplicado desde el 2000, en parte debido a la brutalidad de los cárteles mexicanos que han expandido su dominio al sur.

En mayo del 2011, la temida pandilla de los Zetas decapitó a 27 agricultores en el norte de Guatemala, en una disputa con el dueño de las tierras sobre el tránsito de la cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Otra alternativa que sopesan los gobernantes centroamericanos es crear una corte con jurisdicción para la región que procese los crímenes relacionados con el narcotráfico como secuestros, asesinos a sueldo y tráfico de personas y armas, agregó Pérez.

La medida le daría un respiro al sistema judicial, dijo el mandatario, puntualizando que la corte tendría su propio sistema penal.

Atrapados en el medio. Los líderes regionales en países afectados por la violencia del narcotráfico han pedido un debate más abierto sobre otras soluciones al problema.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, a quién Pérez pidió asesoría para enfrentar a los cárteles, llamó a Washington a asumir más responsabilidad para reducir la demanda de narcóticos, y ha dicho que está abierto a los debates sobre legalización.

Calderón se ha visto rodeado en una costosa lucha desde que lanzó su ofensiva armada contra los cárteles de drogas poco después de asumir el cargo a fines del 2006.

La violencia relacionada al tráfico de estupefacientes se ha elevado desde entonces y en los últimos cinco años ha causado la muerte de unas 50.000 personas en México.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo país produce gran parte de la cocaína que se envía al norte, también ha exigido un nuevo enfoque.

Washington ha defendido la lucha contra las drogas y en sus recientes visitas a la región el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, rechazaron el enfoque más abierto de Pérez, citando una caída en la tasa de homicidios en Colombia.

Pérez, fundador del Partido Patriota de derecha de Guatemala, sostuvo que Centroamérica estaba pagando un precio muy alto por la guerra.

El mandatario guatemalteco dijo que los países centroamericanos no son productores de drogas y que sólo se encontraban en el medio del caos.

En los últimos dos meses, Guatemala ha confiscado más de 1.000 kilos de cocaína valuada en unos 10.000 dólares por kilo, y destruyó cerca de 1.000 millones de dólares en plantas de amapolas.

El encuentro de las Américas en Cartagena no dejaría mayores conclusiones, según la visión de analistas.

Son muchas las expectativas que se ciernen alrededor de la VI Cumbre de las Américas. Desde ya se hacen cábalas sobre cuáles serán las principales conclusiones.

Si bien la agenda se focaliza en los temas de la integración de las Américas, los desastres naturales, el acceso y utilización de las tecnologías y la seguridad, diversos sectores advierten que el eje principal será la política antidrogas, en el cual aflorará la polémica por la legalización.

Por lo menos así lo considera la presidente de la Comisión Segunda del Senado, Alexandra Moreno, quien asegura que “el presidente Juan Manuel Santos ya ha manifestado que quiere replantear el tema de la lucha antidrogas, de la legalización y creo que es oportuno”.

Para la Senadora es claro que “Colombia como México son dos países que tienen toda la autoridad para hablar y proponer cosas, porque ya pasamos por todo lo que pasamos y Estados Unidos no puede retraerse a esta discusión”.

El experto en relaciones internacionales y geopolítica, Enrique Serrano controvierte la visión de la senadora Moreno al indicar que el tema de la legalización no se va a dar en el corto plazo porque “aún es un tema tabú en el mundo”.

El analista dice que este “no es un tema que esté en la agenda del presidente de Estados Unidos, Barack Obama” y explicó que en los demás escenarios la legalización “se manejan en tono menor y en abstracto, además de que se hace con cautela”.

Algo similar piensa el economista Gabriel Misas, quien anota que la Cumbre puede ser el inicio de esa discusión y podría abrir “el camino para un tema vedado”, pero no cree que vaya a acaparar la atención porque, desde su óptica, lo que se va a plantear “son alternativas distintas para contarrestar el problema del narcotráfico”.

No obstante, hay quienes piensan que leste encuentro debe ser la oportunidad para acabar con los paradigmas.

El ex canciller Guillermo Fernández de Soto tiene claro que “Colombia ya puso el tema de la droga en la mesa”, razón por la cual el anfitrión deberá presentar propuestas y alternativas que sirvan para que se dé el primer paso en este sentido.

Sobre este tema, la canciller María Ángela Holguín ha dicho que el presidente Santos tiene una propuesta para los países centroamericanos y México, para lo cual reveló que “lo que se pretende es hacer la metodología de los escenarios y debatir qué pasa si legalizamos, qué pasa si aumentamos las penas para los narcotraficantes, ver las posibilidades y ver cómo de ahí sale un grupo de trabajo en que empecemos a trabajar de fondo en una propuesta”.

Cumbre, diplomacia y conclusiones

Para los analistas, la Cumbre, como todos los encuentros de este tipo, generan más resultados diplomáticos que proyectos concretos a desarrollar, porque se convierte en el escenario óptimo para reuniones visibles e invisibles entre los mandatarios que acuden a la cita.

Para Enrique Serrano es evidente que la Cumbre pone a Colombia en un escenario más visible, de un país importante dentro de su estrategia interamericana, “saliendo un poco del limbo en el que había estado durante los años de Álvaro Uribe”.

Serrano tiene una visión más amplia sobre el papel de Colombia en este encuentro. Comenta que el país puede servir de mediador o de contacto entre Venezuela y Estados Unidos que podría determinar un cambio de la política diplomática de esas dos naciones.

También dice que “las cumbres tienen una utilidad diplomática. Hay reuniones abiertas y secretas, hay cosas arregladas y otras que se tantean situaciones políticas”.

Esta manifestación del experto se basa en los roles que mantienen algunas naciones del hemisferio, debido a que existen expectativas por los cambios de Gobierno y la posible caída de líderes, así como la actitud que han asumido países como Nicaragua y Ecuador, que se han alejado del papel integracionista de la OEA.

Gabriel Misas, entre tanto, anota que es evidente que no se van a dar “resultados muy concretos”, porque “es un foro diplomático para el Gobierno colombiano, pero esas cumbres no tienen -por lo general- grandes resultados”.

Sin embargo, asegura que la Cumbre será una oportunidad para que los presidentes Santos y Obama lancen “una política de dinamización económica a raíz de lo que será el TLC entre las dos naciones, lo que permitirá crear situaciones de confianza frente a lo que Colombia tiene para ofrecer en la región”.

La posición de los expertos con respecto a los resultados tiene un sustento histórico, debido a que en las cinco cumbres que han antecedido a la colombiana existen no menos de 1.200 mandatos que no se han cumplido, por lo que los analistas califican este certamen como encuentros de buenas intenciones.

La temática

En la página oficial de la Cumbre se resaltan cuatro ejes temáticos.

1. La Integración de las Américas, que califican de “esencial para impulsar el desarrollo económico del hemisferio, elevar su productividad, generar recursos para la inversión en todas las áreas y asegurar un desarrollo económico y social sostenido y sostenible”.

2. Desastres naturales, por lo que la Cumbre buscará focalizar esfuerzos en una “cultura de prevención y gestión de riesgos; de adaptación a las consecuencias del cambio climático; de fortalecer las instituciones nacionales, regionales y continentales llamadas a actuar en caso de desastres y de idear mecanismos financieros que permitan reaccionar con prontitud y brindar un apoyo oportuno a cualquier Estado afectado por siniestro”.

3. La necesidad de reforzar el acceso y utilización de la tecnología. Por lo que se reconoce que existe un abismo en la atención de las necesidades básicas de la población en áreas como la salud y la educación, por lo que éste es “uno de los objetivos más preciados”.

4. Seguridad. Tiene diferentes matices. Por ello, establecen que el mayor reto de los países es “combatir la inseguridad que generan la delincuencia común y las distintas manifestaciones del crimen transnacional organizado”.

Píldoras de la cumbre

La Cumbre de las Américas también tendrá espacio para el esparcimiento de los asistentes, algunos que atenderán las invitaciones que ya tiene preparadas el presidente Juan Manuel Santos.

El primer encuentro de este tipo será la cena que tiene preparada el presidente Santos para sus homólogos y asistentes, que se realizará el viernes 13 de abril en el Castillo San Felipe.

La cena estará amenizada, entre otros, por Carlos Vives y Fonseca.

Se conoció que el presidente de Chile, Sebastián Piñera, aprovechará la visita a La Heroica y dentro de su agenda tiene planeado ir a bucear a Barú junto con su familia.

Otra de las que aprovechará su estadía en Cartagena será la presidente de Brasil, Dilma Rousseff, quien el domingo, último día de la Cumbre, no viajará después de la clausura sino que dedicará tiempo a pasear por la ciudad amurallada, donde también hará compras.

La canciller María Ángela Holguín reveló un secreto de varios presidentes y es que a muchos les encanta el restaurante La Vitrola.

"La guerra total y la legalización son respuestas igualmente perezosas al problema de las drogas", le dijo a El Espectador Mark Kleiman, uno de los académicos conocedores del tema más respetados en el mundo.

Kleiman es el editor de la revista especializada Journal of Drug Policy Analysis, profesor de política pública en UCLA y Harvard, y el académico estrella en el lanzamiento en inglés del libro Políticas antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos, de la Universidad de los Andes, durante la Semana de Colombia en Harvard.

A lo largo de tres días, en la universidad mejor ranqueada del mundo, el Consulado de Colombia en Boston logró reunir a expertos de primera línea en temas como la primera infancia, la minería, el comercio y la política de drogas, con funcionarios y ejecutores de políticas públicas colombianos, como el general Óscar Naranjo y el director del ICBF, Diego Molano.

Para Naranjo, el libro de los Andes sobre drogas, editado por Alejandro Gaviria y Daniel Mejía, no es nuevo. Ya había estado en su lanzamiento en Colombia, junto al expresidente César Gaviria, quien escribe el prólogo. De hecho, algunos de los apuntes académicos han entrado en la discusión de las políticas antinarcóticos de la Policía.

Dicen expertos que, en la política antidroga hay dos fracasos monumentales: la política en sí y la discusión sobre esa política. Por décadas ha existido un abismo inmenso entre lo que dice la academia y lo que sucede en las políticas públicas. El evento en Harvard se suma a otra serie de gestos que indican la intención del gobierno del presidente Juan Manuel Santos de cerrar esa brecha y abrir una discusión basada en hechos. En efecto, fue el mismo presidente de Colombia quien abrió el debate hace varios meses, durante un viaje al Reino Unido, y más recientemente al plantearlo como un tema para la VI Cumbre de las Américas, que se realizará en Cartagena entre el 14 y 15 de abril.

“Aquí está la clave”, dice Mejía, “porque si esta discusión no se da con seriedad, por ejemplo en la Cumbre de las Américas, podría ser un debate que nace muerto”.

Mejía le reveló a El Espectador que los Andes va a abrir un nuevo Centro de Estudios sobre Drogas y Seguridad, cofinanciado por el Gobierno y el Open Society Institute. “En nuestro país hay disponible una cantidad importante de datos”, dice Mejía, y el Plan Colombia ofrece un antes y un después para hacer preguntas comparativas claves que hoy son interesantes en Colombia y en otros países, como México.

La relación entre la violencia y la lucha contra las drogas es uno de los puntos candentes del debate, pues la posición que EE.UU. expondrá en la cumbre es que la violencia en América Latina es causada principalmente por las instituciones débiles y no por las drogas.

Sin embargo, en un artículo inédito de varios de los expertos colombianos se pronostica que con una caída del 10% del consumo de cocaína en Estados Unidos, la tasa de homicidios en Colombia se reduciría en cerca del 36%. Por eso argumentan que la pregunta sobre si legalizar o no es secundaria. Se trata de encontrar una política de drogas que ataque la violencia y la adicción, y no las drogas en sí.

Según le dijo el general Naranjo a El Espectador, “tenemos que condenar a los narcotraficantes por asesinos y no por narcotraficantes”.

Sin embargo, hay una cantidad de opciones sobre la mesa que no incluyen la legalización. Kleiman, por ejemplo, ha propuesto estimular la disminución de la violencia en los carteles, enfocando los esfuerzos de la Fuerza Pública sobre los más violentos, y no sobre los que más drogas mueven.

Adoptar este tipo de ideas sería romper con el paradigma y darle un poco de sensatez a toda la discusión. Según Kleiman, eso sería un deber moral ante los fracasos de la guerra contra las drogas, pues, en cuestión de políticas públicas, concluye, “es inmoral intentar lo imposible”.

Entrevista con John Walsh, experto en políticas de drogas, uno de los participantes de los foros previos a la Cumbre de las Américas.

John Walsh pasó por Bogotá para participar en uno de los foros que sirven de antesala a la VI Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena los días 14 y 15 de abril. En la Universidad Sergio Arboleda compartió opiniones con académicos acerca del tema que mejor domina: Walsh es jefe de estudios de la política de drogas para los Andes de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola) y llega a dar su opinión justo cuando la región se prepara para abordar el debate.

Este es el tema que en las últimas semanas se ha posicionado como inapelable dentro la Cumbre de las Américas, con las voces de mandatarios regionales que ponen sobre la mesa la necesidad de debatirlo y la recepción de la iniciativa en Washington, que aunque no contempla cambiar su esquema actual de prohibición, sí está dispuesto a escuchar y a argumentar las inquietudes. John Walsh vino a hablar, como experto de la sociedad civil, sobre las posibles alternativas que podrían cambiar la lucha contralas drogas, sobre seguridad ciudadana y sobre el giro multilateral que ha dado la discusión. Sus puntos de vista los compartió también con El Espectador.

¿Qué se puede esperar de la cumbre en materia de drogas?

Es muy válido el hecho de discutir la llamada “legalización” que está en la mesa. Estamos entre la guerra a las drogas y la legalización, ¿o hay otros remedios en el medio? Aún hay muchos más temas para discutir. En cuanto a logros concretos de la cumbre, es muy difícil ver posibilidades de consenso sobre algunos pasos de reformas políticas, pero ofrecer una estructura que organice y dé seguimiento a la discusión puede ser un buen comienzo, porque en pocas horas con presidentes no se va a lograr
mucho.

La región habla de replantear la lucha contra las drogas y varios países descartan cambiar el modelo actual. ¿Cómo avanzar?

No se debe esperar un consenso a nivel regional. Hay consenso sobre la necesidad de un nuevo debate porque las consecuencias están siendo tremendas para la región. Sería muy difícil, y de largo plazo, consensuar la posibilidad de legalizar y llegar hasta allí con un bloque importante de países, pero mientras tanto hay que plantear otras alternativas. Por ejemplo, en la región hay una gran desproporción de penas y sentencias para delitos de drogas en relación, sobre todo, con los pequeños transportadores. Entonces, hay que evaluar y corregir ese tipo de problemas.

¿Cómo llegar a estas soluciones si EE.UU. está en contra y además entrega a varias de la naciones millones de dólares en asistencia?

Creo que hay una sensibilidad distinta por parte del gobierno de Obama. Si hay desacuerdos entre EE.UU. y los países de la región en materia de drogas la posición no es de decir no, sino que puedan avanzar como quieren. La legalización es una cosa y la descriminalización otra. Este tipo de reformas estarían muy cómodas dentro de las convenciones internacionales.

¿Descriminalizar sin legalizar?

Sí, establecer puntos medios. Por ejemplo, la descriminalización del porte para el uso personal. Una descriminalización es
reformar algunas sentencias y todo eso se puede hacer, incluso en EE.UU. Tenemos sobrepoblación en las cárceles y las acciones de aplicación de la ley para frenar los flujos de la droga no surten el efecto deseado. ¿Tiene sentido? No mucho. Es muy difícil, cuando hay un mercado establecido, que las acciones policiales puedan reducirlo o eliminarlo, porque depende mayormente de los
deseos del consumidor. Si el mercado va a existir, mejor que sea con menos violencia; no enfocarse en erradicar el mercado sino en volverlo menos violento.

¿Usted cree que el modelo prohibicionista ha fracasado?

Yo diría que hay una asimetría muy grande entre las instituciones y las capacidades para la aplicación de la ley, justicia y seguridad de Estados Unidos y los países centroamericanos, por ejemplo. La prohibición trae un mercado negro y criminalidad, EE.UU. está en capacidad de hacerles frente, pero los otros países no, y hay muerte y violencia. Eso tiene que ser parte del debate.

Entonces, ¿Washington sí ha tenido éxito con el modelo actual?

En EE.UU. los niveles de crimen y violencia son más o menos bajos comparativamente con los años 80 y 90, con la epidemia del crack, y ése es un buen argumento para su posición. No obstante, hay 16 estados contemplando leyes sobre la marihuana, pero al mismo tiempo la mayoría de los estadounidenses considera que legalizar la cocaína no tiene sentido. Eso no es decir que la guerra contra las drogas es popular en el país, porque no lo es. Washington piensa: no legalizamos en los peores momentos, no lo vamos a hacer ahora.

¿La marihuana podría ser el primer paso de una posible legalización?

Ese tema está avanzando en EE.UU. y puede ser una fuente de la discusión y el debate con América Latina: un posible avance sobre cómo se puede pensar y diseñar un mercado regulado.

Añadió que los líderes centroamericanos estaban considerando pedirle a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína suramericana, que le pague a la región por las redadas contra el comercio de drogas.Antigua, Guatemala. - El presidente de Guatemala, Otto Pérez, dio a conocer una serie de propuestas para combatir la feroz violencia relacionada con el narcotráfico en Centroamérica, incluyendo la descriminalización de los narcóticos y la creación de una corte regional para combatir a los traficantes.

Pérez afirmó el sábado en una cumbre centroamericana sobre seguridad realizada en Antigua, Guatemala, que su plan buscaba crear un marco legal para regular la producción, tránsito y el consumo de drogas, informó Reuters.

La discusión reflejó la creciente preocupación en Centroamérica por el costo de la guerra contra las drogas, que está llevando a los gobernantes a tomar una línea cada vez más independiente de Estados Unidos, donde existe un fuerte rechazo a la legalización de los narcóticos.

Un general retirado, Pérez ganó las elecciones en noviembre del 2011 en Guatemala con la promesa de combatir el crimen organizado. Sin embargo, cambió desde su mensaje de línea dura poco después de asumir el cargo en enero y ha pedido sostener un diálogo más abierto sobre la política anti-drogas.

"Nos hemos dado cuenta de que la estrategia de lucha en contra del narcotráfico en los últimos 40 años ha fracasado, y tenemos que buscar alternativas para hacerle frente", afirmó Pérez, poniendo énfasis en la importancia de incluir nuevas opciones en cualquier debate.

Añadió que los líderes centroamericanos estaban considerando pedirle a Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína suramericana, que le pague a la región por las redadas contra el comercio de drogas.

Pérez, un conservador de 61 años, señaló que el asunto es relevante como un modo de compensación económica por cada confiscación realizada y por la destrucción de plantaciones de marihuana y cocaína.

La tasa de asesinatos de Guatemala casi se ha duplicado desde el 2000, en parte debido a la brutalidad de los cárteles mexicanos que han expandido su dominio al sur.

En mayo del 2011, la temida pandilla de los Zetas decapitó a 27 agricultores en el norte de Guatemala, en una disputa con el dueño de las tierras sobre el tránsito de la cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos.

Otra alternativa que sopesan los gobernantes centroamericanos es crear una corte con jurisdicción para la región que procese los crímenes relacionados con el narcotráfico como secuestros, asesinos a sueldo y tráfico de personas y armas, agregó Pérez.

La medida le daría un respiro al sistema judicial, dijo el mandatario, puntualizando que la corte tendría su propio sistema penal.



ATRAPADOS EN EL MEDIO

Los líderes regionales en países afectados por la violencia del narcotráfico han pedido un debate más abierto sobre otras soluciones al problema.

El presidente mexicano, Felipe Calderón, a quién Pérez pidió asesoría para enfrentar a los cárteles, llamó a Washington a asumir más responsabilidad para reducir la demanda de narcóticos, y ha dicho que está abierto a los debates sobre legalización.

Calderón se ha visto rodeado en una costosa lucha desde que lanzó su ofensiva armada contra los cárteles de drogas poco después de asumir el cargo a fines del 2006.

La violencia relacionada al tráfico de estupefacientes se ha elevado desde entonces y en los últimos cinco años ha causado la muerte de unas 50.000 personas en México.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, cuyo país produce gran parte de la cocaína que se envía al norte, también ha exigido un nuevo enfoque.

Washington ha defendido la lucha contra las drogas y en sus recientes visitas a la región el vicepresidente estadounidense, Joe Biden, y la secretaria de Seguridad Nacional, Janet Napolitano, rechazaron el enfoque más abierto de Pérez, citando una caída en la tasa de homicidios en Colombia.

Pérez, fundador del Partido Patriota de derecha de Guatemala, sostuvo que Centroamérica estaba pagando un precio muy alto por la guerra.

El mandatario guatemalteco dijo que los países centroamericanos no son productores de drogas y que sólo se encontraban en el medio del caos.

En los últimos dos meses, Guatemala ha confiscado más de 1.000 kilos de cocaína valuada en unos 10.000 dólares por kilo, y destruyó cerca de 1.000 millones de dólares en plantas de amapolas.

En esta segunda parte de nuestra entrevista en Nueva York con Ethan Nadelmann, director ejecutivo de Drug Policy Alliance, la organización privada líder mundial en la promoción de reformas en la estrategia global de control de las drogas y el narcotráfico, nos enfocamos en los contrasentidos de la “guerra a las drogas” y en el argumento de la legalización. Nadelmann fue uno de los pioneros, después de precursores como Milton Friedman, en cuestionar la política de prohibición impulsada por Estados Unidos y en vaticinar su irremediable fracaso. Ya en los años ochenta advertía que la “guerra” sería un barril sin fondo de recursos y no arrojaría los resultados esperados. El tiempo le ha dado la razón. Aquí explica por qué e insiste en la necesidad de legalizar la marihuana como primer paso para encontrar una salida.

–Después de 40 años de guerra a las drogas, el problema parece ser más grave que nunca, ¿por qué?

–Básicamente porque la droga no es más que un commodity (en el sentido de mercancía de gran escala cuya producción no requiere mucha especialización) y es imposible ganar una guerra contra un dinámico mercado global de commodities. Los mercados de marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas no son diferentes a los de alcohol, tabaco, café, metales preciosos, productos alimenticios. En estos sectores, mientras exista una demanda, habrá siempre una oferta. La noción de que podemos cortar la oferta existiendo una demanda es absurda. No conozco un economista que técnicamente se atreva a sostener que esta puede ser una estrategia exitosa. Simplemente no tiene sentido.

–¿Y por qué se insiste, entonces?

–Porque no siempre se impone la razón en las políticas públicas, y esta política en particular no está, nunca ha estado, fundada en la razón, sino en los temores de la gente, en sus tabús y en los intereses creados.

–¿Por qué la legalización?

–El argumento general es que la legalización marginará al crimen organizado que lucra con el narcotráfico, reducirá la enorme violencia que se genera en torno a este negocio ilegal y permitirá tratar el consumo de drogas como un asunto de salud pública, no como una cuestión criminal.

–Mucha gente no cree en este argumento. Dice que la legalización expandirá el consumo y que las mafias y la violencia continuarán.

–Eso es porque mucha gente tiende a creer que los traficantes son tan poderosos que seguirán controlando el negocio aun si se vuelve legal, pero no es así.

–¿No lo es?

–No. En mi país, cuando se discutía la legalización del alcohol, también había muchos que sostenían que los gánsters encontrarían la forma de quedarse con todo el dinero de cualquier modo. Y efectivamente, cuando la prohibición terminó en 1933, las mafias trataron de seguir controlando redes de distribución vendiendo alcohol ilegal. ¿Qué ocurrió? Se fueron quedando al margen y al cabo de cinco o diez años ya prácticamente no tenían papel en el mercado. Hay una razón para ello.

–¿Cuál?

–La razón es que perdieron su ventaja competitiva. La ventaja de la mafia en los mercados negros es la violencia, la intimidación y el contrabando. Una vez que el producto se vuelve legal, esa ventaja se esfuma. La violencia, la intimidación y el contrabando ya no son tan importantes para vender alcohol legal o cigarrillos o café o té o cualquier otro commodity. Lo que se vuelve
importante es el marketing, la eficiencia, la reducción de costos, la relación calidad-precio. Algunos serán capaces de hacer la transición, pero en general terminarán quedándose fuera.

–A lo que muchos contestarán que la mafia simplemente encontrará otros negocios.

–Sí, esa es otra de las objeciones y la respuesta es la siguiente: la mafia ya está incursionando en otros negocios, los narcos en México y América Central no solo están envueltos en drogas, tienen toda una gama de otros sectores en los que activan; pero hagámonos estas preguntas: ¿qué necesitan primordialmente los narcos para invertir en otras actividades, tanto ilegales como legales? Capital. ¿Y cuál es su principal fuente de capital? La industria de las drogas ilegales. Saquémosles esa fuente, legalizándola o reduciendo sus mercados haciendo legal el consumo y el resultado será que tendrán un capital dramáticamente
reducido para invertir en otras áreas.

¿Y cree que la mafia aceptará así, sin más, quedarse sin sus fuentes de ingresos?

–No es si aceptarán o no, es si tendrán o no alternativa. Se dice, por ejemplo, que si los narcos se quedan sin su fuente de la droga, recurrirán más a los secuestros para compensar. Pero en Colombia el peor momento de los secuestros fue en los ochenta y noventa, precisamente en el período en el que la guerra a las drogas era más intensa. Hoy, cuando el mercado de las drogas ilegales ya no es tan dinámico como antes en ese país, el número de secuestros ha caído drásticamente. En cambio, en México, donde hoy se pelea la guerra a las drogas, el problema de los secuestros es gravísimo. La razón parece ser que allí donde los gánsters tienen posiciones dominantes se crea una atmósfera de anarquía, de falta de respeto a la ley, de temor, que es propicia para el secuestro, la extorsión y el crimen común.

–Pero es difícil eliminar completamente el mercado negro.

–Es un proceso y nunca es perfecto. En mi país, Estados Unidos, es ilegal vender alcohol a personas menores de 21 años, pero un alto porcentaje lo consume de todos modos. Entonces todavía hay un mercado negro. También hay un mercado negro de cigarrillos para evadir los altos impuestos que les ponen para tratar de contener el consumo. Pero estas actividades en alcohol y tabaco, si bien ilegales, no son violentas. Puede que no podamos eliminar del todo los mercados negros, pero podemos disminuir su tamaño y su ferocidad.

–Volviendo a las drogas ilegales, ¿qué hay que hacer, por dónde hay que empezar?

–Por la marihuana, no cabe duda de ello.

–Pero pareciera que el gran crimen no está detrás de la marihuana, que de por sí ya es prácticamente legal.

–Yo no diría eso. No es casi legal cuando millones de personas están siendo arrestadas en el mundo por ello. No es casi legal cuando se vende en mercados negros antes que en tiendas legalmente reguladas. No es casi legal cuando son los gánsters los que están recolectando los “impuestos” sobre la marihuana en vez de los gobiernos. Hay muchos motivos por los cuales es necesaria la legalización de la marihuana, que sin duda es por donde hay que empezar.

–¿Cuáles son?

–El primer motivo es que el mercado ilegal de marihuana, si bien no aporta la mayor parte de las rentas de los gánsters de la droga, igual representa decenas de miles de millones de dólares alrededor del mundo. Incluso en México constituye alrededor del 20% de los ingresos de las organizaciones criminales.

–¡Veinte por ciento!

–Nadie lo sabe con seguridad, pero es interesante que hace dos o tres años el propio zar de la droga de la administración Bush dijo que la marihuana era el 50% del negocio de la droga en México. Sea como sea, el mercado de la marihuana ilegal está muy lejos de ser despreciable, y al no ser una droga especialmente peligrosa, en todo caso no más que el alcohol y el tabaco, ese es el primer motivo por el que es necesaria su legalización.

–¿Cuáles son los otros motivos?

–Otro sumamente importante es que la marihuana, aun cuando no es la que genera más ingresos, es la droga ilegal más consumida y más vendida por lejos en el mundo (alrededor del 70% de los consumidores, ver cuadro). El número de personas que consume cocaína y heroína no es grande. En cambio, entre 20 y 40 millones de personas en Estados Unidos consume marihuana todos los años, ya sea una o mil veces. La mitad de los arrestos del último año, unos 800.000, fueron por posesión de pequeñas cantidades de marihuana. Entonces quitemos eso de la ecuación de la estrategia de prohibición y ya tendremos buena parte del problema resuelto.

–Para ocuparse luego de las drogas más complicadas.

–Exacto, y ese es otro motivo. La legalización de la marihuana ayudará a transformar la discusión más general sobre las drogas ilegales. Si la gente ve que se puede poner una droga fuera del sistema de prohibición, ello abrirá las mentes para pensar en los demás casos.

–No parece un objetivo muy difícil ni muy lejano la legalización de la marihuana.

–No, y además está probado que se puede hacer por partes, en un país, en un estado, incluso en un municipio. Los holandeses legalizaron la posesión y la venta al por menor hace muchos años. Es posible que hayan molestado un poco con eso a sus vecinos, pero no les crearon grandes problemas.

–¿Es cierto que se están volviendo atrás?

–Lo que han hecho bajo el actual gobierno conservador es prohibir que los “coffee shops” cerca de las fronteras vendan a personas no holandesas. El Gobierno nacional está tratando ahora de extender esta prohibición a grandes ciudades como Rotterdam o Amsterdam, pero los alcaldes y consejos se oponen y dicen que sería un desastre. En eso está la discusión en este momento.

–¿Qué se hace con las otras drogas?

–Es mucho más difícil de vislumbrar en el corto plazo que la heroína, la cocaína o las metanfetaminas puedan avanzar en el corto plazo hacia la legalización, y tampoco es posible hacerlo por los países en forma individual.

–¿Y a nivel internacional?

–Hay que tratar cada caso por separado, pero lo importante es comenzar a abrir la mente y a pensar en alternativas que no sean precisamente prohibicionistas y militaristas, empezar a experimentar con otras opciones.

–¿Por ejemplo?

–Lo vimos a Evo Morales en Viena pidiendo legalizar la masticación de hojas de coca. Pero al mismo tiempo Bolivia y Perú tienen productos tales como té de coca, mate de coca y otros, que liberan cocaína, pero en cantidades muy pequeñas como para hacer daño. Imaginemos si se tiene la sofisticación de compañías de bienes de consumo, por ejemplo, las de bebidas con cafeína o gaseosas. Si estas comienzan a investigar es muy posible que salgan con productos con base de coca, o incluso cocaína, que sean menos peligrosos que los de cafeína, tal vez menos peligroso que un Red Bull o algo de ese tipo.

–Eso sí que parece lejano.

–Sí, pero hay que empezar a imaginar. Mientras tanto, hay otras cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, muchos países, como Suiza y varios otros, proveen drogas, incluso heroína, a adictos que no pueden o no quieren dejar y que están determinados a buscarla de todos modos. Eso les quita mercado a los narcos, porque estos son fuertes y frecuentes consumidores. Portugal no castiga la posesión. Estas son innovaciones que están teniendo éxito.

–¿Cree que el mundo está preparado para aceptar la legalización?

–Lo que veo es que cada vez más gente se da cuenta de que esto no funciona y hay que hacer algo. Por ejemplo, en un reciente viaje a México y Guatemala vi que las élites de negocios legítimos están muy preocupadas porque los narcos se meten en sus áreas de actividad para lavar dinero y eso resulta en una complicada competencia desleal. Además, hay una cuestión de orden social. Los narcos están comenzando a frecuentar los mismos clubes y a enviar a sus hijos a los mismos colegios que las élites, y estas personas de negocios legítimos empiezan a preguntarse qué pasa si sus hijas o hijos se involucran sentimentalmente con los de los gánsters y sus familias se ven entrelazadas, o peor, amenazadas. Entonces, mejor que tomen esto en serio, porque cada vez será peor.

Por Raúl Bracho

Yo aclararía contundentemente la frase y diría “legalización de las drogas ilegales” valga muy bien y más que nunca la redundancia

Porque hay un problema moral de por medio que no se quiere visibilizar. Hay muchas drogas que son legales, que se recetan y se venden. Prozac y los ansiolíticos son drogas legales, lo son las benzodiasepinas, lo son el alcohol y el tabaco. Entonces hay que partir de esta visión antes de tomar una posición en la discusión sobre la supuesta “legalización” que propondrán algunos países centroamericanos en la próxima cumbre de las Américas. Se tiende a globalizar en la palabra drogas, tan solo a las que son ilegales, a las que comercia el narcotráfico y es un error.

El supuesto precepto moral de que las drogas son malas abarca solo a las que se venden ilegalmente, debemos asumir que a la mayoría le parece que el alcohol no es tan malo como la cocaína o la mariguana, solo por una herencia cultural. Más allá de esta evaluación, insisto en que lo malo no radica en la sustancia misma sino en que han sido convertidas en mercancía en una sociedad de mercados y que producen ganancias tan exorbitantes que las drogas “ilegales” son el segundo negocio más lucrativo, después del petróleo y antes que las armas. El gran daño de estas drogas es su oferta como negocio, más que su misma carga adictiva.

Si me preguntaran si estoy o no de acuerdo con la legalización y ello significa que se le quita al imperio la posibilidad de acusar a los países revolucionarios como cómplices del narcotráfico, difícilmente estaría en contra de la legalización.

Si me preguntaran si estoy de acuerdo con la legalización y ello significara eliminar la violencia y las innumerables muertes que produce el narcotráfico en todos nuestros países, difícilmente estaría en contra.

Si me preguntaran si estoy de acuerdo con la legalización y ésta significara la eliminación de los desplazados, de los paramilitares y su carga de muerte, seguramente diría que estoy de acuerdo.

Si me preguntaran si estoy de acuerdo con la legalización y ello fuera garantía de calidad en las sustancias que consumen millones de usuarios de éstas drogas y que se eliminará el daño de los agentes cortantes, como veneno de rata, en lo que hoy se expende en el mercado, yo diría que estoy de acuerdo.

Si me preguntaran si estoy de acuerdo con la legalización y ello significara quitar al imperio su empoderamiento de los carteles que las producen y la millonaria ganancia que manejan sin declarar impuestos y que usan para financiar su intromisión en nuestros pueblos, definitivamente que estoy de acuerdo.

El empeño que pongo en esta discusión sobre la propuesta de la legalización no corresponde a que yo tenga una posición férrea y ortodoxa, corresponde a que hay varias cosas pendientes de discutir. Primero hay que discutir quien y por qué propone esta supuesta legalización, la proponen gobernantes afines al imperio y conexos a los capos del narcotráfico, la proponen quienes hoy ganan millones con este mercado, por tanto no creo que se esté proponiendo otra cosa que la legalización para comerciar estos venenos, quiera decir para empacar y distribuir, publicitar y ofrecer, distribuir y masificar los mismos venenos que hoy los enriquecen. Así no puedo estar de acuerdo.

Legales o no, la droga siempre está en la esquina. El daño que se podrá evitar es el daño de violencia y desplazamiento de poblaciones que ocasionan las mafias que las producen, que son casi siempre los mismos poderes que dicen combatirla, pero el daño a quienes las consumen seguirá igual o aumentará, entonces no puedo estar de acuerdo.

Legales o no, las drogas de que se hablan seguirán siendo adictivas y por tanto produciendo adicción en un porcentaje alto de quienes las consuman, tarde o temprano. Entonces no estoy de acuerdo.

Hablar de legalizar debe abarcar las dos caras de la moneda, eliminar el daño social, la violencia, los desplazados y la excusa imperial para invadirnos así como también el daño que produce su consumo y sus efectos devastadores. Hablar de legalización debe implicar que sea el estado quien asuma su producción y distribución, no la empresa privada que hoy se babea ante la posibilidad de volver a tener su mercado, como ya lo tuvo laboratorios MERK con la cocaína. Hablar de legalización impone hablar de programas de información, de rehabilitación, de atención y de inclusión a quienes están consumiendo, obliga a alertar a la población que estas sustancias que podrán adquirir solo en farmacias, son dañinas y causan esclavitud a sus consumos. Legalizar es para controlar e ir reduciendo el terrible daño que ocasionó un mercado durante estos cincuenta años.

Quienes propondrán la legalización hablan de cuarenta años de fracasos en la supuesta “guerra a las drogas” Eso es una gran mentira, todas y todos debemos tener claro que el Plan Colombia, el Plan Córdova y las invasiones a Irak y Afganisthán, no fueron cuarenta años de guerra contra nada sino cuarenta años de apropiación de cultivos, laboratorios y mercados de esta gran industria `por parte del imperialismo y sus ejércitos.

Debe haber una postura socialista, por ello escribo mis opiniones que son absolutamente personales, para que se inicie una discusión desde quienes creemos en la nueva sociedad y que tengamos argumentos para enfrentar las propuestas que escucharemos en pocas semanas pidiendo la legalización.

El diplomático pronostica que América Latina despenalizaría el consumo en menos de dos años.

"El punto de quiebre en el debate sobre la lucha contra el consumo y el tráfico de drogas en el mundo puede darse antes de tres semanas, cuando 34 mandatarios de países consumidores y productores de cocaína se reúnan en la sexta Cumbre de las Américas en Cartagena".

Miguel Darcy de Oliveira, coordinador general de la Comisión Global de Política de Drogas, suelta esta frase con convencimiento, aunque admite, de inmediato, que Estados Unidos no hará parte de este histórico giro, al menos por ahora.

"El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, no va a tomar ninguna decisión antes de noviembre, porque podría perder votos (en las elecciones presidenciales)", dice Darcy, encargado del lobby mundial en favor de la despenalización del consumo y la regulación del cultivo y el tráfico de todo tipo de alucinógenos.

Este diplomático de carrera trabaja en una pequeña oficina en Río de Janeiro (Brasil), junto con otras cuatro personas, con recursos de la fundación del expresidente Fernando Enrique Cardoso -líder de la Comisión-, Open Society Foundations -de George Soros- y donaciones del millonario inglés Richard Branson.

Con 600.000 dólares anuales de presupuesto, viaja por el mundo entregando su mensaje y reclutando a líderes como el exsecretario general de la ONU Kofi Annan, para que se unan a la cruzada en favor de la regulación y la despenalización. EL TIEMPO habló con este brasileño, quizá la persona que más conoce las políticas de drogas en el planeta, quien afirma que en las últimas cuatro semanas, gracias a los presidentes de América Latina, se ha avanzado más en el cambio de paradigma que en los últimos 40 o 50 años.

¿La Comisión Global promueve el consumo de drogas?

No queremos mandar ese mensaje. La comisión reconoce, en muchos casos, que el uso de drogas es malo para los individuos y la sociedad. Estamos en contra del consumo.

Entonces, ¿cuál es su posición?

La de reducción del daño. La idea de un mundo sin drogas, la idea de erradicar la droga por la fuerza es absurda, no tiene la menor posibilidad de ser ejecutada y ha causado una gran tragedia. Llevamos 40 o 50 años en eso y no hemos avanzado ni un milímetro.

¿Cuál es la propuesta?

Acabar con el énfasis de la represión, tanto de la producción como del consumo, despenalizar (no más cárcel para consumidores) y regular el cultivo y el tráfico, para acabar con el millonario negocio que financia mafias, corrupción y muerte.

¿Cómo sería la despenalización?

Un punto final en la criminalización de las personas que usan drogas pero que no hacen daño a otros. Si no provoca daño a otro, no es un criminal. Si es un dependiente de drogas, requiere ayuda.

En ese escenario, ¿los niños podrían comprar droga en las esquinas?

De todas maneras, la van a comprar si la quieren. Los ejemplos de Portugal y Suiza muestran que no se dispara el consumo, porque se trata como un problema de salud pública. Poner a la gente en la cárcel empeora todo, impide la acción de prevención. El prohibicionismo sólo le sirve al narcotraficante.

¿Latinoamérica está lista para esto?

Sin duda. Creo que en menos de dos años ya estará despenalizado el consumo en la región.

¿Cómo sería la regulación?

Esto es más complicado, porque es muy nuevo, y cada país tiene que encontrar la manera más adecuada para ponerla en práctica. Uno de los principales factores de fracaso de la política estadounidense de prohibicionismo es que, justamente, no hace diferencias: todas las drogas, en todos los países, en cualquier situación, tienen que ser reprimidas.

Pero hay marcos de referencia...

Claro. El tabaco es un ejemplo histórico: pasó del glamoroso símbolo de libertad y de afirmación individual a una sustancia a la que a nadie le cabe la menor duda de que es perjudicial para la salud. Está regulada, por país, por estado, hasta por cuadra, y bajó el consumo. Solo en Brasil disminuyó 50 por ciento en diez años.

¿Cómo dejó de ser tabú el tema de la legalización?

No podemos ser incoherentes con la realidad toda la vida. La evidencia del desastre de la lucha contra las drogas nos ha mostrado que debemos tomar otro camino.

¿Cómo se llegó al debate?

Primero, los expresidentes Cardoso (Brasil), César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México) proclamaron, hace 4 años, el fracaso de la lucha contra las drogas. Luego, la Comisión Global habló explícitamente -en un informe entregado en Nueva York- de despenalizar y abrir la discusión sobre modelos de regulación. Y ahora, de manera sorprendente, los presidentes de América Latina le dieron al debate una posibilidad inesperada.

Con el presidente Santos...

Sí, fue el primer mandatario en ejercicio que dijo con todas sus letras: Colombia hizo lo humanamente posible para implantar el arsenal represivo que nos pidieron los Estados Unidos y eso no reduce ni la producción ni el consumo de la droga.

¿La cumbre puede ser histórica?

Sí, porque Colombia no está sola. El presidente Pérez Molina, de Guatemala (un general), dijo: 'Para mí no hay duda, la única solución es regular la droga'. Luego, la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, se reunió con los presidentes de Nicaragua, Panamá y Honduras a debatir la cuestión. Yo no tengo ninguna duda de que ellos van a tener una posición muy clara en la cumbre de Cartagena.

¿Países pequeños, como estos, podrán cambiar un debate mundial?

Pequeños, Suiza y Portugal, y han hecho mucho más. Pequeño, Bolivia, y hace unas semanas dijo Evo Morales, su presidente: "La hoja de coca, que es parte de nuestra cultura, ¿cómo pueden imaginar los americanos que es ilícita?". Si el Presidente de Bolivia puede hablar de esa manera, imaginemos la masa crítica que se está formando en América Latina.

¿Podría haber represalias por insistir en este debate?

No creo. Primero, porque América Latina, México y Colombia en particular, tienen toda la autoridad moral para decirle a Estados Unidos: 'Ustedes no pueden continuar con una política irresponsable, teniendo el mayor mercado consumidor de drogas del mundo, sin tener ninguna acción eficaz para combatir el consumo, mientras los problemas se quedan de este lado del mapa de América'.

¿Qué pasa con Estados Unidos?
Hay intereses económicos que sostienen el prohibicionismo

"El caso de EE. UU. es gravísimo, porque hay una esquizofrenia política: la sociedad está mucho más abierta a la legalización y algunos estados ya tienen leyes muy amplias al respecto, pero el gobierno federal está nublado por una ola conservadora que bloquea al Congreso -afirma Miguel Darcy de Oliveira-. Hay una falta de liderazgo muy grave. Pero ellos saben que esa política es insostenible. Hace cuatro años, en Washington, estuve en una reunión -presidida por el entonces subsecretario de asuntos americanos, Thomas Shannon- con 200 funcionarios estadounidenses y muchos dijeron: 'Estamos convencidos de que esa política no funciona, pero hay un bloqueo institucional muy fuerte'. Los únicos que insisten en esa política son los que viven de ella: toda una burocracia que se nutre de la guerra de las drogas, personal, oficinas, delegados; las prisiones, que son administradas por privados, y las armas. Todos saben que el 90% de las armas de los narcos de México viene de Estados Unidos.

Dijo Alejandro Poiré hace unos meses, cuando dirigía el Cisen, que “sería peligroso legalizar drogas” (Reforma, 8.VIII.11). No veo por qué: desde hace 200 mil años, cuando dimos el salto a Homo sapiens, los humanos hemos consumido drogas: hierbas en estado natural, hongos, giros para emborrachar, retos para descargar adrenalina. La “Coca-Cola” tenía algo de coca. También tenía coca un jarabito energizante que hacia finales del siglo XIX tomaba el papa León XIII y supongo que muchas otras personas decentísimas cuando la edad así lo exigía. No buscaban un narcomenudista: enviaban un mozo a la botica para comprar un tonificante legal y anunciado.

Ya da flojera repetir obviedades: Los revolucionarios mexicanos fumaban abundante marihuana, según dice la canción, popular durante la Revolución de 1910: La Cucaracha. ¿Se prohibirá su transmisión por radio y su venta en discos porque dice: La Cucaracha, la Cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque no tiene marihuana que fumar. La Revolución impulsando la mota, ¿o fue al revés?

De lo que no hay ya ni sombra de duda es que resultó más que peligroso ilegalizarlas: nos dio violencia y muerte. De los 200 mil años que tenemos como especie, sólo en los últimos 40 años se ha perseguido el cultivo y consumo de algunas sustancias. Unas sí, pero otras no. ¿Motivos? Ninguno. ¿Se redujo el consumo? No. El hecho es que estamos llegando a extremos ridículos, como tratar de prohibir los corridos que suenan a todo volumen desde camionetas que parecen ir anunciando un circo. Podríamos limitarnos a solicitar, con todo respeto, que le bajen el volumen a Camelia la Texana.

La droga es, ya, ahora mismo, parte de la cultura. Cultura: Conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial, en una época, grupo social, etc. (DRAE). No sólo Mozart, pues. La cultura huichola tiene entre sus ritos ancestrales el consumo de peyote, ¿y? ¿Veremos batidas militares por el semidesierto de Zacatecas y San Luis para localizar y quemar peyote? O es respetable porque es uso indio. El anfitrión boliviano ofrece té de coca. Aquí en toda fiesta circulan mota y pastillas. Consume el que quiere y el que no pues no (diría el mítico alcalde de Lagos).

La hipocresía en todo su esplendor nos muestra en el cine de Estados Unidos a personajes metiéndose por la nariz un polvo blanco mientras conversan acerca de negocios. Y tan frescos. Un buen revire es el que le puso China: Estados Unidos debe curarse de su adicción… a la deuda. Es el país que hace tambalear la economía mundial porque Bush junior creó la deuda más grande que haya existido en país alguno desde que existen países.

Y ¿qué haremos con ese belicoso corrido, el primero en exaltar la violencia, mucho antes que Camelia la Texana o Rosita Alvírez, el Himno Nacional?: “Mexicanos, al grito de guerra, el acero empuñad y el bridón, y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del cañón, tárara, tárara, tárara aaaaa….” No es todavía un narco-corrido, pero la idea es la misma: la vida no vale nada… el traje de charro lleva pistola al cinto, las anforitas para alcoholes son redondeadas para ponerlas en el bolsillo trasero del pantalón y que sigan la forma de la nalga. ¿Y?

Bélgica y Holanda ya venden kits de suicidio indoloro y deberíamos seguir ese ejemplo civilizado: ya somos muchos y estamos acabando con el planeta: los elefantes topan con bardas electrificadas para defensa de los africanos que cultivan lechugas. En Guadalajara, al ya ralo bosque La Primavera, alguna vez lugar para hacer día de campo, se le construyó la villa panamericana y hoy la disputa es derrumbarla o venderla. En otras regiones, territorios de cacería del puma, ya tenemos casas de campo y habrá pumas muertos cuando un padre de familia se tope con uno que, hambriento, ronde por los contenedores de basura.

Ya somos muchos. Y quien desee matarse con pasón de lo que sea: tequila, heroína o novedades sintéticas, está en su derecho y ayuda al planeta. Cuidemos que no se lleve en el viaje a nadie más. Y a quien desee abandonar un vicio, debe Salud proveer de clínicas para rehabilitación. Y ya.

La exigencia al gobierno es una: déjanos en paz si no hacemos daño a terceros. El peyote para el huichol y para quien lo busque o cultive. Marihuana de alta calidad, a veces hidropónica, como ya produce California legalmente. O coca, todo.

El sábado 24 de marzo, el presidente de Guatemala Otto Pérez Molina auspiciará una reunión con los presidentes centroamericanos para hablar sobre enfoques alternativos que, a diferencia de las políticas actuales, pudieran confrontar mejor el impacto del tráfico ilícito de drogas en el istmo. Los presidentes centroamericanos siguen divididos sobre las declaraciones recientes de Pérez Molina sobre la necesidad de considerar la legalización de las drogas, sin embargo ellos han recibido con satisfacción la propuesta de tener una discusión sobre alternativas a las políticas de drogas actuales. Lo ideal sería que la reunión de mandatarios culminará con el compromiso de sostener un debate significativo y riguroso sobre alternativas a la actual "guerra contra las drogas". Este compromiso debe incluir propuestas concretas para crear un marco que avance las discusiones, las cuales deben incluir a la sociedad civil, expertos y todas las partes involucradas.

La creciente frustración con el fracaso de los esfuerzos de control de drogas, respaldados por Estados Unidos, es el motivo por el cual se da este llamado al diálogo, pues el enfoque actual no ha frenado la producción de drogas, el tráfico o el consumo. Además las políticas actuales han generado importantes costos económicos, sociales y políticos en toda la región.

Independientemente de los resultados de la reunión del sábado, la respuesta al llamado de Pérez Molina a considerar la legalización ha revelado el descontento generalizado que existe en la región—entre los funcionarios de gobierno y los ciudadanos—con las políticas actuales, y la necesidad urgente de desarrollar enfoques que sean más eficaces y más humanos. El gobierno de Estados Unidos, por su parte, ha expresado su continua oposición a la legalización, pero también ha reconocido que el asunto es un tema legítimo de discusión. La insatisfacción con el enfoque actual se ha vuelto tan pronunciada que Estados Unidos ya no puede darle la espalda a la convocatoria de sostener un debate de fondo. En una sesión de preguntas y respuestas con el Departamento de Estado en Twitter el pasado 21 de marzo sobre la próxima Cumbre de las Américas, la Subsecretaria de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Roberta Jacobson, respondió a una pregunta formulada por WOLA diciendo: "Damos la bienvenida a la discusión de nuevos enfoques para asegurar soluciones integrales al problema".

El debate sobre la legalización, despenalización y descriminalización de drogas—términos que con frecuencia son usados intercambiablemente pero que representan tres enfoques distintos—sin duda será largo y complicado. Sin embargo, a medida que se abre el debate, se observa que ya existen propuestas que podrían mitigar algunos de los peores problemas causados por las mismas políticas de drogas. Entre las cuatro opciones expuestas aquí, tres entran cómodamente dentro de los confines de los actuales tratados internacionales sobre drogas. La cuarta—apuntando hacia mercados legales y regulados de cannabis—representa un reto a los tratados pero también es un desafió inevitable y beneficioso.

Descriminalizar el consumo de drogas. El uso de drogas debe ser tratado como un asunto de salud pública más que un asunto criminal. Hace diez años, Portugal descriminalizó la posesión de drogas para el consumo personal, lo que significa que los consumidores de drogas ya no son encarcelados por usar o poseer drogas. Los resultados hasta la fecha son positivos: el uso de drogas inyectadas ha bajado considerablemente, así como el índice de muertes por VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas, más usuarios de drogas problemáticos están en tratamiento y el crimen relacionado con las drogas ha bajado.

Reformar leyes de drogas severas e ineficaces. Muchos países en la región tienen leyes de drogas que no hacen diferencia entre ofensas leves, medias y altas, ofensas violentas y no violentas, y el tipo de drogas; todas son propensas a sentencias mínimas obligatorias y severas. Las leyes de drogas deben ser reformadas para asegurar la proporcionalidad en las sentencias y alternativas para ofensores no violentos y de bajo nivel. Las cárceles se han convertido en escuelas para las organizaciones criminales y las pandillas. Los ofensores leves ingresan a la cárcel sin vínculos al crimen organizado pero salen con vínculos establecidos.

Priorizar las estrategias de aplicación de ley que intentan reducir la violencia asociada con el tráfico de drogas. La aplicación de ley tradicional tiende a incrementar la violencia al incitar a aquellos involucrados en el tráfico de drogas a defenderse con violencia y con la amenaza de violencia. La aplicación que se enfoca en los sujetos más violentos puede ayudar a mitigar los efectos más perjudiciales del tráfico de drogas incluso sin tener que disminuir el mercado mundial de drogas. En Estados Unidos, muchos lugares han llevado a cabo estrategias de “disuasión dirigida” con mucho éxito en cuanto a reducción de niveles de violencia y en cuanto a mejorar la vida en las comunidades más afectadas por las drogas y la guerra contra las drogas.

Avanzar con la creación de mercados legales y regulados para el cannabis. El cannabis es la droga ilícita más usada y más producida, y comparativamente tiene menos riesgos que muchas otras substancias (incluyendo drogas legales). El enfoque prohibicionista hacia el cannabis causa un daño enorme a aquellos que se ven atrapados en el sistema penal. Actitudes en muchos países más tolerantes hacia el cannabis, incluyendo en los Estados Unidos, sugieren que tarde o temprano, gobiernos estatales y municipales empezarán a virar hacia mercados legales y regulados, de este modo reduciendo algunos de los fondos que enriquecen actualmente a las organizaciones criminales.

Tal como evidencian en estas opciones, el progreso en los pasos que alejan a las políticas del paradigma de la guerra contra las drogas y que se orientan hacia enfoques más efectivos y humanos pueden ser llevados a cabo en distintos niveles y lapsos de tiempo. La reunión de los presidentes en Guatemala ofrece una oportunidad nueva y optimista en el debate sobre políticas de drogas. La reunión no debe caer en las posiciones polarizadas y estériles del pasado, más bien debe abrir la puerta hacia una consideración amplia sobre las muchas posibilidades prometedoras alternativas al statu quo.

Trabajadores de los dispensarios de marihuana se unirán al Sindicato de Trabajadores de Comercio y Alimentos (UFCW) Local 770, el cual representa a empleados de supermercados, farmacias y del área del cuidado de la salud, para ser incluidos como miembros.

"Mis compañeros y yo nos hemos unidos al UFCW Local 770 porque queremos proteger y preservar buenos empleos y acceso a cuidado de salud que los dispensarios de marihuana responsables puedan proveer", señaló Alex James Roger, un empleado del dispensario de marihuana medicinal Venice Beach Care Center.

Los trabajadores han convocado a una conferencia de prensa mañana jueves para hacer el anuncio oficial.

"Este es el siguiente paso en profesionalismo y estabilización en este nuevo sector en la industria de cuidado de la salud", indicó Rick Icaza, presidente de UFCW Local 770, quien ha estado en pláticas con los trabajadores de los dispensarios de marihuana en el Sur de California. "El sindicato y la negociación colectiva tiene como consecuencia mejor preparación, menos reemplazo de empleados y más estabilidad en la industria del cuidado de la salud".

"Hay gente que parece que tiene mucha prisa en que la Fiscalía determine", dice el alcalde de la localidad

Bernat Pellisa, el alcalde de Rasquera, el pueblo de la provincia de Tarragona que decidió ceder sus terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para plantar marihuana y salir de la crisis que atraviesa el municipio, ha denunciado esta mañana en RAC1, después de conocer la detención practicada por Mossos d'Esquadra a la encargada de la asociación, que existen "presiones policiales y políticas" para que el proyecto de la plantación no se lleve a cabo.

"Las presiones policiales y políticas es evidente que han aumentado desde que se anunció el proyecto. Está todo el mundo un poco asustado", ha señalado Pellisa en El Món a RAC1. Con todo, el alcalde, que ha anunciado que "hace 15 días" se dio de baja del partido en el que militaba, ERC, asegura que "no hay ningún cambio. La detención (de la encargada de ABCDA) no afecta en absoluto al proyecto".

"Hay gente que parece que tiene mucha prisa en que la Fiscalía determine. Siempre hemos pedido paciencia y que se la deje trabajar con tranquilidad", ha afirmado Pellisa.

Publicado hace unas horas en la revista PLoS ONE, los investigadores de la Escuela de Medicina Mount Sinai descubrieron que los componentes de la marihuana pueden inhibir la multiplicación del VIH en su última etapa actuando sobre los receptores virales.

La marihuana medicinal se prescribe en aquellas enfermedades que vienen acompañadas de supresión de apetito, pérdidas de peso o dolores crónicos, síntomas que se encuentran en pacientes aquejados de tipos de cáncer y síntomas presentes en las etapas finales del SIDA.

El estudio realizado podría ofrecer una nueva vía. Los científicos encontraron que en la superficie de las células inmunes de los receptores de la marihuana, llamados receptores cannabinoides CB1 y CB2, podían influir en la propagación del virus.

Básicamente los receptores CB1 aparecen como responsables de la euforia y de los efectos anticonvulsivos del cannabis. En cambio, los receptores del tipo CB2 se encuentran casi exclusivamente en el sistema inmunitario, con una gran cantidad en el bazo. Los CB2 son los responsables de la acción antiinflamatoria.

El hallazgo por tanto supone que comprender el efecto de estos receptores sobre el virus podría ayudar a los científicos a desarrollar nuevos medicamentos para retardar la progresión del SIDA. Según cuenta Cristina Costantino, autor principal del estudio:

"Sabíamos que los fármacos cannabinoides como la marihuana pueden tener un efecto terapéutico en pacientes con SIDA, pero no entendíamos cómo influyen en la propagación del virus en sí mismo. Queríamos explorar los receptores de cannabinoides como diana para las intervenciones farmacéuticas que tratan los síntomas de la última etapa del SIDA y prevenir la progresión de la enfermedad sin los efectos secundarios indeseables de la marihuana medicinal."

El VIH infecta las células inmunes activas que llevan el receptor viral CD4, lo que produce que estas células no puedan combatir la infección. Para su propagación, el virus requiere las células inmunes activas que se encuentren en reposo. Ya en la fase terminal del SIDA, el VIH muta para infectar a estas células en reposo y lo hacen ganando la entrada en la célula mediante el uso del receptor de señalización CXCR4.

Y aquí llega el hallazgo de los científicos. Al parecer, al tratar las células con un cannabinoide agonista que desencadena CB2 encontraron que el receptor CB2 bloqueaba el proceso de señalización, y por tanto, suprimía la infección de las células inmunes en reposo.

Por esta razón hablaba Costantino de investigar más con el fin de evitar la activación de los receptores CB1. Trataron de explorar terapias con receptores CB2 únicamente, aplicando una sustancia química que provocaba CB2 en las células inmunes infectadas por el VIH.

El resultado fue que el fármaco redujo la infección de las células restantes. Según Costantino:

"Encontramos que el desarrollo de un medicamento que dispara sólo CB2 como tratamiento adyuvante a la medicación antiviral estándar podía ayudar a aliviar los síntomas de la etapa tardía del SIDA y prevenir la propagación del virus."

A partir de aquí y una vez visto que los resultados han sido más que prometedores in vitro, el equipo de investigación continuará con un modelo de ratón con el virus en su etapa final. Prueba que determinará la eficacia del fármaco que activa CB2.

Otto Pérez Molina, presidente de Guatemala, no se arrepiente de su atrevida propuesta de despenalizar las drogas en Centroamérica y se ilusiona con que la discusión de este tema sea mundial.

El mandatario dice que rompió esquemas porque este asunto era un tabú para los Presidentes, pues no podían hablar o escuchar de él y mucho menos discutirlo.

Es el primer Presidente en la historia de América Latina en plantear esta propuesta y señala que “esa -la despenalización- es el arma perfecta para luchar contra el narcotráfico y disminuir la violencia en Centroamérica”.

Además se queja por el poco respaldo de Estados Unidos.

Pérez Molina habló de su iniciativa en exclusiva con LA PRENSA en un espacio brindado en su apretada agenda, mientras hacía una gira en los departamentos del interior de Guatemala, donde inauguró varios proyectos de infraestructura, educación y apoyo a los agricultores.

También se refirió a la cumbre de mandatarios centroamericanos a celebrarse este sábado en Antigua, Guatemala, donde se buscará alcanzar un acuerdo sobre las estrategias para detener los embates del narcotráfico en la región.

-¿De acuerdo a su propuesta cómo sería la despenalización de las drogas?

Puede ser de muchas formas, es decir, una despenalización completa o en forma gradual, que sería: solo la legalización del consumo, como se ha hecho en algunos países, o solo del tráfico o solo de la producción de drogas.

-¿Cuál debe ser el primer paso para lograrlo?

Lo primero es que los Presidentes de Centroamérica nos sentemos para discutir si queremos seguir haciendo más de lo mismo y teniendo iguales resultados o si definitivamente queremos explorar diferentes alternativas.

Vemos que hay interés y, así como hay muchos Presidentes de la región que están a favor y otros en contra de la despenalización, es urgente unificar la posición de Guatemala. Por eso invité a los mandatarios para que este sábado 24 de marzo discutamos nuevas estrategias para no seguir con lo hecho durante 40 años, pues no ha dado los resultados que buscamos.

Tenemos que abrir el rango de las alternativas, que van desde endurecer la guerra que hoy estamos librando o lograr la despenalización completa de la producción, el tráfico y el consumo de los estupefacientes.

En medio iremos encontrando otras opciones, pero estas irán surgiendo en la medida en que profundicemos en el tema y lo discutamos con expertos que lo han abordado intensamente durante muchos años para que nos expliquen a los Presidentes qué hacer y cómo funcionaría.

-¿Usted es el primer Presidente en Latinoamérica en hacer una propuesta de esta índole?

Sí. Este tema era tabú. Los Presidentes no podían ni siquiera escuchar sobre despenalizar la droga, mucho menos discutirlo.

La celebración de la Cumbre de Presidentes de la región será un paso importante, aunque no quiere decir que el 24 de marzo saldremos con una resolución de que todos estamos a favor o en contra.

-¿Por qué cree que su iniciativa tendrá éxito?

Irá paso a paso, como toda estrategia que busca lograr un cambio cuatro décadas después. Sabemos que esta decisión no se tomará en un solo día o de la noche a la mañana.
El primer paso sólido ya se dio, porque ya es un éxito que los seis Presidentes centroamericanos nos sentemos a discutir otras propuestas para luchar contra el narcotráfico.
- Muchos expertos consideran que con esta medida se recrudecerá la violencia en Guatemala y en los demás países de la región.

Tener más violencia de la que tenemos ahorita por el crimen organizado, específicamente por el narcotráfico, es imposible.

Por eso hay que hacer algo, porque el triángulo norte de Centroamérica-Honduras, Guatemala y El Salvador- registra las tasas más altas de homicidios en el mundo si las comparamos con las de otras regiones del planeta.
Eso nos obliga a seguir explorando otras posibilidades para empezar verdaderamente a hacerle un frente al narcotráfico.

-Expertos aseguran que al legalizar las drogas se disparará el consumo. ¿Qué piensa?

Ese es otro de los mitos: que el consumo se disparará, pero en lugares como Portugal, donde ya se despenalizó, los efectos son contrarios porque se redujo.

El mismo Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, nos aseguró que cualquier experto nos puede rebatir con estadísticas y datos o decir por qué sí debería caminar la despenalización.

El problema es que este año es difícil para los norteamericanos discutir esta temática porque es controversial y hay elecciones y no quieren polémicas para no perder votos.

-¿Qué resultados espera de la Cumbre de Presidentes de Centroamérica del próximo 24 de marzo?

Espero que después de escuchar a los expertos internacionales los Presidentes sigamos con la intención de seguir en la ruta de luchar contra el narcotráfico e ir conociendo y buscando alternativas para ganar esta batalla.

-¿Qué expertos vienen a la Cumbre del 24?

Vienen miembros de la Comisión Global para la Política de la Lucha contra las Drogas. Nos dijeron que ya confirmó el ex-Presidente de Colombia, César Gaviria, quien dará una exposición; también una representante de alto nivel de la Organización Mundial de la Salud, un experto del Centro Carter y esperaríamos a alguien que venga a defender la posición de Estados Unidos y confiaríamos en que fuese un exfuncionario que ha seguido esa línea, pero aún están por confirmarlo.

-¿Llevará esta propuesta a la Cumbre de las Américas que se realizará en Cartagena, Colombia?

Por supuesto. Ojalá tenga el respaldo para que esta propuesta se conozca el 16 de abril en la Cumbre de las Américas y después ante el pleno de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para hacer una discusión a nivel mundial de este tema que es un flagelo que está afectando no solo a Centroamérica, sino a varias regiones del mundo.
-¿Cuándo hará la presentación en la ONU?

Mi propuesta de la despenalización y de otras alternativas para combatir el narcotráfico la haré en septiembre, cuando presente mi primer informe anual en el pleno de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos, y ahí podría abrirse el debate con el resto del mundo y marcar una ruta.

-¿Qué le prometió el presidente hondureño Porfirio Lobo? ¿Avala su propuesta?

Porfirio Lobo lo que anunció fue su presencia en Guatemala para discutir alternativas en la lucha contra el narcotráfico.

Él lo dijo muy claramente: tenemos que conocer más de la propuesta que está haciendo el presidente Pérez de Guatemala, pero lo que sí expresó es que estará presente en la discusión y para hallar otras medidas contra el crimen organizado.
-México y Colombia anunciaron que se sumarían a la discusión de su propuesta de despenalizar las drogas. ¿Acudirán a la cumbre?

Sí. Hablé por teléfono con Felipe Calderón -presidente de México- y con Juan Manuel Santos -mandatario de Colombia- pero no estarán presentes este 24 de marzo en Antigua porque tienen otros compromisos.

El mandatario de México será el anfitrión del papa Benedicto XVI ese día y es imposible que venga a Guatemala.

Sin embargo, ambos Presidentes me manifestaron que más adelante estarían dispuestos a sentarse a dialogar y no necesariamente centrarse en una propuesta, sino abrir el abanico de alternativas que hay para encarar con posibilidades de éxito esta lucha.

-Se dice que su iniciativa es para presionar a Estados Unidos por la poca ayuda que da a la región. ¿Es cierto?

En parte, hemos visto una lucha desigual porque Estados Unidos no está acompañando como debería a Centroamérica en este problema.
Es una corresponsabilidad que tiene niveles y grados diferentes que cada país debe asumir.

Estados Unidos es el mayor consumidor y el destino final de toda la droga que transita por Centroamérica y tiene la mayor responsabilidad.

En la última propuesta que se hizo en julio de 2011, en una reunión en Guatemala, representantes de Estados Unidos dijeron que iban a poner un dólar por cada tres dólares que pusiéramos los centroamericanos -eso es 75 contra 25%- y eso no es aceptar la corresponsabilidad que tienen, sino dejarnos la carga a nosotros, porque Centroamérica en lugar de invertir esos tres dólares para eliminar la pobreza, atender los servicios básicos y desarrollar nuestros países los destina para luchar contra el narcotráfico, cuyo consumo masivo está en Estados Unidos.

-¿Qué opina de esa decisión tajante de Estados Unidos de oponerse a su propuesta?

He visto con buenos ojos cómo ha progresado la discusión porque al principio, en las primeras 24 horas, cuando hice la propuesta hubo un comunicado de la embajada de Estados Unidos en Guatemala diciendo que rechazaban mi propuesta de despenalizar las drogas, pero hoy hemos visto cómo los norteamericanos están dispuestos a debatir.

El propio Joe Biden, vicepresidente de Estados Unidos, me dijo en Honduras que la propuesta que estaba haciendo era legítima y que valía la pena que la discutiéramos.

Hoy la posición de Estados Unidos es seguir diciendo que no está de acuerdo con la despenalización, pero que sí está a favor de dialogar y ese es un paso positivo porque eso es lo que pido: sentarnos a hablar sobre el tema para hallar la mejor estrategia contra el tráfico de drogas.

-En una reunión en Suiza se habló del rechazo a la despenalización de las drogas. ¿Qué sabe de eso?

No lo sabía, pero ha habido muchas reacciones en todo el mundo.

-¿De qué sectores ha recibido apoyo respaldo su propuesta?

De varios sectores; por ejemplo, recibí una carta de respaldo de 75 parlamentarios de Inglaterra, donde dicen que están de acuerdo con la propuesta de despenalizar las drogas y me felicitaron por la iniciativa.

Me dijeron que esperaban que se pudiese discutir el tema y se lograra una solución global.

-¿Por qué Guatemala no toma la decisión en forma unilateral y aprueba la medida?

No, esa no es opción, porque entonces mi país se convirtiría en un paraíso de las drogas.

-¿Ha recibido algún tipo de amenazas por esta propuesta?

No. Solo críticas, que suelen darse cuando hay una propuesta atrevida como esta. Sabemos que habrá gente que se opone porque cree que no es el camino correcto, pero todas las grandes decisiones tomadas a escala mundial han pasado por este proceso de discusión.

-¿Los narcomensajes enviados por supuestos miembros del cartel de los Zetas apoyando su propuesta dañan su imagen?

No, en primer lugar es anónimo y, segundo, considero que es alguien de la oposición política que trata de desvirtuar una cosa con otra, porque en caso de que se diera la legalización de las drogas los mayores damnificados serán los carteles, así que no pueden venir narcotraficantes a decir que nos apoyan. Es ridículo lo que quisieron hacer, con esta iniciativa son estos grupos criminales los que desaparecen.

-¿Qué avances ha tenido en materia de seguridad en sus primeros 68 días de gobierno?

Logramos dar varios golpes contra el crimen organizado. El 14 de marzo se incautó un cargamento de 1,105 kilos de cocaína donde salió herido un oficial de la Marina.

Dos días después se desbarató un narcolaboratorio en una zona cerca del departamento de Zacapa, donde se capturó a personas y se decomisó droga y armamento.
A finales de febrero se capturó en el área de Verapaz a un individuo que estaba reorganizando el cartel de los Zetas.

-¿Cómo está la tasa de homicidios en Guatemala?

Tenemos una buena noticia dada por el Fiscal General de que en Guatemala bajamos a 39 muertos por cada 100 mil habitantes; es decir, que disminuimos tres puntos; al contrario de Honduras, que tiene la cifra más alta de homicidios en Centroamérica con 82 decesos violentos por cada 100 mil.

-¿Qué estrategias adoptan en los más de 42 puntos ciegos entre Honduras y Guatemala para disminuir delitos como la trata de personas?

Estamos haciendo una lucha para lograr incluso una Policía trinacional; hablamos primero con El Salvador y ahora con Honduras porque buscamos cruzarnos información en tiempo real.

Es decir que exista cooperación y llevar a cabo operativos conjuntos y mejorar la seguridad de los ciudadanos de los tres países que intercambiamos mercadería, turismo y para que podamos hacerle un frente unido al crimen organizado, no solo narcotráfico, sino a la trata de personas, al tráfico de armas y al lavado de dinero.

-¿Cómo avanzan sus objetivos en materia de seguridad?

Vamos avanzando. Tengo un plan fuerte contra la violencia a favor de la seguridad y tranquilidad de los guatemaltecos. Seguiremos luchando para reducir la violencia a su nivel más mínimo y estamos proponiendo alternativas fuertes contra el crimen organizado y en especial el narcotráfico que a diario deja luto en varias familias de Guatemala.

Los partidarios de legalizar la marihuana en Nueva Zelanda han desafiado a las autoridades con la colocación de una máquina dispensadora de cannabis en un club de Auckland a un precio similar al del mercado negro. El aparato es parecido a las máquinas que venden "hierba" con fines terapéuticos en California (EE.UU.) y por 20 dólares neozelandeses (unos 16 dólares o 12,3 euros) se consigue un gramo de "maría".

Propone que el consumo y la comercialización de estupefacientes en el país sea libre.

Este miércoles, a la una de la tarde, se presentó en la Secretaría de la Cámara un proyecto de ley que desde ya promete generar un amplio debate en el país.

El representante a la Cámara del Partido Conservador por el Guaviare Constantino Rodríguez anunció que radicó una iniciativa con el fin de volver legal en Colombia el cultivo, la venta, el consumo y la comercialización de la droga.

"Son seis artículos que hablan de la legalización de la droga, y con ellos lo que buscamos es acabar con el conflicto que nos ha generado, por muchos años, la situación de las drogas en el país. Nos ha demostrado la historia que es más difícil el combate a todas las drogas, cuando son prohibidas", le explicó Rodríguez a ELTIEMPO.COM.

El proyecto se presenta a pocas semanas de que el tema se ponga sobre la mesa en la Cumbre de las Américas, que se realizará en Cartagena el 14 y 15 de abril.

Esto, luego de que dos funcionarios de Estados Unidos (el Vicepresidente y el Subsecretario para Asuntos de Información) manifestaran que su país está dispuesto a "discutir" sobre la estrategia contra las drogas que se ha implementado en el mundo, sobre la que hay duras críticas por sus pobres resultados.

La idea del proyecto de ley, según el representante Rodríguez, es que se legalicen "la cocaína, la marihuana y la amapola, que son las que han traído más polémica en nuestro país".

"Que el Gobierno no restrinja, no fumigue, que el procesamiento de la droga sea libre; que se legalice, como ocurrió en su momento con el alcohol y el tabaco, pero con las restricciones que la ley le va a poner, como por ejemplo que los menores de edad no la consuman", agregó.

El proyecto también propone, "que todos los recursos que se gastan en fumigaciones vayan para inversión social y para prevenir que la juventud se meta a la droga".

"El Gobierno dice que no se da la pela, que lleva el tema a la discusión (...) Si el Gobierno no lo hace, queremos nosotros como legisladores tomar la iniciativa y concientizar al pueblo colombiano", afirmó el congresista.

Al principio, las autoridades de Estados Unidos se resistieron agresivamente al pedido de varios líderes de América Latina para hacer del debate sobre las drogas un tema prioritario de discusión durante la VI Cumbre de las Américas en Cartagena, entre el 14 y 15 de abril. No sin justificación. Washington temía que los latinoamericanos se estuvieran alistando para apuntar de manera conjunta el dedo acusador hacia la política antidrogas de EE.UU., culpándola del aumento de la droga que alimenta el crimen y la violencia en la región. Los Estados Unidos se alejaron del tema, al menos parcialmente, pero ahora dicen que están preparados para hablar sobre drogas en la cumbre, pero, aclaran, que no tienen la intención de alterar su política actual.

Dentro de América Latina está creciendo el consenso de que la raíz de la violenta ola de criminalidad que se extiende por varios países se debe al uso masivo de narcóticos en Estados Unidos —el cual está sobrepasando el gran mercado ilícito de drogas, con un consumo estimado de US$60 billones al año—. Pero no es sólo cuestión de la incesante demanda de Estados Unidos ni de los altos beneficios que le generan al crimen organizado y otras actividades ilegales en la región, particularmente en México y Centroamérica.

Los EE.UU. han demostrado a lo largo de los años que no quieren o no pueden frenar su demanda o frenar el flujo de dinero o armas a las bandas criminales. Sin embargo, la ansiedad de Washington sobre discutir la política de drogas con los líderes del hemisferio que se reunirán en Cartagena son exageradas. Entre los mayores defensores de incluir la problemática de las drogas dentro de la agenda de la cumbre se encuentran los más sólidos aliados de Washington en la región: de Colombia, Juan Manuel Santos, quien será el anfitrión de la reunión; de México, Felipe Calderón, y de Guatemala, Otto Pérez Molina. Todos ellos comprometidos tanto con el combate del narcotráfico como con trabajar en estrecha colaboración con los EE.UU. sobre drogas y otros asuntos de seguridad.

Ellos quieren generar un debate sobre políticas y estrategias —no avergonzar a Estados Unidos o llevarlo a un juicio—. También saben que en un año electoral, la legalización seguramente tendrá alguna atención en Washington, aunque es muy poco probable que domine el debate. Es una discusión que el presidente Barack Obama debería ser capaz de manejar. En realidad, los EE.UU. deberían estar agradecidos de que sean los líderes de América Latina —presidentes, expresidentes— los que estén presionando por este debate. No hay nadie en Washington, aunque la mayoría de estadounidenses piense ahora que la guerra contra las drogas ha fallado.

El mismo presidente Obama habló sobre el tema, pero no tuvo la fuerza suficiente para implementar importantes reformas que cambien el énfasis político de la política de aplicación de la ley hacia la prevención y el tratamiento. La secretaria de Estado, Hillary Clinton, ha afirmado que la estrategia antinarcóticos de Estados Unidos “claramente no ha funcionado”. “¿Cómo?”, se preguntó. “¿Podría alguien llegar a una conclusión diferente?”. Así que será constructivo para el presidente estadounidense participar en un debate serio sobre las drogas fuera de los límites políticos venenosos de Washington. Y EE.UU. tendrá la oportunidad de estar en un foro en el cual pueda defender sus puntos de vista, si decide hacerlo.

El presidente Santos y otros colombianos deberían estar complacidos por sus esfuerzos de llevar las drogas a la agenda. Al abordar de frente un tema de tan alta intensidad, como la política de drogas, la cumbre de abril ganará importante atención mundial y tendrá relevancia en los asuntos hemisféricos. Pero, a pesar de la discusión vigorosa en Cartagena, es casi seguro que queden temas por resolver, por eso los próximos pasos serán cruciales. Lo ideal sería que los Estados Unidos, Colombia y los otros países del hemisferio dejaran Cartagena con un plan para continuar el debate y desarrollar el trabajo necesario para plantear nuevos enfoques pragmáticos de la lucha contra las drogas ilícitas y sus consecuencias, pero no unidos por la ideología o por la inercia de las políticas anteriores. Y si Washington decide que no está dispuesto a considerar nuevos enfoques y quiere palos con costosas políticas que no funcionan, entonces los latinoamericanos deben continuar por su cuenta. Finalmente, son sus intereses los que están en juego.

El Parlamento británico ha enviado una carta a los presidentes de México, Colombia y de los países de Centroamérica para mostrar su apoyo a la iniciativa de Guatemala de iniciar un diálogo internacional sobre la despenalización de las drogas, informó hoy la embajada guatemalteca en Londres.

La misiva -firmada el 19 de marzo por la baronesa Molly Meacher, presidenta de la comisión sobre políticas de drogas del Parlamento británico- anima a los participantes en la cumbre de jefes de Estado de Centroamérica a debatir "un problema desafiante" para sus países.

En esa reunión, que se celebrará el 24 de marzo en Antigua (Guatemala), se pretende lograr una posición en común en la región sobre la iniciativa del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, de comenzar un diálogo internacional sobre una eventual despenalización de las drogas.

De llegar a un acuerdo, la iniciativa sería debatida en la Cumbre de las Américas que tendrá lugar en Cartagena de Indias (Colombia) el 14 y el 15 de abril y a la que asistirán 34 jefes de Estado o de Gobierno, entre ellos el presidente estadounidense, Barack Obama.

La baronesa Meacher, que se ha dirigido a los presidentes de Colombia, México, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, asegura que "sería muy valioso que no se desperdiciara esta ocasión".

"La iniciativa ofrece la oportunidad de empezar un proceso de debate", señala Meacher, quien espera que los destinatarios acuerden incluir este asunto "de importancia mundial" en la agenda de la reunión de Cartagena de Indias.

Además, la comisión parlamentaria se ofrece en la misiva a involucrar a los principales expertos del mundo en la preparación de algunas políticas y en los trabajos preparatorios.

"Solo a través del diálogo, un serio examen de diferentes políticas y la determinación para reducir el terrible daño causado por las actuales normativas se pueden hacer progresos", indica el mensaje, en el que la baronesa Meacher habla en nombre de los 75 miembros de diferentes partidos que forman parte de la comisión sobre drogas del Parlamento.

Juan Ramírez, gobernador de Amambay, advirtió que Paraguay debe replantear la despenalización de las drogas para eliminar jueces y policías corruptos. Recomienda a Fernando Lugo que busque mecanismos para crear debates y generar opinión en la sociedad sobre este tema.

Juan Ramírez, gobernador de Amambay, visitó ayer la Cancillería nacional para reunirse con la Comisión de Verdad y Justicia, el embajador de Brasil en Paraguay, Eduardo Dos Santos; Ricardo Scavone, director general de gabinete del Ministerio de Relaciones Exteriores, e Inés Vallinoti, secretaria de derechos humanos de la institución.

Entre varios temas abordados, Ramírez expresó su deseo de despenalizar las drogas, ya que esta es la única manera de eliminar a los policías y fiscales corruptos.

“Yo estoy a favor de la despenalización de las drogas desde hace mucho tiempo. Hoy hay más producción y gente dependiente de la droga. Hay que salir de lo estrictamente penal y llevar a la parte médica. Hay drogas que son legales, como el tabaco, el alcohol, y quitar ese tabú que se cierne sobre las drogas que al final solo hace que haya más policías y jueces corruptos que liberan a narcos por dinero”, advirtió el dirigente del Partido Liberal Radical Auténtico.

Exhorta al gobierno de Fernando Lugo a buscar mecanismos para instalar el debate y opinión en la sociedad sobre este punto, ya que el Paraguay tiene una sociedad muy tradicionalista.

“Todo el día trabajo con los policías. Sé lo desgarrador que es ver a un niño consumiendo crack”, lamentó el ex diputado.

Agregó que este será uno de los temas más candentes que se tratará en la próxima Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Cartagena, Colombia, y espera que nuestro país lleve una postura firme al respecto.

Pacto entre cancillerías

Por otra parte, se refirió a su reunión de ayer y señaló que es para esclarecer el caso de 12 jóvenes desaparecidos en la época de la dictadura de Alfredo Stroessner en aquella zona. Señaló que hay un compromiso entre ambas cancillerías para realizar las pesquisas necesarias.

El pueblo catalán que planea cultivar cannabis para reducir su deuda pública quiere hacerlo con consenso. Si el 75% de los vecinos no apoyan la medida, Rasquera tendrá que elegir nuevo alcalde.

Los mil vecinos de Rasquera (Tarragona) están divididos. Hace menos de un mes el ayuntamiento catalán cedió terrenos a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para plantar marihuana. Bernat Pellisa, el alcalde, pretende con esta iniciativa reducir la deuda municipal de 1,3 millones de euros.

Pero la polémica ha sido tan dura, incluso dentro del pueblo, que la alcaldía anunciaba ayer una consulta popular sobre el tema. ¿Está de acuerdo con que el Ayuntamiento de Rasquero se financie gracias al cultivo de siete hectáreas de cannabis cuyo producto será vendido a la ABCDA?

Si el 75% de los vecinos dice que sí, el pueblo seguirá adelante con sus planes. En caso de que la consulta resulte negativa, el gobierno local dimitirá en bloque. "No tenemos suficiente con un 51% de apoyo”, ha explicado Pellisa.

Si todo va según lo previsto y el gobierno local recibe la bendición de sus vecinos, el pueblo abastecerá a los 5.000 miembros de la asociación barcelonesa de fumadores. Y es que el alcalde no contempla otras vías de financiación.

El proyecto es “solvente económicamente y jurídicamente”, ha afirmado en varias ocasiones Pellisa, que ha planteado una estrategia de negocio seria. Los créditos que ofrecen desde La Moncloa para pagar a los proveedores no convencen al dirigente, que ha abandonado las listas de ERC para evitar que el tema se politice.

A la hora de votar, el cuerpo de gobierno quiere que se tenga en cuenta que además de reducir la deuda, se crearían 40 puestos de trabajo en el pueblo. Según los expertos, si es llevada a cabo con cuidado y vigilancia, la propuesta no sería inconstitucional. Pero Rasquera quiere cultivar marihuana sin dividir a sus vecinos.

El querer una sociedad sin drogas es perseguir una utopía.

Seguros de esta constatación, una comisión internacional de expertos, una ex ministra suiza que es integrante de ella y más recientemente dos juristas de la Universidad de Neuchâtel proponen un cambio de rumbo radical.

1961. Naciones Unidas ratifica el convenio único sobre estupefacientes. El texto preconiza un régimen mundial de prohibición, incluyendo por primera vez el hachís.

1971. El gobierno estadounidense de Richard Nixon declara su «guerra a las drogas» con la finalidad de conseguir por todos los medios –incluso el militar-, un mundo libre de estupefacientes.

40 años después, la guerra ha costado miles de millones de dólares y no se ha ganado. El mundo consume muchas drogas y el narcotráfico global (según cálculos del FMI) obtiene unos 400.000 millones de dólares que cada año van a los grupos mafiosos y a las organizaciones terroristas.

En términos de salud pública, seguridad y derechos humanos, el fracaso es rotundo. “Pensemos sencillamente en que la mitad de las condenas a muerte en el mundo son pronunciadas a causa de delitos por estupefacientes, a menudo menores, y que un tercio de las contaminaciones por el virus del sida (VIH) fuera del África subsahariana se debe al intercambio de jeringas”, señala Ruth Dreifuss, quien en los años 90 instauró la denominada Política Suiza de los Cuatro Pilares: prevención, terapia, reducción de riesgos y represión.

Primer manifiesto

La antigua ministra del Interior y también otrora presidenta de la Confederación Helvética milita actualmente en la Comisión Global de Políticas de Drogas, una «iniciativa ciudadana» nacida en América Latina, donde los estragos de las guerras del narcotráfico son terribles.

Junto con los ex presidentes Zedillo (México), Gaviria (Colombia) y Cardoso (Brasil), integran la comisión miembros tan ilustres como los escritores Carlos Fuentes y Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura; el antiguo secretario general de la ONU Kofi Annan, la ex Alta Comisaria para los Derechos Humanos Louise Arbour, el ex secretario de Estado estadounidense George Schultz, el ex ejecutivo de la Fed Paul Volcker o el fundador de Virgin Richard Branson.

En junio del 2011, la comisión presentó un informe que preconiza una apremiante “reforma fundamental de las políticasantidrogas en las escalas nacional e internacional”.

Se trata de poner fin a la criminalización de los consumidores y respetar los derechos de las personas implicadas en los niveles inferiores del narcotráfico (granjeros, pasadores, pequeños revendedores), promover los tratamientos con metadona y la prescripción médica de heroína, así como evitar los mensajes simplistas de “no a la droga” y las políticas de tolerancia cero para dar preferencia a los programas de información y prevención creíbles.

El grupo insta finalmente a que los gobiernos “estén seguros de que las convenciones internacionales son interpretadas o revisadas para dar una base legal sólida que permita la reducción de riesgos, la despenalización y la regulación legal”.

“No sé si el mundo está preparado para ese cambio de rumbo, pero sé que muchos dirigentes están conscientes de la necesidad de nuevos enfoques. El informe ha despertado mucho interés y a menudo somos solicitados”, explica Ruth Dreifuss, quien ha estado recientemente en la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en Viena, luego de su mediatizada aparición de enero pasado ante una comisión del Parlamento británico, acompañada por Richard Branson.

A favor de una legislación completa

En noviembre del 2011 surgió otro manifiesto. Bajo el título de Lucha contra la droga: ¿contradicciones asombrosas?. En 90 páginas bien documentadas dos doctorantes en derecho de la Universidad de Neuchâtel preconizan una legislación completa para todas las drogas ilícitas.

Ludvine Ferreira y Alain Barbezat parten también de la misma constatación: el fracaso completo de la guerra contra la droga. “La represión es ineficaz en Suiza como en otras partes, señala Barbezat. Para que una pena sea disuasiva debe ser aplicada de manera rápida, segura, e incluya cierta severidad, enseñan los estudios de Criminología. Ahora bien, los dos primeros puntos no suelen ser respetados y la severidad aplicada más allá de cierto nivel no aporta nada a la prevención de la criminalidad. Su efecto puede ser incluso perverso”.

Pero de ahí a legalizarla… Los dos juristas se dan cuenta de que la proposición es invendible en el contexto político actual. La permisividad ensayada por algunas políticas cantonales y municipales en los años 2000 es apenas un recuerdo y en el 2008, 63% de los electores se opuso a una iniciativa popular que pretendía despenalizar el hachís.

Hace dos semanas, el Consejo Nacional (diputados) del Parlamento de Suiza aprobó, sin embargo, que ya no se juzgue penalmente a los consumidores en posesión de 10 gramos o más de “estupefacientes con efectos de tipo hachís” y que la infracción se salde con el pago de una multa de 200 francos. El debate fue apasionante, la votación muy estrecha, y la proposición pasa ahora al Consejo de los Estados (senadores).

“Nuestro objetivo es también incomodar, hacer avanzar el debate, admite Ludivine Ferreira. Porque si prohibieran las proposiciones bajo el pretexto de que van disgustar, no avanzaríamos y tal vez seguiríamos con la pena de muerte en Suiza”.

No se trata de venderla en el supermercado

Los dos jóvenes juristas no proclaman, por tanto, una sociedad donde la droga se venda en los supermercados, sino de una política de sustento en la realidad.

Además, ellos creen que la política suiza de los cuatro pilares –cuyo enfoque trata a las drogas como una cuestión de la salud pública-, va en la buena dirección.

El problema, desde su punto de vista, es que dos tercios de los recursos destinados a la lucha contra los estupefacientes en Suiza van al pilar “represión”, que les parece ineficaz.

“Si se legaliza, esos medios irán a los otros pilares: prevención y tratamiento,. La legislación debe abarcar todo, porque sólo legalizar suena bonito, pero no sirve para nada”, precisa Ludvine Ferreira.

En cuanto al riesgo de ver una explosión del consumo, agitado por los opositores a cualquier flexibilización de la prohibición, los dos juristas no creen en tal extremo. Y no son los únicos.

“Hoy en día es relativamente fácil procurarse cualquier droga. No obstante, mucha gente no lo hace porque les retiene otras prohibiciones, además de la penal: lo negativo atrae, la prohibición moral, la consciencia de
los riesgos para la salud… Se tiene la imagen del severo Código Penal que nos vigila y que si desviase la mirada todos meterían los dedos en la mermelada. Pero eso es falso”, remarca Alain Barbezat.

Sobran hipocresías y prejuicios y se echa en falta un debate tranquilo y sustanciado en datos

En Rasquera, en la Ribera d'Ebre, parece que nunca se creyeron lo de los brotes verdes que pronosticaban algunos expertos hace un año y por eso han decidido hacer todo lo posible para que estos broten lo más literalmente posible. Me refiero a la decisión del Ayuntamiento de esta localidad de ceder siete hectáreas a la denominada Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) para que mantenga un cultivo de marihuana a cambio de un dinero que permitiría sanear un poco las arcas municipales. Mientras el Departament d'Interior de la Generalitat anuncia que hará las gestiones pertinentes ante la Fiscalía y el Departament de Justícia para determinar si esta iniciativa es legal, el equipo de gobierno local ha decidido impulsar un referéndum vinculante sobre el asunto.

Los ayuntamientos viven la crisis con una dureza singular, todo el mundo lo sabe y lo nota. Además de pedir ayuda a las otras administraciones, es admirable que los consistorios traten de inventarse proyectos para lograr recursos. En este contexto, hay que ser imaginativos, atrevidos incluso. ¿Por qué no marihuana, si hay una pequeña rendija legal? A los vecinos de Rasquera les puede gustar más o menos la idea, pero en este asunto –como en tantos– sobran hipocresías y prejuicios y se echa en falta un debate tranquilo y sustanciado en datos y no en meras impresiones.

Es vieja la controversia entre drogas consideradas legales e ilegales, como es evidente que no aplicamos la misma mirada a todas las sustancias de las que los adultos podemos hacer un uso moderado o exagerado. Si se tratara de plantar tabaco, es seguro que la gente de Rasquera no sería noticia, aunque nadie puede decir que desconoce que fumar un cigarrillo es un acto de riesgo bien documentado.

¿Por qué tiene que ser más complicado hablar de plantaciones de marihuana que de almacenes de residuos nucleares, de instalaciones para generar energía eólica o de grandes parques logísticos? El alcalde de Rasquera se ha buscado la vida, es su obligación y no es aceptable que se le ataque de manera visceral por explorar caminos nuevos. Hay quien se mueve para atraer a chinos que nos traigan una fábrica donde montar automóviles y hay quien tiene presentes a los que consumen marihuana, no todo tiene que ser Eurovegas (que según nos dicen no se llamará Eurovegas). Además, el uso terapéutico de la marihuana es una realidad que hace la vida un poco menos desagradable a muchos enfermos, un aspecto que merece muchísimo respeto.

¿En qué quedará todo esto? No lo sabemos. Pero la lección de Rasquera, cachondeos y polémicas aparte, es muy valiosa: es imprescindible moverse, romper esquemas y medir los límites para salir del hoyo. La plantación de marihuana es sólo una modesta metáfora contra el conformismo.

El proyecto del Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) de ceder suelo municipal a una asociación para plantar cannabis como salida desesperada a la crisis ha reabierto el cíclico debate sobre los beneficios económicos de la despenalización de la marihuana. Al mismo tiempo, el País Vasco se ha convertido en la primera Comunidad que plantea regular los clubes sociales de cannabis. Atlántica XXII ya dedicó una portada a las consecuencias económicas de la legalización de la marihuana. Un recorrido por el pasado, presente y futuro del cannabis que ahora destacamos.La actual prohibición de las drogas nace a principios del siglo pasado, cuando jerarcas de las grandes religiones se unen para lanzar una campaña contra las drogas, el sexo y el juego. El espíritu de origen fue el de una cruzada moral, nadie hizo una previsión de costes.

Muchas décadas después los resultados son desoladores: grandes costes, pocos resultados, sobrecarga de la estructura estatal, amplias redes mafiosas, corrupción al por mayor y daño al ciudadano que pierde derechos y, encima, pone la pasta.

Un negocio millonario

El gran crack de 1929 sumergió a la sociedad americana en la gran depresión. Para salir de la quiebra, Roosevelt lanza el New Deal. Nuevo contrato social con la ciudadanía. Una fuente de financiación del New Deal fue levantar la ley seca y despenalizar el alcohol, medida que devolvió al Estado los ingresos que se quedaban los grupos mafiosos dedicados a la bebida.

Las cifras mundiales del negocio de la droga superan las de muchas industrias. Naciones Unidas estima un volumen de unos 400.000 millones de dólares. El cannabis es la cosecha agrícola con mayor valor de Estados Unidos, unos 35.000 millones de dólares, más que el valor combinado de todo el trigo y el maíz que se produce en este país. Con tales datos, resulta lógico que, ante la quiebra de California, el ex gobernador Schwarzenegger propuso despenalizar la marihuana y cargarla de impuestos. Los partidarios de la despenalización calculan que la despenalización de la marihuana puede «aportar 1.500 millones de dólares de impuestos al consumo y arrojar otros mil millones en ahorros por gastos policiales y encarcelamientos».

España es un país muy similar a California, tanto por la ubicación geográfica en una zona climática parecida, como por la quiebra total del Estado. También superarían los 2.500 millones de euros los beneficios económicos de la despenalización: un mínimo de 1.500 millones de euros en impuestos y otros 1.000 millones en ahorro de gastos.

En el 2003, uno de los jerarcas del prohibicionismo español, el psiquiatra militar José Cabrera, concedió una entrevista a La Nueva España donde habló de los costes policiales de la prohibición: «A grandes rasgos, entre el Plan Nacional sobre Drogas y la suma de lo que gastan los planes autonómicos deben ser alrededor de unos 300 millones de euros al año. Eso sin contar el dinero que cuesta la lucha policial, juicios, estancias de presos en la cárcel, etc. Por ejemplo, hay 50.000 presos en las cárceles españolas de los cuales la mitad están por delitos de narcotráfico. Un preso le cuesta al ciudadano español 2.500 euros al mes, redondeando, unos 30.000 euros al año, multiplicas 25.000 presos por 30.000 euros y te salen 750 millones de euros al año, lo que cuesta tener a la gente en la cárcel, y a eso súmale el dinero de la policía». Estos costes que cita Cabrera vendrían a suponer unos 1.000 millones de euros anuales, sin tener en cuenta los costes de policía, jueces y resto del sistema.

Por otra parte, habría que sumar los impuestos directos e indirectos que se generarían. Sólo por los impuestos especiales que cobra sobre el tabaco, el Gobierno recibe 10.000 millones de euros, por lo que una previsión de 1.500 millones de euros por los impuestos del cannabis, resulta hasta roñosa. A ello habría que sumar los puestos de trabajo que se generarían en todos los sectores, lo que aumentaría los impuestos pagados por las personas físicas y las cotizaciones a la Seguridad Social, además de los beneficios de las empresas que se dediquen a cultivar, manufacturar y vender cannabis. Desde el deprimido campo, al ahogado sector turístico.

Seguridad, 11 M, salud y niños

Aunque se pretenda ciencia, la moralina totalitaria es el elemento fundamental y fundante de la prohibición. En España, por ejemplo, los presuntos vendedores de droga son acusados penalmente por causar daño a la «salud pública», mientras que los que consumen o portan en público son multados por atentar contra la «seguridad ciudadana». En realidad, estos crímenes no son daños reales y mensurables, sino más bien late la acusación de corromper el «orden social», antes formulada contra rojos, homosexuales, judíos o masones.
Sobre la «salud pública» pesan numerosos peligros. Según la Organización Mundial de la Salud la contaminación es la mayor causa de muerte de los niños. Alrededor de un tercio de las enfermedades que sufren viene de la contaminación de agua y aire, sustancias tóxicas en los alimentos, plomo en los suelos y otras contaminaciones ambientales. Aparecen antibióticos en la miel. Fábricas hacen vertidos ilegales a los ríos. Intereses inmobiliarios queman montes y destrozan costas. Desastres ecológicos como Doñana o el Prestige. Por estos desmanes casi no hay personas encarceladas en España, en cambio los narcotraficantes constituyen la mitad de la población reclusa. La contaminación generalizada de aire, agua, tierra y alimentos resulta muy difícil de evitar, escapar al daño de un porro es mucho más sencillo.

Tampoco la medida protege la salud de los usuarios de drogas, ya que en el mercado negro abundan la adulteración y el engaño. Aparte de la ansiedad que genera comprar, usar y transportar un material prohibido. Por este hábito decenas de miles de ciudadanos son multados cada año, tras cacheos ilegales, en los que se conculcan derechos fundamentales, a la intimidad, al honor o a la propia imagen. Todo para ponerles una multilla.

La seguridad ciudadana también sale muy perjudicada. Cuando se intensifica la política de represión, quedan fuera del mercado los pequeños productores y distribuidores, a la vez que aumenta el precio, por lo que los jugosos beneficios atraen a mafias que no vacilan en usar la violencia y la corrupción. En el foro cannabiscafe.net hay un apartado donde aparecen noticias sobre drogas y corrupción institucional, sólo leer los titulares mete miedo. Policías que encabezan bandas de traficantes o que son detenidos por robar la droga de las comisarías para revenderla, militares y guardias civiles dedicados al transporte de miles de kilos de hachís, una ex concejal popular del área de guarderías en Oviedo acusada de tráfico de cocaína. Personal diplomático, servicios secretos, banqueros o empresarios, la lista de implicados es larga.

Las investigaciones del 11 M dicen que el dinero para financiar el atentado salió del tráfico de hachís marroquí, cosa que nunca hubiera sucedido si se despenalizara en España el cultivo de cannabis. También sabemos que, en 2001, Toro y Trashorras fueron detenidos en la operación Pipol, en la que, además de cocaína y hachís, se les incautó dinamita y detonadores. A pesar de ello siguieron operando en total libertad. Trashorras era confidente del inspector jefe de la estupefacientes de Avilés, Manuel García Rodríguez, «Manolón». Al parecer era más urgente encarcelar a los camellitos que delataba Trashorras, que investigar una trama de venta de explosivos. En aquellos días, la delegada del gobierno era Mercedes Fernández, la actal candidata del Partido Popular a la Presidencia de Asturias. Años después, las cosas siguen igual en Asturias. El club Horóscopo, tan frecuentado por Toro y Trashorras, se anuncia por la radio como «Horóscopo, el de siempre, donde siempre». Mientras tanto, el delegado del Gobierno, Antonio Trevín, se dedica a lanzar a la Guardia Civil contra los jóvenes, con abundantes controles antidroga en fiestas de electrónica, el descenso del Sella, las carreteras de Pajares y San Isidro, la subida al Fitu, acceso a playas o las entradas a Asturias. Los perros que huelen cannabis son incapaces de detectar dinamita, por lo que todos los recursos dedicados a estos controles antiporros se apartan de la investigación de crímenes que sí amenazan la seguridad ciudadana.

Los prohibicionistas aseguran tener gran interés en defender a los niños. En todo caso será un interés hipócrita por instrumentalizarlos, ya que el efecto de lo prohibido aumenta el consumo entre los adolescentes. Los datos del Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanias señalan que España aventaja por mucho a Holanda en porcentaje de población que usa el cannabis, a pesar de que en España la represión es mucho mayor. Este organismo de la Unión Europea publica estadísticas comparativas entre diferentes países. España duplica a Holanda en número de consumidores en todas las franjas de edad, tanto en la referencia general de población adulta, como en las comprendidas entre 15 y 34 años o el tramo entre 15 y 24 años.

Atención a California

En noviembre California, un lugar donde funcionan centenares de clubs que ofrecen cannabis a sus socios, debatirá otra vez la iniciativa sobre la legalización de la marihuana que en 2010 perdió por una margen de un 8%. El Estado se halla en quiebra total, la prohibición resulta cara de mantener y los réditos en impuestos parecen generosos. La estructura comercial ya existe, sólo hay que despenalizarla y aplicarle tasas. En España, la situación económica, social, económica o climática es muy semejante. La burbuja inmobiliaria explotó tras la californiana, por lo que la quiebra española llegará después. También en España hay clubs de cultivadores que abastecen a sus socios; son pocos, pero crecerán. En pocos años, llegaremos a una situación a la californiana. Será momento de elegir entre las promesas del paraíso libre de drogas o los 2.500 millones de euros al contado.

El juez argumenta que las 62 plantas eran para el autoconsumo del acusado

Convocada un 'ágora cannábica' el jueves y el viernes para aclarar las dudas de los vecinos

La Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA) se ha mostrado dispuesta a esperar el pronunciamiento de las autoridades para iniciar el proceso de plantación de marihuana en una finca de 7 hectáreas del banco de tierras municipal de Rasquera (Ribera d'Ebre). "Si es necesario y conveniente esperar a que se pronuncie quien corresponda, esperaremos. No haremos nada para precipitar las cosas", ha declarado Marta Suárez, portavoz de la entidad.

"Lo que no haremos es dar marcha atrás. Confiamos en las bases del proyecto y estamos muy tranquilos", añadió la portavoz de la entidad de autoconsumo, que cuenta con 5.000 socios.

'Ágora' y asamblea

Este jueves y el viernes se celebra en Rasquera un ágora cannábica con la intención de aclarar a los vecinos las dudas que les suscite el proyecto, cara a la asamblea popular convocada por el alcalde, Bernat Pellisa (ERC), el próximo 10 de abril. Entonces será cuando los rasqueranos deberán decidir sobre la continuidad del proyecto, que requerirá una mayoría del 75%.

El acuerdo municipal del pasado 29 de febrero, por el que el consistorio cede la finca y autoriza la plantación a cambio de 1,3 millones de euros en dos años, es observado con lupa por la fiscalía, la Abogacía del Estado y la Delegación del Gobierno, y ha sido duramente criticado por el delegado del Ejecutivo para el Plan Nacional sobre Drogas, Francisco de Asís Babín.

En cambio, sus impulsores manejan otras varias opiniones jurídicas favorables , que apelan al derecho a plantar para consumo propio. Pellisa viajó el pasado fin de semana a Holanda para presentar dichos informes jurídicos a varios especialistas.

No hay que tener una bola de cristal para predecir que la legalización de la marihuana está a la vuelta de la esquina y que todo indica que será en California donde primero suceda

Antes de venir a México, el vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, adoptó una posición más flexible que Janet Napolitano, secretaria de Seguridad Nacional.

Ante la pregunta de si Estados Unidos se sumaría a un debate hemisférico, como el que está proponiendo el presidente de Guatemala, sobre el fin de la prohibición de las drogas, Biden respondió:

"Si bien hemos dejado claro que la Administración del Presidente Obama no apoya la legalización o la descriminalización de las drogas, damos la bienvenida a la oportunidad de discutir el tema..." (Reforma, 4/III/12).

El debate sobre la legalización de las drogas, al menos de la marihuana, no es nuevo en Estados Unidos. La Proposición 19, que se votó en California el 2 de noviembre de 2010, planteaba la legalización del consumo recreativo de la marihuana.

Y si bien es cierto que los electores rechazaron tal posibilidad por un margen considerable: 54 por ciento vs. 46 por ciento, la propuesta no está muerta y es probable que quienes la promovieron lo vuelvan a intentar en la elección de este año.

Pero el dato más interesante está en la encuesta nacional que publicó Gallup a finales de 2011: 50 por ciento de los estadounidenses están a favor de la legalización de la marihuana vs. 46 por ciento que considera que debe mantenerse ilegal.

Esta es la primera ocasión que la mayoría se pronuncia a favor de la legalización. El cambio en la percepción a lo largo de 40 años no podría haber sido más profundo. La primera medición de Gallup data de 1970 con 84 por ciento en contra y 12 por ciento a favor de la legalización.

Y todavía en 2006, la gran mayoría (60 por ciento) estaba en contra y sólo el 36 por ciento a favor. Esto significa que en un lapso de seis años se produjo un giro radical.

Estos cambios están, sin duda, asociados a factores generacionales. Las cifras son evidentes por sí mismas: el 62 por ciento de los jóvenes entre 18 y 29 años están a favor; entre 30 y 49 años aprueba el 56 por ciento; entre 50 y 64 años aprueba el 49 por ciento; con los mayores de 65 años la cifra de aprobación se reduce al 31 por ciento (Gallup, 2011).

Esto significa, en buen castellano, que estamos ante una tendencia irreversible. A lo que hay que agregar un factor adicional. La encuesta de Gallup 2010 encontró que el 70 por ciento de los estadounidenses están a favor de que los médicos receten la marihuana para aliviar el dolor y el sufrimiento.

Esto explica por qué la marihuana está legalizada con fines terapéuticos en 16 estados y el Distrito de Columbia. Y permite predecir que esa tendencia se acentuará rápidamente. De hecho, leyes similares se encuentran en estudio en otros 10 estados.

Ahora bien, como mucho se ha repetido, el uso con fines terapéuticos puede llegar a ser tan laxo como la prescripción de la marihuana para combatir el insomnio o la ansiedad.

El cambio que esto ha implicado en la producción, distribución y comercialización de la cannabis en Estados Unidos está ampliamente documentado. La revista Gatopardo publicó en 2008 un reportaje, muy ilustrativo, de David Samuels sobre la forma en que se cultiva y comercia la marihuana en California (http://info.upc.edu.pe/hemeroteca/tablas/actualidad/gatopardo/gatopardo94.htm).

Y como emblema de los nuevos tiempos está la foto y el reportaje sobre Paul Stanford, un magnate de 50 años, que goza retratándose en sus plantíos de marihuana y cuyos ingresos ascendieron entre 2009 y 2010 a 10 millones de dólares (La Razón, 3/I/12).

Curiosamente, pero por muy buenas razones, entre los opositores a la Proposición 19 -que se votó en California- se contaban justamente quienes se dedican al cultivo y venta de marihuana con fines medicinales. La razón es fácil de entender: perderían el monopolio de la distribución y venta de la cannabis.

No hay que tener, en consecuencia, una bola de cristal para predecir que la legalización de la marihuana está, prácticamente, a la vuelta de la esquina y que todo indica que será en California donde primero suceda.

Pero independientemente de eso, el cambio que está ocurriendo en Estados Unidos es una realidad. Para fines prácticos, la legalización terapéutica ha puesto la marihuana al alcance de millones de estadounidenses.

Por eso la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, presidida por Hamid Ghodse, un hombre de 74 años que es un verdadero cruzado contra las drogas, ha conminado al gobierno federal para que actúe aplicando la ley.

Y de hecho no le falta razón. Estados Unidos suscribió los acuerdos de la ONU y en ellos se establece la prohibición de la producción y consumo de la marihuana. De forma tal, el gobierno de Washington debería aplicar la ley independientemente de lo que hayan aprobado 16 estados y el Distrito de Columbia en sus legislaciones interiores.

Pero el hecho de que no ocurra así, y de que no haya probabilidades de que vaya a ocurrir, muestra, por sí solo, que el proceso de legalización de la marihuana es imparable.

Y permite pronosticar que ante el hecho consumado de la legalización de la cannabis para fines recreativos en un estado como California, la Casa Blanca no tendría otra opción que cruzarse de brazos.

Este contexto favorece, aunque no simplifica, la propuesta del presidente Otto Pérez Molina de abrir un debate hemisférico sobre la legalización de las drogas.

La urgencia y las razones en América Latina son distintas a las de Estados Unidos. Pero el cambio está en marcha y es el momento de montarse en la ola.

Washington no puede exigirle a América Latina lo que no práctica en casa.

A pesar de su estruendoso fracaso, la "guerra contra las drogas" sigue vigente. Si bien su espacio preferencial de despliegue ha sido la periferia -uno de cuyos epicentros es América latina-, su manifestación es global. La draconiana legislación federal en Estados Unidos, la cantidad (la mayor de Occidente) de personas encarceladas en ese país por delitos vinculados al negocio de las sustancias psicoactivas ilícitas, el hincapié de Washington en políticas de combate interno contra las drogas centrado en la reducción de la oferta, la limitación de derechos civiles por motivo de una cruzada antinarcóticos doméstica muestran que la dinámica "guerrera" contra las drogas no se ha circunscripto al Sur.

El vigor de la cruzada ha estado presente en distintos continentes con diferentes tradiciones institucionales, políticas y culturales. Por ejemplo, durante el mandato del conservador primer ministro John W. Howard (1996-2007), Australia conoció la política de Tough on Drugs (Duro con las drogas) modificando la de reducción de daños que había imperado durante años. En 2003, Rusia lanzó su propia cruzada antinarcóticos, que en 2011 adquirió la denominación de "guerra total contra las drogas", en la que los traficantes son definidos como "asesinos seriales".

Varias naciones de Africa Occidental, afectadas por el tránsito de cocaína de América latina a Europa, así como por el consumo de drogas y el avance de bandas criminales, han emprendido su versión de la "guerra contra las drogas". Suecia se ha caracterizado por sostener activas posturas de "mano dura" en la materia, tanto internamente como en foros internacionales. En 2000, los países de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (Asean), conformada por Brunei, Camboya, Filipinas, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto con China iniciaron el Accord ( Asean and China Cooperation Operations to Response to Dangerous Drugs ) con el propósito de tener una Asean y una China "libres de drogas" en 2015, propósito inalcanzable. El 15 de abril de 2005, el Comité Central del Partido Comunista de China -con la presencia del presidente Hu Jintao- emprendió la People's War on Drugs (guerra popular contra las drogas). Cabe agregar que existen 32 jurisdicciones que tienen la pena de muerte para esos delitos; 13 de ellos con sentencias obligatorias de pena de muerte. De acuerdo con la International Harm Reduction Association, Irán ejecutó por lo menos 96 personas en 2008; 172, en 2009, y aproximadamente 590, en 2010.

En la "guerra contra las drogas" prevalece la decisión política -burocrática, electoral o ideológica- de continuar el curso de acción trazado a pesar de los fracasos y frustraciones. Si se conciben paliativos -por ejemplo, algo de desarrollo rural alternativo junto a la erradicación forzada de cultivos- es, primordialmente, para hacer más eficaz la tarea punitiva y, en segundo término, para contener el rechazo social que produce la coerción. En síntesis, el mensaje es que la "guerra contra las drogas" no se puede ni se debe detener.

Ahora bien, para los países de la periferia -en especial para América latina- la encrucijada estratégica derivada de la "guerra contra las drogas" es dramática.

Primero, con convicción o por conveniencia, en un momento histórico dado los gobiernos de la región aceptaron la "guerra a las drogas"; segundo, las respectivas sociedades, por desconfianza (hacia el Estado) o complacencia (frente a los cuantiosos dividendos del narcotráfico) o pavor (ante las confrontaciones entre aparatos militares oficiales y parainstitucionales), no les otorgan suficiente respaldo ni esperanza a las políticas públicas antidrogas; tercero, independiente de lo anterior Estados Unidos (principalmente) y la Unión Europea (recientemente) han ido identificado el fenómeno de las drogas como un problema de seguridad asociado a la criminalidad organizada y al terrorismo transnacional. En consecuencia, si los Estados periféricos abdican, son estigmatizados como desertores de dos "guerras" (contra las drogas y contra el terrorismo); por esta razón, se ven obligados a persistir en esa cruzada, pero con menor apoyo ciudadano, mayor ilegitimidad doméstica y más exigencia externa. Así, la "guerra contra las drogas" se perpetúa: en verdad, la encrucijada parece ser una trampa de la cual sería muy difícil salir.

Sin embargo, la fatiga, el empuje, el realismo y la convicción de muchos frente a una fútil cruzada han ido generando un cierto clima mundial y continental para reevaluar el alcance de la "guerra contra las drogas". Así, los principales centros de investigación y los expertos más reputados reclaman estudios basados en evidencia sobre los resultados de la lucha contra los narcóticos. Organizaciones tales como la International Drug Policy Consortium, el European Coalition for Fair and Effective Drug Policies, el TNI (Transnational Institute)/WOLA (Washington Office on Latin America) Drug Law Reform Project, el Asian Harm Reduction Network, la Menahra (Middle East and North Africa Harm Reduction Association), el Centre for Research and Information on Substance Abuse (localizado en Nigeria), y la DPA (Drug Policy Alliance) y la CSDP (Common Sense for Drug Policy) ubicados en Estados Unidos han venido demandando un debate más franco y frontal sobre los costos y desventajas de una guerra sin futuro.

En algunos casos, se observan avances y logros en un sendero menos punitivo. Por ejemplo, en Estados Unidos, iniciativas refrendadas localmente a través del voto y leyes aprobadas por los legislativos estaduales han avalado el uso de la marihuana para fines medicinales y han conducido a reformas en el tratamiento (menos encarcelamiento y más rehabilitación) de los consumidores. En Europa, la descriminalización de las drogas emprendida por Portugal en 2001 no produjo el auge del uso de drogas o un incremento de la criminalidad organizada. En la India, el establecimiento de ciertas áreas para el cultivo legal de amapola ha mostrado que la regulación en vez de la prohibición puede funcionar adecuadamente.

Pero ha sido en América latina donde se observan los mayores cambios y quizás el fenómeno de más alto impacto respecto a la "guerra contra las drogas". Por una parte, decisiones en el ámbito judicial o legislativo han reflejado un espíritu menos prohibicionista, al tiempo que países como México tienen programas de intercambio de jeringas descartables y de terapia sustitutiva en el caso de opiáceos, mientras todos los miembros de Mercosur tienen el segundo tipo de programas, y Colombia, el primero.

Por otra parte, ha crecido en cantidad y calidad la polémica política que cuestiona la estrategia vigente en materia de lucha antinarcóticos. En 2008, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, propuso la legalización de las drogas. En 2009, el presidente de Bolivia, Evo Morales, pidió la despenalización de la hoja de coca. En ese año, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, creada por los ex presidentes César Gaviria, Fernando Henrique Cardoso y Ernesto Zedillo y compuesta por 17 personalidades, concluyó que la "guerra contra las drogas" ha sido una "guerra perdida", con nocivos efectos para toda la región. En 2012, tanto el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como el de Guatemala, Otto Pérez, han expresado la importancia de abrir un debate profundo sobre la despenalización y la legalización de las drogas.

En varios gobiernos de América latina se observó un mayor interés para que la VI Cumbre de las Américas, por celebrarse el mes próximo en Colombia, abordase el tema: Washington, a regañadientes, aceptó la discusión, pero para expresar que "no es la manera de enfrentar el problema", según palabras del subsecretario de Estado para Asuntos Públicos, Michael Hammer.

Recientemente, y a raíz de la concreción del Consejo Suramericano sobre el Problema Mundial de las Drogas, en el marco de la Unasur (Unión de las Naciones Suramericanas), se anunció que en el cónclave de mayo próximo en Cartagena los ministros sudamericanos conversarán sobre el estado de la lucha contra las drogas y las opciones alternativas para afrontar el asunto.

En resumen, una ventana de oportunidad parece abrirse en el horizonte de las relaciones continentales. La "guerra contra las drogas" no ha tenido ni va a tener, éxito alguno. Es momento de iniciar su desmantelamiento.

La iniciativa del Ayuntamiento de Rasquera de alquilar sus terrenos como plantación de marihuana ha activado de nuevo el debate sobre su legalización. Sin embargo, el uso terapéutico de esta planta es aún un gran desconocido

Eureka. Probablemente eso fue lo que pensaron los autores del proyecto que el Ayuntamiento de Rasquera presentó hace apenas una semana. Este pequeño pueblo de Tarragona, ahogado por las deudas, ha decidido ceder siete hectáreas de su terreno para una plantación de cannabis. El medio: un convenio con la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA). El fin: los casi 55.000 euros mensuales que percibirá el Consistorio a lo largo de dos años, así como la creación de decenas de puestos de trabajo.

Los más de 5.000 miembros que integran la ABCDA participarán de esa plantación que, según reza en el convenio –no exento de polémica e impugnaciones-, estará dedicada al autoconsumo con “fines lúdicos o terapéuticos”. En cualquier caso, no podría ser de otra manera. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel el cultivo o tráfico de esta planta. Sólo se permite cuando es de ‘uso compartido’ y cumple determinados requisitos. Pero el interés es tal, que el propio Ayuntamiento  ha insistido en que los beneficios no sólo se destinarán a pagar deudas sino que también pondrán en marcha proyectos de investigación sobre el cannabis terapéutico.

En los últimos años el uso de la marihuana ha dado nuevos pasos para convertirse en una realidad en las consultas médicas. Sin embargo, aún son muchas las dudas que rodean al cannabis como medicina. ¿De qué manera ayuda a los enfermos? ¿Cuáles son las patologías para las que está indicado? ¿Está contemplado por la legislación española?

Fue en 2010 cuando en España se autorizó por primera vez la venta de un fármaco derivado del cannabis. Se trata del ‘Sativex’, un preparado indicado a enfermos de esclerosis múltiple que sufren de espasticidad o rigidez muscular y que no responden bien a otros medicamentos. Hoy en día, más del 70 por ciento de los pacientes de esclerosis padecen de una rigidez que genera  graves problemas de movilidad.

Se dice que las propiedades curativas de esta planta son milenarias. Según la Asociación Cannabis Información Española, la marihuana posee un “valor analgésico y antinflamatorio” y es capaz de reducir síntomas derivados de enfermedades que están a la orden del día como el cáncer o la anorexia.

Pero, ¿qué contiene el cannabis para paliar estas enfermedades? Según un estudio publicado en la revista de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria, la clave está en el THC, es decir, el principal ingrediente psicoactivo de la planta. Sin embargo, el estudio insiste afirma que fumar marihuana “está lejos de considerarse una buena terapia”.

Investigación

Son muchos los enfermos que ven en esta planta una manera de reducir las consecuencias de su patología. Y es que diversos estudios clínicos han demostrado que la marihuana tiene propiedades analgésicas contra el dolor crónico y también resulta positiva en trastornos como la anorexia ya que estimula el apetito. En base a estos argumentos médicos, la Asociación Internacional por el Cannabis como Medicamento percibe la marihuana como una posibilidad terapeútica más. Tanto es así que hoy en día son cada vez más las instituciones y universidades que promueven su estudio. Un ejemplo de ello es el trabajo de investigación encabezado por la Universidad Complutense de Madrid en el que se sugiere que la combinación del THC propio de la marihuana y un fármaco antitumoral podría reducir los tumores cerebrales.

El cannabis muestra su doble cara. Es la droga ilegal más consumida en España y la que se percibe con mayor cotidianeidad y al mismo tiempo puede ser una fuente medicinal.  Esta contradicción en la que navega ha frenado la investigación científica en muchas ocasiones. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿debe ser el uso médico del cannabis una opción?

Evitar el mercado negro es uno de los objetivos principales del movimiento asociativo surgido en relación al cannabis, cuya reivindicación principal es terminar con la inseguridad jurídica existente sobre su actividad. Así lo afirma Valentín Bermúdez, presidente de Maritxu, asociación donostiarra de usuarios y estudios del Cañamo en declaraciones a San Sebastián Digital.

Para ello, considera necesario el establecimiento de un protocolo de actuación por parte de la administración, de manera que los departamentos de Sanidad y de Interior tengan conocimiento de la ubicación y número de las plantaciones de las asociaciones y su actividad sea regulada.

Bermúdez se muestra esperanzado de que en Euskadi esto pueda ser una realidad y, en este sentido, califica de positiva la decisión del Parlamento vasco de solicitar una ponencia que estudie la regulación de los Clubes Sociales de Cannabis. Se trata de un acuerdo alcanzado tras años de reuniones y trabajo de las asociaciones de usuarios de marihuana, tanto con la dirección de Drogodependencias del Gobierno vasco, como con los grupos parlamentarios. “Hemos avanzado mucho y puede ser un ejemplo a nivel mundial”, destaca.

Maritxu nació en mayo de 2009 cuando un grupo de personas, mayores de edad y consumidoras de cannabis, -unas por motivos lúdicos y otras por terapéuticos-, decidieron constituirse como asociación. Actualmente, cuenta con 350 socios y, de momento, no admite más. Estos firman un contrato de cultivo, es decir, de previsión de consumo para los próximos seis meses, en el que cada usuario pide la cantidad de marihuana que quiere. El límite son 360 gramos, lo que equivale a unos dos gramos al día, para garantizar un consumo responsable.

En base a las cantidades solicitadas, se cultiva en un terreno alquilado por la propia asociación, y, una vez realizado este trabajo, se cosecha, se seca y después se realiza el reparto a los socios en la sede social de Maritxu.

“No fomentamos el consumo”

“Nosotros ni fomentamos ni hacemos apología del consumo. De hecho, partimos de gente que lo consume y siempre recomendamos que se haga de forma moderada”, asegura el presidente de Maritxu, quien subraya que, por supuesto, los menores de edad no pueden participar en la asociación.

Donostia cuenta con unos siete clubes de usuarios de cannabis, que agrupan entre 1.000 y 2.000 socios. El consumo de cannabis no está penado en el Estado español desde 1974, aunque pueden establecerse sanciones administrativas si alguien lo consume o porta en lugares públicos. Lo que sí está penalizado es su tráfico.

En 1997, en varios fallos, el Tribunal Supremo absolvió a varias asociaciones de cultivo colectivo, entre ellas, a Kalamudia. “A raíz de ahí se inicia un movimiento asociativo, que, entre otras cosas, evita el mercado negro, que crea inseguridad y delincuencia”, dice Bermúdez.

“Nosotros realizamos un control de lo que plantamos desde el punto de vista sanitario, sabemos lo que fumamos, abaratamos costes, creamos puestos de trabajo y pagamos impuestos (retenciones, IVA, seguridad social..)”, añade.

De hecho, Maritxu es una asociación sin ánimo de lucro en la que trabajan cinco personas, todas ellas socias, además de los contratos temporales que se realizan cuando hay cosecha.

En el caso de los usuarios con finalidad paliativa, en Maritxu siguen el criterio de la IACM (http://www.cannabis-med.org), que establece la marihuana como medicamento de primera elección para el tratamiento de ciertos síntomas. En base a esta información y a los informes médicos que presentan estas personas, se valora la posibilidad de que accedan como socios terapéuticos. Asimismo, reciben una charla informativa sobre la asociación y sobre diferentes vías de consumo y reducción de riesgos.

El tema se va a tomar la Cumbre de las Américas, que se realizará en Cartagena en abril.

El fracaso de la 'guerra contra las drogas' inspirada hace 40 años por el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, basada en el 'prohibicionismo', y el creciente número de voces que reclaman un timonazo en esa política parecen haber presionado la decisión de la administración Obama de ir a la Cumbre de las Américas, en Cartagena, dispuesta a abordar el tema.

El debate se precipitó los últimos días, luego de que EE. UU. admitió estar dispuesto a "discutir" el asunto, aunque advirtió que su política antidrogas es "clara" y que se opondrá a la legalización.

Este viernes, temprano, el presidente Juan Manuel Santos, en entrevista con La W, celebró el pronunciamiento de Washington. "Hay países que están siendo consumidos por los carteles de la droga, por el crimen organizado, por el narcotráfico. En ese sentido, esa discusión es bienvenida. Colombia, y yo personalmente, hemos puesto el tema sobre la mesa, porque si hay un país que ha sufrido el flagelo del narcotráfico y ha puesto más sangre que cualquier otro ha sido el nuestro", dijo Santos.

El giro en la postura estadounidense, que sorprendió incluso a estudiosos del tema, parece tener diferentes orígenes. De un lado hay quienes creen que la presión de algunos países latinoamericanos, en el sentido de que el 'prohibicionismo' no es el camino, habría llevado a Obama a aceptar la "discusión".

"Creo que hay un cambio leve de Washington, que comienza a ver que los latinoamericanos están formando un bloque y que es muy difícil oponerse a todo", afirma Alejandro Gaviria, decano de Economía de la Universidad de los Andes y autor de varios textos sobre el tema. (Así se ve y analiza la legalización de la droga en Washington)

Para el ex canciller Julio Londoño Paredes, la explicación es que "la actual estrategia de drogas ha fracasado". Y hay cifras para respaldar esta afirmación: en las cárceles estadounidenses hay 500 mil presos por delitos relacionados con las drogas, diez veces más que cuando comenzó la estrategia, y cada uno de ellos les cuesta 450.000 dólares anuales a los contribuyentes.

Augusto Pérez, director de la Fundación Nuevos Rumbos, que trabaja en prevención de consumo de drogas, atribuye el giro estadounidense a que el "fracaso" de la lucha "se filtró" entre su población y hubo que ceder.

El expresidente colombiano César Gaviria, vocero de un grupo de líderes del mundo que han levantado sus voces en contra del prohibicionismo, aseguró que se ha llegado a este punto por la "incapacidad" de la dirigencia de Estados Unidos.

Un primer gran paso

Aunque Estados Unidos se empeñe en advertir que asistirá en Cartagena a la apertura de la "discusión" sobre la legalización de la droga para decir que se opone a ella, lo que es cierto es que se trata de un primer gran paso en el debate global sobre el tema, pues es la primera vez que la gran potencia admite sentarse a la mesa para hablar del asunto.

También hay que decir que, si bien es cierto que el debate se ha abierto, no es dable asegurar cuánto tiempo tomará llegar a una conclusión. Es más, hasta los más optimistas creen que será un camino muy largo el que queda por recorrer.

Para llevar el debate a niveles de definición formal habrá que llegar hasta las Naciones Unidas, instancia que también se resiste a dar esa discusión.

La canciller colombiana, María Ángela Holguín, en entrevista con EL TIEMPO en octubre de 2010, contempló la posibilidad de que el tema fuera conocido por el Consejo de Seguridad de la ONU. "Será muy importante que el tema de las drogas, que es tan complejo, lo pudiéramos llevar a una discusión global, como un problema de salud y una problemática de países de tránsito", dijo.

Es probable que algunos mandatarios latinoamericanos sorprendan en la Cumbre de las Américas con esta propuesta. De hecho, este 24 de marzo los gobernantes de los países centroamericanos se reunirán para definir la manera como el tema será llevado a la reunión de Cartagena. En ese sentido, el presidente Porfirio Lobo, de Honduras, llamó a su colega, Juan Manuel Santos, a mediados de la semana pasada, para pedirle en nombre de sus compañeros que incluya el tema en la agenda de la cumbre hemisférica de abril próximo.

En la decisión de EE. UU. también parece pesar una realidad interna, pues es sabido que en muchos estados hay dispensadores públicos para la distribución de marihuana, por no hablar del intento fallido que el estado de California hizo a finales de 2010 para legalizar la producción y el consumo de esa hierba. Y ni qué decir del ostensible incremento de drogas sintéticas que se venden de manera legal entre los más jóvenes de ese país.

El debate ha comenzado. Los 34 mandatarios del hemisferio convocados a Cartagena para plantear soluciones sobre seguridad, infraestructura, pobreza y cooperación tecnológica tendrán que ocuparse de un tema que no estaba en sus agendas: la legalización de las drogas.

'Hay una serie de ideas': Santos

El presidente Santos confirmó ayer en Leticia que de la reunión que tuvo el viernes con los exmandatarios Fernando Cardoso (Brasil), Felipe González (España) y Ricardo Lagos (Chile) surgió "una serie de ideas" sobre la necesidad de revisar la política mundial de lucha contra el narcotráfico. "Discutamos si lo que vamos haciendo es lo máximo que podemos hacer, si estamos logrando los resultados que todos queremos o si hay alternativas para que el resultado final sea el mejor posible para la humanidad", dijo el Jefe del Estado.

ONU se opone; Unión Europea tiene reservas
'La legalización no es una opción': Jife

El presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife) de la ONU, el iraní Hamid Ghodse, afirmó a finales del mes pasado que "la legalización no es una opción".

Según el, muchos argumentos en favor de ella pasan por alto la complejidad del problema. "Si nos fijamos en drogas legales, como el tabaco y el alcohol, no solo matan cada año entre 10 y 15 veces más que las drogas ilícitas, sino que también el delito relacionado con su tráfico no ha desaparecido", argumentó antes de concluir que "es difícil imaginar una opción que sea mejor que el actual régimen".

La Unión Europea (UE) también ha expresado reservas. Marianne Van Steen, delegada de la UE en Perú -el país con la segunda mayor área dedicada al cultivo de coca, después de Colombia- opinó que "si algunos quieren plantear este tema en una discusión seria, tendrían que hacerlo en Naciones Unidas". Para la funcionaria, "todos los debates son bienvenidos, pero para nosotros está claro que tenemos compromisos internacionales (en la lucha antinarcóticos)".

Mientras en Tarragona se cuestiona la legalidad del cultivo del cannabis sátiva, del que se extrae la marihuana, en la Alpujarra se habla de los beneficios de una planta milenaria que procede de la misma familia.

"Aquí me siento en familia. Más que un club de fumadores, esto es un club social", dice Javi mientras se prepara otro porro flanqueado por dos chicos que también andan liando hierba. Javi y sus compañeros de cannabis fuman, beben Coca-Cola y echan una partida de parchís. Están sentados en un sofá azul en forma de u invertida que está abarrotado. Las paredes del diminuto local están salpicadas de ilustraciones de la planta de la marihuana. Suena una música tranquila y se respira un ambiente agradable, más por la actitud divertida de los socios que por el aire, cargado de humo e irrespirable para el foráneo.

El refugio de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo, en el barrio marítimo de la Barceloneta, está a tope un viernes por la tarde. Un trabajador controla las entradas constantes de gente que viene a buscar su bolsa de marihuana. Algunos, como Javi y sus colegas, fuman allí mismo mientras charlan y ríen. Otros prefieren pagar —a 20 euros los tres gramos de cannabis— y llevársela a otro lugar. Lo hacen siempre con la máxima precaución porque los Mossos d’Esquadra andan al acecho. “A veces esperan fuera para pillarte la bolsa y que pagues una multa. Por eso hay que llevar la marihuana en un lugar íntimo”, tercia Ecila, que se arremolina también junto al sofá.

La consigna para los más de 5.000 socios que la entidad ha aglutinado en dos años de vida es clara: mejor llevar la bolsa entre la ropa interior y la piel. “La policía está muy pesada, te sientes acosado”, explica Javi, orgulloso de ser “uno de los primeros socios”. Para este hombre de 31 años, con estudios de marketing y empresariales, pertenecer a un club de fumadores solo conlleva ventajas: “Ya soy mayor para ir por la calle comprando maría a LOS camellos. Acabas cansado y es peligroso. Con esta fórmula no das de comer a los narcos y sabes que la marihuana no tendrá infecciones ni estará adulterada”, comenta.

La asociación cultiva el cannabis en pequeñas plantaciones y, después, la suministra a sus socios. A cada uno le corresponde una cuota. ¿Dónde están las plantas? Es el secreto mejor guardado por la junta directiva. “¡Yo soy muy curioso y nunca he sabido dónde están!”, admite Javi, que ve “muy positivo” el convenio firmado entre la asociación y el Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) para cultivar cannabis en siete hectáreas de terreno. Pese a que los ojos de los poderes públicos (fiscalía, Abogacía del Estado, Generalitat, delegación del Gobierno) están puestos sobre esa iniciativa, Javi defiende que es una forma de “incentivar la economía” y “crear empleo”.

También Mario, que tiene 26 y se sienta junto a él en el viejo sofá azul, está encantado con la idea. “Aquí vienen abogados, médicos y gente de todo tipo a fumar. Hay que normalizar el consumo de cannabis, porque quien lo quiera lo va a conseguir igual. Con esta fórmula es más seguro, todo está controlado. Una vez compré en la calle una planta con un hongo que provoca infección pulmonar…”, recuerda. Por fortuna, dice, se dio cuenta antes de consumirla.

La asociación opera sin ánimo de lucro, pero mueve mucho dinero. Prueba de ello es que está a punto de inaugurar un nuevo local social, mucho más amplio, junto a la estación de Francia de Barcelona. Además, si el proyecto con Rasquera sale adelante, abonará en dos años 1,3 millones por las plantaciones. “La gente paga una cuota de diez euros al año, más 20 por cada tres gramos. El dinero se destina también a otras actividades para los socios”, explica una abogada de la entidad, Laura, arrodillada también junto a la mesa donde descansa el tablero de parchís. El consumo medio, dicen, es de unos 27 gramos por semana.

Mientras las risas (y el humo) se amplifican en el local, dominado por los tonos verdes, Laura relata que los socios —su ingreso se permite a partir de los 21 años, porque es “cuando el cerebro ya está plenamente formado y no sufre daños”— no solo acuden por diversión. “Hay gente que da a la marihuana un uso terapéutico, o que fuma antes de irse a dormir porque le relaja”, indica. “Yo la uso también porque soy muy nervioso. Fumo desde los 16 y soy una persona completamente normal, con pareja y trabajo fijo”.

El jueves, Departamento de Estado de ese país informó que había disposición para discutir el tema.

En dialogo con 'La W Radio', el presidente Juan Manuel Santos se mostró complacido por el anuncio del Departamento de Estado sobre la disposición de Estados Unidos de discutir con los países asistentes a la Cumbre de las Américas la posibilidad de legalizar las drogas y afirmó que hay que "valorarlo y acompañarlo".

El jueves, Estados Unidos aceptó que está dispuesto a "discutir" en la Cumbre de las Américas (de Cartagena) la legalización de las drogas, como Colombia y otros países del hemisferio lo han mencionado, aunque advirtió que lo hará para sustentar su oposición a esa medida. (Lea más información sobre la Cumbre de las Américas)

El tema, que ha comenzado a ventilarse en diversos foros en los últimos meses, fue abordado por el subsecretario de Estado asistente de información pública, Mike Hammer, en Washington.

"Estamos dispuestos a discutir el tema para expresar nuestra opinión de por qué no es la manera de enfrentar el problema", respondió Hammer en rueda de prensa, a una pregunta del corresponsal de EL TIEMPO, Sergio Gómez, quien lo interrogó sobre si EE. UU. estaría dispuesto a examinar el asunto.

Hammer también dijo que Washington comprende que haya "frustración" en la región por las dimensiones que el problema de las drogas ha tomado, como lo observó el vicepresidente Joe Biden, durante su reciente visita a Centroamérica y México. (Lea información sobre legalización de las drogas)

El portavoz aseguró que cree que la política estadounidense contra las drogas es "clara". No obstante, una corriente de intelectuales y exmandatarios del continente considera que la llamada "guerra contra las drogas", creada desde hace 40 años por el entonces presidente Richard Nixon, "ha fracasado".

Fue Santos, en noviembre pasado, quien en una entrevista con un diario británico expresó que le gustaría hablar acerca de "la legalización de la marihuana, y más que de la marihuana". En enero de este año, en un encuentro con el escritor mexicano Carlos Fuentes, Santos dijo que "esa solución (la legalización) sería aceptable para Colombia, si el mundo entero la toma".

A esto siguieron manifestaciones de mandatarios centroamericanos como Laura Chinchilla (Costa Rica), Otto Pérez (Guatemala) y Mauricio Funes (El Salvador), quienes también hablaron a favor de la legalización o despenalización de la droga y de abrir el debate sobre este tema. (Lea también entrevista con la canciller María Ángela Holguín)

EL TIEMPO.COM pudo establecer que varios países, especialmente centroamericanos, están listos para poner el tema de la "legalización" o la "despenalización" de las drogas sobre la mesa de la Cumbre. Al parecer, consciente de esta situación, Washington habría expresado su disposición a "discutir", por primera vez, el asunto. (Lea también: Correa deja en el aire participación en Cumbre tras hablar con Santos)

Aunque la agenda de los 34 mandatarios del hemisferio está definida y el tema de la "legalización" o "despenalización" no está allí, parece inevitable que el debate se abra en esta cita. (Lea también: Presencia de Cuba en la Cumbre es 'crónica de una exclusión anunciada', dice canciller de ese país).

Desde hace 2 años las asociaciones de usuarios de cannabis de Catalunya , Acció Cannàbica, CTCC, CannaVip, La MACA, ACCAAT, ACUC, ATIC y AUMCAT, trabajamos conjuntamente en la Federación de Asociaciones Cannábicas,. Estas asociaciones trabajamos en la defensa de los derechos del usuario de cannabis y por una regulación que acabe con la inseguridad jurídica en la que se encuentra. Después de estos dos años de reflexión y trabajo interno, asesorados por los juristas colaboradores con la FAC y en estrecha colaboración con EusFAC, decidimos, este enero de 2012, fundar la Federación Catalana de Asociaciones Cannábicas, CatFAC.

Desde la CatFAC funcionamos con el modelo que propone la FAC. Este modelo ha sido presentado en los parlamentos Europeo, Español y Vasco, siendo reconocido como una alternativa legalmente viable, compatible inclusive con los tratados internacionales de la ONU. Estas asociaciones denominadas Clubes Sociales de Cannabis, CSC, son vistas en nuestro territorio e internacionalmente como una alternativa viable al mercado negro del cannabis. 

El modelo que seguimos se basa en la transparencia, la ausencia del ánimo de lucro, el funcionamiento democrático y la reducción de riesgos asociados al uso del cannabis. Para pertenecer a estas asociaciones se ha de ser mayor de edad, residente en nuestro país, previo usuario de cannabis o sufrir una dolencia susceptible de ser tratada con cannabis según la IACM, Internatonal Associaton for Cannabinoid Medicines. Las producciones se llevan a cabo bajo la demanda y control de los socios, quienes forman parte de un circulo cerrado y concreto de usuarios, basado en la contención para evitar confusiones en torno al funcionamiento.

Las asociaciones federadas siempre han buscado el consenso y entendimiento con las fuerzas de seguridad del estado y los poderes políticos, recibiendo de ambos una postura de respeto y abierta al dialogo, en la cual no tienen cabida por ambas partes actitudes o acciones beligerantes como la de los últimos días.

Nuestros objetivos ya han sido comunicados al Govern de Catalunya; la creación de una regulación especifica para las asociaciones cannábicas que demuestre el buen funcionamiento y la transparencia de las mismas creando un registro específico, apoyada en la propuesta de Ley Especial Reguladora de los Clubes Sociales de Cannabis, amparada en el artículo 1.3. de la Ley orgánica 1/2002, reguladora del derecho de asociación, y en un control de calidad que va desde la producción hasta la distribución y que ya ponemos en práctica las asociaciones de la CatFAC. 

Todos estos objetivos fueron los que nos marcamos junto a los compañeros de EusFAC, que dan como fruto la aprobación por el parlamento del País Vasco, el pasado 1 de Marzo, el estudio de una regulación de este tipo de asociaciones por una comisión interdepartamental.

Viernes 8 de Marzo, 2012

CatFAC 

catfac@catfac.org – www.catfac.org 

Presidente: Jose Afuera – 678113613 

Vicepresidente: Jaume Prats – 657972773 

Secretario: Xavier Vilches – 691605708 

Tesorero: Jaume Xaus – 619619483

Presidente de la FAC: Martn Barriuso – 670996335

FAC – 674839859

El Ayuntamiento de Rasquera (Tarragona) organizará una asamblea popular para decidir si lleva adelante o no el cultivo de cannabis en la localidad, que el consistorio impulsa con la asociación de autoconsumo ABCDA. El resultado de la asamblea, que se celebrará el 10 de abril, será vinculante. Lo anunció ayer el alcalde de Rasquera, Bernat Pellisa (ERC), en una carta enviada a los vecinos.

La decisión de mediar en la cesión de siete hectáreas de terreno para plantar cannabis deberá ser refrendada por, como mínimo, el 75% de los vecinos. “La respuesta deberá ser sí o no. En caso de que gane el no, se revocará la decisión tomada en el pleno” del pasado 29 de febrero, especifica la carta. Por el contrario, si los vecinos apoyan el cultivo de marihuana “se llevará a cabo el proyecto previsto”, pese a las reticencias legales y a las investigaciones abiertas tanto por la fiscalía como por la abogacía del Estado.

Los concejales de ERC aprobaron el “plan anticrisis” con el voto en contra de los de CiU, que exigieron una consulta popular sobre el asunto. El consistorio organizará, la próxima semana, un “ágora cannabica” en la que políticos y promotores de la plantación tratarán de resolver las dudas de los vecinos. En la misiva, el consistorio sigue defendiendo el proyecto ante las críticas de que puede ser una vía para el tráfico de drogas. El cannabis cultivado será “el estrictamente necesario para el autoconsumo de los socios” de ABCDA (más de 5.000) y no será “comercializado”.

La marihuana se cultivará en invernaderos, que estarán vigilados con cámaras de seguridad las 24 horas del día. El Ayuntamiento sostiene que el proyecto generaría 40 puestos de trabajo y, según el convenio firmado con la entidad, le va a reportar 1,3 millones en dos años para sanear las cuentas públicas. Los ingresos provendrán de las cuotas pagadas por los socios de la ABCDA, que son similares a las que pagan los socios “de un gimnasio”. Además, subraya la carta, “los payeses pueden alquilar sus tierras” (...) de forma privad. “¡Ya está bien de hipocresía!”

El cultivo de cannabis “es una realidad social que existe en Cataluña desde hace años sin que hasta ahora ninguna administración lo hubiese hecho público”, según el consistorio.

Hace unos días , apareció la noticia: Rasquera apuesta por la marihuana y eso hizo que el mundo mira a la marihuana de Rasquera. El resultado: cientos de periódicos se hacen eco de la noticia de que en el pueblo de Rasquera, el ayuntamiento cederá unos terrenos a una asociación de consumidores de cannabis, que se procuran su autoconsumo.

En un informe del año 2006 del Plan Nacional de Drogas, dice: El cannabis es la droga ilegal de uso más extendido en España. El análisis de las series temporales de las dos grandes encuestas sobre uso y consumo de drogas en nuestro país (Encuesta Domiciliaria sobre Abuso de Drogas en España y Encuesta Estatal sobre Uso de Drogas en Enseñanzas Secundarias), que la Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas realiza, pone de manifiesto la tendencia claramente ascendente de su consumo, tendencia aún más acusada entre los jóvenes y los adolescentes.

Pero hay que decir que este proyecto no es una locura; es fruto del conocimiento de la realidad y del trabajo serio de una persona joven y  abogado que con su ímpetu y fuerza, su apoyo a los que menos tienen y su empeño en tirar para adelante un proyecto LEGAL con cannabis ha movido relaciones, asesoría a asociaciones, recursos, escritos a la fiscalía, contactos con empresas diversas, relaciones con ayuntamientos y al fin el proyecto de Rasquera. Él se llama Martí Cánaves Llitrà y junto a él, un grupo de personas que le han ayudado y apoyado.

Y se genera la polémica. Por una parte: Un informe jurídico avala la plantación de cannabis que quiere crear Resquera. Y por otra: El Gobierno estudia impugnar el cultivo de marihuana de Rasquera

En esta historia aparecen en primer lugar 2 actores

1. El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d’Ebre) con su alcalde apoyando todo el proceso
2. La Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA)

A los que se les ha ampliado el Plan Nacional de Drogas (El Delegado del PND ordena presentar el escrito a la abogacía del Estado), la Fiscalía de Tarragona, la Delegación de Gobierno en Cataluña, la Generalitat…. hasta incluso un párroco dice que la marihuana de Rasquera es más nociva que el almacén nuclear

Pero,  ¿de qué hablamos cuando hablamos del proyecto de Cannabis de la Rasquera?

Y curiosamente (¿de forma manipulada?) han salido en los medios, noticias, que han coincidido en el tiempo con la aparición de la noticia de Rasquera:

1. ‘¿Marihuana?… No me acuerdo’

2. Holanda prohíbe a los turistas consumir marihuana en los ‘coffee shops’

Es interesante para hacerse una idea más clara del tema, oir la conversación que tuvo Monserrat Domínguez en la SER del pasado sábado con Martín Barriuso, presidente de la Federación de asociaciones cannábicas.

En ese contexto, es bueno centrar las 3 líneas de la parte científica del proyecto, que sin élla no creemos que tuviera sentido este interesante proyecto LEGAL que tiene la ciencia, el rigor, la salud y la prevención como ejes:

1. LA PREVENCIÓN: producto esencial del proyecto, en el marco de adolescentes y jóvenes para hacer de él un mejor uso si se consume así como favorecer alternativas diferentes al uso de
2. EL CANNABIS MEDICINAL con la investigación mediante ensayos clínicos con cannabis medicinal en pacientes con cáncer de mama por ejemplo, ya que en la toma de quimioterapia, el cannabis podría serle de gran ayuda en la mejora de su calidad de vida en esos días o semanas. Asimismo, se ha hablado del uso del cannabis en pacientes con esclerosis múltiple e incluso con fibromialgia. Hace unos meses, casi un año, Almirall sacaba al mercado español un medicamento importado llamado Sativex que contiene cannabis
3. INVESTIGACIONES DE SEGUIMIENTO de los consumidores del cannabispara valorar los efectos a medio y largo plazo en personas sanas

Por *Jason Ronning

Los electores del Estado de Michigan tomaron una decisión e hicieron que su voz se oyera, pero el Gobierno Federal no los está escuchando.  En Noviembre del 2008, los electores de Michigan votaron para promulgar lo que se conoce como el Acta de la Marihuana Medicinal.  El objetivo del  Acta era el de  permitir la posesión de una cantidad limitada de marihuana por aquellas personas quienes califican bajo ciertas restricciones.  Básicamente,  se le permite a una persona que ha sido diagnosticada por un médico de que tiene una “condición médica debilitante” poseer hasta 2.5 onzas de Marihuana usable y cultivar hasta 12 plantas que se mantienen bajo ciertas condiciones específicas.  El Acta permite que aquellas personas que no pueden tener sus propias plantas de marihuana que se establezcan lo que se llaman  “cuidadores”, lo que significa que se le permite a una persona  que cultive y que de la  marihuana cultivada a sus clientes a un precio razonable.  Estas personas también tienen la  limitación de tener 12 plantas por paciente registrado, y hasta 2.5 onzas de marihuana usable por paciente.  Una persona  solo puede aprovechar el Acta después de haber completando el proceso de aprobación. 

Lo que esta Acta permite, y lo que era su propósito, son dos cosas diferentes.  La idea es claramente el de permitir un programa de tratamiento alternativo para aquellos que lo necesitan, evitando de hecho las sanciones penales normalmente atribuidos con el cultivo y la venta de marihuana.  Esto ayuda a la gente para evitar que se le den los cargos estatales de un delito mayor  por producir y poseer marihuana.  Desafortunadamente, debido a la falta de claridad y cierta confusión, todavía hay un número de  preguntas que han surgido por la aplicación del Acta de forma distinta en los diferentes  condados.  Y aun más, el Acta no tiene ningún poder en lo que respecta a la ley Federal.   Lo que significa que si usted, como  un Paciente o un Cuidador, tiene un cumplimiento pleno de las condiciones y términos del Acta, usted puede enfrentar cargos muy serios en el Tribunal Federal.  La Marihuana Medicinal no es una defensa en el  Tribunal Federal, y de hecho,  es muy poco probable que usted pueda presentar su cumplimiento con la ley estatal como prueba en un caso Federal.  Desafortunadamente, el Estado dice que está bien si usted cultiva y/o usa la marihuana con el permiso o aprobación de un doctor, pero al hacer esto usted abre la posibilidad de recibir una sentencia larga en el Tribunal Federal.  Esta contradicción se tiene que resolver para que la gente tenga claridad de qué es lo que está permitido y que es lo que no se permite. 

 
Las agencias del la Ley Federal tienen  un amplio criterio sobre cuándo se autoriza un caso.  Se ha dado un edicto del Departamento de Justicia que dice que sería mejor si los recursos se enfocan para investigar y enjuiciar otros delitos, pero todavía hay un número de casos que se encuentran en la jurisdicción federal aun cuando tenían la aprobación del estado.   El Acta de la Marihuana Medicinal puede ser difícil de navegar si usted no cuenta con los .recursos adecuados.  Si usted se encuentra en una situación en la cual enfrenta cargos que involucran la Marihuana ya sea al nivel Federal o Estatal no dude y llame a un abogado.

*JASON RONNING es abogado Avanti Law Group

Energy Control, un proyecto de la Asociación Bienestar y Desarrollo que se dedica a prevenir los riesgos del consumo de drogas, estudiará abrir en Madrid un servicio gratuito de análisis de cannabis, después de un proyecto piloto que implantarán en la ciudad condal.

   La entidad pondrá en marcha este servicio el Barcelona el 19 de marzo  en el número 27 de la calle Libertad, donde los usuarios podrán acudir de 18 a 21 horas los lunes y los jueves no festivos con su cannabis para saber su grado de pureza o adulteración. El servicio sólo será un servicio presencial y no se aceptarán envíos por correo.

   "Poco a poco iremos abriendo el servicio en nuestras delegaciones de Madrid, Andalucía y Mallorca", ha indicado a Europa Press un portavoz de Energy Control y para ello están recogiendo ya financiación.

   El análisis aportará información gratuita y confidencial de los cannabinoides, cantidad de THC, de CBD, su proporción relativa, y la aproximación a los efectos esperados de las drogas, a través del análisis de una muestra a través de la técnica de laboratorio de cromotagrafía en capa fina.

   Los usuarios podrán llevar al centro al laboratorio hachís, marihuana y derivados del cannabis. El objetivo es también detectar los adulterantes y alteraciones del hachís y la marihuana e informar sobre los perjuicios de su consumo.

   En la marihuana podrán detectar hongos perniciosos para la salud de la persona consumidora y otras alteraciones relevantes . En el hachís, la presencia genérica de algunos adulterantes (compactantes, fibras, y otros añadidos).

   Otro de los fines es "orientar al usuario en función del uso que vaya a hacer, para maximizar el placer y disminuir los riesgos del consumo", según expone Energy Control en su web.

   El proyecto ha sido posible gracias a la colaboración de empresas y de particulares en la campaña 'Apadrina un cogollo', que puso en marcha la entidad para recaudar fondos para este servicio. Tras conseguir 30.000 euros para abrir la sede de Barcelona, ahora esperan más donaciones para poder abrir una sucursal de análisis pronto en la capital de España.

El proyecto de una gran plantación de marihuana en Tarragona inquieta a la Generalitat

Euskadi prevé regular los clubes de consumidores

En un país en el que el consumo de cannabis no se penaliza, ¿es hora de plantear la legalización de las plantaciones a gran escala? Aunque despierta serias dudas legales, la sorprendente iniciativa de Rasquera, un pequeño pueblo de Tarragona, de alquilar siete hectáreas en terrenos para cultivar marihuana ha reavivado el debate. El Código Penal castiga con penas de hasta seis años de cárcel a quienes “cultiven, elaboren o trafiquen” con drogas ilegales. Los más de 5.000 socios de la Asociación Barcelonesa Cannabica de Autoconsumo (ABCDA) están dispuestos a pagar 1,3 millones de euros en dos años al ayuntamiento para plantar marihuana dedicada, dicen, al autoconsumo con fines lúdicos o terapéuticos. La jurisprudencia acepta la producción para el llamado “consumo compartido”, aunque se deben cumplir una serie de requisitos que, según los expertos, difícilmente concurrirán en este caso.

Acuciado por la situación económica, el alcalde republicano Bernat Pellisa ha dado una vuelta de tuerca más a un debate —el de la legalización del cannabis— que está más vivo que nunca. Los clubes de fumadores se encuentran en un limbo jurídico que, al menos en Euskadi, puede desaparecer: todos los partidos con representación en el parlamento vasco aprobaron ayer crear un grupo de trabajo para abordar el tema.

El objetivo es crear medidas de control para las organizaciones que cultivan su propia marihuana y la distribuyen entre los socios. Según el presidente de la Federación de Asociaciones Cannábicas, Martin Barriuso, también se podrían plantear instrucciones orientativas para la policía y la fiscalía en las que se detalle qué se puede considerar autoconsumo y qué no. Dicho de otra forma, una legalización.

Barriuso valoró el acuerdo parlamentario como un paso “histórico” hacia el fin de un siglo de políticas prohibicionistas. La ponencia es el primer paso en Euskadi para regular el consumo del cannabis, pero no el único, ya que trabajará en paralelo a la elaboración desde el Gobierno vasco de la Ley de Adicciones. Este nuevo texto legal que el Ejecutivo quiere presentar en la Cámara este mismo año aspira regular el "cultivo, la venta y el consumo" del cannabis en esos clubes, según los responsables del Departamento de Sanidad.

La directora de Drogodependencias vasca, Celina Pereda, explica que la ley prevé realizar un registro de asociaciones de consumidores de cannabis. El registro oficial exigirá, a cambio de esta seguridad, que estas organizaciones rechacen menores y que participen en labores de sensibilización y educación. La ponencia “va a generar un debate en una sociedad en la que se ha banalizado el consumo del cannabis”, apunta.

Si en el País Vasco hay unas 50 entidades, en Cataluña hay 30 en idéntica situación de inseguridad jurídica. En esta comunidad, el caso de Rasquera ha despertado el rechazo del Gobierno autonómico. El consejero de Interior, Felip Puig, anunció ayer que, si el municipio acaba cediendo la finca —de siete hectáreas— pondrá el caso en manos de los tribunales.

Al amparo del Código Penal —el tipo penal es “tan abierto que permite cubrir muchas circunstancias”, señala José Rey Cadenas, abogado penalista de Barcelona— y de la ley de seguridad ciudadana de 1992 —que considera infracciones graves el consumo en lugares públicos y la tenencia ilícita de drogas, aunque no estén destinadas al tráfico— los cuerpos policiales han llevado a cabo un sinfín de operaciones contra los dueños de plantaciones de marihuna. Al llegar a los juzgados, esos casos se han resuelto de muy distintas maneras. Desde 1997, las audiencias provinciales han venido dictando sentencias absolutorias que han sido ratificadas después por el Tribunal Supremo.

Las sentencias, que han abierto el camino hacia la tolerancia de ciertas formas de cultivo —siempre destinadas al consumo y no a la venta— se basan en los requisitos que fijó el Supremo para hablar de “consumo compartido”. “Los afectados han de ser consumidores habituales y haber dado su autorización previa. Además, debe ser un círculo cerrado de personas que consuman en un lugar también cerrado. Y la candidad plantada debe encajar con la que se demanda, no puede haber excedentes”, sintetiza Aitor Breton, abogado de la Federación.

Breton se muestra escéptico con la viabilidad legal de la iniciativa tarraconense. “Le veo dos problemas para cumplir los requisitos que marca la jurisprudencia. Uno, que debería haber una previsión de consumo de todos los socios. Y dos, que los trabajadores del pueblo deberían ser socios de la entidad para que pudiese considerarse un círculo cerrado de personas”, explica el letrado.

“La jurisprudencia nos lleva a pensar en pequeñas cantidades, no en un cultivo masivo en un espacio abierto como este. La clave es no traspasar la línea roja que marca la ley, esto es, que no haya una disposición incontrolada de droga a la colectividad y, por tanto, se ponga en peligro la salud pública”, añade el profesor titular de derecho penal por la Universidad de Barcelona (UB) Víctor Gómez. El profesor recuerda que se puede permitir la tenencia de cannabis en una cantidad incluso superior a la del consumo propio; siempre y cuando, claro, la persona pueda justificar que la droga incautada es “para compartir con amigos, por ejemplo”.

María Pascual, abogada de derecho penal de González Franco, señala nuevos interrogantes en otra dirección: ¿en qué papel queda el Ayuntamiento y qué responsabilidades pueden recaer sobre los ediles que han aprobado la medida? “El consistorio promueve esta actividad como un tercero, que es ajeno a la asociación cannábica y que lo hace, además, con ánimo de lucro. Lo mismo podría pasar con los empleados del pueblo que trabajasen en ese cultivo”, advierte Pascual, que admite la “inseguridad jurídica total” en la que se mueven los clubes de fumadores. “Estamos en un ámbito de riesgo”, señala.

El alcalde Pellisa, que lleva muchos meses ideando el proyecto, ha encargado un informe jurídico que avala sus tesis. El documento, que se dio a conocer ayer, concluye que la medida “no comporta ninguna responsabilidad penal por parte de los entes públicos” y asegura que “el cultivo de cannabis no es constitutivo de delito”. Además, valora el impacto económico y social sobre el municipio.

Martí Cànaves, el abogado que ha coordinado el informe jurídico, se muestra convencido de la viabilidad del proyecto. “Queremos acabar con la hipocresía, nuestro proyecto fija las pautas para terminar con los problemas de este tipo de plantaciones: lo hemos dotado de seguridad jurídica y se pondrán los medios necesarios para acabar con los robos o los incendios. Que vengan los mossos si quieren, no podrán hacernos nada”, dice Cànaves, que cifra en 400 las plantaciones de marihuana en España (la mitad, en Cataluña). “Este asunto tenía que explotar en algún sitio y ha ocurrido aquí, en Rasquera, y ya no hay marcha atrás", continúa.

La plantación suscita también dudas en cuanto a su control. “Implica una gestión muy complicada. Podría hacerse un esfuerzo de regulación, pero nunca tendríamos la seguridad absoluta de estar moviéndonos en un ámbito legal”, remacha Pacual.

El debate del cannabis en el mundo

• En Holanda, durante décadas han sido tolerados los coffeeshops, cafés en los que se puede comprar y consumir derivados del cannabis. La producción y el tráfico, sin embargo, no están regulados. En un intento de combatir el fenómeno del turismo del porro, extendido en ciudades como Ámsterdam, los coffeeshops se enfrentan a un cambio normativo que les obligará a atender únicamente a socios, que además tendrán que ser residentes. Tampoco podrán vender las variedades más fuertes del cannabis, aquellas que contienen más cantidad de THC.

• En Estados Unidos, el uso terapéutico del cannabis está normalizando su consumo en algunos Estados y generando una industria en torno a esta droga. En California, Colorado, Nueva Jersey o Washington, los médicos pueden prescribir marihuana a pacientes para soportar los efectos del cáncer o un dolor crónico, para combatir el insomnio o la falta de apetito, y así una larga lista. Un referéndum en California para legalizar la marihuana también para uso recreativo, la polémica proposición 19, no prosperó por estrecho margen. El Gobierno federal no apoya estas iniciativas, pero tampoco las combate.

• En América Latina, el debate sobre la despenalización cuanto menos del consumo de los derivados del cannabis está abierto en varios países. Este tema llevó a la firma de al menos dos manifiestos en favor de la búsqueda de espacios de legalidad para esta droga que suscribieron exmandatarios e intelectuales como Fernando Henrique Cardoso, Ernesto Zedillo, Felipe González, César Gaviria, Kofi Annan, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes o Javier Solana. Este grupo considera que las políticas de represión han demostrado su fracaso y que es hora de ensayar otras vías.

• En España el cultivo para autoconsumo se abre paso de facto aprovechando los huecos de un Código Penal que prohíbe la producción y tráfico de sustancias ilícitas y que no penaliza el consumo personal, que solo es sancionado como infracción administrativa. Distintas sentencias han establecido que la producción para autoconsumo no es ilícita, y las asociaciones de consumidores tratan de aprovechar esa rendija abierta. De ahí surgió el movimiento que trata de promover cultivos colectivos para consumo por sus socios, y que cuenta con plantaciones en distintos puntos de España, sobre todo en el País Vasco y Cataluña. El proyecto de Tarragona desafía los límites de esta práctica al promoverse a gran escala, en un terreno de siete hectáreas.


El pleno municipal de Rasquera ha aprobado este miércoles por la noche por mayoría absoluta la implantación de cultivos de marihuana para el autoconsumo de los miembros de un club de fumadores barcelonés con 5.000 socios, ha confirmado a Europa Press el alcalde, Bernat Pellissa (ERC).

   Con la aprobación de este plan, el municipio podrá hacer frente al déficit de su consistorio, que actualmente roza el millón y medio de euros.

   Pellissa ha calificado el resultado de la votación de "éxito absoluto" y ha precisado que este mismo jueves iniciará un seguido de reuniones con científicos y universidades para concretar el proyecto.

   Ha precisado que esta iniciativa supondrá 650.000 euros anuales para las arcas municipales y creará decenas de puestos de trabajo.

   El proyecto consiste en alquilar terrenos agrícolas del municipio a la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (Acbda) para el cultivo de cannabis, con la intención de abastecer a los más de 5.000 socios de este club de fumadores.

   "Estamos abiertos a todas aquellas empresas y entidades que lo soliciten", ha especificado Pellissa.

Ethan Nadelmann, director ejecutivo de Drug Policy Alliance, entidad que trabaja para poner fin a la guerra contra las drogas, considera que es importante abrir a debate la despenalización de las drogas, pues en su opinión eso conduciría a restar bases y poder a los carteles del narcotráfico.

En esta entrevista afirma por qué cree que algunas sustancias hoy prohibidas podrían llegar a venderse en el futuro como los cigarrillos o el alcohol.

¿Por qué defiende la despenalización de las drogas?

Porque el consumidor no es un criminal en sí mismo. Por ser consumidor no debería ir a la cárcel ni ser castigado, sino ser tratado o rehabilitado. La descriminalización haría que se redujera el número de personas que van a la cárcel.

Debería hablarse de cómo algunas sustancias, como la marihuana y otras, podrían llegar a ser tratadas como el alcohol o los cigarrillos: regulados y con impuestos. Los narcotraficantes saldrían del negocio y perderían poder.

¿Qué necesitan?

No digo reducir el uso, sino la drogadicción y el abuso.

Esto es igual que consumir el alcohol: hay uso correcto y hay abuso. Existe gente que usa la marihuana y lo hace con responsabilidad; esto no debería ser penado. Tenemos el deber moral de reducir las consecuencias; ese debe ser el objetivo.

¿Qué pasaría con los adictos?

Si los adictos no pueden dejar su adicción, proporcionarles clínicas donde puedan obtener ciertas sustancias de forma legal y controlada.

Esta política sería para los adictos, para aquellas personas que por su misma adicción están dispuestas a conseguir la droga de cualquier forma, y si esta es legal, preferirán hacerlo así. Esto acabaría con el mercado negro.

¿Cree que la venta de marihuana debería ser libre?

El 50 por ciento de estadounidenses cree que la marihuana debería venderse de forma libre. Es porque poco más de un millón de americanos compra marihuana para fines médicos, e incluso hay quienes tienen tarjetas con las cuales se les autoriza la compra para medicarse.

¿La guerra ha sido costosa?

La guerra contra las drogas cuesta US$150 mil millones anuales, y para tener gente en la cárcel por la venta o uso de sustancias se gasta entre US$20 millones y US$50 millones.

En Estados Unidos el presidente, expresidente y celebridades han reconocido que han fumado marihuana, y eso puede ayudar a que se abra el debate.

Su país se opone porque ha gastado mucho dinero en esto.

Sí. Es que ahora tenemos un poderoso complejo industrial, prisiones, fiscales, ´policía y millones de personas para las cuales la guerra contra las drogas es su trabajo y su vida.

¿Qué piensa del debate?

Guatemala por sí sola no puede despenalizar la droga, pero comienza una campaña para abrir el debate y que deje de ser tabú.

La próxima Cumbre de las Américas que se realizará en Cartagena de Indias a mediados de abril promete ser mucho menos soporífera que las de los últimos años. El presidente guatemalteco Otto Pérez Molina anunció que propondrá a sus colegas del continente legalizar la tenencia y el transporte de drogas para terminar con la narcoguerra que ya se extiende a cinco países y dejó en los últimos seis años al menos 60.000 muertos.

Pérez Molina no está solo en esta cruzada. Lo acompaña muy de cerca Mauricio Funes de El Salvador, la presidente Laura Chinchilla de Costa Rica, quien dijo que busca un “debate serio y riguroso”, y Juan Manuel Santos de Colombia, que se mostró partidario de legalizar la marihuana y la cocaína “si eso permite erradicar la violencia del narco”. La primera piedra la habían lanzado los ex presidentes Cardoso de Brasil, el colombiano Gaviria y los mexicanos Zedillo y Fox, que habían dicho en el Foro Global sobre Drogas que “la política estadounidense ha fracasado” y se preguntaron “¿hasta cuándo vamos a poner los muertos mientras ustedes no quieren discutir el problema?”. Ahora el clamor parece generalizado en Centroamérica, que ve aumentar sus tasas de homicidios a niveles extremos.

Esto marca un cambio radical en la guerra “prohibicionista” contra el narcotráfico lanzada hace 40 años por EE.UU. y que supone un enorme fracaso. Y si bien la embajada de Washington en Guatemala salió a criticar la posición de Pérez Molina diciendo que “la legalización supondría una amenaza a la salud y a la seguridad”, la Administración Obama pareciera ser mucho más realista y ya recortó un 17% la ayuda antidroga para América Latina en el presupuesto 2013. México tendrá US$ 50 millones menos o un 20% de recorte después de seis años de la guerra lanzada por el presidente Calderón que dejó al menos 47.500 muertos.

La tendencia “regulacionista” también se extiende dentro de Estados Unidos. Ya hay 13 estados que aprobaron el uso de la marihuana para usos médicos y en California hay buenas perspectivas de que se legalice en noviembre.

Cartagena será escenario de uno de los debates más interesantes de los últimos 50 años en el continente.

La entidad defiende la legalidad del proyecto, que plantea crear algunos empleos en torno al cannabis

El pueblo recibiría 30.000 euros al año por albergar la gran plantación de una asociación de usuarios

El Ayuntamiento de Rasquera (Ribera d'Ebre) está a la espera de los informes que ha solicitado para someter a la deliberación del próximo pleno municipal un proyecto agrícola que poco tiene que ver con los cultivos de olivos y árboles frutales que dibujan el paisaje del municipio. Se trata de aprovechar las condiciones climáticas de la población, entre la sierra de Cardó y la cubeta de Móra, para implantar el cultivo de marihuana para el autoconsumo de los miembros de la Asociación Barcelonesa Cannábica de Autoconsumo (ABCDA).

La entidad sin ánimo de lucro promotora del proyecto de plantación presentó su iniciativa hace unos meses ante el consistorio de la pequeña localidad, que antes de aprobar la iniciativa ha reclamado asesoramiento jurídico para conocer la viabilidad legal de desplegar una plantación de cannabis en el término municipal.

«Si llegan a tiempo los informes, debatiremos el tema en el próximo pleno», se limita a decir el alcalde del municipio, Bernat Pellissa (ERC), quien prefiere no dar detalles del convenio de colaboración que podría establecerse entre el consistorio y la asociación para sacar adelante una propuesta que, en principio, se observa desde algunos sectores de la población como una opción de desarrollo económico vinculada a la agricultura, fuente principal de riqueza en Rasquera.

LOS BENEFICIOS / Por su parte, miembros del club de consumidores de cannabis «con finalidades terapéuticas y lúdicas» admiten que «por el momento se trata solo de un proyecto en el que estamos trabajando». Tanto el ayuntamiento como la asociación se muestran muy prudentes a la hora de exponer los pormenores de la iniciativa para evitar que se tuerza prematuramente una de las escasas propuestas de actividad económica que han llegado en meses al municipio.

La idea planteada por la ABCDA pasa por establecer un convenio de colaboración por el que el ayuntamiento percibiría una cantidad aproximada de 30.000 euros anuales y a través del que se buscaría obtener algunos beneficios para la población vinculados a la plantación de marihuana. Así, se contempla crear algunos puestos de trabajo que emplearían a vecinos del pueblo en tareas agrícolas adaptadas al cultivo de estas plantas. Para la preparación posterior de las matas, una vez recolectadas, se analiza la opción de utilizar una de las naves de la cooperativa agrícola, que sería usadas como secadero. Otra de las labores a desarrollar sería el empaquetado de la maría en pequeñas bolsas, dispuesta para su distribución entre los afiliados a la entidad. Aunque no ha trascendido la superficie de terreno que sería necesario ocupar para desarrollar la plantación, fuentes cercanas al proyecto han especificado que la asociación estaría dispuesta a pagar alrededor de 400 euros anuales por cada hectárea de terreno privado en concepto de alquiler.

2.000 SOCIOS / «El cannabis para el autoconsumo es legal, y estamos hablando siempre de movernos dentro de la ley», expone un miembro de ABCDA. En realidad, se trataría en este caso de aprovechar «una brecha legal» implantando cultivos colectivos en los que se tenga en cuenta una proporcionalidad entre lo que cierta jurisprudencia determina que equivale al cultivo para el autoconsumo y el número de consumidores. Los miembros de la asociación cannábica promotora, unos 2.000 aproximadamente, firman una declaración de consumo responsable al afiliarse a la entidad. Las cantidades a producir en Rasquera, en principio, servirían para abastecer la demanda anual que generan los socios.

DELITO / Al contrario de lo que alega la asociación, y a la espera de los informes oficiales, el jefe de investigación de la comisaría de los Mossos d'Esquadra en Tortosa, Eduardo Gil, sostiene tajante que «no existe ningún vacío legal». Gil remarca que «el Código Penal no genera ninguna duda al respecto, y tipifica como acto delictivo la ejecución de actos de cultivo, elaboración o tráfico, o de otra forma de promocionar o facilitar el consumo ilegal de drogas». Otra cosa, apunta, «es que una vez llevado a cabo un procedimiento penal, se concluya que un cultivo no sea para el tráfico sino para autoconsumo, pero en principio, una sola planta es cultivo y eso es delito».

Hasta octubre del 2011 los Mossos d'Esquadra, el Cuerpo Nacional de Policía, la Guadia Civil y las policías locales habían confiscado en Catalunya al menos 12.300 plantas de marihuana en una veintena de plantaciones, una cantidad que multiplica casi por cinco las 2.500 matas intervenidas en todo el 2010. El aumento se debe a la proliferación tanto de los cultivos para el autoconsumo como de las grandes plantaciones para el tráfico.

Absuelven a un hombre interceptado con dicha cantidad de droga y que afirma que la compró en Algeciras para todo un mes

Un hombre que viajó en mayo de 2009 a Algeciras para adquirir 295 gramos de hachís resultó absuelto definitivamente de un delito de narcotráfico. La Audiencia Provincial de Madrid rechazó el recurso interpuesto por la Fiscalía ante la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número 9 de dicha ciudad, en la que ya se declararon nulas las acusaciones presentadas por el Ministerio Público al considerarse que no se había acreditado que este individuo fuera a destinar dicha mercancía a la venta. El magistrado también incidió en que el sujeto consumía "habitualmente" cannabis.

Además de estos argumentos, la sentencia destacó que al acusado no se le encontraron útiles empleados en el pesaje, corte y distribución del estupefaciente; y que al hombre tampoco se le sorprendió en el momento de llevar a cabo una venta. Y, por su parte, la Audiencia Provincial también insistió en que "resulta creíble" la versión del imputado, que afirmó que se trasladó a Algeciras a adquirir la droga porque "era muy barata". Por tanto, según recoge el dictamen judicial, el individuo habría aprovechado su visita a la ciudad para hacer acopio de hachís para un mes de consumo. A su vez, el tribunal incidió en que la versión del acusado fue "firme y persistente".

A este hombre se le juzgaba por unos hechos ocurridos el 20 de mayo de 2009 a las 21:30 horas. Las fuerzas de seguridad interceptaron al imputado cuando llegó a la estación de autobuses de Madrid procedente de Algeciras. El dictamen consideró probado que el acusado portaba entonces una bolsa con 60 bellotas de resina de hachís en su interior, que arrojaron un peso total de 295 gramos.

El Juzgado de lo Penal, tras celebrar la vista oral, consideró que dicha mercancía "no estaba preordenada al tráfico por la valoración conjunta de los distintos medios de pruebas aportados al juicio". El magistrado valoró especialmente como verídicas las declaraciones del imputado y de un testigo, que afirmó haber presenciado la compra de la droga en Algeciras.

La Fiscalía recurrió el dictamen de absolución del Penal basándose en que, según la doctrina reiterada del Supremo, la posesión de más de 50 gramos de hachís se considera que se destina al tráfico de estupefacientes -y no al consumo propio-. La Audiencia rechazó estas alegaciones y confirmó la sentencia, contra la que no se puede presentar ya recurso.

La Asamblea Parlamentaria Eurolatinoamericana (EuroLat) comenzó hoy sus trabajos en México con el debate sobre una posible despenalización de drogas para cambiar el "rumbo" de la estrategia contra el narcotráfico y el crimen organizado.

La ministra de Exteriores de México, Patricia Espinosa, dijo en la apertura de los discursos que México y su presidente, Felipe Calderón, están dispuestos a "participar y a abrirse a ese debate".

"El debate hay que darlo, sin duda, y promoverlo a nivel internacional", añadió Espinosa, aunque exhortó a que el mismo profundice sobre el fenómeno criminal y su diversidad.

La Eurolat es un organismo de diplomacia parlamentaria de los Congresos de los 33 países de América Latina y el Caribe y del Parlamento Europeo (PE) constituido en 2006, y está integrada por 75 europarlamentarios y por otros tantos legisladores de América Latina.

El eurodiputado popular español Agustín Díaz de Mera, copresidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Seguridad de Eurolat, expresó su respeto "profundo" a la lucha contra el crimen lanzada por el presidente Felipe Calderón.

Ensalzó especialmente que la misma haya recurrido a "instrumentos democráticos" ante un fenómeno delictivo muy amplio que incluye ámbitos como el tráfico de drogas, personas, secuestros, prostitución y lavado de dinero, entre otros.

Con respecto al debate sobre las drogas, Díaz de Mera se refirió a la coresponsabilidad de Europa al afirmar que "somos lamentablemente el eslabón del consumidor, el segundo mercado de cocaína más grande del mundo y no estamos contentos por eso".

Admitió que "las diferentes estrategias del pasado evidencian que no estamos en el camino correcto", aunque añadió que, por ello, "debemos establecer una corrección de rumbo. Si no se reduce la demanda, no se puede aspirar a reducir la producción".

El diputado izquierdista mexicano José Guadarrama Márquez, otro copresidente de la Comisión de Asuntos Políticos, Derechos Humanos y Seguridad de EuroLat, dijo en la apertura que "la denominada 'guerra contra las drogas' sustentada en un enfoque represor y punitivo de los consumidores (...) ha demostrado su absoluto fracaso".

Guadarrama destacó que el "consenso es cada vez mayor" sobre el fracaso de la actual estrategia mundial antidrogas, y recordó que la delincuencia organizada trasnacional representa "uno de los retos más apremiantes de nuestro tiempo".

Por ello, pidió estudiar "un cambio de rumbo, un cambio de paradigma" en esa lucha y considerar incluso la despenalización de algunas drogas.

Añadió que Eurolat trabajará en una resolución que busque un equilibrio entre la protección de la salud pública y los controles represivos.

"Estamos dispuestos a aceptar, con todo lo que ello implica, que la despenalización de ciertas drogas puede ser la única alternativa y también la más inteligente para debilitar a los cárteles de la droga", dijo Guadarrama.

Además, indicó que ya hay foros, como la Comisión Global de Políticas de Drogas, que son partidarios de un proceso de despenalización.

Hoy comenzará el seminario del alto nivel sobre crimen organizado, que coincide con la reunión extraordinaria de Eurolat.

Los trabajos de estos días en México contribuirán a enriquecer un texto que están elaborando la senadora argentina Sonia Escudero, por parte de América Latina, y el polaco Boguslaw Sonik, por el Parlamento Europeo (PE), explicó en rueda de prensa el eurodiputado español José Ignacio Salafranca, del Partido Popular.

El resultado de los debates será llevado a una sesión plenaria de EuroLat prevista para mayo en Berlín y a la VII Cumbre Unión Europea-Latinoamérica que se celebrará en Chile en enero de 2013, y contendrá sugerencias para mejorar las estrategias contra el crimen organizado y el narcotráfico en las dos regiones.

Algunos analistas ven en la propuesta lanzada por el presidente guatemalteco, Otto Pérez, un planteamiento peligroso 

SAN JOSÉ.— Pocas horas después de anunciar su polémica propuesta de debatir la legalización de las drogas, el presidente de Guatemala, general en retiro Otto Pérez Molina, se mostró feliz y sonriente al recibir a una delegación policial de alto rango de Colombia en su despacho, la tarde del sábado 11 de febrero.

Al día siguiente, la embajada de Estados Unidos en Guatemala rechazó su iniciativa, por el impacto que tendría para la seguridad en Centroamérica. En la nación surgió la pregunta de si “el general” había dado un peligroso salto al vacío al aparecer con una sorpresiva sugerencia evaluada preliminarmente con Colombia y México, pero que incomodó a Washington y fue recibida con interés por el resto de la región.

La respuesta surgió con un ejemplo de mapas militares que describen movimientos de tropas y fuerzas de combate: aunque Pérez es un general en retiro desde hace más de 10 años, la realidad es que hoy es el comandante en jefe del ejército de Guatemala y detrás suyo está el poderoso Estado Mayor, germen y respaldo de las maniobras de un presidente empeñado en ganar protagonismo regional en el debate sobre narcotráfico, uno de los más graves problemas de Centroamérica.

A decir de una fuente diplomática centroameriocana, que habló con EL UNIVERSAL bajo condición de anonimanto, la propuesta de Pérez es su forma “de posicionarse internacionalmente”, un mes después de su toma de posesión, el 14 de enero.

Por ser el primer militar o ex militar guatemalteco que alcanza la presidencia desde que en el país se instauró la democracia, en 1986, y tras el retorno de la cúpula de las Fuerzas Armadas a los cuarteles, luego de 32 años de regímenes castrenses, Pérez busca convertirse en el principal interlocutor político regional y tomar aparente distancia de Washington, agregó la fuente.

Con su plan, Pérez tampoco sorprendió a analistas de seguridad en Guatemala, un tema que se ha agravado en los últimos años por la violenta ofensiva de cárteles mexicanos y colombianos del narcotráfico, en un país que es plataforma del contrabando de drogas y de otras mafias del crimen organizado.

El proyecto “es una forma de ‘somatar’ (golpear) la mesa y ganar la atención de muchos para ubicarse en el centro del debate”, explicó el guatemalteco Héctor Rosada, analista privado de inteligencia y presidente del Centro de Estudios y Estratégicos y de Seguridad en Centroamérica, ente no estatal de Guatemala.

“Detrás de un general en situación de retiro, que además es el comandante general del ejército, se encuentra obligadamente un Estado Mayor, en su mayoría militares. Si se consulta la continuidad de las reacciones (de Pérez), se verá cómo la cosa (sobre las drogas) va tomando forma”, explicó Rosada a este diario.

Medida táctica

“La declaración (del presidente) la capto como una acción táctica hacia el objetivo de ubicarse estratégicamente en la conducción del debate del tema. Con ello ha planteado un punto de vista contrario al de Estados Unidos y desde ahí podría iniciar la negociación, sin que ésta afecte, por ahora, a sus principales protagonistas”, relató.

El 11 de febrero, Pérez Molina anunció que en la próxima cumbre de mandatarios centroamericanos propondrá analizar la posibilidad de legalizar y regular producción, transporte y comercialización de drogas, bajo el argumento de que los sangrientos choques con el narcotráfico proseguirán mientras Estados Unidos mantenga un elevado consumo de estupefacientes.

Desde Washington surgió el “no” contundente a la idea de Pérez.

En un comunicado que se emitió el domingo, la embajada estadounidense en Guatemala alertó que “si el tráfico y uso de drogas ilegales fueran descriminalizadas mañana en Centroamérica, las organizaciones transnacionales y pandillas continuarían con sus actividades ilícitas, incluyendo el tráfico de personas y de armas ilegales, extorsiones y secuestros, robos de bancos, (así como) robo de propiedad intelectual y el lavado de dinero”.

Un problema “compartido”

“Estados Unidos continúa oponiéndose a estas medidas, porque la evidencia muestra que nuestro problema compartido de las drogas es una amenaza de salud y seguridad pública”, alegó la legación diplomática.

El presidente de Honduras, Porfirio Lobo, tampoco cree que legalizar las drogas sea la solución. “Ni quiera Dios (que se legalicen las drogas). Creo es que lo que estamos haciendo (contra el narcotráfico) no tiene resultado. La droga sigue pasando por nuestros países y nos deja un saldo, pero terrible, de pérdida de vidas humanas y de violencia. El consumidor es allá (en Estados Unidos) el que tiene que bajar su consumo”.

Investigadores de la crisis regional de seguridad reconocieron, en entrevistas separadas con EL UNIVERSAL, que la opción de despenalizar el negocio del tráfico de drogas es, cuando menos, complicada.

“Es una propuesta muy novedosa que debería ser analizada con detenimiento por todos los gobiernos centroamericanos. (Pero) no estoy segura de si la región tiene condiciones suficientes como para avanzar en este momento un paso en esta dirección”, aseveró la analista nicaragüense Elvira Cuadra, coordinadora de investigación del (no estatal) Centro de la Comunicación.

El riesgo

Al, final, afirmó, lo que hizo Pérez es un “buen ejercicio”, “independientemente de lo que ocurra”, porque abrió el debate. Pero aclaró que sería peligroso “dejar hacer” contra el narcotráfico y “dejar pasar” drogas.

A juicio de la salvadoreña Denise Brunet, directora de la Asociación Equipo Maíz (ente no estatal), de El Salvador, “si Guatemala quiere legalizar la droga entra en contradicción con EU, que es el mayor consumidor, y en el negocio hay mucha gente beneficiada (en) las altas esferas”.

“Traficantes de armas y drogas se benefician de que las drogas sean ilegales y siguen con su negocio, protegidos por políticos. Si Guatemala rompe ese círculo ya establecido, lo desbalancea. No calza mucho que Pérez esté haciendo esta propuesta. No sé si la hace como maniobra política para lograr otra cosa, internamente o frente a Estados Unidos, o para crear un problema donde no lo hay, para poder resolver otra cosa que es invisible”, afirmó.

¿Pero qué es lo que busca el gobernante guatemalteco?, se preguntó Brunet, y se respondió: “No creo que quiera enfrentar a Estados Unidos. Él llegó al poder con la bendición de EU. Es un poco rara su propuesta”.

Un estudio sobre el consumo de cannabis demuestra que no causa las mismas consecuencias que el tabaco, aunque no descarta las conexiones con el cáncer.

Durante 20 años, un grupo de investigadores hicieron seguimiento a consumidores de marihuana y de tabaco. Con los primeros encontraron que fumar “un porro” por semana o más no causa los mismos efectos dañinos que fumar tabaco. Aunque la droga contiene algunas sustancias toxicas del tabaco, no plantea los mismos riesgos.

Los resultados hacen parte de uno de los estudios más amplios y prolongados de la Universidad de California, San Francisco y la Universidad de Alabama Birmingham  sobre el consumo del psicotrópico relacionado con la salud. Los pacientes eran personas que consumen de manera asidua, una o dos veces por día durante varios años.  Según el estudio, este nivel de consumo puede causar daño en la función pulmonar.

El estudio analizó los hábitos de consumo de 5.115 de 18 a 30 años, a lo largo de 20 años a partir de 1985. El proyecto fue financiado por el National Institute on Drug Abuse (Instituto Nacional sobre Abuso de Drogas del gobierno federal). Ciudades como Birmingham, Alabama; Chicago, Oakland, California y Minneapolis.

Pero entre los 5 mil jóvenes y adultos que hicieron parte del estudio, el número de consumidores asiduos no era suficiente, según  la Asociación Médica Estadounidense, quienes distribuyeron los resultados. El 37% no consumía marihuana ocasionalmente, aunque sí fumaba tabaco.

Los autores recomendaron “precaución y moderación" en el consumo de marihuana, aunque no se hallaron diferencias entre los consumidores que fumaban 1 vez al día durante 7 años, entre los que fumaban 1 “porro” a la semana por 20 años.

El componente activo de la marihuana, llamado THC, es el que produce la sensación de placer en los consumidores. Por esto también es usada de manera medicial, para combatir enfermedades.

(Especial para Infolatam por Rogelio Núñez)-. Las ideas de cómo combatir las drogas están cambiando de forma significativa en América latina. Hasta ahora era inaudito oír hablar a presidentes en ejercicio sobre la posibilidad de la despenalización de la producción, del tráfico y del consumo de la droga. En el último año, sin embargo, varios mandatarios en ejercicio se han unido a las posturas que sostienen expresidentes y académicos en favor de la despenalización.

Este movimiento en pro de la despenalización ha abierto de par en par una puerta que lleva a discutir un cambio de táctica en el combate a las drogas. Algo que ya en noviembre pasado proponía Juan Manuel Santoscuando afirmaba que era “hora de volver a pensar en la guerra contra las drogas…Un nuevo enfoque debe tratar de tomar distancia de la ganancia de violencia que viene con el tráfico de drogas … Si eso significa la legalización, y el mundo piensa que es la solución, voy a darle la bienvenida no estoy en contra de ella”.

El último en sumarse a esa posición ha sido el de Guatemala,Otto Pérez Molina quien propuso el sábado pasado despenalizar las drogas, tema que llevará a la próxima reunión de seguridad con líderes centroamericanos: ”es llevar el tema a la mesa de la discusión. Esto no significa que se va a tomar una decisión. Ya no sería un delito transportar o trasladar la droga. Todo esto tiene que estar regulado”.

Pérez Molina y Santos rompen un tabú

Pérez Molina explicó que la lucha contra el narcotráfico supone costos muy altos para los estados latinoamericanos y sólo neutraliza el problema sin lograr erradicarlo: ”con toda la tecnología y los recursos y millones de dólares que dio Estados Unidos el problema no ha disminuido. Se habló del éxito del Plan Colombia pero lo único que hicieron los grandes carteles fue neutralizarlo”.

Esto no hace sino volver los ojos hacia la responsabilidad que tiene el principal consumidor, Estados Unidos, en el tráfico de drogas: “estamos trayendo el tema al debate. Hoy (ayer) la reunión es para fortalecer los mecanismos para luchar en contra del crimen organizado, (pero) mientras el consumo no se logre reducir, el problema (del tráfico de drogas) va a seguir”.

Inmediatamente la Embajada de Estados Unidos en Guatemala emitió un comunicado asegurando que Washington “continúa oponiéndose a tales medidas, porque la evidencia muestra que nuestro problema compartido de la droga es una gran amenaza a la salud pública y a la seguridad”.

De todas formas, Estados Unidos ha reconocido la parte de culpa que le toca en todo este asunto.

La secretaria de Estado de EE UU, Hillary Clinton ha admitido la corresponsabilidad que le toca a Estados Unidos en el combate a las drogas: “aceptamos nuestra cuota de responsabilidad, como dije hace un año, en este mismo escenario, EU es su socio y los apoya. Sabemos que la demanda de drogas es el combustible de este comercio, que las armas facilitan la violencia en México y EU tiene que hacer y está haciendo su parte para encarar estor retos”.

Pero Pérez Molina ha recordado que el gran consumo de la droga está en Estados Unidos, por lo que “hay una corresponsabilidad que no está balanceada”: ”Yo sé que aquí tomamos el atrevimiento de sacar el tema, y lo que tenemos que hacer es sentarnos y discutirlo. Lo de la droga es un asunto que implica a todo el mundo y que afecta a gran escala. Va a llevar mucho tiempo discutirlo”.

Como señala Alfredo Kaltschmitt en el diario Prensa Libre “son los países que generan el 90 por ciento de la demanda de drogas los que deben legalizar la producción, distribución y uso de las mismas. Y destinar los 40 millardos que cuesta la guerra antidrogas en prevención y tratamiento. Un cambio que, como insisten tantos intelectuales, beneficiaría al mundo entero”.

Esta postura del guatemalteco ya fue puesta sobre la mesa por el prsidente colombiano Juan Manuel Santos para quien el tema debe dejar de ser considerado un tabú: “como presidente de Colombia y con la autoridad que me da como colombiano, este tema no puede seguir siendo un tabú. Discutamos alternativas”.

Santos respondió así a planteamiento sobre la despenalización expuesto por el escritor y ex vicepresidente nicaragüense Sergio Ramírez (“sé que esta no puede ser una opinión de Estado y un presidente de la República no puede expresarla. Pero como yo soy un ciudadano común y corriente, yo sí puedo. La solución es despenalizar la droga. Hay que despenalizarla”).

A esto Santos respondió que no que no está en desacuerdo con ello: “y lo digo como presidente de la República: esa solución sería aceptable para Colombia, si el mundo entero la toma”.

Incluso el Gobierno brasileño de Dilma Rousseff analiza la posibilidad de despenalizar el consumo de algunas drogas, pero sólo anunciará su decisión luego de un análisis «profundo», al tiempo que prepara un programa de combate al crack, «la peor droga», dijo el ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo: «Estoy a favor de que se discuta el asunto. Tenemos que discutir ese tema de forma abierta, sin dogmas. Existen argumentos positivos de los dos lados».

Las duras críticas de Felipe Calderón

Estas posturas de algunos presidentes en ejercicio favorables a despenalizar la producción, tráfico y consumo de drogas, son algo novedoso en la región donde lo común era hasta ahora que los expresidentes tras dejar el cargo se mostraran favorables a la despenalización, algo que durante sus mandatos no habían expresado.

Los expresidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Enrique Cardoso lanzaron esta propuesta como líderes de la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, un grupo integrado por 17 personalidades de la región que pretende impulsar una nueva estrategia  en la guerra contra los estupefacientes.

“Estoy a favor de la despenalización de todas las drogas”, declaró Cardoso en entrevista al diario Folha de Sao Paulo: ”cuando digo despenalizar, defiendo que el consumo no sea más considerado un delito, que el usuario no pase más por la policía, por el tribunal, por la cárcel. Pero la sociedad puede mantener penas que ayuden a la persona a salir de las drogas, como llevarla al hospital por un tiempo o trabajo comunitario”.

El colombiano César Gaviria incide en que ”el problema es que las actuales políticas están basadas en los prejuicios y temores y no en los resultados…En muchos estados de EU., como es el caso de California, han comenzado a cambiar la política federal en cuanto a la tolerancia de la marihuana para fines terapéuticos, y en Washington hay un cierto consenso de que la actual política (de represión) está fracasando”,

Los estadounidenses Bill Clinton y Jimmy Carter han mostrado igualmente su respaldo a estas tesis.

Quien más crítico se ha mostrado con estas tesis de los expresidentes ha sido  Felipe Calderón al resaltar una paradoja: “hubiera sido deseable que todos ellos hubieran puesto en práctica lo que ahora dicen como expresidentes. Yo prefiero más bien actuar ahorita…La verdad es que hay una característica, y yo prefiero actuar como presidente y ellos prefieren actuar como expresidentes. Es una diferencia”.

Y luego recordó: “estoy haciendo como presidente lo que debo hacer y yo mis opiniones las vierto como presidente. Segundo, yo no creo en alternativas tan radicales, por ejemplo, hablan de despenalizar el consumo. Señores eso está hecho, ya lo hice y ¿cuál es el resultado?, no hay ningún resultado significativo”.

Más allá de la verdad que esconden estas palabras lo cierto es que el tema de la despenalización se ha colocado plenamente sobre la mesa, que lo están haciendo presidentes en ejercicio poco sospechosos (un derechista como Pérez Molina y quien más golpes ha asestado a la narcoguerrilla de las FARC como Santos) y que Estados Unidos está siendo señalado como la parte fundamental a la hora de solucionar el problema.

Toda esta corriente de cambio la reconocen hasta figuras que rechazan la despenalización, como la presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla: “esa es una discusión que no es nueva, se ha venido planteando en distintos foros, de manera que no veo yo por qué en Centroamérica no se pueda plantear también el debate, pero claro que es un debate que implica un abordaje serio, muy riguroso, a efectos de no verlo simplemente como una medida paliativa y simplista porque no lo es”.

Por primera vez desde que Estados Unidos lanzó su “guerra contra las drogas” hace cuatro décadas, hay signos de que las fuerzas que apoyan la legalización de drogas ilegales están ganando terreno en todo el continente.

Es cierto que se trata de un debate que recién empieza a nivel gubernamental, y pasarán años antes de que se produzcan resultados concretos. Pero hay varios factores nuevos —incluyendo un recorte de la ayuda antinarcóticos de Estados Unidos a Latinoamérica que salió a relucir en el presupuesto para el 2013 enviado al Congreso por el presidente Barack Obama la semana pasada— que reflejan desafíos cada vez más serios a la tradicional estrategia antinarcóticos de Estados Unidos basada en la interdicción y prohibición de drogas ilegales.

Veamos:

 
En primer lugar, los presidentes latinoamericanos en ejercicio por primera vez están pidiendo abiertamente discutir la posibilidad de legalizar o descriminalizar las drogas ilícitas. Hasta ahora, se trataba de una propuesta de ex-presidentes, como los ex mandatarios Vicente Fox y Ernesto Zedillo de México, Fernando Henrique Cardoso de Brasil y César Gaviria de Colombia. Los actuales presidentes de México y Colombia han dicho que están abiertos al debate del tema, pero que no van a tomar la iniciativa.

La semana pasada, el presidente guatemalteco Otto Pérez Molina dijo que propondrá a sus contrapartes centroamericanas legalizar las drogas y descriminalizar el transporte de drogas en toda la zona. Un asistente de Pérez Molina me dijo que el Presidente llevará el tema a un encuentro de países centroamericanos programado para marzo. “Quiero poner este tema sobre la mesa”, dijo Pérez Molina, según reportó The Associated Press. “No sería un delito transportar ni trasladar la droga. Todo eso tendría que ser regulado”.

Simultáneamente, Estados Unidos planea disminuir su ayuda anti-droga a Latinoamèrcia en un 16 por ciento el año próximo, según el presupuesto 2013 que Obama envió al Congreso. Según esa propuesta de presupuesto, los fondos para control y cumplimiento de la ley entregados a México serán recortados en casi 50 millones de dólares, o 20 por ciento respecto de los niveles del año pasado, mientras los fondos antidroga destinados a Colombia caerían en un 11 por ciento, y los destinados a Guatemala en un 60 por ciento.

Los partidarios de los recortes de ayuda antinarcóticos dicen que las nuevas cifras reflejan en parte la creciente capacidad de los países latinoamericanos para combatir a los carteles del narcotráfico. Los críticos cuestionan, eso diciendo que es difícil argumentar que México y Guatemala, entre otros, necesitan menos ayuda externa para la lucha contra los carteles.

En tercer lugar, aunque la legalización o despenalización de la droga sigue siendo un tema tabú en el Congreso de Estados Unidos, las fuerzas pro-despenalización están haciendo significativos progresos a nivel estatal. Ya hay 13 estados que han aprobado el uso de la marihuana con propósitos médicos, y otros tres que lo propondrán a nivel estatal en las elecciones presidenciales de noviembre.

Además, algunos expertos predicen que la iniciativa de legalización de la marihuana en California, la Propuesta 19, que perdió por un margen de apenas 8 por ciento de los votos en el 2010, probablemente sea aprobada en noviembre. Según razonan estos expertos, en California habrá más gente joven —que tiende a apoyar la legalización— que votará las elecciones presidenciales de este año, de las que votaron en las elecciones legislativas del 2010.

Antes de terminar esta columna, le pregunté al profesor de la Universidad de Miami Bruce Bagley, un experto en la lucha contra las drogas, cómo ve los diversos desafíos a la tradicional política de Estados Unidos centrada en la interdicción y prohibición de narcóticos. “Esto se está convirtiendo en una suerte de avalancha”, me dijo Bagley, que respalda la despenalización de la marihuana. “Hay un creciente cuestionamiento de las políticas antidrogas de línea dura, tanto en Latinoamérica como aquí en Estados Unidos”. Bagley agregó: “La prevención, la educación, el tratamiento y los programas de rehabilitación son más eficaces que la represión contra la oferta de drogas”.

Mi opinión: Estoy de acuerdo. Es cierto que la despenalización de la marihuana produciría al principio un aumento del consumo. Casi todos los estudios revelan que cuando Estados Unidos levantó la prohibición del alcohol, el precio del alcohol bajó, y el consumo aumentó. Lo mismo puede ocurrir con las drogas.

Pero la mayoría de los estudios también demuestran que —de manera semejante a lo que ocurrió con el cigarrillo—, las campañas eficaces pueden reducir drásticamente el consumo de drogas, sin la secuela de delincuencia, criminalidad y “guerras” como las que están dejando decenas de miles de muertes por año en México y Centroamérica.

Hasta ahora, este debate estuvo limitado a los ex presidentes, académicos y periodistas. Ahora, estamos viendo los primeros signos de que se esta empezando a llegar a los palacios presidenciales.

Legalización de las drogas, también llamada despenalización, es una alternativa a la guerra contra las drogas, que está cobrando gran relevancia ya no sólo a partir de la iniciativa de personalidades como Mario Vargas Llosa y varios ex presidentes latinoamericanos, sino también desde la opinión de autoridades en ejercicio, como el Presidente Juan Manuel Santos de la República de Colombia, quien ha afirmado recientemente que despenalizaría las drogas en su país si esa decisión la acepta y asume el resto del mundo.

Pero no es solamente la urgencia de iniciar un debate sobre la necesidad de encontrar vías alternativas a las ya transitadas por la guerra contra las drogas lo que le está dando renovados bríos, también lo es la evidencia de los resultados después de diez años de legalización en Portugal, y después de la despenalización de drogas suaves en Holanda.

Y es que los datos referidos a una experiencia real de despenalización son muy útiles cuando se trata de discutir frente a personas que se niegan a aprender del antecedente de la ley seca norteamericana, aseguran que el caso de las drogas es muy diferente, y exigen hechos más que teorías para considerar la alternativa.

A esas personas les hago notar que Portugal, al ser el país que puso en práctica la iniciativa por primera vez, no fue tan exigente como ellos, y más bien confió en los argumentos, la lógica y la evidencia del fracaso de la penalización.

Recientemente leí dos artículos muy esclarecedores respecto de los resultados en Portugal y Holanda.

El primero, titulado “La despenalización de las drogas funciona”, publicado por www.elcato.org y escrito por Glenn Greenwald, pone en evidencia que la experiencia portuguesa se muestra exitosa frente a cualquier indicador. El “consumo de drogas en muchas categorías ha disminuido en términos absolutos, incluyendo para grupos demográficos importantes, como el de personas entre los 15 y 19 años. Donde las tasas de consumo han subido, los aumentos han sido modestos —mucho menor a los registrados en otras naciones de la Unión Europea, las cuales insisten en una política de penalización.”

Además en dicha nota se afirma que “Portugal, que tenía uno de los problemas de drogas más graves en Europa, ahora tiene la tasa de consumo de marihuana más baja del continente, y una de las más bajas para cocaína. Todas las otras patologías relacionadas con las drogas, incluyendo el contagio de HIV, hepatitis y las muertes por sobredosis, han disminuido considerablemente.”

El segundo, titulado “Holanda: el país de drogas legales con prisiones vacías”, publicado por www.reporterasdeguardia.com y escrito por Laura Dueñaz, no sólo describe un país con déficit de reos debido, entre otras cosas, a la legalización de drogas suaves como la marihuana, sino que comenta que los planes y discusiones sobre la legalización, ya no del consumo, sino de la producción de cannabis “ocupa a los holandeses recientemente para… ¿adivine?: disminuir los índices de criminalidad” Pero que se enfrentan al problema de que acrecentaría la ausencia de reos en las prisiones generando desempleo entre los trabajadores de las mismas.

Queda sobreentendido que en estos países los mercados negros, las mafias del narcotráfico, los secuestros y los asesinatos, sino se han erradicado por completo al menos han sido reducidos a su mínima expresión.

La iniciativa de parte de Otto Pérez Molina, el actual presidente de Guatemala por legalizar las drogas, se debe a querer darle un fin al negocio del narcotráfico que abruma a su país. Por su parte el Gobierno de Estados Unidos reaccionó negativamente ante esta propuesta, que asegurá Pérez será lanzada en una cumbre presidencial centroamericana el próximo mes.

Los presidentes de Guatemala y El Salvador expresaron este lunes estar en disposición de promover la discusión de legalizar las drogas, debido a que creen que el narcotráfico es un problema que han heredado a causa del consumo de estupefacientes en Estados Unidos.

"Estamos trayendo el tema al debate. Hoy la reunión es para fortalecer los mecanismos para luchar en contra del crimen organizado. (Pero) mientras el consumo no se logre reducir, el problema (del tráfico de drogas) va a seguir", dijo el gobernante guatemalteco Otto Pérez Molina durante una conferencia de prensa conjunta.

El presidente salvadoreño Mauricio Funes dijo estar dispuesto a adherirse a esa propuesta. "Como gobernante he dicho que estoy abierto a discutir y promover una discusión en mi país y sobretodo en la asamblea", explicó Funes. El mandatario salvadoreño visitó Guatemala para dar continuidad a los planes que se trazaron con el gobierno del ahora ex presidente Alvaro Colom.

Estados Unidos reaccionó en contra de los comentarios de Pérez sobre el tema del narcotráfico. En un comunicado, la sede diplomática indicó el domingo que hacerlo representaría "una amenaza a la salud y seguridad pública".

Pérez Molina consideró este lunes "prematuro" el comunicado de la embajada estadounidense.

"Creo yo que Estados Unidos debe ser parte del debate y me sorprende que sea una respuesta tan prematura como si quisieran cortar esto antes de que llegue al debate y esto incluye a Estados Unidos en el debate".

Según el mandatario guatemalteco, ya ha conversado del tema de la despenalización de las drogas con sus colegas Felipe Calderón de México y Juan Manuel Santos de Colombia. Hasta ahora no ha habido pronunciamiento de los gobiernos de esos países respecto a lo dicho por Pérez.

Sin embargo, Pérez parece determinado a llevar adelante esa idea, la cual dijo que propondrá en una cumbre de presidentes centroamericanos programada para el mes entrante en El Salvador. Cuando hace pocos días mencionó por primera vez el asunto en una emisora local, el presidente comentó que "no es una decisión solo de Guatemala, es una decisión regional".

Pérez, un general retirado del ejército, basó la campaña electoral que lo llevó a la presidencia en la promesa de aplicar "mano dura" para aplacar la criminalidad rampante en el país.

El ministro de Gobernación, Mauricio López, otro ex militar, consideró que la propuesta de despenalizar las drogas que ahora plantea el mandatario no contraviene ese enfoque de "mano dura".

"El presidente plantea algo que rompe lo que ha sido un tabú de una política, de una línea de contención pero que deja una cauda en términos de corrupción, inseguridad y en términos jurídicos. Es importante buscar una línea de acción en conjunto y mantener la firmeza de lo que desarrollemos", manifestó.

"Si miramos... en nuestras cárceles, están llenas de personas (detenidas) por el simple hecho de poseer drogas. Es un tema que proporciona corrupción y no soluciona el problema", señaló López.

Pérez Molina ha culpado a los carteles de drogas por los altos índices de violencia en Guatemala, un país de 13 millones de habitantes invadido por las pandillas y los carteles de drogas mexicanos con una tasa de homicidios de 41 por cada 100.000 habitantes según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, casi tres veces mayor que la del vecino México.

Anita Isaac, politóloga en Haverford College experta en asuntos de Guatemala, dijo que este giro repentino en el discurso de Pérez sobre el narcotráfico podría ser "astucia política" para presionar a que Estados Unidos envíe ayuda militar.

Eduardo Stein, ex vicepresidente y canciller guatemanteco y jefe del equipo de transición de Pérez, negó estas suposiciones aludiendo que Guatemala está abrumada por el crimen que proviene del narcotráfico.

"Estos países con economías pequeñas no podemos combatir el narcotráfico sin recursos superiores", explicó Stein. "El tema del narcotráfico y el consumo no es parte de la agenda política norteaméricana. El tema de las drogas en Estados Unidos es muy marginalizado mientras que para Guatemala y el resto de Centroamérica es muy central", declaró.

Desde que asumió la presidencia hace un mes, Pérez anunció su interés por restaurar la ayuda militar estadounidense, eliminada en 1978 en medio de la guerra interna debido a los abusos a los derechos humanos atribuidos al ejército.

Autoridades estadounidenses y guatemaltecas han encontrado evidencias que carteles mexicanos operan en el país.

Guatemala (ACAN-EFE). – El presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, dijo que propondrá a los Gobiernos de Centroamérica y los Estados Unidos “analizar la posibilidad” de despenalizar el comercio de las drogas, como estrategia para poner fin al narcotráfico.

“La idea es llevar el tema a la mesa de discusión” con los presidentes centroamericanos durante la próxima cumbre de mandatarios de la región, que se celebrará en las próximas semanas (no precisó en qué país), dijo el mandatario a los periodistas, durante la inauguración de los trabajos de reparación de una carretera del oeste guatemalteco.

Su propuesta, precisó el mandatario, tiene como objetivo detener los cientos de asesinatos que provoca el comercio ilícito de drogas, así como los delitos que están relacionados con esa actividad.

“No significa que se vaya a tomar una decisión” durante la cumbre de mandatarios, sino solo iniciar la discusión del tema para alcanzar consensos con todos los gobiernos de la región y con el de los Estados Unidos, acotó Pérez Molina. Tampoco precisó en qué momento propondrá el asunto a EE UU.

El objetivo, añadió, sería “regular” la producción, traslado, transporte y comercialización de las drogas, para dejar de invertir “millones de dólares” en el combate al narcotráfico y detener los cientos de asesinatos relacionados con esa actividad.

5.- Terminar con el crimen organizado, reducir los costos, enfocar la inversión y recaudar impuestos:

5.1-MAYOR ENFOQUE SOBRE EL CRIMEN ORGANIZADO:

Debemos quitar el foco sobre el consumidor y enfatizar la represión sobre el crimen organizado y las pandillas que se siguen robusteciendo en sectores identificados de la población, las que, muchas veces, reemplazan roles que debiera cumplir el Estado. Es en esta área donde las políticas de seguridad ciudadana deben actuar y ser enfocadas.

5.2-REDUCCION DE COSTOS Y UN NUEVO ENFOQUE DE INVERSION:

Los costos asociados con esta fallida guerra a las drogas en Chile son altísimos. El costo estimado (por persona) de la prisión preventiva relacionada con infracciones a la ley de drogas supera los500 mil pesos, superando así los 400 mil millones de pesos anuales de costo total. Como mencionamos antes, casi el 63% del total de las detenciones por la ley de drogas corresponden a la categoría consumo o porte, y no a tráfico o elaboración. Es de alta importancia reducir los costos para el estado y enfocar esos recursos en quienes necesitan rehabilitación.

5.3-RECAUDAR IMPUESTOS: 

Entregamos especial atención al debate en torno a la posibilidad que una vez regulado el consumo de marihuana, este pueda también generar recursos por medio de la recaudación fiscal. Usando los parámetros de la ONU, podemos estimar que en Chile se pueden llegar a consumir entre 6 y 15 toneladas de marihuana aproximadamente (estimación mínima y conservadora). Si la venta estuviese sujeta a impuestos similares, por ejemplo al vino o al tabaco, podríamos llegar a tener recaudaciones anuales del orden de los 5 a 20 millones de dólares. Pagaríamos impuestos para calidad, seguridad y tranquilidad. 

Estamos convencidos que ahora es el momento de abordar este tema, antes que se transforme en un cáncer similar al que se ha desarrollado en países como México y Colombia. Vemos con temor la indiferencia con la que se observa y margina la discusión sobre las drogas en Chile. No podemos pensar que lo que ocurre en otros países de la región no va a ocurrir aquí.  Chile puede pensar que está a salvo, pero lo mismo pensó México hace algunos años y hoy ese país está en un gran problema. 

Invitamos a todas y todos los ciudadanos a que se sumen a este debate. Pero de manera especial convocamos a que los diferentes actores políticos del país suscriban este acuerdo para que finalmente avancemos hacia una nueva política de drogas para Chile, enfocada en las libertades individuales, la responsabilidad y la salud.

EN PLATA BLANCA El escritor mexicano Carlos Fuentes habló del narcotráfico, la política de su país, sus amigos colombianos y los proyectos literarios que lo trasnochan.

Un grupo de diputados checos ha solicitado al Gobierno que tramite una ley para permitir el uso terapéutico del cannabis. "No se trata de liberalizar el uso de la marihuana sino de legislar su uso terapéutico", declaró en rueda de prensa el diputado conservador, y antiguo alcalde de la capital, Pavel Bem. La República Checa engrosará previsiblemente este año el número de países de la Unión Europea (UE) que permiten esa sustancia en la medicina.

El proyecto de ley prevé la creación de una agencia que controle el cultivo e importación, y que deberá obligatoriamente mediar en la distribución "para asegurar los precios bajos", precisó Jindrich Voboril, coordinador nacional antidroga del Gobierno.

Se prevé que habrá entre 3 y 10 cultivadores oficiales de la sustancia, que estarán bajo una "severa supervisión" para evitar que suministren al mercado negro, añadió el experto. También se creará una receta electrónica, accesible a la policía, para evitar abusos, recordó asimismo Voboril. En el proyecto se excluye el uso del cannabis para niños y jóvenes. "Creo que se podrá aprobar (la ley) durante este año, para que entre en vigor en 2013", auguró la presidenta de la Cámara baja, Miroslava Nemcova.

Las legislaciones que han servido de modelo para este proyecto de ley han sido la israelí, la holandesa y la canadiense. Existe consenso entre los médicos y neurólogos del país centroeuropeo de que la marihuana ayuda a paliar dolores crónicos neurológicos, así como la desnutrición severa e inapetencia y polineuropatías en pacientes de SIDA.

También se quiere administrar esta sustancia como paliativo a los afectados por tumores cancerígenos, o como lenitivo contra dolores neuropáticos, entre otros usos.

Además de ser una realidad el fracaso de la política de la prohibición y de la incongruencia de que puedan existir drogas legales y drogas ilegales, independientemente del daño que hagan, la prohibición ha creado el tráfico ilícito de drogas, ha puesto la distribución de drogas en manos de delincuentes que mueven al año 500 mil millones de dólares y la globalización y los acuerdos de libre comercio les ha facilitado el trabajo llegando a tener, muchos de ellos, la organización y la importancia como una multinacional. Paralelamente en los últimos tiempos se han ido descubriendo las conexiones entre el narcotráfico y el terrorismo. Incongruentemente Estados Unidos, por un lado esta librando una guerra a muerte contra el terrorismo y por otra esta alimentándolo con una, cada día mas enfurecida, guerra a favor de la prohibición.

El gran periodista H.L. Mencken fue uno de los principales críticos de la prohibición del alcohol. En 1925 él escribió, “lo que la prohibición hizo fue crear un lucrativo mercado negro para el alcohol e invitar al crimen organizado y otro que usualmente viene acompañado con éste”. La corrupción de la industria del contrabando infectó todos los niveles de la justicia. Los cuerpos policiales y fiscales locales, miembros del Congreso (quienes tenían su propia reserva de licor) incluso el fiscal general del presidente William Harding eran corruptibles. Obligar a los estadounidenses a recurrir al inframundo para saciar su sed por el alcohol también conllevó a un gran problema de salud pública. Los estadounidenses bebieron más fuertemente, ya que tenían que tener su dosis en una sentada, y no sabían dónde o cuándo tomarían su próximo trago. Y tomaban licores más potentes el llamado gin de bañera y otros tragos preparados domésticamente, licores que no eran chequeados por las fuerzas del mercado o los reguladores, de tal forma que no eran solamente pésimos y potentes, sino que también en algunos casos totalmente venenosos. Para mediados de los años veinte, las hospitalizaciones y las muertes producto del envenenamiento con alcohol aumentaron dramáticamente. En la ciudad de Nueva York, la cual ha impuesto un gravamen a los cigarrillos que está entre los más altos de Estados Unidos, un boyante mercado negro ha surgido, sirviendo como fuente de financiamiento para el crimen organizado y contrabandistas, al igual que a organizaciones terroristas tales como Hezbollah y al Qaeda. Prohibiciones y declaraciones de guerra amplias, caras y abusivas nunca han funcionado, y la historia demuestra que más bien crean más problemas de los que pretenden resolver.

Con el alcohol no existe tráfico ilegal ni adulteraciones que producen muertes de consumidores, como pasaba en la época de la Ley Seca de Estados Unidos, que fue cuando las mafias lograron su punto culminante y la prueba de que la prohibición es la que crea el tráfico ilícito. Los gobiernos tienen que dejar de lado de una vez las ideas de la prohibición y darse cuenta que están haciendo mucho más mal que bien. Es importante entender que luchando por la legalización de las drogas a la vez luchamos para erradicar el narcotráfico y el terrorismo. Sin prohibición no hay tráfico ilegal, los carteles y las mafias nacen y se alimentan con la prohibición, recordemos la tristemente Ley Seca de los Estados Unidos. Se tiene que ir a un control de calidad de las drogas y su producción, venta y consumo, de manera que se distribuyan por los canales más idóneos para cada una de ellas. El cannabis mediante los cannabis cafés y las demás en farmacias o establecimientos similares y por prescripción con receta de un profesional.

A la hora de plantearnos la oportunidad y necesidad de la despenalización de la producción, venta y consumo del cannabis, tenemos que ser lo más ecuánimes e imparciales posible puesto que es un tema en que los intereses económicos juegan un papel principal, no podamos olvidar que el tráfico de drogas mueve millones de dólares y es, desgraciadamente, uno de los negocios mas importantes de nuestro mundo. (Primero o tercero según las fuentes).

También encontraremos numerosas personalidades de la cultura, ciencia, política, etc., a favor y en contra de la legalización. No podemos perder de vista que el narcotráfico esta infiltrado en muchas esferas políticas y económicas y que tiene suficiente poder y dinero para comprar y corromper a quien sea como tal de conseguir lo que quieren, y no podemos perder de vista que el narcotráfico está ligado directamente al terrorismo y que la prohibición, por este motivo, ha ido fortaleciendo las arcas de los terroristas que cada día que pasa se atreven a realizar atentados más espectaculares. (EEUU intercepta un barco con drogas al que relaciona con Al Qaeda Viernes, 19 diciembre 2003 IBLNEWS, EUROPA PRESS)

Por otro lado hay la DEA(Administración de Control de Drogas de Estados Unidos) y la NIDA (Instituto Nacional sobre Drogadicción de Estados Unidos), empeñados en un cruzada sin cuartel, dirigida por unos cuántos iluminados, y que no dudan me financiar investigaciones a cualquiera precio que demuestren lo que de malo tienen las drogas, mintiendo y engañando como en el informe hecho por el científico doctor George Ricaurte que demostraba lo malo del MDMA para el cerebro, y que después se tuvo que retractar, públicamente, fruto de la presión de sus compañeros científicos, en la prestigiosa revista Science que es la misma que publicó su informe falseado, investigación que fue financiada por la NIDA con 3 millones de dólares.

También pienso que tenemos que tener muy claro que la política holandesa no legaliza la producción, venta y consumo del cannabis si no que la tolera, que esta es una solución pasajera y un poco ambigua, lo que tenemos que proponernos es, una solución definitiva, la legalización de la producción, venta y consumo, sin dejar las cosas a medias.

La base de esta política es la consideración de que tolerando bajo condiciones claras la venta de drogas blandas, se contrarresta el consumo por parte de los jóvenes de sustancias tóxicas más peligrosas. Los usuarios de marihuana entre la población son un 8,5% en EE.UU, un 6,9% en Francia, un 5,8% en España y, paradójicamente, un 4,5 % en Holanda. En Holanda, gracias a la política de separación de mercados entre drogas duras y blandas propiciada por la legalización de facto del cannabis, la proporción de consumidores de drogas duras respecto a la población es inferior a la media europea y uno de los más bajos de Europa. El número de drogodependientes en Holanda es del 1,4 por mil.

Todo lo que hagamos o propongamos tiene que ir dirigido a:

1. Favorecer la salud pública.
2. Respetar la libertad individual de las personas a decidir que quieren hacer.
3. Dar prioridad a todo aquello que vaya en contra del narcotràfic.
4. Asegurar la continuidad en cantidad, cualidad i pureza del producto.
5. Promocionar programas de disminución de riesgo y reducción de daños.
6. Estimular, promocionar y subvencionar las investigaciones para el uso terapéutico de las drogas.

Como es muy posible que no podamos acceder directamente a la despenalización y posterior legalización del cannabis, como primera medida, para ir incorporando a la legalización española nuestras propuestas creo que podríamos, como principio, partir de la siguiente premisa, instaurar los Cannabis cafés bajo las siguientes premisas

Creo que podríamos, como principio, partir de la siguiente propuesta:
Creación de los

CANNABIS CAFÉ

Lo que considero primordial y premisa totalmente necesaria de establecer antes de hacer cualquiera paso en el establecimiento de cannabis cafés, es la promoción, el control y ayuda de la producción; si se permiten legalmente los cannabis café la producción debe también moverse entre parámetro legales. El mejor enemigo del narcotráfico es, sin lugar a dudas, el autocultivo.

Es del todo importante regular la producción del cannabis para el consumo en los establecimientos de cannabis café, de manera que no tengan que caer en un mercado ilegal a la vez esté asegurada su calidad. Se tiene que establecer un sistema por el cual se tenga conocimiento y seguridad en:

1. Permitir la producción de cannabis agrícola y cannabis parar el consumo., bajo un control riguroso para que no provoque tráfico ilícito.
2. Permiso y control de las cantidades de producción.
3. Control de calidad e higiene.
4. Control de los costes de producción y posteriores costes de reventa al cannabis café, con el fin de que los precios no sean abusivos ni demasiado bajos. (Para que no puedan decir que es una promoción del consumo)
5. Protección y ayudas a l’agricultura para la producción de cáñamo industrial y fomento de la creación de empresas que lo hagan servir como materia prima.
6. Control de la personalidad y antecedentes del empresario que abre el cannabis café, para evitar que este en manos de redes nacionales o internacionales de narcotraficantes.

Admitir la creación de cannabis café con el siguientes requisitos:

1. Vender solamente cannabis, el encontrarles vendiendo otras drogas acarreará el cierre inmediato del local.
2. Vender sólo 5 gramos, por persona. (Legislación española, circular 1/1984 de la Fiscalía General del Estado)
3. No hacer publicidad de las drogas ni apología del consumo. (Incluido el cannabis).
4. No permitir que molesten a los vecinos, bajo sanción de multa y cierre del local a la tercera vez de reincidencia.
5. No permitir la entrada a menores de edad (18 años) ni venderles cannabis.
6. Ver qué se la relación ideal establecimientos población y zonas de las poblaciones mas adecuadas por su instalación.
7. Stok máximo en el cannabis café 5 por 100 dosis = 500 gramos.
8. Totalmente prohibida la venta de bebidas alcohólicas (incluyendo las alcohólicas SIN).

Cálculos nacionales de prevalecía del consumo de drogas en la Unión Europea y Noruega (1996-1998)
Índice por cada 1 000 habitantes de entre 15 y 64 años de edad

En 1996 entro en vigor la tolerancia holandesa que permitió la implantación de los cofee shops, en este año Holanda estaba en el puesto quinto en el indicie de consumo por cada mil habitantes, en 1998 está en el segundo puesto y el incremento sufrido del 96 al 98 es del 0’4, el mas bajo de toda la Unión Europea y Noruega, y muy por debajo de la media europea, lo que demuestra que la implantación de los cafee shops no produjo un aumento alarmante del consumo sino todo lo contrario.

Por supuesto que en el terreno terapéutico se tiene que dar todo el apoyo necesario a las investigaciones y la autorización para su uso.

Firmado: Joan Manuel Riera Casany
Voluntario social

La reglamentación de drogas ilegales (cannabis, cocaína, heroína y las denominadas de diseño o emergentes), supondría reducir "de manera drástica" las consecuencias políticas, sociales y sanitarias de su consumo, según la Fundación Atenea.

En un monográfico sobre "Regularización de drogas: el falso debate de la legalización", esta organización considera que regularizar estas sustancias significaría establecer mecanismos y normas para acceder a ellas a través de reglamentaciones administrativas que determinen de manera explícita el ámbito de la autorización.

La regularización, además, permitiría establecer sanciones por incumplimiento de las reglas.

Según esta fundación, en el falso debate 'legalización sí, legalización, no', ambas posturas son "irresponsables" porque no se sitúan en el ámbito de las necesidades sociales.

Para Fundación Atenea, "tan inmoral y peligroso es inventarse riegos del consumo de drogas como negarlos todos".

Pablo Ascolani es licenciado en kinesiología y fisiatría recibido en la Universidad Nacional de San Martín y miembro de la Asociación Rosarina de Estudios Culturales (AREC). Su tesis de grado, “Cannabinoides y síntomas neurológicos: ¿La pieza faltante en la farmacología clínica?” lo convirtió en una de las primeras voces científicas de la Argentina que se animó a hablar del rol que juega esta sustancia en el sistema nervioso.

Ascolani investigó el Sistema Cannabinoide Endógeno (SCE). “Es una nueva vía para el tratamiento de la espasticidad y el dolor crónico, comunes a patologías de alta prevalencia”, asegura.

–¿En qué estado se encuentra la discusión acerca del uso de la marihuana como medicina en la Argentina?

–En Argentina es muy incipiente esta discusión, y esto no es casual. Si nos remitimos a la ley de drogas vigente, prohíbe incluso hablar de sus efectos terapéuticos. Los dispositivos en salud que acompañaron las leyes prohibicionistas permearon todo el estamento médico, sobre todo en las áreas farmacológicas y toxicológicas. Hay intereses de todo tipo, políticos, económicos y referidos a una moral que representó siempre a los dueños del poder fáctico, contraria al uso de drogas psicoactivas. En representación de AREC llevamos el tema del uso terapéutico a la primera audiencia pública sobre la nueva ley de drogas que hubo con las comisiones de Prevención del Narcotráfico y Derechos Humanos del Congreso Nacional. Hay muchos médicos que están informados, han estudiado el tema, y lo recomiendan a sus pacientes, pero el gran problema es que no existe una forma farmacéutica accesible para los pacientes. Al ser ilegal es una medicina accesible a pocos, y carece del estandarizado y control de calidad que debe tener cualquier hierba de grado medicinal o extracto. Y por otro lado, los inconvenientes generales: la forma de administración y la psicoactividad, el principal efecto adverso. Desde AREC sostenemos que es violatorio de este derecho humano y anticonstitucional castigar a los pacientes que se benefician con el uso de cannabinoides. Y pensamos que desde la academia también debemos vigilar que las políticas que se apliquen sean razonables, efectivas y busquen el bien común y respeten los Derechos Humanos.

–¿Cuáles son los avances en materia de investigación acerca de los efectos de la marihuana?

–El principal descubrimiento es que existe un sistema de comunicación entre células en nuestro organismo, basado en moléculas con acciones similares a la planta. La función de este sistema es la de recuperar el equilibrio ante el estrés, la lesión, u otros desequilibrios. Pero todo esto es muy nuevo. Hay que ubicarse también en el estado del conocimiento farmacológico actual. A partir de los ’90, a pesar de la prohibición y porque el hecho saltaba a la vista, se descubrió que existían receptores específicos para la marihuana y sustancias endógenas similares, es decir, el cuerpo fabricaba su propia marihuana. Hoy, gracias al descubrimiento del sistema cannabinoide endógeno, sabemos que el paracetamol es una pro droga cannabimimética, es decir, no es activa en sí misma sino que lo que produce la analgesia es un metabolito que, por un lado emula a un cannabinoide endógeno en determinado tipo de receptor, y por otro lado impide la recaptación de los endocannabinoides, y mediante esos dos mecanismos aumenta la actividad del sistema cannabinoide y se produce analgesia. Pero, lamentablemente, se realiza muy poca investigación clínica porque ningún laboratorio está interesado en invertir en moléculas no patentables como el THC y CBD. Por eso es de suma importancia que el gobierno argentino articule a través de su Ministerio de Salud la investigación en universidades públicas, porque es el único ámbito donde estas medicinas pueden desarrollarse. Creo que los medicamentos a base de cannabinoides tienen que volver a ser lo que eran antes de su prohibición: medicamentos de uso común, económicos y accesibles.

–¿Qué otros tratamientos pueden realizarse con marihuana?

–En el tratamiento del cáncer debe investigarse, porque está bien desarrollado en estudios preclínicos e incluso uno en pacientes, el uso de cannabinoides como antineoplásico. Los cannabinoides destruyen células cancerígenas por medio de mecanismos específicos, mientras que protegen de la lesión a las sanas. Hay casos anecdóticos de personas que dicen haberse curado de cánceres serios después de un par de meses de consumo de dosis altas de resina de cannabis. Me parece, en el caso del cáncer, que uno de los usos que deberían investigarse prontamente es el externo. Al evitarse la ingestión y la absorción sistémica, evitamos la psicoactividad que es su principal efecto adverso, u otros que pudieran surgir a altas dosis y por acumulación. El uso en neurología es otro promisorio; al contrario de lo que la gente cree, los cannabinoides son neuroprotectores potentes, funcionan como secuestradores de radicales libres, a la vez modulan la liberación de glutamato (un neurotransmisor que puede ser tóxico en exceso) y las cascadas de calcio, modulando la liberación de mediadores inflamatorios y la síntesis de deshechos celulares. Hay gente que postula que el consumo de cannabis podría prevenir diferentes enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer por ejemplo.

–¿Cómo debería dosificarse la sustancia para pacientes?

–En relación a estas cuestiones, si bien todavía no es un método aceptado, fumar el cannabis por medio de cigarrillos, a diferencia del tabaco, no aumenta la posibilidad de contraer cáncer de pulmón. Hay estudios muy serios sobre esto, y para la sorpresa de buena parte de la comunidad científica ¡disminuye la incidencia de cáncer escamoso de cabeza y cuello! Es decir, fumar marihuana es protectivo contra ese tipo de cáncer. Tampoco produce enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) como el tabaco. La variedad de efectos fisiológicos y psicoactivos del cannabis hace que esté contraindicado a pacientes con historia personal de enfermedad mental, hepatitis C o enfermedad cardíaca grave; la administración fumada en pacientes con EPOC. Y debería evitarse el uso en poblaciones especiales como adolescentes, ancianos, pacientes con historia familiar de enfermedad mental, epilepsia, enfermedad cardíaca, y uso concomitante de sedativos e hipnóticos. Otra vía de administración interesante es el spray orofaríngeo. De momento, lo más lógico es que el Estado produzca marihuana de grado medicinal y extractos estandarizados a través de su Ministerio de Salud y que sea dispensada por medio de efectores públicos, aunque también debería expenderse en farmacias, comunes o especializadas, para que sean accesibles a pacientes con cáncer, VIH o con problemas neurológicos y aliviar sus síntomas.

Alemania.- ¿Legalización de la adicción?

Desde las filas del partido alemán de La Izquierda se alzaron voces que proponen la legalización del cannabis. ¿Qué consecuencias tendría tan controvertida medida?

Debates similares seguramente surgen entre las filas de los diferentes partidos en más de un país. Sobre todo en cuanto a la discusión entre una ilegalización, que deriva en cierta forma en el narcotráfico “ilegal”, o  una legislación más permisiva, con la que los gobiernos pretenden más control sobre el tráfico de narcóticos.

Precisamente éste es el debate que ha planteado el partido deLa Izquierdaen Alemania. Siguiendo el ejemplo de la vecina Holanda, algunos de sus dirigentes apuntaron a la legalización del consumo de cannabis en torno a asociaciones. Algo así como un club de consumidores de esta sustancia, conocida comúnmente por sus formas de presentación al consumidor como hachís o marihuana.

Sustancia nociva y adictiva

 Placeres para unos y riesgos para otros aparte, muchos son los expertos que abogan por la ilegalización. Así lo declaró Rainer Thomasius en una entrevista en la emisora alemana Deutschlandfunk.

El psiquiatra, especializado en juventud y adicciones, considera tres razones fundamentales para mantener la ilegalización. Primero, por los daños psíquicos, físicos y sociales que produce la sustancia. Segundo, por el preocupante número de  adictos al cannabis entre los jóvenes alemanes. Y tercero,  porque intentos de legalización como el de los Coffeeshops holandeses han resultado ser ineficientes entre los jóvenes.

Entre los peligros para la salud, el experto opina que esta sustancia provoca problemas que van más allá de los cuadros clínicos. Y además de aumentar el riesgo de infartos o problemas respiratorios, también puede causar psicosis o trastornos en el desarrollo durante la adolescencia.

¿Legalización vs. criminalización?

 Por otra parte, a pesar de las advertencias médicas, también hay voces que defienden la otra cara. Es el caso, por ejemplo, de Raphael Gassman, director dela Oficina Alemanade Adicciones. Para este último, además de proteger la salud de los jóvenes, la legislación también ha de estar dirigida a la prevención para evitar caer en la delincuencia. Y para eso, lógicamente sería necesario “repensar” la prohibición.

Otro argumento a  favor de la legalización estaría en la comparación de los efectos del cannabis con la  nicotina y el alcohol. Según Thomasius, un estudio australiano que compara las causas de bajas laborales por enfermedad, concluyó que el 12% de las bajas están causadas por alcohol y otras tantas por tabaco. Por el contrario el cannabis provocaría entre el 1 y el 2%.

“Si atendemos a la relatividad, le daría la razón. Alcohol y tabaco son más peligrosos. Visto desde una pura perspectiva médica, deberían estar dentro de la ley de sustancias adictivas. La sociedad lo decidió de otra forma y ahora ya no se puede cambiar. Pero desde mi punto de vista, estoy plenamente convencido de que  la modificación de la ley contribuiría a permitir en Alemania una tercera sustancia realmente problemática”, concluye el experto.

Su gobierno y ONU dicen que es el principal productor y consumidor del mundo

Al menos desde hace una década Estados Unidos no sólo es el principal consumidor de mariguana en el mundo, sino que se convirtió en su más importante productor, y su cultivo comercial es de un valor superior al del maíz, algodón, tabaco, cacahuate y trigo, combinados.

 
El gobierno de ese país calcula que la producción doméstica de la Cannabis Índica creció de casi mil toneladas en 1981 a unas 15 mil en 2010, y el sitio Drugscience.org, que promueve la reforma de las leyes federales sobre el estupefaciente, indica que la producción nacional de éste vale unos 35 mil 800 millones de dólares, esto es, mayor que el de los citados cultivos en conjunto. Además, la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito refiere que Estados Unidos tiene sólo el 4.5 por ciento de la población mundial y posee 45 por ciento de drogadictos en el mundo, principalmente aficionados a la yerba, es decir que en la Unión Americana hay diez veces más consumidores ó estos consumen drogas diez veces más que en cualquier otra parte.

Tan sólo en 13 estados está permitida la siembra del estupefaciente “para uso medicinal”, aunque realmente es a escala industrial, además de que en la mayoría de las ciudades se fomenta de manera tolerada y su erradicación no representa prioridad alguna. En la Unión Americana hay 10 veces más adictos que en todo el orbe, por lo que la mariguana que introducen a dicha nación no les es suficiente y tienen que cultivarla ellos mismos. El estudio “Producción de mariguana”, elaborado por el experto Jon Gettman, conocido estudioso y activista contra la legalización de las drogas en el vecino país, revela que la mariguana es el mayor cultivo comercial de Estados Unidos, y pese a que la DEA argumenta no poder precisar la magnitud de la cosecha nacional, es evidente que crece, pues en 2005 “importaban” cinco mil toneladas métricas y en la actualidad se cultivan más de 15 mil toneladas métricas de Cannabis Sativa e Índica.

Explicaciones médicas precisan que la Cannabis (cáñamo) Índica es una herbácea con propiedades psicoactivas y a lo largo de la historia se ha utilizado como fuente de fibra textil, se extrae aceite de sus semillas e incluso como alimento, aunque en la actualidad es consumida también como herramienta espiritual. Proviene  del sur de Asia y del subcontinente Indio (Afganistán, Pakistán, India, Tíbet, Nepal, etc.), en tanto que la Sativa es propia de las zonas ecuatoriales como Tailandia, Camboya, Jamaica y México, entre otros países.

De acuerdo a estadísticas del informe anual antinarcóticos del Departamento de Justicia de California, los cultivos erradicados en 2006, tan sólo en ese estado, alcanzaron un valor comercial de 6 mil 700 millones de dólares.
Para el capitán Kevin Mayer, del Servicio Forestal de los Estados Unidos, los mayores focos de crecimiento de cultivos ilícitos en California se ubican en parques y reservas naturales, donde el aislamiento físico y el hecho de ser un espacio público obstruye la persecución de los responsables.

Y por lo que respecta a las autoridades estadounidense encargadas de combatir los sembradíos ilícitos, el gobierno californiano argumenta que no pueden emplear fumigaciones aéreas contra las plantaciones ni utilizar la sustancia denominada glifosato, como se hace en América Latina, por considerarla nociva a las condiciones ambientales en esos lugares.

En California es “cultura”

Y de la misma manera que algunos países andinos justifican la existencia de cultivos de coca “por su importancia para las tradiciones locales”, en California argumentan que la mariguana forma parte de la cultura de la región, especialmente desde la década de los años 60.

Pero no nada más mediante los grandes plantíos ilícitos Estados Unidos se ha convertido en el más importante productor de mariguana en el mundo, sino también mediante la hidroponia, esto es el cultivo “casero” de la yerba, lo mismo en macetas que en azoteas, zotehuelas y en cualquier espacio reducido dentro de su mismo departamento, para lo cual han desarrollado sofisticadas técnicas de temperatura, riego, abono, etcétera.
Los estudios de la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito revelan que actualmente la mariguana es la droga de mayor consumo en ese país y años atrás la cocaína tenía el segundo lugar, pero ha sido desplazada por las metanfetaminas (drogas sintéticas).

La explicación de que las drogas de diseño (“Ice”, Crystal”, “Tachas”, entre otras), hayan desplazado a la cocaína como una de las drogas de mayor consumo, es que son muchos más baratas y  sus efectos más potentes, aunque causan mayores daños irreversibles por su adictividad. Es paradójico que mientras aumenta el tono del discurso de Estados Unidos en torno de “la guerra contra las drogas”, la cantidad de consumidores y la demanda de drogas no disminuye, sino que se incrementa de manera alarmante.

Actualmente, 13 estados, encabezados por California, permiten ciertos tipos de uso para la mariguana y en muchas ciudades combatir el fenómeno representa una de las últimas prioridades de la Policía para, además de que las reformas a las leyes estatales sobre uso y cultivo de mariguana son contraataque, severo golpe,  a la guerra contra los cárteles de drogas mexicanos, porque aquí se combate al comercio y al cultivo de drogas y allá las plantaciones crecen desde hace décadas.

Mariguana falsificada

Pero si bien la Unión Americana es líder en la producción de mariguana, ahí también no todo lo que reluce es… yerba, pues ahora ya hay en el mercado negro un producto que es imitación de mariguana, esto es ¡mariguana pirata! Se trata de la “K2”, una sustancia que es el resultado de una mezcla de hierbas y especias, a la que se agrega un compuesto sintético similar al tetrahidrocannabinol (THC), ingrediente psicoactivo de la mariguana. La “K2”, cuyos ingredientes no están regulados, es poco conocida, pero fácil de conseguir y tiene efectos muy similares a los de la mariguana, cuyos consumidores la consiguen a través del internet y en diversas tiendas especializadas en drogas. Los legisladores en Missouri y Kansas han presentado proyectos de ley para equiparar su consumo al de la mariguana, por lo que su posesión sería un delito punible hasta con siete años de prisión.
Asimismo, la “Propuesta 19” respecto a legalización de la mariguana en California ha desatado enorme polémica, ya que los habitantes de California tendrían derecho a cultivar, portar, consumir y comercializar la mariguana. Sin embargo ello no es nuevo, pues desde los años 90 empezaron las discusiones en torno de la posibilidad de legalizar su producción y consumo.

La propuesta actual pretende equiparar el consumo de mariguana con el de tabaco y el alcohol, lo que le permitiría el desplazamiento de la Cannabis en todo ese estado, Ha tenido tal aceptación que incluso ya se han recibido donaciones por más de 4 millones de dólares para que se puedan realizar los trámites y se realice el proceso legislativo aprobatorio.

Empero, los gobiernos de países latinoamericanos, especialmente los productores o comercializadores, han manifestado preocupación en torno de esa medida y afirman que es una contradicción política y jurídica, pues si Estados Unidos siempre ha impulsado la lucha antinarcóticos, es incoherente la legalización del consumo y la producción de la droga en su territorio. Los estadounidenses han perfeccionado a tal grado la producción de mariguana en su país, que los productores en México ya aprenden nuevos trucos y adoptan técnicas desarrolladas por ellos para producir plantas de mejor calidad que les den mayores ganancias.

En Sinaloa los soldados han encontrado decenas de hectáreas de invernaderos, equipados con sofisticados sistemas de riego, temperatura y fertilización, donde crecen interminables filas de plantas de mariguana de más de metro y medio de altura. Uno de los militares a cargo de la erradicación y destrucción de los plantíos, donde también encontraron macetas con mariguana alumbradas día y noche con lámparas, dijo se trata de tecnología gringa para que la yerba crezca más rápido.

Tras los resultados obtenidos en el cultivo de la mariguana, los estadounidenses presumen de su producción y vociferan tener “mariguana de calidad contra la porquería mexicana”, ya que mientras la libra de mariguana mejorada, es decir producida ahí, llega a costar 2 mil 500 dólares la libra de la tradicional cuesta sólo 500 dólares. Los cárteles mexicanos se ven obligados a mejorar su producción para competir con los estadounidenses.
Bill Ruzzamenti, un policía especializado en el tráfico de mariguana en el Valle Central de California, dijo: “Yo estoy en la policía antidrogas desde hace 30 años y nunca en mis sueños más locos había pensado que yo iba a estar diciendo que California está produciendo más mariguana que México”.

Agregó que los decomisos de plantas de mariguana en California crecieron cerca de 300 por ciento en los últimos cuatros años y la producción se incrementó, ya que los cultivos clandestinos están apareciendo con mayor frecuencia en diferentes zonas de los Estados Unidos, incluso en parques nacionales.

San Francisco ha comenzado a emitir de nuevo los permisos de apertura de dispensarios de marihuana medicinal,  después de que  una reciente decisión de la Corte Suprema de California permitiera a las tiendas permanecer abiertas  por ahora.

 El proceso de autorización de abertura  había estado en suspenso durante unos pocos meses después del fallo en contra del tribunal estatal de apelaciones que sostenía que las ciudades y los condados no podían regular la marihuana, ya que iba en contra de la ley federal  y esto llevó a los gobiernos locales en todo el estado a suspender, revocar o reconsiderar sus reglamentos dispensario.

Desde que la Corte Suprema admitiera a trámite un recurso de apelación, la decisión del tribunal de primera instancia se ha  invalidado, según Dennis Herrera un portavoz del abogado de  la oficina de San Francisco. Por lo que el Departamento de Salud de la oficina  de San Francisco de dispensario permite con normalidad el proceso de comenzar de nuevo y varias tiendas que estaban en lista de espera  por fin pueden recibir el visto bueno para abrir sus puertas.

San Francisco “continuará la tramitación de permisos bajo la ordenanza de la ciudad, en espera de una decisión dela Corte Supremade Justicia”, según la oficina del abogado de la ciudad el “Departamento de Salud Pública  ha reanudado la tramitación de los permisos.”

La decisión dela Corte Supremade California no ha tenido el impacto tan grande como la represión coordinada de todos los Abogados del Estado de EE.UU.. La acción de la fiscalía federal “se ha traducido en el cierre de cientos de dispensarios de marihuana medicinal en San Diego, Sacramento, y el Área dela Bahía.

Algunas ciudades de California no suspendieron sus programas. Por ejemplo, Oakland se adelantó revisando las solicitudes para un máximo de cuatro nuevas tiendas en la ciudad.

Cartas desde el norte de California al fiscal Melinda Haag resultaron con el cierre de cinco dispensarios San Francisco.

Una fuente anónima le dijo a  Michael Montgomery Haag  de California Watch ‘s  que estaba considerando una demanda contra el condado de Mendocino, por  conceder las licencias de crecimiento en el condado para los productores de plantas legales  de hasta 99 plantas.. Tal demanda podría significar el fin del plan innovador del condado Mendocino

El condado de Mendocino, en su reunión del martes de la Junta de Supervisores, tiene previsto examinar el programa.

Regulación del mercado del cannabis al fracasar las medidas para volver a criminalizarlo

El ayuntamiento de Copenhague está llevando adelante una propuesta para volver a descriminalizar el cannabis y ha creado un comité para estudiar la mejor forma de regular su oferta y distribución. La opción por la que se inclina consiste en una red de 30 o 40 establecimientos de cannabis, controlados por el consejo municipal, en los que los adultos podrían adquirir cannabis legalmente. Con 39 votos a favor y nueve en contra, el ayuntamiento de la ciudad decidió elaborar un esquema detallado de cómo se desplegaría el plan. Más adelante, la propuesta que resulte de ello aún deberá ser ratificada por el Parlamento danés, que ha bloqueado iniciativas parecidas en el pasado. Pero tras las elecciones nacionales que tuvieron lugar en septiembre de 2011, podría ser que, esta vez, el Parlamento apoye la medida de descriminalización.

Los aspectos detallados del plan aún se tienen que acabar de resolver, pero Mikkel Warming, responsable de Asuntos Sociales de la ciudad, se imagina un sistema parecido al del monopolio estatal para el alcohol que funciona en la vecina Suecia. El Gobierno se encargaría de cultivar la marihuana o bien otorgaría licencias para ello. “Estamos pensando en, quizá, 30 o 40 dispensarios públicos, donde la gente no está interesada en venderte más, sino que está interesada en ti”, declaró Warming. “¿A quién es mejor que le compren los jóvenes? ¿A un traficante que quiere que consuman más, que quiere que compren drogas más duras, o a un funcionario?”. Warming prevé también que se recauden unos 100 millones de euros en impuestos sólo en la ciudad de Copenhague.



Warming señaló que el ayuntamiento desea que la política de descriminaliación de Copenhague tenga un mayor alcance que la de los Países Bajos, donde el cultivo y la importación de cannabis siguen siendo actividades ilegales, aunque se tolere su venta en los coffee shops que cuentan con la debida licencia. “No queremos un modelo como el de Amsterdam. Queremos una forma de legalizar la importación y el cultivo de marihuana”, afirmó. De hecho, la política danesa en materia de drogas era bastante parecida a la neerlandesa hasta que varios Gobiernos liberales-conservadores optaron por un enfoque basado en la tolerancia cero y volvieron a criminalizar el consumo de cannabis. Al principio, la política que se adoptó en 1975 contemplaba la descriminalización por la tenencia para consumo personal, hacía hincapié en la salud pública en lugar de la aplicación estricta de la ley, y establecía una distinción entre drogas ‘blandas’ y ‘duras’ (diferencia que también se esfumó cuando se volvió a criminalizar el mercado del cannabis).

Se calcula que el mercado del cannabis en Copenhague tiene un valor de unos 200 millones de euros (1.500 millones de coronas danesas) al año y que, ahora, está controlado por bandas de delincuentes. El concejal socialdemócrata Lars Aslan Andersen opina que asumir el control del comercio beneficiaría a todos los ciudadanos, consuman o no cannabis, por no hablar ya de la ciudad en sí. “Es mejor que sea el ayuntamiento el que distribuya el hachís, y no los delincuentes”, señaló. “Espero que tengamos la oportunidad de probar una nueva política porque no podemos seguir con la actual estrategia de prohibición del hachís, que está muy obsoleta.”

El fracaso de la criminalización

La propuesta responde a las fallidas políticas que buscaban volver a criminalizar varias actividades relacionadas con las drogas adoptadas por sucesivos Gobiernos liberales-conservadores de la última década. En 2004, el Gobierno modificó la política vigente para volver a criminalizar la tenencia para consumo personal, con lo que se pasó de una advertencia a una multa obligatoria de 70 euros (que fue cuadruplicada en 2007). La nueva ley fue seguida por una ofensiva policial contra el mercado abierto de cannabis al detalle del barrio de Christiania y los llamados hash clubs, locales en los que se comercia con cannabis o coffee shops al estilo de los Países Bajos que también ofrecen un espacio social, en el resto de la ciudad. Estas medidas formaban parte de una política general de control de drogas basada en la tolerancia cero, integrada en un cambio más general de la política en materia de ley y orden en Dinamarca, cuando subieron al poder los liberales-conservadores.

Los resultados, sin embargo, no han sido muy alentadores, por decirlo suavemente. El tráfico en las calles floreció en toda la ciudad y aumentó la violencia relacionada con el mercado de las bandas de delincuentes, que se estaban disputando el control de los puntos de venta; hubo incluso episodios de asesinatos con armas automáticas. Tanto la policía como los políticos tuvieron que reconocer que el tráfico seguía prosperando en las calles, aunque fuera de manera algo más discreta. Los grupos más violentos de traficantes que consiguieron resistir a las redadas periódicas de la policía son los que controlan el mercado ahora. La policía afirma que algunos tienen conexiones con bandas, y la ‘guerra entre bandas’ de 2009 se ha vinculado directamente con el comercio de las drogas. Según un estudio reciente de Kim Moeller, los nuevos actores del mercado negro están más dispuestos a utilizar la violencia y han ganado terreno, tanto desde el punto de vista geográfico como financiero.

Según otro estudio de Moeller sobre la regulación de los mercados de cannabis en Copenhague, los objetivos normativos de reducir el tráfico de drogas y acabar con la ‘calle de los traficantes’ en Christiania y otros mercados negros parecían haberse alcanzado en cierto grado, pero sólo de manera superficial. Los problemas asociados con el comercio al detalle de cannabis parecían haberse limitado en alcance, pero lo que sucedió, en esencia, fue que se escondieron del escrutinio público y, de hecho, aumentaron. Los episodios de violencia sistémica en el nuevo mercado negro, despiadadamente competitivo, debido a la ofensiva de las autoridades apuntaban al fracaso del nuevo enfoque represivo.

Hay también otras voces que coinciden con esta opinión en cierta medida. “Si el objetivo era acabar con el tráfico de hachís en Christiania, no se puede hablar en absoluto de éxito”, en palabras del presidente de la Federación Danesa de Funcionarios Policiales. Según la policía, el principal motivo por el que no consiguieron detener el comercio de cannabis por completo fue porque ello exigiría unos recursos enormes.

De la criminalización a la regulación

Decepcionado con el resultado de las políticas de criminalización, en septiembre de 2009 el ayuntamiento de Copenhague aprobó un memorando que proponía poner en marcha una proyecto piloto de tres años. La idea era crear establecimientos de cannabis en los que trabajarían profesionales de la salud y en los que se vendería cannabis en pequeñas cantidades a unas 50 coronas (unos 7 euros) por gramo, un precio parecido al encontrado en la calle actualmente. El cannabis sólo podría ser adquirido por los residentes de la ciudad, con lo que se evitaría el ‘turismo cannábico’ de los Países Bajos, que procedería principalmente de Suecia.

En diciembre de 2009 el ayuntamiento decidió ponerse en contacto con el Ministerio de Justicia para obtener el permiso necesario e iniciar ese proyecto piloto, y poner así a prueba si un mercado de cannabis regulado por ley podría: (1) tener un impacto positivo sobre el consumo y, especialmente, sobre el abuso de cannabis; (2) crear una plataforma para una educación pública más eficaz sobre el impacto y el daño causado por el consumo de cannabis; (3) generar un contacto mejor y más temprano entre las personas adictas al cannabis y el sistema de tratamiento; (4) reducir la transición del consumo de cannabis al de otras sustancias más peligrosas y adictivas; y (5) tener un efecto limitador sobre la delincuencia organizada, especialmente la de bandas violentas. Para desarrollar debidamente el experimento y, en particular, para reducir la participación de la delincuencia organizada, la regulación descriminalizadora debería incluir todas las etapas asociadas con el cultivo, la importación, la compra y la venta de marihuana, y no sólo la de algunos eslabones de la cadena de producción-consumo, puntualizaba el ayuntamiento.

La administración liberal-conservadora que estaba en el poder en el momento tumbó la propuesta, pero con la nueva fuerza de centro-izquierda que asumió el Gobierno tras las elecciones nacionales de septiembre de 2011, los artífices de la nueva medida opinan que la descriminalización podría obtener esta vez el apoyo de una mayoría parlamentaria, y el consejo municipal de Copenhague decidió volver a plantear su propuesta para regular el mercado de cannabis en la ciudad.

Sin embargo, la regulación de la oferta de cannabis a través de dispensarios controlados por el Gobierno planteará dificultades con la adhesión de Dinamarca a la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Los Países Bajos llevan décadas lidiando con sus obligaciones internacionales, desde que optaron por permitir a los coffee shops vender abiertamente, ‘por la puerta principal’, pequeñas cantidades de cannabis para consumo personal en los años setenta. Aunque la venta en los locales se reguló, los propietarios de los coffee shops aún tenían que abastecerse en el mercado negro, por ‘la puerta de atrás’ del establecimiento. Con los años, el suministro de cannabis fue pasando paulatinamente a manos de organizaciones delictivas, especialmente desde que se inició una campaña contra el cultivo dirigida fundamentalmente contra los cultivadores de buena fe.

El ayuntamiento de Copenhague desea, comprensiblemente, evitar que se dé una situación tan controvertida. Según Warming, el responsable de Asuntos Sociales de la ciudad, el hecho de que el modelo de Copenhague cumpla con las convenciones de la ONU es una cuestión de interpretación. Y son esas distintas posibles interpretaciones en el marco del régimen internacional de control de drogas las que serán objeto del próximo artículo de nuestro weblog.

Se le ve como menos peligroso, pero es un error, explicó en México la directora del National Institute on Drug Abuse de EU.

La directora del National Institute on Drug Abuse (NIDA) de Estados Unidos, Nora Volkow, destacó que el consumo de cigarro representa un riesgo mayor que la marihuana como droga de entrada a uso de narcóticos más fuertes como la cocaína.

Al dictar la conferencia “Lo que nadie nos enseñó sobre la nicotina”, en el Instituto de Enfermedades Respiratorias de la SSA, refirió que se ha dado mucha atención a la marihuana como droga de entrada, mientras al cigarro se le ve como menos peligroso, pero no es así pues estudios recientes en Estados Unidos lo demuestran.

Volkow Fernández agregó que el concepto de que la marihuana es una droga más suave y permite abrir la puerta a drogas más duras tampoco es cierto; sin embargo, hallazgos epidemiológicos muestran que no es ese enervante la puerta de entrada a fármacos duros sino el tabaco.

Incluso, observó, casi toda la gente que fuma marihuana, antes de hacerlo, consume cigarro o alcohol, por lo que se debe considerar el concepto de que quizá el tabaco es una droga de entrada, al igual que el alcohol, para la marihuana y otras sustancias duras.

La especialista refirió que hace seis meses se efectuó un estudio en la Universidad de Columbia, dirigido por Eric Kandel, Premio Nobel en Neurociencias, que revela los mecanismos por los cuales el cigarro puede actuar como droga de entrada a otras más severas.

Estos estudios demuestran que la nicotina afecta las proteínas, las encimas que regulan cambios genéticos, lo que podría explicar por qué la nicotina podría actuar como una droga de entrada a otras, porque aumenta los efectos reforzadores de otras drogas como es el caso de la cocaína.

La directora del NIDA abundó que estos hallazgos también inclinan a los investigadores que evalúan si el alcohol tiene los mismos efectos de la nicotina como droga de entrada.

Comentó que en el estudio de la Universidad de Columbia se le pregunto a personas que abusan del consumo de cocaína si fumaban antes de empezar con esta droga dura, y 97 por ciento de ellos respondieron que cuando consumieron por primera vez cocaína estaban fumando cigarros con nicotina, y sólo tres por ciento empezó cocaína sin haber usado tabaco.

El estudio revela que al usar crónicamente cocaína ocurren cambios que aumentan la plasticidad de los sistemas de refuerzo de drogas en el cerebro, y en el experimento se expusieron a animales a la cocaína de manera crónica, mencionó Nora Volkow.

Lo que hace la cocaína, explicó, es producir cambios en la cromatina que la abre y permite leer a factores de transcripción en los genes; se hacen cambios en las células que tienen que ver con la redistribución de los receptores y cambia la conducta de los animales, al tiempo que los hace compulsivos.

Volkow Fernández expuso que lo interesante es que una semana antes de que se le diera la cocaína a estos animales se les suministró nicotina de manera crónica o constante, y al darles la nicotina se observó que estos cambios fueron mucho más rápidos.

En cuanto a los medicamentos para dejar de fumar, consideró que se está en la edad media pues sólo se tienen siete aprobados y de ellos sólo tres son los más efectivos, pese al grave problema de mortalidad por la adicción al cigarro, al morir en el mundo cada año siete millones de individuos a consecuencia del tabaquismo.

Informó que la mayoría de los medicamentos son remplazadores de la nicotina y los otros no son tan efectivos, pues sólo logran una abstinencia a los seis meses en 33 por ciento de los adictos al
tabaco que probaron con este método para dejar de fumar.

Por ello recomendó la combinación de medicamentos, con lo que se aumenta la abstinencia a 60 por ciento, el doble que en el uso de medicamentos aislados, pero la posibilidad de usarlos realmente es difícil pues su costo es alto, de más de 300 dólares mensuales, y se requiere por lo menos tres meses de tratamiento más terapia.

Otra opción, sugirió la experta, es la Cyticina que se ha usado en las repúblicas soviéticas por 40 años como tratamiento para dejar de fumar y se llama Tabex; en Polonia el tratamiento cuesta 15 dólares y en Rusia seis dólares.

Informó que con este medicamento para dejar de fumar se hicieron pruebas y en un tiempo de tratamiento de 25 días se logró una abstinencia en el fumador de un año, lo que ofrece una alternativa terapéutica.

Finalmente, Nora Volkow descartó que la vacuna contra la nicotina sea lo mejor y se logre tener pronto, pues dicho biológico, que está en prueba a nivel clínicas, consiste en unir la nicotina con un antígeno para generar anticuerpos que se unen a la nicotina e impidan la entrada al cerebro.

Dígaselo con música: todo lo que querías saber sobre el narcotráfico, explicado por Los Pumas del Norte.

Dicen los que saben que para resolver un misterio hay que seguir la pista al dinero. Y el dinero del narco lleva directamente a la DEA, la todopoderosa agencia antidroga (lo de ‘anti’ es un decir) de EEUU. Y no es que lo diga yo, lo dicen ellos. El gobierno americano reconoce que se encarga de ayudarles a lavar su dinero desde 1984. No lo cuentan así, pero así es. La excusa, por supuesto, es evitar males mayores. En estos momentos, de manera encubierta y sin que los países a los que dicen ayudar lo sepan, hay cerca de medio centenar de operaciones de este tipo urbi et orbi.

La cosa no puede ser más sencilla. Se coge el dinero de los narcos y se les ayuda a blanquearlo. Así, cuentan, son capaces de conocer las organizaciones por dentro y acabar con ellas. Todo se hace sin ningún tipo de supervisión por parte de otros organismos ya que la DEA tiene potestad para actuar con total libertad cuando la cantidad no supere (de una tacada) los 10 millones de dólares. ¿Y si la cantidad es mayor? Pues también.

Sobre los resultados de tan peculiar proceder tampoco hay dudas: ninguno. En 2011 la DEA decomisó cerca de 1.000 millones de dólares del narco y las autoridades mexicanas otros 2.600. Un minucia si tenemos en cuenta que la cantidad que mueven los cárteles es de entre 18.000 y 39.000 millones de dólares. ¿Y cuántos cárteles han desaparecido gracias a esta estrategia? Cero o menos.

Desde 2006 (cuando el presidente Calderón llegó a la presidencia) hasta septiembre de 2011, la cifra oficial de muertos por la guerra contra la droga es de más de 47.000. Algunas fuentes dicen que pueden ser el doble, y que el número de víctimas es cada año mayor que el anterior. No parece que el plan sea precisamente un éxito. La eficacia de las autoridades es tal que algunos incluso prefieren ponerse en manos de los brujos. Ojalá fuera un chiste.

Sin embargo, decir que no existe una guerra contra el narco no es del todo exacto. Lo correcto es decir que se combate contra unos pero no contra otros. No sé cómo se dice en lenguaje administrativo, pero en román paladín, lo que se busca es controlar el mercado: acabar con la competencia de las mafias que colaboran. No hace falta recordar que el dinero del narco suele inundar las campañas electorales mexicanas y que al cártel de Sinaloa siempre se le ha vinculado al gobierno de Calderón. Eso, claro está, yo no me lo creo. Faltaría más.

El caso de Zambada Niebla es paradigmático. Íntimo colaborador del mítico Chapo Guzmán fue detenido en 2009 y explicó que desde 2005, el cártel de Sinaloa y el gobierno americano firmaron un acuerdo por el que el primero tiene carta blanca para operar a cambio de ofrecer información sobre las bandas rivales (y así la DEA da la sensación de que está haciendo algo). ¿Miente Zambada? Nunca lo sabremos. La  Casa Blanca ha clasificado el juicio para evitar que sus abogados puedan solicitar los documentos que, dice, demuestran sus afirmaciones.

Pero como blanquear su dinero y darles carta blanca tampoco ha debido parecer suficiente, el último paso es armar directamente al cártel de Sinaloa: es la operación Fast & Furious, sobre la que ya prediqué en el desierto hace unas semanas. Con el conocimiento del Departamento de Justicia, la DEA, el BAFT (la agencia encargada del control de armas), el FBI y la propia Casa Blanca, se permitió que llegara todo tipo de armamento pesado al cártel de Sinaloa (más de 2.500 armas) para que continuara su guerra contra las bandas rivales. La idea era seguirles el rastro para llegar hasta los narcos, pero nunca se hizo. No ha caído un solo narco. Por cierto, F&F tenía una hermana gemela (White Gun) de cuya existencia nos enteramos la semana pasada. La cosa es gorda ¿A que has visto un montón de artículos sobre el tema en todos los medios?

Si lo anterior es alucinante, lo que sigue parece el sueño de Fu Manchú: privatizar el narcotráfico. No lo llaman así, por supuesto, pero es lo que van a hacer. El Pentágono, a través del CNTPO (programa contra el narco-terrorismo) ha anunciado un concurso público de 3.000 millones de dólares para delegar parte de la lucha contra las drogas a empresas privadas (incluye desde labores de inteligencia hasta entrenamiento de fuerzas extranjeras, pasando por la compra de material). El problema, por supuesto, no es la corrupción que va a generar la medida: la medida está generada  para crear corrupción.

La estrategia es la misma que se sigue en Irak: sacar a los soldados y al ejército (que a fin de cuentas, están supervisados por el Congreso) y dejar el tema en manos de compañías como Blackwater (ahora Xe Services) que tienen mucha más independencia para actuar. La adjudicación será en agosto, pero la tostada se huele de lejos: crear cárteles semi-privados con dinero público para que el espectáculo no decaiga. Dado que mientras más eficaces sean estas empresas en su lucha contra el narco menos dinero en contratos ganaran, nadie espera que vayan a acabar con la gallina de los huevos de oro que mueve la economía mundial. Las cosas ya están mal, pero así se aseguran de que van a peor.

Y que nadie diga que insinúo algo en favor de la legalización. Os juro que no lo insinúo.

70 años de sostenido prohibicionismo por parte de los Estados Unidos hacia la marihuana han generado una premeditada ausencia de conocimiento sobre sus valores medicinales e industriales. Edith Fernández y Martín Apaz.

En respuesta a la nota publicada en La Voz del Interior el pasado 4 de enero, firmada por Gabriela Richard, de Pro Salud, decimos que 70 años de sostenido prohibicionismo por parte de los Estados Unidos hacia la marihuana han generado una premeditada ausencia de conocimiento sobre sus valores medicinales e industriales.

La licenciada Richard, hija dilecta de la peor parte del prohibicionismo, aquella que domina el discurso de la academia, nos arroja al debate desde su más profundo desconocimiento, pretendiendo poner a esta Comunidad en el lugar de una minoría delictiva por ejercer clandestinamente su derecho a usar y cultivar esta planta milenaria.

Ciertamente nuestras acciones tienen la honesta intención de incidir en la opinión pública para generar un debate sobre la legalización de la cannabis , su uso, cultivo y normalización, lo que ampliará las igualdades sociales en Argentina. Lejos de nuestro ideario está fomentar su uso irresponsable o el de otras sustancias que puedan acarrear daños a usuarios, terceras personas o “desprevenidos ciudadanos comunes”, una categoría cada vez más difícil de hallar en nuestra sociedad.

Nuestra “minoría”, que se calcula en más de cuatro millones de personas, es victimizada por una ley penal, la 23.737, cuyo origen fue la llamada Guerra a las Drogas iniciada (y ya perdida) por Estados Unidos, que generó un promedio de 19 mil personas detenidas al año por posesión de marihuana para uso personal, sin otras imputaciones relativas a conductas criminales.

Dentro de nuestra minoría hay un subgrupo que crece: el de los usuarios medicinales. Cada vez más enfermos de sida, cáncer, glaucoma, reumatoideas deformantes, migrañas e insomnio usan la cannabis para mejorar su calidad de vida.

Cada enfermo interpreta para sí la base del Paradigma de Reducción de Riesgos y Daños: el derecho a contar con una alternativa cierta y efectiva a la farmacología tradicional desde indicadores del organismo como son la desaparición del dolor, un estado de bienestar general o la simple recuperación del apetito.

El prohibicionismo como política mundial también prohijó una red de ONG a las que el Estado les otorgó la “facultad rentada” de cuidar la salud pública en materia de drogas, tercerizado así esa responsabilidad y creando una “fuerza moral” que detenta y transmite innumerables falacias sobre la cannabis .

Así los usuarios que son detenidos con un cigarrillo de marihuana sólo tienen dos opciones: la cárcel o un tratamiento compulsivo en estas ONG. Lejos de evitar cualquier consumo, el miedo y el oscurantismo prohibicionista que sostienen organizaciones como Pro Salud son los principales aliados del narcotráfico.

Los empresarios de estas ONG saben que con un cambio en las políticas sobre drogas, sus subsidios desaparecerán, pues su “función social” carecería de sentido, salvo sostener un modelo que vulnera nuestros derechos, nos criminaliza y nos patologiza. El final del prohibicionismo se avizora y pone en crisis al sistema preexistente y a sus actores.

El mundo avanza hacia más libertades individuales. Varios países trabajan (o impusieron) normas legales a favor de la despenalización y normalización del cannabis medicinal.

En ese sentido, esta Comunidad Cannabica de Córdoba adscribe a la idea de que sin participación política no se obtienen las leyes que garantizan nuestros derechos. Por eso integra la Mesa Nacional por la Igualdad.

Vemos con esperanzada sorpresa avances desde el Gobierno en las políticas de reducción de daños, como eyectar del Sedronar a José Granero, ex garante nacional del paradigma prohibicionista.

Parafraseando a la licenciada Richard en términos de derechos humanos, parece sensato observar el conjunto y sus partes y garantizar los derechos de las minorías.

*Licenciada en Psicología. Comunidad Cannabica Córdob.

*Secretario Mesa Nacional por la Igualdad.

  En un estudio, en el que se midió la función pulmonar de los participantes durante más de 20 años, el uso ocasional de marihuana y su baja acumulación no se asoció con efectos adversos sobre la función pulmonar, según el artículo publicado en la revista 'JAMA'.

   La exposición al humo del tabaco causa daños a los pulmones, con consecuencias clínicas que incluyen síntomas respiratorios, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cáncer de pulmón.

   "El humo de marihuana contiene muchos de los mismos constituyentes que el humo del tabaco, pero no estaba claro si fumar marihuana causa daños pulmonares similares a los causados por el tabaco", apunta la información de respaldo del artículo. Fumar marihuana es cada vez más común en los Estados Unidos, y saber si causa daño duradero a la función pulmonar tiene implicaciones importantes para la salud pública y el uso medicinal de la marihuana.

   El investigador Mark J. Pletcher, de la Universidad de California en San Francisco, y sus colaboradores, examinaron la asociación entre la marihuana y la función pulmonar. El Estudio de Desarrollo de Riesgo Coronario en Adultos Jóvenes (Coronary Artery Risk Development in Young Adults [CARDIA]), es un estudio longitudinal que ha recogido mediciones repetidas de la función pulmonar y el tabaco durante más de 20 años (marzo de 1985-agosto 2006) en un grupo de 5.115 hombres y mujeres en cuatro ciudades de EE.UU. La exposición de por vida a la marihuana se expresó en el consumo de un cigarro de marihuana, o pipa, diario (365 al año).

   La función pulmonar se evaluó mediante la medición del volumen espiratorio forzado en el primer segundo de la espiración (FEV1) y la capacidad vital forzada (FVC), en la que menores medidas corresponden a una función pulmonar más pobre.

   Más de la mitad de los participante (un 54 por ciento, con una edad promedio, al inicio del estudio, de 25 años) reportaron haber fumado marihuana, tabaco, o ambos. La media de intensidad del consumo de tabaco en los fumadores fue sustancialmente más alta (8-9 cigarrillos/día) que la media de intensidad de uso de marihuana en los fumadores de marihuana (3,2 cigarros de marihuana en 30 días).

   El consumo de tabaco se asoció con un FEV 1 y CVF inferiores, en contraste, la exposición a la marihuana se asoció con mayores FVC y FEV1. Según los investigadores, "tras siete años de exposición a la marihuana (por ejemplo, un cigarro de marihuana al día durante 7 años), no se encontraron pruebas de que esta exposición a la marihuana afectase negativamente a la función pulmonar.

   Por otro lado, tras más de 10 años de exposición a la marihuana, no se produjo una disminución significativa del FEV1, pero sí se produjo esta disminución significativa si se consumían más de 20 cigarros de marihuana al mes.

   Los investigadores concluyen que la marihuana puede tener efectos beneficiosos en el control del dolor, el apetito, el humor y el manejo de otros síntomas crónicos, y que los nuevos hallazgos sugieren que el uso ocasional de marihuana para estos u otros fines no está asociado con efectos adversos sobre la función pulmonar.

   Por otro lado, fue difícil estimar los efectos potenciales de un consumo muy habitual, ya que este patrón de uso fue relativamente poco frecuente en la muestra del estudio; sin embargo, los resultados sugieren una disminución acelerada de la función pulmonar con el uso intensivo, y una consecuente necesidad de cautela y moderación en el consumo de marihuana.

Durante tres décadas, la incidencia delictiva en Estados Unidos se movió en una sola dirección: hacia arriba. Entre 1960 y 1990, la tasa de homicidio se duplicó, el número de delitos patrimoniales por cada 100 mil habitantes se triplicó y el de delitos violentos se quintuplicó. La tendencia parecía irrefrenable: todavía a inicios de los noventa, algunos especialistas advertían incluso del surgimiento de una generación de “super-depredadores” que provocarían una explosión criminal nunca antes vista.

De pronto, hacia 1992, sucedió lo que todo mundo suponía imposible: la incidencia delictiva empezó a bajar. Y bajar y bajar y bajar. Para 2010, tanto los delitos violentos como los patrimoniales se habían desplomado 50% y la tasa de homicidio había regresado a los niveles de 1960.

Para explicar esa inesperada disminución, se han construído teorías con todo tipo de variables, desde el cambio en las tácticas policiales hasta la legalización del aborto, pasando por la eliminación del plomo en las gasolinas. Pero, sorprendentemente, no se había explorado un factor que  parecería bastante obvio: el precio de las drogas.

En un artículo reciente titulado igual que esta entrada (sí, me fusilé el título ¿y qué?), cuatro investigadores del John Jay College of Criminal Justice recopilaron información de precios al menudeo de heroína, cocaína y crack en Nueva York entre 1982 y 2007, y la cruzaron con la incidencia de tres delitos (robo, lesiones y homicidio) en la misma ciudad para el mismo periodo. Aunque con variaciones, encontraron una correlación positiva y robusta entre los precios y la frecuencia de los delitos. Dicho de otra manera, mientras más bajaban los precios, menos delitos se cometían.

¿Cuál es la teoría detrás de esa relación estadística? Una muy sencilla: los elevados precios de las drogas a principios de los ochenta atrajeron a nuevos distribuidores, creció la oferta y, en consecuencia, se redujeron los precios. La caída de precios no fue compensada plenamente por el incremento en el número de consumidores y, por tanto, se redujo el tamaño del mercado. Ese nuevo entorno produjo varios cambios de primer orden:

• Las organizaciones de distribución tuvieron que reducir la nómina y recurrir más a menudistas independientes: en efecto, se achicaron.
• Ante menores precios, los distribuidores y los menudistas estuvieron menos dispuestos a correr riesgos y, en consecuencia, la comercialización se volvió más discreta (menos ventas en vía pública, más entrega a domicilio). Todos los participantes se volvieron más cuidadosos para no atraer la atención de la policía.
• Los menores precios redujeron el número de interacciones entre consumidores y vendedores: los consumidores podían comprar más volumen (ajustado por pureza) de un jalón.
• Más importante, los consumidores necesitaron cometer menos delitos para financiar su consumo.

La teoría es, en suma, que los menores precios de las drogas arrojaron al mercado hacia un equilibrio de baja violencia. Y eso puede ser correcto o no para el caso de Nueva York, pero si esboza algunas lecciones importantes para el caso de México:

• Los mercados ilegales no son inmunes a la ley de la oferta y la demanda: más oferta o menor demanda equivale a menores precios y viceversa
• La delincuencia, organizada o no, responde a las señales de mercado. Sus estructuras, sus formas de operación y su disposición a usar la violencia no son fijas: dependen, más de lo que imaginamos, de las condiciones que prevalecen en los mercados en los que participan.
• Hay muchos equilibrios posibles en un mercado ilegal: no hay una relación constante entre ilegalidad y violencia, aún dentro del mismo mercado.
• El contexto importa: como se venden y como se compran las drogas o cualquier otra mercancía ilegal son variables de primer orden para entender fenómenos delictivos más amplios.

Más en concreto, si la teoría es razonablemente correcta, es posible que, por pura operación del mercado, experimentemos una reducción de la violencia en los próximos años. En otro momento, argumenté que una las causas posibles de la explosión de violencia en México a partir de 2008 fue un incremento excepcional de los precios de la cocaína en Estados Unidos entre 2007 y 2009. Pero esos precios extraordinariamente altos deberían de tener dos efectos: 1) entrada de nuevos participantes (es decir, más personas y grupos dispuestos a correr el riesgo de contrabandear cocaína), y 2) menos consumo de cocaína.  De lo segundo, ya tenemos evidencia bastante concreta: de 2006 a 2010, se redujo 25% el número de consumidores de cocaína en Estados Unidos (según encuestas de adicciones).

El efecto combinado va a ser menores precios. Y con precios más bajos, va a disminuir el tamaño y la disposición al riesgo de las organizaciones criminales, así como el número de interacciones entre vendedores y compradores. Con un poco de suerte, eso podría derivar en un equilibrio con mucho menos violencia que hoy.

¿Entonces no hay de que preocuparse? ¿Todo se va a arreglar sólo? No necesariamente: si no diseñamos adecuadamente nuestra política antinarcóticos, podríamos de nueva cuenta empujar los precios hacia arriba ¿Y cuál sería un diseño adecuado? No hay respuesta única, pero en términos muy generales, la política contra las drogas debería de buscar expresamente que los precios sean lo suficientemente altos para evitar un incremento explosivo del consumo y suficientemente bajos para preservar un equilibrio de baja violencia. Hay maneras de hacerlo: aquí pueden ver mis propuestas específicas sobre el tema.

Ya me dirán si les parecen adecuadas o no mis ideas. Pero lo importante es recordar algo que ya les comentado antes: la gente (y eso incluye a los criminales) responde a incentivos. Todo lo demás es comentario.

Interesante, el debate que surge de la iniciativa que ha tenido la Policía Local de Vitoria-Gasteiz sobre no realizar más denuncias de infracciones muy graves a los conductores que, aun habiendo tomado algún tipo de droga, no presentan síntomas de encontrarse bajo sus efectos ni de causar riesgo para sí mismos o para el resto de usuarios de la vía.

¿Por qué es interesante el debate? Porque pone sobre la mesa un problema que arrastramos con la detección de drogas que afectan a la conducción. Si le echamos una ojeada a lo que recoge en su artículo 27.1 el Reglamento General de la Circulación sobre el problema de las drogas al volante, tenemos lo siguiente:

No podrán circular por las vías objeto de la legislación sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial los conductores de vehículos o bicicletas que hayan ingerido o incorporado a su organismo psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas, entre las que se incluirán, en cualquier caso, los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto se altere el estado físico o mental apropiado para circular sin peligro.

¿Puede la Policía multar por conducir con drogas y sin síntomas?

Si analizamos el párrafo del Reglamento, lo que se dice es que no se puede circular habiendo ingerido “psicotrópicos, estimulantes u otras sustancias análogas”, y el legislador ejemplifica de la siguiente forma: “entre las que se incluirán los medicamentos u otras sustancias bajo cuyo efecto…”

Es decir, que está prohibido circular habiendo tomado psicotrópicos, estimulantes y sustancias análogas, pero no dice que haya que haber tomado drogas y además estar bajo sus efectos para ser sancionado. En principio, pues, la Policía Local de Vitoria ha tomado un camino que no parece ser muy acorde con lo que dice el Reglamento General de la Circulación. Quizá por eso, las consultas realizadas por Noticias de Álava, de donde procede la noticia, acaban de esta forma:

Una pequeña parte de las policías de todo el Estado sondeadas – municipales, Ertzaintza, Guardia Civil y Mossos d’Esquadra- prefirió no facilitar información sobre su forma de proceder al respecto, pero el resto confirmó que multan con la mayor sanción permitida a los conductores cuando dan positivo en los controles de detección de drogas, independientemente de si aprecian o no síntomas de que no se hallan en condiciones de manejar su vehículo.

De hecho, ya los servicios municipales vitorianos analizaron la ley y consideraron imprescindible dejar claro en las denuncias que la presencia de drogas en el organismo no implicaría necesariamente que su consumidor se hallase influenciado por ellas. Sin embargo, la Policía Local de la capital alavesa no lo ha visto todo tan evidente y ha decidido plantarse.

¿Drogas, medicamentos, efectos?, un cóctel extraño

Pero como hemos hablado de debate, no todo puede ser blanco o negro. Ha habido abogados que han aplaudido la iniciativa de la Policía Local de Vitoria-Gasteiz porque según dicen “ayuda a terminar con la indefensión de los denunciados”, que pueden acabar en el banquillo de los acusados por haber tomado fármacos usados de forma común para combatir afecciones leves, como un catarro o un dolor de cabeza, y en algunos casos el seguro podría no cubrirlos.

Además, hay letrados que ante lo que califican como “afán recaudatorio” por parte de policías locales, autonómicas o estatales, aseguran que la Policía Local de Vitoria están actuando con corrección. Como vemos, para gustos los colores… y la interpretación de una ley que quizá debería ser un poco más clara.

El hecho es que hay presencia de drogas en alrededor de un 10 % de los fallecidos en siniestros viales, el mismo porcentaje que cuando hablamos de fármacos y conducción, y eso significa que el problema de las drogas y los medicamentos en la conducción es lo suficientemente importante como para que se plantee de una vez por todas un mecanismo similar al que existe con la detección del alcohol, que es mucho más precisa.

De lo contrario, nos encontramos con situaciones extrañas como esta, donde uno no sabe a quién dar la razón: si a lo que dice textualmente la ley, a lo que hace el que la aplica en un determinado territorio o al que lo hace en la provincia de al lado. Con lo sencillo que sería no tomar según qué cosas, al menos si hay que conducir…

La razón estaría tanto en la ubicuidad de la droga (a Australia y Nueva Zelanda no les faltan áreas rurales remotas donde la vigilancia policial es difícil y la planta crece como… bueno… yerba) y a hábitos culturales que ponen el consumo de intoxicantes en el centro de la vida social.

Urki Goñi preside una asociación de usuarios de cannabis en Bermeo que cuenta con 62 socios y lista de espera.

Por fuera parece una lonja más de las que usan los jóvenes y no tan jóvenes para pasar sus ratos de ocio: antigua oficina sin carteles identificativos con los cristales cegados. No hay ruidos ni trajín de gente. Al flanquear la puerta, el intenso olor a marihuana nos hace sospechar, y la decoración, la cartelería y la presencia de seis personas liando porros alrededor de una mesa mientras hablan nos lo confirma. Es un club de consumidores.

«Este mundo existe hace tiempo, solo hay que regularlo», afirma Urki Goñi, de 36 años, presidente de Urjoga Berdea.

Las asociaciones de consumidores de cannabis son una realidad tolerada más allá de lo que diga la ley. En los últimos años han proliferado en pueblos y ciudades de la geografía vasca, como este de Bermeo, que cuenta con 62 socios en la actualidad y lista de espera para entrar. La mayoría son hombres, el socio más joven tiene 24 años y el más viejo 72.

Se amparan en que el cultivo para uso personal no está tipificado como delito –tampoco el consumo–, y lo hacen de manera compartida. «Lo que está prohibido es el consumo o tenencia en la vía pública », explica Urki. Esto complica a las asociaciones tanto el transporte como el almacenamiento de la hierba, ya que si la Policía detecta una cantidad importante actúa, aunque luego puedan explicar que pertenecía a un colectivo de autocultivadores sin ánimo de lucro.

«Cada socio firma un papel solidario con el resto, y otro con su previsión de consumo. Con ese dato planificamos la cantidad que necesitamos plantar», explica Urki.

La marihuana es una planta de ciclo anual, como el trigo, por ejemplo: en nuestro entorno se planta en mayo y se recoge en septiembre más o menos. Para hacerse miembro de la asociación hace falta el aval de un socio, tener 21 años cumplidos y definirse como consumidor de uso lúdico o terapéutico.

La mayoría –en torno a un 60%– de los socios de Urjoga Berdea lo son para consumo lúdico. «No nos gusta el modelo holandés; aquí nos dedicamos al autocultivo y al consumo compartido, a la producción integral», subraya Urki mientras lía un canuto, lo enciende, da varias caladas y sigue hablando normalmente.

No hacen cultivo de interior –con sustratos e iluminación artificial– porque «resultaría demasiado caro». Alquilan un terreno, piden el permiso, avisan a las autoridades y a la Ertzaintza y ponen su plantación de marihuana. La cuidan durante 5 o 6 meses, cosechan, la guardan y la van repartiendo en la asociación a cada uno de los socios en función de su demanda. «Está permitido tener una cantidad destinada al consumo inmediato, pero no más», indica Urki.

Los gastos son también compartidos: se dividen en cuotas mensuales para cada uno de los socios. Así evitan el mercado negro, donde un gramo de marihuana o hachís –que es la resina de la planta prensada– cuesta entre cinco y 10 euros de media, es de inferior calidad y favorece la proliferación de mafias.

Ni el Gobierno vasco ni el central pueden cambiar el Código Penal para legalizar la marihuana, pues es un tema al que afectan diversos tratados internacionales. Sí pueden, como hicieron en Holanda a finales de la década de los 70 del siglo pasado, aplicar un reglamento más permisivo que aproveche el escaso margen. «Nosotros no queremos Amsterdam, pero tampoco que venga una multinacional farmacéutica y patente una sustancia; no queremos que la vía de legalización sea económica», remarca Urki.

Los socios de Urjoga Berdea no hacen proselitismo de su afición, y niegan que una mayor permisividad redunde en un aumento del consumo. «No apoyamos un consumo irresponsable; no nos parece bien que los menores fumen en el recreo, pero tampoco que se beban una botella de whisky, y por eso nadie se plantea prohibirlo», sentencia Urki, que denuncia además que de 160 millones que dedica el Gobierno vasco a la lucha contra la droga, 115 se los queda la Ertzaintza. «Eso tiene que cambiar», afirma.

El cannabis es una de las plantas curativas más poderosas del planeta. Decenas de estudios pseudocientíficos han intentado indicar que los jóvenes que consumen cannabis tienden a experimentar problemas psicológicos, sociales y deterioro mental. Sin embargo, no hay evidencia de que el consumo de marihuana esté directamente relacionado con este tipo de problemas, de acuerdo con los resultados de un estudio publicado en The Lancet.

“Actualmente, no hay evidencia sólida de que el uso del cannabis por sí mismo provoque problemas psicológicos o sociales”, tales como enfermedad mental o fracaso escolar, dijo el principal autor del estudio Dr. John Macleod de la Universidad de Birmingham en el Reino Unido a Reuters Health.

“Hay gran cantidad de evidencia de que el consumo de cannabis se asocia con estas cosas, pero esta asociación podría tener varias explicaciones”, dijo, citando factores como la adversidad en la vida temprana, el cual puede estar asociado con el consumo de cannabis y los problemas psicosociales.

Macleod y su equipo revisaron 48 estudios a largo plazo, de los cuales 16 proporcionan información de mayor calidad sobre la asociación entre consumo de drogas ilegales reportados por personas de 25 años de edad o menores y problemas en el futuro psicológico o social. La mayoría de los resultados drogo-específicos involucraba el consumo de cannabis.

El consumo de cannabis no se asoció consistentemente con el comportamiento violento o antisocial, o con problemas psicológicos.

En otro estudio, científicos del Kings College de Londres, descubrieron que el uso ocasional de marihuana en realidad puede mejorar los niveles de concentración.

El estudio, realizado en el American Journal of Epidemiology, puso a prueba la función mental y la memoria de casi 9.000 británicos de 50 años de edad y se encontró que aquellos que habían consumido drogas ilegales en fechas recientes como a sus 40 años, hicieron las pruebas tan bien, e incluso un poco mejor que sus compañeros que nunca habían consumido drogas.

“En general, a nivel de población, los resultados parecen indicar que en el pasado o incluso en la actualidad, el uso ilícito de drogas no está necesariamente asociado a la deficiencia de funcionamiento cognitivo de mediana edad,” dijo el investigador principal el Dr. Alex Dregan.

El equipo del doctor Dregan usó datos de 8992 participantes de 42 años de edad en un estudio nacional de salud del Reino Unido, se les preguntó si habían utilizado alguna vez cualquiera de las 12 drogas ilegales. Entonces, a la edad de 50 años, se les hicieron pruebas estándares de memoria, atención y otras habilidades cognitivas.

En general, el estudio halló que no había evidencia de que los usuarios que tomaban  drogas en el pasado o en la actualidad tuvieran un desempeño mental más deficiente. De hecho, cuando los usuarios actuales y anteriores se agruparon, sus puntajes de las pruebas tendían a ser mayores.

Sin embargo, esa ventaja era pequeña, dijeron los investigadores, y sólo podría reflejar otro hallazgo – que las personas que nunca habían consumido drogas por lo general tenían un nivel educacional más alto que los que si consumían.

“En una población occidental de consumidores ocasionales de drogas, esto es lo que uno esperaba ver”, dijo John Halpern, psiquiatra de la Escuela Médica de Harvard.

“De alguna manera, esto no es sorprendente.  El cerebro es flexible. “

Aunque algunos estudios han encontrado que las drogas como el cannabis y la cocaína pueden causar opacidad en el pensamiento, la memoria y la atención a corto plazo, los hallazgos actuales apoyan la idea de que estos efectos pueden ser temporales, dijo el equipo del doctor Dregan.

Otros investigadores de la Universidad de California en San Diego examinaron la  integridad de la materia blanca en adolescentes con antecedentes de consumo excesivo de alcohol y marihuana. Se informó de que los bebedores compulsivos (definidos como los niños que consumían cinco o más bebidas en una sola sesión, o las niñas que consumían cuatro o más bebidas en una ocasión) mostraron signos de daño de sustancia blanca en ocho regiones del cerebro.

Por el contrario, los bebedores compulsivos que tomaban marihuana experimentaron un menor daño en 7 de las 8 regiones del cerebro.

“Los bebedores compulsivos que también consumían marihuana no presentaron una consistente divergencia de los usuarios del grupo que sólo tomaban alcohol en exceso”, concluyeron los autores. “[Es] posible que la marihuana pueda tener algunas propiedades neuroprotectoras que mitigue la tensión oxidativa relacionada con el alcohol o muerte celular excitotóxica.”

Por otra parte, una reciente investigación indica que la marihuana también puede suprimir el deseo de usar las llamadas drogas duras.

En junio, investigadores de París escribieron en la revista Neuropsychopharmacology la conclusión de que la administración de THC por vía oral en animales suprime la sensibilidad a la dependencia de opiáceos.

Uno de los papeles más importantes que juega los cannabinoides es en la supresión del cáncer . La investigación en esta área se está incrementando cada año, como muchos otros grupos de científicos están descubriendo las poderosas propiedades curativas del cannabis.

Los beneficios para la salud de la marihuana están bien documentados. Desde la depresión y la ansiedad a la reducción de la presión arterial, alivio del dolor y el tratamiento del glaucoma. No es adictiva, no mata las células cerebrales y no es una “puerta de entrada” al mundo de las drogas – de hecho, cuando la marihuana es más accesible,  estudios muestran que el consumo de drogas duras como la heroína y la cocaína en realidad disminuye.

Es tiempo de que los gobiernos de todo el mundo liberen las restricciones a esta planta a todas las poblaciones para que puedan utilizar libremente una de las plantas más curativas de la madre naturaleza.

Holanda.- La legalización de algunas drogas diezmó la criminalidad en Holanda;  país que opta por cerrar ocho prisiones. Pues no llenan la capacidad de 14 mil personas que tiene su sistema penitenciario. Actualmente existen 12 mil presos en este país, que en los noventas del siglo pasado afrontaban hacinamiento.

Una de las razones de la disminución en el índice criminal, parece tener que ver con la legalización de algunas drogas (acompañado seguramente de una política educativa con respecto a sus usos y efectos).

El ministro de justicia Nebahat Albayrak anunció que las prisiones se cerraran y se perderán 1200 trabajos, aunque se está considerando utilizar las prisiones para alojar a prisioneros de la nación vecina de Bélgica, donde los índices penitenciarios suenan alarmantes.

En Estados Unidos, país con mayor promedio de consumidores; encarcelamiento y un total de más de 2.3 millones de presos, una de las objeciones que se hace ante la posible legalización de la marihuana es que generaría mayor crimen y mayor adicción, algo que el ejemplo de Portugal y Holanda desmienten. En República Dominicana los casos de encierro por posesión de sustancias controladas pudieran superar otras infracciones, siendo muchos los arrestos transitorios en redadas tanto entre enfermos drogadictas como en mulas y traficantes.

Holanda tiene una población de 16.6 millones y solo 12 mil prisioneros, California, por ejemplo, tiene una población de 36.7 millones y una población de prisioneros de 171 mil, muchos de ellos precisamente en la cárcel por fumar o vender marihuana. Pero tal vez algunas personas prefieren llenar sus cárceles de jóvenes que tenerlos en las calles delinquiendo.

Este químico estadounidense es un científico muy heterodoxo. Nacido en 1925, algunos le han bautizado como el Calvin Klein de las drogas de diseño. Ha inventado más de 150 sustancias. Además ha publicado dos libros claves sobre el tema "Pihkal" (1991) y "Tihkal" (1995), donde argumenta sobre los efectos positivos del uso responsable de los psicoactivos.

Alexander Shulgin tiene aspecto de sabio venerable: saltones ojos azules, alborotados cabellos blanco-plateados, estatura de jugador de baloncesto, cálido trato con los demás. Durante su reciente estancia en Barcelona, donde participó en las III Jornadas sobre Enteógenos organizadas por el Institut de Prospectiva Antropològica, fue la estrella y el conferenciante más solicitado entre los variopintos participantes. Las jornadas abordaron las aplicaciones terapéuticas de los enteógenos (sustancias psicoactivas) y lo hicieron en un momento en que se ha reabierto con fuerza el debate sobre la legalización de las drogas. A principios de junio, más de 630 filósofos, escritores y políticos de 36 países, entre los que se cuentan ocho premios Nobel, enviaron una carta al secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, solicitando la despenalización de estos productos. Los firmantes dicen en el documento: “Creemos que la guerra contra las drogas que se libra actualmente en el mundo puede estar causando más daño que su mismo abuso”.
Los planteamientos de Shulgin van más allá ya que, además de proponer la legalización de las drogas, considera que las sustancias psicodélicas tienen valores terapéuticos y son una potente fuente de autoconocimiento para los seres humanos. Casi 50 años de investigaciones avalan sus polémicos argumentos, que detalló ampliamente a MUY.
–¿Cómo y cuándo comenzó su interés por las sustancias psicodélicas?
–Poco después de la Segunda Guerra Mundial. Serví en la Marina y finalicé mi doctorado en bioquímica en la Universidad de Berkeley. Entonces entré en contacto con los psicodélicos por puro interés científico, no por espíritu de rebelión. Durante los años 60 realicé estudios postdoctorales sobre psiquiatría y farmacología en la Universidad de San Francisco y me contrató la empresa Dow Chemical, donde desarrollé un rentable insecticida. En 1965 dejé la multinacional, impulsé mi propio laboratorio y me convertí en consultor científico independiente. Combiné la investigación sobre nuevas drogas con clases de salud pública en Berkeley y en el Hospital General de San Francisco. ¡Ya han pasado más de 30 años!

–En los 80 se hizo famoso por reinventar la sustancia MDMA, conocida popularmente como “éxtasis” y que ya había sido sintetizada en 1910 por un laboratorio, que descartó cualquier aplicación terapéutica...
–Rescaté esta sustancia por sugerencia de un amigo. La probé y escribí mucho sobre ella en las revistas médicas. Descubrí que tenía notables beneficios terapéuticos. En su momento representó la aparición de una nueva familia de agentes que permiten al individuo expresar y experimentar contenidos afectivos reprimidos por las barreras culturales. El MDMA alcanzó gran popularidad entre la cultura underground californiana y entre la clientela de los clubs nocturnos. Los vendedores, en una acción de marketing, la rebautizaron con el nombre de éxtasis. En 1985, el Gobierno estadounidense declaró esta sustancia ilegal a pesar de que numerosos científicos argumentamos sobre sus propiedades para hacer aflorar pensamientos y recuerdos reprimidos.

–El éxtasis es una sustancia psicodélica. ¿Eso qué quiere decir?
–Los psicodélicos son compuestos no adictivos que alteran temporalmente el estado de conciencia de una persona. Yo suelo compararlas a la televisión. Ésta puede ser instructiva y, si se seleccionan los canales con inteligencia, puede ofrecernos una información relevante. Es cierto que para mucha gente la televisión es una forma más de entretenerse, no buscan ni encuentran nada profundo en la experiencia de verla. A otro nivel, ocurre algo similar con las drogas psicodélicas: pueden utilizarse para divertirse la noche del sábado o bien para descubrir el potencial que tienen para ayudarnos a investigar nuestro universo interior.

–¿Y los riesgos...?
–Toda droga, incluida la televisión, tiene sus riesgos. No hay excepciones. La cuestión central es que todas las drogas, sean legales o ilegales, proporcionan cierta recompensa. Y ciertamente puede llegar a abusarse de ellas. Cada uno de nosotros debería ser capaz de poner en la balanza la recompensa y el riesgo y tomar una decisión. Los beneficios de un buen uso de las drogas son muchos. Cubren desde la curación de enfermedades, el aligeramiento del dolor físico o emocional o la relajación. En el caso de los psicodélicos, permiten la investigación interior y la expansión de los horizontes mentales y emocionales del ser humano. Los peligros también son variados: dolor físico, alteraciones psicológicas, dependencia, violación de la ley y marginación social. Yo defiendo que cualquier persona adulta tenga la posibilidad de experimentar con una droga determinada, sea legal o prohibida por la ley, una vez haya valorado los beneficios y riesgos de su decisión personal.

–Pero estamos lejos del nivel de madurez social que usted plantea.
–Por supuesto, es indispensable que cada individuo esté muy bien informado. Mi filosofía se resume en tres palabras: infórmate, después decide.

–¿La legalización de ciertas drogas aumentaría la información en la sociedad?
–Con toda seguridad, pero la legalización debe ir acompañada de la educación. Las drogas no son buenas ni malas por definición. En el universo de las drogas, como en la vida real, las cosas no son blancas o negras, la verdad siempre adquiere tonos grises. En este sentido, fomentar la transparencia de la información y educar a la población en un buen uso de las drogas ayudaría a la toma de decisiones individual. No obstante, alrededor de las drogas se levantan enormes intereses: de grandes delincuentes, de compañías farmacéuticas, de miles de funcionarios que viven de los presupuestos que los Estados dedican a la lucha antidroga... La pregunta es: ¿a quién beneficia que haya drogas ilegales?

–Hábleme de su relación personal con estas sustancias legales e ilegales: ¿Fuma y bebe?
–Tomo una cantidad moderada de alcohol, generalmente vino, y los chequeos médicos que me realizo periódicamente no indican ningún perjuicio por ello. En cambio, no fumo tabaco. Solía hacerlo pero lo dejé. La decisión no fue tanto por los riesgos sobre mi salud como por el hecho de que había llegado a ser realmente dependiente. Era un precio demasiado alto. Estas decisiones son individuales y se basan sobre todo en aquello que sé sobre la droga y sobre mí mismo.

–¿Qué piensa de la heroína?
–En mi caso, al probarla, sentí una especie de paz somnolienta, lejos de las preocupaciones y el estrés. Pero también experimenté falta total de motivación, de alerta y de cualquier urgencia por hacer las cosas. Estoy en contra de la heroína porque, bajo sus efectos, nada parece ser importante.

–¿Y de la cocaína?
–Es una droga que despierta la agresividad, un estimulante que da una sensación de poder, de que estás en la cima del mundo. Pero es un poder ilusorio que desaparece cuando se desvanecen los efectos de la cocaína, sin que el individuo haya aprendido nada. Provoca un estado muy falso, sin aprendizaje, que lleva al individuo a un escape temporal de sí mismo.

–¿Y qué me puede decir de las llamadas sustancias psicodélicas?
–Los modestos riesgos de las drogas psicodélicas quedan compensados por su potencial de aprendizaje. Por esta razón he dedicado mis investigaciones a este área de la farmacología. Las enseñanzas que aportan los psicodélicos son un potencial, no constituyen una certeza. Puedo aprender pero no estoy forzado a hacerlo; puedo descubrir maneras de mejorar mi calidad de vida, pero sólo el esfuerzo individual comportará realmente los cambios deseados.

–¿Qué tipo de enseñanzas aportan estas drogas?
–Estoy convencido que existe una gran riqueza de información en nuestro interior, montones de conocimientos intuitivos acumulados en el material genético de cada una de las células. Una especie de biblioteca que contiene innumerables libros de referencia pero de la que desconocemos la puerta de entrada. Y sin una clave de acceso no hay manera de escoger la sabiduría que atesora. Las drogas psicodélicas abrirían la puerta de este mundo interior.
Esta búsqueda del conocimiento ha sido parte de la vida humana desde los primeros momentos de la conciencia. El conocimiento de la propia mortalidad, que nos diferencia del resto de los animales, da al ser humano el derecho, la licencia, para explorar la naturaleza de su alma y de su espíritu, para descubrir todo aquello que seamos capaces acerca de nuestra psique. Cada uno de nosotros, en un momento u otro de la vida, nos sentimos extraños en la travesía de la existencia y necesitamos respuestas a las preguntas que surgen del alma. Un buen uso de las sustancias psicodélicas puede ayudar en este viaje.

–¿Mantiene relaciones con el establishment científico, con la clase médica?
–Ante todo soy científico y creo en el método científico. Mantengo la comunicación y un diálogo constante con personas que ven las cosas de otra manera. Pongamos el caso del cerebro, por ejemplo. Los científicos se ven atrapados en el estudio del cerebro y no aceptan la idea de la conciencia. El cerebro es una parte de la historia. No sabemos la amplitud y extensión de la mente. La mayoría de la clase médica tiene una filosofía que no comparto. Tienen el objetivo de recuperar la normalidad si te ocurre algo que se considera anormal. Si uno se rompe una pierna, hay que recomponerla; si tienes una infección, hay que desinfectar. Está bien. ¿Pero qué ocurre cuando una persona está deprimida o piensa en el suicidio? Entonces el objetivo de recuperar la normalidad no vale. Hay que recurrir a la psiquiatría y utilizar técnicas que muchos profesionales de la medicina adjetivan con desdén y escepticismo.

–Finalmente, profesor, ¿qué ha aprendido a través de sus experiencias con la psicodelia?
–Que cuando abres la puerta de ti mismo, cuando viajas hacia tu interior, descubres muchas cosas. Y que puedes modificar tu vida para mejor. También he descubierto que el humor es fundamental para vivir.

Lluís Reales

Esta entrevista fue publicada en noviembre de 1998, en el número 210 de MUY Interesante.

El juez le concede el beneficio de la duda porque no se hallaron pruebas que fuera a traficar con ella

El juzgado de lo Penal número 1 de los de León dictó el pasado 11 de diciembre una sentencia absolutoria para un individuo natural de León y con domicilio en La Virgen del Camino, al que la Guardia Civil sorprendió con veinte plantas de marihuana de tres metros de altura cada una y otras catorce de algo más de medio metro, que entre todas sumaba un peso de cien kilos.

El Ministerio Fiscal solicitaba una pena de tres años y medio de prisión y una multa de 30.000 euros, pero el titular de la sala, en el apartado segundo de los fundamentos de derecho del fallo, considera que procede aplicar el principio

porque no se pudo acreditar que el procesado fuese a traficar con el material y además alegó ser consumidor habitual.

El acusado, asistido por el letrado leonés Enrique Arce y por la procuradora de los tribunales Diana González, declaró en la vista oral que cultivaba la plantación para su consumo propio «sin que se haya probado en el acto del juicio que proyectase destinar al tráfico parte alguna de su producción».

En la vista oral, negó las manifestaciones realizadas inicialmente ante los agentes que realizaron la entrada en su domicilio y lo que declaró en el juzgado de Instrucción. Un informe clínico redactado en el Hospital de León confirma que el sospechoso era consumidor habitual. «El único indicio incriminatorio es la cantidad de marihuana que se hubiera podido destinar al tráfico».

El juez considera en la sentencia que el concepto de «producto aprovechable» en el concepto de «cosecha» resultante de un cultivo es «un elemento variable. La cantidad de producto efectivamente utilizable al cabo del ciclo botánico no es la misma para diez, cien o mil productores de la misma especie».

Sólo fumaba las flores

El acusado manifestó que solamente fumaba las flores de cada planta y tiraba el resto. No esperaba obtener más de un kilo de producto aprovechable para su consumo personal. «Desde luego, no tenemos ningún indicio más de una intención que no sea la propia cantidad intervenida, aspecto que debemos valorar con cautela».

Se castiga sólo el tráfico

La norma penal, siempre según la sentencia «sólo castiga el cultivo con fines de tráfico y no el autoconsumo. No podemos dejar de hacer notar que la diligencia de entrada y registro no sólo es expresiva por lo que incorpora, sino por lo que no refleja. La fuerza actuante no encontró en ningún punto de la vivienda útiles específicos para el troceo y pesaje o preparados de Cannabis que pudieran hacer pensar en una finalidad de distribución.

Faltan pruebas tangibles

Así, al no haberse desvirtuado la aseveración dirigida por el acusado ya a los mismísimos agentes que lo detuvieron, de que la marihuana que cultivaba era para su propio consumo, es forzoso concluir que no se ha probado el dolo, como tampoco se ha producido una lesión. Ni siquiera una mera puesta en peligro del bien jurídico de la salud pública, protegido por la norma penal, lo que justifica que no pueda subsumirse la conducta del acusado efectivamente probada en dicha norma».

Hay dudas razonables

«Por tales razones», entiende el juez «y subsistiendo dudas razonables sobre la verdadera intención del acusado acerca del destino de la producción de marihuana intervenida, se absolverá de toda responsabilidad criminal en aplicación del principio

».

El juez habilita un plazo de diez días para que las partes puedan presentar recurso ante la Audiencia Provincial de León.

Los hechos que se juzgaron datan del día 14 de septiembre del 2007. Agentes de la Guardia Civil practicaron un registro en una localidad perteneciente al ayuntamiento de Villazala en el transcurso de la cual hallaron el material del que se incautaron en una huerta, por lo que procedieron a la detención de su propietario y abrieron las correspondientes diligencias.

El procesado presentó un informe del Hospital de León en el que demostró su condición de consumidor habitual.

El Caminante de La Razón de antier debería dar pie a una discusión nacional sobre la legalización o no de la mariguana.

Aquí nos matamos para evitar que la yerba llegue a Estados Unidos. Gastamos una millonada en armamento, aeronaves, controles carreteros e inteligencia para impedir que pase mariguana al norte. Y allá la siembran, la venden, la presumen y la consumen. Ya basta, ¿no?

No hay que temer a la discusión y debemos exigirnos primero a nosotros mismos, no a otros, como el vicecoordinador del PAN en el Senado, Alejandro Zapata:

“Es hora de reclamar a Estados Unidos porque, aunque argumenta que la venta de mariguana es con fines medicinales, es inadmisible que se haga de la vista gorda y deje que cualquiera la compre”.

Pero la de Zapata es una posición. Veamos las dos más persistentes. La primera, a favor:

—El “uso medicinal” es la manera correcta encontrada por Estados Unidos para controlar un negocio supermillonario del que hoy sólo se beneficia la delincuencia. Según la Casa Blanca, el 60 por ciento del ingreso de los cárteles mexicanos proviene de la mariguana.

—Alemania, Holanda y Portugal no desean que Washington se coma solo el pastel, y pidieron a la ONU una convención para revisar la prohibición de la mariguana.

—México debería sumarse y encontraría una salida políticamente correcta al tema e incentivaría un debate nacional como parte de un acuerdo internacional amparado por Naciones Unidas. En todo caso, le será cada vez más difícil mantener invariable su actual política antidroga.

—Las prohibiciones no suelen ser solución. Por ejemplo, la prohibición del alcohol en Estados Unidos (1919-33) aumentó el consumo y provocó que fueran 45 mil nuevos presos a las cárceles y surgieran los más grandes gángsteres, como Al Capone, John Dillinger o El Gusano Siege.

La segunda, en contra:

—Tras la legalización, el narco continuará el negocio de manera más agresiva, pues a sus competidores tradicionales se sumará otro más poderoso, el Estado.

—Tampoco es totalmente cierto que la legalización resolviera el problema en otros países, como Holanda, donde socialistas y liberales buscan que el Ministerio de Salud dicte normas más estrictas.

—“Empezamos tolerando narcosalas para jóvenes y los criminales se adueñaron de ellas. Ahora prácticamente toleramos la organización de redes criminales”, asegura Rob Hessink, ex jefe de policía de Rotterdam.

—En Suiza, tras un experimento de tolerancia en un parque público, los precios bajaron, por no estar perseguido el tráfico, pero la droga se masificó y los adictos encontraron más facilidades.

¿A favor o en contra? Toda respuesta será apresurada sin un debate que no puede tardar.

Porque, en este tema, llevamos demasiado tiempo con la cabeza metida bajo el ala.

Países Bajos aplazó hasta mayo próximo la entrada en vigor de una reforma legislativa para restringir la entrada de los turistas extranjeros a cafeterías donde se permite fumar marihuana, reseñó hoy la prensa local. El Ministerio de Justicia decidió posponer la fecha de implementación de dicha medida, en vez de adoptarla desde este 1 de enero como estaba previsto. Según varios medios informativos, la norma comenzará a aplicarse a partir del 1 de mayo en las sureñas provincias de Limburgo, Brabante Septentrional y Zelanda, donde radican la mayor cantidad de centros, y en 2013 se extenderá al resto del país.

Las autoridades exigirán tarjetas de membresía para entrar a las cafeterías que ofrecen marihuana y solo permitirá el consumo de la planta a holandeses mayores de 18 años y extranjeros con permiso de residencia, con lo cual buscan frenar el llamado turismo de la droga.

Con la nueva medida, los 700 establecimientos de ese tipo existentes en Países Bajos serán considerados clubes privados con un máximo de dos mil miembros.

Tampoco podrán permanecer abiertos si están ubicados a una distancia menor de 350 metros de un plantel educativo. Las llamadas coffee shops comercializan la variedad transgénica de la hierba con una alta concentración de tetrahidrocannabinol, sustancia que cuadruplica los efectos psicoactivos del estupefaciente y, en consecuencia, daña más al sistema nervioso central.

Diversos estudios aseguran que el componente tóxico de la súper marihuana conlleva al mal de Alzheimer, provoca grandes alteraciones de la memoria a corto plazo, disminuye la capacidad de aprendizaje y concentración, produce letargo, paranoia y problemas de locomoción.

De acuerdo con datos oficiales, el 14 por ciento de los turistas extranjeros, en su mayoría españoles, italianos y estadounidenses, que llegan a Países Bajos visitan las cafeterías donde se permite fumar marihuana.

Holanda es el único estado europeo donde se autoriza legalmente la venta de la planta y sus derivados en locales con licencia.

Hoy, martes 3 de enero, a partir de las 12,15 aproximadamente, el programa España Directo de Radio Nacional tratará el tema de la reciente propuesta de regulación de los Clubes Sociales de Cannabis que se está debatiendo en Euskadi. Estará presente como invitado Martín Barriuso, presidente de Pannagh y de la FAC, y también se espera la presencia, aún sin confirmar, del viceconsejero de Sanidad del Gobierno Vasco.